El más importante y enorme de los archivos montados durante la Transición no sólo está guardado a buen recaudo en la sede central del CNI, sino que fue actualizado al menos durante los años ochenta y hoy existen sospechas de que se mantiene la alimentación de información.
Su nombre refleja claramente sus intenciones: Jano es el dios de la mitología romana, que con sus dos caras mira al futuro y al pasado. En la época del SECED, sus agentes dedicaron un ingente trabajo a plasmar en informes personales la vida pública y privada de ocho mil personajes que en ese momento tenían o podían tener una proyección pública en el futuro.
Según el periodista Fernando Rueda, un periodista a quien históricamente los propios servicios de inteligencia le entregaban documentación en clave de «exclusiva», las personas investigadas eran personas jóvenes o maduras con aptitudes para desempeñar a lo largo de su vida destacados cargos en la Administración pública o privada.
La investigación incluía de una manera destacada la búsqueda de vulnerabilidades personales relacionadas con su intimidad, como ocurrió en el caso de José María de Areilza, la alternativa a Adolfo Suárez durante las votaciones de la Ley para la Reforma Política a quien se le detectaron dos grandes pecados en esa época: una relación extra matrimonial y una amistad con un dirigente abertzale.
También incluía análisis de aquellas personas que suponían un peligro para la «nueva España» que iba a nacer tras el pacto constitucional, y que incluía a dirigentes de organizaciones de izquierda, sindicalistas y líderes barriales.
El archivo, administrado luego por el CESID, perseguía también establecer relaciones con una parte de los investigados para ofrecerles la colaboración del servicio en su carrera y así tenerlos atados en el futuro cuando ellos necesitaran su ayuda.
Eran personajes como Juan José Folchi, un catalán licenciado en Derecho y Economía, y abogado del Estado desde 1974. Miembro de la UCD catalana, en 1977 fue nombrado por Josep Tarradellas conseller de Economía y Finanzas del primer gobierno de la Generalitat. En 1984 fue diputado del PP en el Parlamento catalán y posteriormente trabajó con Javier de la Rosa en negocios como Kio, por el que terminó siendo procesado.
El nombre de Folchi figuró desde los inicios en el Archivo Jano, pero se desconoce si mantuvo relaciones directas con el Cesid, que le permitieran conseguir su ayuda, aunque a cambio habría tenido que informarles detalladamente sobre sus actividades posteriores.
Jano fue actualizado durante la etapa de Felipe González en el Gobierno, siendo Manglano director. En aquel momento se pretendió bucear nuevamente en los dos aspectos de la vida de políticos, empresarios, jueces y periodistas que criticaron con dureza la época de corrupción y guerra sucia.
Manglano pidió el Archivo Jano antes de abandonar con precipitación su despacho en el Cesid, tras presentar su dimisión a raíz de la publicación de los papeles de Alberto Perote sobre la guerra sucia.
Como es tan secreto y son escasas las personas que tienen acceso al mismo, la única explicación de su interés estaría en el intento de hacer desaparecer algunos documentos. Algo que nunca se podrá explicar.
En 1996, tras su designación como director del CESID, Javier Calderón solicitó de nuevo el archivo, en lo que fue una de sus primeras decisiones. Otra vez el secreto y la constatación de que nadie podría saber si había diferencias entre los documentos entregados por el departamento de documentación y los recibidos posteriormente.
Desde aquellos años, muchas han sido las denuncias que han acreditado que el Archivo Jano está siendo actualizado de forma continua con las personas que adquieren proyección pública o que según el servicio de espionaje son «un riesgo» para la estabilidad e intereses de España. La justificación es que la sociedad necesita saber que sus dirigentes son leales a España y no a lo que el Estado considera «intereses espurios».
Sea con Jano o no, la guerra sucia del Estado contra las personas «desleales» se ha venido manifestando a lo largo de los años de diversas maneras: desde la eliminación física directa, como en el caso del miembro de ETA Jon Anza, asesinado en Francia en 2009, o mediante el hostigamiento laboral, como la que padecieron el sindicalista Xaquín García Sinde en 2015, cuando el CNI maniobró para impedir su ascenso en laboral en el sector naval por «pertenecer a grupos de estrategia revolucionaria» o de Victoria Taibo, en 2019, a quien AENA impidió el acceso a su puesto de trabajo en el Aeropuerto de Barajas por así «recomendarlo» el servicio de espionaje. Su delito: estaba afiliada a un sindicato de izquierda.
Todos los personajes públicos de los que el establishment mediático habla o ha hablado bien en algún momento tienen el aval del Centro Nacional de Inteligencia, y cuando éste lo considere oportuno, los harán caer. Pronto, personajes de los que se habló muy bien en algún momento, como Ada Colau, «Kichi» o Yolanda Díaz, serán historia.