Si hay una imagen que simboliza la crisis económica española desde hace siete años son los desahucios de viviendas: el desalojo de un inmueble de sus habitantes por medio de una comisión judicial, acompañados del propietario, un cerrajero y la fuerza pública, con la oposición de vecinos, familias y solidarios.
Los juzgados de primera instancia dictaron en el año 2014 un total de 68.091 desahucios, frente a los 67.189 registrados en 2013. Los desahucios abarcan todo tipo de inmuebles, en especial primera y segunda vivienda además del local comercial.
El año pasado los desahucios supusieron un aumento del 1,3 por ciento respecto al año anterior, según el estudio del impacto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con datos recogidos de los juzgados.
De ellos, la mayoría de los desalojos por la fuerza se practicaron por el impago del alquiler, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que alcanzaron la cifra de 36.044 desalojos.
En segundo lugar, se registraron los desalojos derivados del impago de la hipoteca, que alcanzaron los 28.877 lanzamientos y que crecieron un 11,9 por ciento respecto al año 2013.
Dentro de este apartado, la Comunidad Valenciana está a la cabeza de los desalojos por impago de la hipoteca, con 6.268, un 17 por ciento más que en el año 2013.
En tercer lugar existen otras causas -la solución a un litigio por la propiedad de una casa, por ejemplo-, que la estadística las introduce en el apartado de “otros” y que en el año 2013 alcanzaron los 3.170 casos.
España lleva ya siete años de crisis económica. Los desalojos por impagos de hipotecas comienzan con un proceso previo, que es la ejecución hipotecaria.
El año pasado, perdieron sus propiedades un total de 80.749 personas, que fueron arrojadas a la calle por este procedimiento que privilegia al banco sobre el inquilino, en un proceso acelerado donde se permite a la entidad exigir el total del pago de la deuda con sólo un impago de una cuota.
Desde que comenzó oficialmente la crisis en 2008 hasta el año pasado, se han registrado un total de 578.546 ejecuciones hipotecarias sobre propiedades inmmobiliarias, ya sea primera vivienda, segunda vivienda, comercio o edificio industrial.