Las dos principales empresas proveedoras de oxígeno de México, Infra y Praxair, difundieron información falsa e intimidaron legalmente a hospitales para incrementar sus ganancias durante la pandemia, sin tomar en cuenta las necesidades de los pacientes.
Así lo reveló una investigación del Bureau of Investigative Journalism, una organización periodística independiente con sede en Gran Bretaña, que descubrió las maniobras realizadas por los fabricantes para evitar que los hospitales construyeran sus propias plantas de oxígeno, ya que eso afectaba sus negocios.
Por lo menos seis hospitales ubicados en cinco estados mexicanos recibieron cartas en las que las empresas aseguraban que el oxígeno fabricado en plantas propias podía matar a pacientes, lo que es falso.
Además, los amenazaron con demandas legales si les dejaban de comprar el oxígeno, o si reducían los pedidos de uno de los insumos fundamentales para atender a pacientes con coronavirus.
Benjamín Espinoza Zavala, administrador de un hospital en Guanajuato, decidió construir una planta generadora de oxígeno para garantizar el abastecimiento y reducir los costos, ya que su proveedor, el Grupo Infra, seguía subiendo el precio y tampoco surtía todo el oxígeno que se necesitaba.
En junio pasado, los abogados de la empresa, que pertenece en parte al gigante estadounidense Air Products, llegaron al hospital y aseguraron que la construcción de la planta incumplía el contrato de exclusividad.
Espinoza Zavala se sorprendió porque se enteró de que el contrato original, firmado en 2015, se renovaba automáticamente cada cinco años e incluía una multa de 1,3 millones de pesos (unos 65.000 dólares) en caso de que se suspendieran los pedidos, cosa que no había ocurrido, ya que solo habían disminuido.
“El contrato no dice nada sobre la cantidad que estamos obligados a comprar”, dijo el administrador, pero luego el Grupo Infra amenazó con una penalidad mucho mayor, de 10 millones de pesos (500.000 dólares).
Las empresas mandaron a Espinoza Zavala y a otros hospitales mexicanos una carta que contenía una serie de afirmaciones que fueron desmentidas por la investigación periodística con base en fuentes calificadas y que solo tenían el propósito de generar temores sobre los inexistentes riesgos de las plantas propias de oxígeno que se habían construido o que se planeaban instalar.
Por ejemplo, señalaba que no cumplían con la normativa mexicana, que producían un oxígeno de menor calidad, que no era apto para su uso en hospitales, que ponía en peligro la vida humana o representaba un riesgo para la salud, que podía provocar incendios y explosiones y provocar infecciones en los pacientes.
Las advertencias, todas engañosas, lograron su objetivo, ya que en algunos hospitales se asustaron y cancelaron sus planes de construir sus propias plantas de oxígeno, así que les siguieron comprando a las dos empresas que controlan el 70 por ciento del mercado de este producto en México y que, durante la pandemia, triplicaron los precios.
Entre fines del año pasado y principios de 2021, el oxígeno médico tuvo récord de demanda. En los hospitales hubo desabastecimiento y se generó un mercado negro incluso para su uso en pacientes que permanecían en sus hogares. La situación fue tan grave que los camiones de reparto de oxígeno tuvieron que ser custodiados por la Guardia Nacional para evitar que se los robaran.
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