Desde el Golpe de Estado de febrero, un país desconocido como Myanmar está en un primer plano, especialmente por la sanguinaria represión desatada por la Junta Militar (Tatmadaw) que se ha apoderado de las riendas del país. Del resto se habla más bien poco.
Myanmar también interesa mucho al imperialismo. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 celebrada en Londres a principios de mayo puso al país en el orden del día. Ninguna de las partes dio detalles, pero las filtraciones indican que discutieron sobre Myanmar al mismo tiempo que sobre China.
El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha reunido con su homólogo indio, S. Jaishankar, tres veces desde que los militares tomaron el poder. El imperialismo se apresta a “restablecer los derechos humanos” en Myanmar y para ello cuenta con India en el marco del proyecto Quad, dirigido contra China.
Lo que no han hecho y no harán nunca será aprobar sanciones contra el ejército, ni imponer un embargo de armas que le arroje -aun más- a los brazos de Rusia y China.
Myanmar es un país estratégico, ubicado entre Tailandia, Laos, Bangladesh e India, con una ventana al Océano Índico, una ruta de acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Pero, sobre todo, Myanmar tiene 2.200 kilómetros de frontera con China.
Cuenta con grandes reservas de gas, principalmente en el estado de Arakan, una región controlada por su propio ejército que hoy es conocida por albergar a la población rohingya, de religión islámica y privada de la nacionalidad birmana.
Desde su fundación tras la Segunda Guerra Mundial, Myanmar ha sido gobernado, de forma más o menos brutal, por militares, aunque tiene poco parecido con los gobiernos golpistas latinoamericanos clásicos. El ejército birmano se forjó en la lucha contra el colonialismo británico. Se le podría calificar de nacionalista o tercermundista, aunque lo más importante es que es dueño de industrias clave del país y está interesado en fomentar la inversión extranjera, cuyo principal origen es China.
Como tantos otros Estados surgidos de la descolonización, es un Estado artificial, un mosaico de diferentes pueblos muy mal avenidos. Cada una de las regiones son militarmente autónomas.
Tanto los chinos como las diferentes religiones forman parte de ese mosaico. Como ya se ha explicado aquí en otra entrada, Myanmar se puede considerar como un Estado confesional budista, implacable con otras religiones, como el islam.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Nacional Birmano dirigido por el general Aung San luchó junto a Japón para expulsar al ejército colonial británico. Por su parte, Gran Bretaña, que en aquella época también controlaba la India, utilizó a las minorías étnicas kachin y karen para librar una guerra de guerrillas contra Japón y sus aliados birmanos.
Una revolución de colores y luego otra más
En 2010 el imperialismo logró que los militares pasaran a un aparente segundo plano y empezó a creer que se le abría un mercado muy próspero. El plan de Estados Unidos siempre consistió en hacerse con el control de Myanmar, apartar a los militares e instalar un gobierno civil que se plegara a sus exigencias. Washington vio la oportunidad que andaba buscando. Puso en marcha a las 77 ONG que financia a través de la Fundación Nacional para la Democracia. Comenzaron las manifestaciones y los ataques a empresas e instalaciones chinas.
Lo que resulta significativo es la rapidez con la que comenzaron las revueltas. Las revoluciones de color suelen tardar años en crear colectivos y preparar a sus figurines. Necesitan apoyo financiero y de comunicaciones, así como orientación política de los asesores de las embajadas imperialistas. En Myanmar sólo tardaron diez días en salir a la calle.
En 2016 la candidata preferida de Estados Unidos, Suu Kyi, la hija del antiguo dirigente militar y padre de la nación, Aung San, se instaló al frente de un nuevo gobierno. Pero no cambió nada porque Aung San Suu Kyi también era amiga de China y, además, resultó ser otra nacionalista, tan implacable con las minorías étnicas del país como los militares. Ganó las elecciones de 2020 porque excluyó del voto a muchas regiones.
Aung San Suu Kyi representa a una oligarquía que quiere apoderarse de una parte de las industrias controladas por los militares, un plan en el que está muy interesado el imperialismo. Tras el Golpe Militar de 1962, el ejército había emprendido lo que calificó como la “vía budista al socialismo” que nunca fue otra cosa que capitalismo de Estado y un extenso sector público de la economía, que los militares gestionaban y que hacía negocios con las empresas privadas de los militares y de sus familiares.
Pero en Myanmar son tan importantes como los negocios legales como los ilegales. El contrabando, el tráfico de drogas, los casinos ilegales y la corrupción también están controlados por los militares.
Las industria pesada y las empresas más lucrativas están bajo el control de dos monopolios públicos controlados por los militares: la Myanmar Economic Corporation (MEC) y la Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). En 2016 había 50 empresas y 500 fábricas públicas propiedad de los ministerios y organismos del Estado. Muchas de ellas estaban obsoletas y requerían inversiones que sólo podían proceder del extranjero.
Las empresas públicas desempeñan un papel decisivo en la economía. Emplean a unos 150.000 trabajadores y generan la mitad de los ingresos fiscales. Están presentes en casi todos los sectores, desde el transporte al textil, desde la banca a los recursos naturales. Sus administradores pueden adjudicar contratos a socios del sector privado, que muy a menudo son empresas propiedad de altos oficiales del ejército.
Al año de llegar al gobierno, Aung San Suu Kyi y los suyos no sólo pretendieron privatizar ese extenso sector público, sino apoderarse de él a precios de ganga. Nombró vicepresidente a Myent Swe, un antiguo militar de alto rango, que también era presidente del comité que supervisaba las privatizaciones.
Fue su perdición. El reparto no satisfizo a todos y los militares dieron un Golpe de Estado para conservar su tajada.
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