Lo que los “expertos” no quieren explicar es posible que se logre saber a través de los juzgados. Ayer los fiscales italianos ordenaron un registro en el Ministerio de Sanidad que encabeza Roberto Speranza (en la foto de portada) y otras instituciones italianas de salud pública para esclarecer el origen de la pandemia.
Además de documentación, los fiscales han ordenado la entrega de todos los teléfonos móviles y dispositivos informáticos de los cabecillas sanitarios. Buscan conversaciones, imágenes, audio, documentos, correos electrónicos… todos los archivos enviados y recibidos desde el 5 de enero del año pasado, fecha de la alerta mundial emitida por la OMS.
La fiscalía cree que el Ministerio y demás instituciones públicas sanitarias tienen documentos que explican las decisiones tomadas en los trágicos días de marzo del año pasado en los que Bérgamo pagó un alto precio en vidas humanas. Se trata de arrojar luz no sólo sobre la cuestión de las zonas más afectadas por la pandemia, sino también sobre la decisión de cerrar o no las actividades de producción, sobre la actualización, activación y aplicación del plan contra la gripe pandémica y sobre la ejecución (o no) del “plan de salud en respuesta a la emergencia pandémica del Covid-19”, que es secreto.
Pretenden entender las medidas que tomaron las instituciones sanitarias después de que el 12 de marzo Stefano Merler anunciara la llegada de la enfermedad a Italia, una previsión que resultó correcta.
Hasta ahora los jueces han estado escuchando a varios testigos, entre ellos Ranieri Guerra, ahora subdirector de la OMS y antes director italiano de Prevención. La cuestión más candente se refiere a la falta de actualización del plan para la gripe pandémica, un descuido que también se denuncia en el informe de la OMS, publicado en el sitio web de la Organización y luego eliminado misteriosamente. ¿Quién se suponía que iba a revisar el plan? ¿Por qué en 2016 fue reconfirmado idéntico a 10 años antes? ¿Y por qué desapareció el informe de la OMS?
Guerra afirma que el plan de 2006 estaba en vigor cuando se produjo el brote de coronavirus y que correspondía a otros, que llegaron al ministerio en 2018, actualizarlo. Por eso, cuando la policía se presentó en las oficinas del Ministerior mostró un orden muy detallada de lo que buscaban. Quieren copias de las notas, archivos y cualquier otro documento, aunque no esté registrado, relacionado con el plan de pandemia a partir de 2006. Están tratando de entender si se han hecho borradores en los últimos años, tal vez nunca completados. O si alguien alguna vez se ha planteado el problema de revisar el plan de acuerdo con las nuevas directrices de la OMS.
El último borrador, de 31 de diciembre del año pasado, certifica que la última actualización se remonta a 2006. La semana que viene el fiscal espera en sus oficinas a los dirigentes superiores del Ministerio.
En un libro el ministro Speranza ha desestimado el “plan secreto” que se logró reconstruir en el “Libro Negro del Coronavirus”. El “plan secreto” tiene su orígen en un grupo de trabajo creado dentro del Ministerio de Sanidad el 22 de enero. Las actas de dichas reuniones nunca se han publicado.
El comité de víctimas de la pandemia de Bérgamo ha pedido transparencia al Ministro reiteradamente. Ha sido inútil, pero es posible que el “plan secreto” esté en las notas, documentos y archivos incautados ayer por la policía. El juego acaba de empezar: esta vez la nariz del fiscal se desliza por las habitaciones del Ministerio de Sanidad.
Excelente información gracias, saludos