El objetivo consistía en disminuir el número de parados con derecho a prestación y disminuir el gasto público en subsidios en desempleo. En 1993 las prestaciones por desempleo dejaron de estar financiadas en los presupuestos, mientras que la cobertura del subsidio disminuyó sustancialmente entre el conjunto de parados.
El decretazo del gobierno también aumentaba la duración de los contratos temporales. Concretamente, el contrato temporal de fomento del empleo pasa de tener un tope de seis meses, a un año. También se suprimían las becas para que los parados participaran en cursos de formación.
El gobierno justificó esta reforma laboral alegando que se debía cumplir con el Tratado de Maastricht. Un Acuerdo europeo que exigía una reducción del gasto público. También se justificaba con argumentos parecidos a los que se utilizan ahora: “son medidas que no nos hubiera gustado tomar”, “no hay alternativa”, etc. El entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, decía lo siguiente en El País: “Créanme que el Gobierno no toma esta medida alegremente, la toma con una cierta preocupación. Cuando decidimos las medidas concretas, después de una discusión bastante profunda en relación con muchas alternativas que barajamos, lo hicimos con preocupación, porque somos conscientes de que modificamos una ley que tiene incidencia social en colectivos que van a ver reducidas sus prestaciones. Pero hemos encontrado un equilibrio entre la incidencia social y el resultado económico, y la satisfacción que puede producir es que frente a ese desequilibrio financiero no dejamos a ninguna persona desprotegida”(4).
No fue una reforma pactada y CC.OO. advirtió con una respuesta más contundente que en 1988, aunque finalmente sólo fue contestada con una Huelga General de doce horas, para el 28 de mayo de 1992 (en Enseñanza fue de 24 horas por la reducción del gasto educativo), donde también se protestaba contra un proyecto de ley de huelga, exigiendo a su vez planes de reindustrialización. Los sindicatos mayoritarios tantearon con una huelga general en octubre de 24 horas si el gobierno no retrocedía, pero no cumplieron con las expectativas. Pese a la tibia respuesta sindical, la CEOE cargó contra la huelga, incluso exigiendo su ilegalización. La patronal mostró su apoyo al gobierno mientras que se intensificó una campaña contra los parados, con promesas de creación de empleo.
El gobierno, con el apoyo de la CEOE no dio marcha atrás. Se seguía al dictado las recomendaciones del FMI de 1992 que recomendaban reducir las prestaciones por desempleo, pese a que una encuesta del CIS de mayo de 1992 señalaba que el 73 por ciento de la población rechazaba los recortes en el gasto público en desempleo.
El ministro Solchaga aseguró que la reforma estimulaba que la gente buscara empleo. Pero pese a la promesa de creación de empleo, durante el primer trimestre de 1993 el número de parados se incrementó en 169.286 personas. Además según datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa de desempleo paso del 20.3 por ciento en 1992 al 24.1 por ciento en 1994. Año en el que Solbes apuntaba a la creación de 150.000 empleos, mientras España se situaba como país de la OCDE con la tasa de paro más alta.
(4) El País, 22 de abril de 1992
Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html