El covid se ha convertido en un negocio lucrativo para toda una casta. El hecho de que en una sociedad capitalista siempre haya personas que se beneficien de una desgracia es banal, pero se vuelve problemático cuando la duración oficial de la crisis depende de sus decisiones.
La agencia de noticias rusa Regnum, que no se financia desde el extranjero, es la única que está planteando la cuestión, junto con el Partido Comunista de la Federación Rusa. Ambos han llevado al debate público la cuestión, discretamente ignorada, del interés, no sólo en términos de poder sino también en términos económicos, de quienes han decidido estirar la pandemia, las vacunas y las restricciones en Rusia.
Por eso hay que matar el mensajero (o por lo menos silenciarle) y la fiscalía ha abierto una investigación criminal contra el diputado comunista Rashkin, opuesto a los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria, por un caso banal que nada tiene que ver con la pandemia.
La vacuna rusa Sputnik fue diseñada y fabricada por el Instituto Gamaleya, a su vez está financiado por un fondo soberano ruso, el RDIF (Russian Direct Investment Fund o Fondo de Inversión Directa de Rusia), creado en 2011 para realizar inversiones de capital riesgo, como la vacuna, junto con inversores financieros internacionales.
Este fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. En la actualidad ejecuta conjuntamente más de 80 proyectos con inversores extranjeros que suman un total de 2,1 billones de rublos. Ha establecido asociaciones estratégicas conjuntas con los principales inversores internacionales de más de 18 países que suman más de 40.000 millones de dólares. Las empresas en cartera del fondo emplean a más de un millón de trabajadores y generan ingresos que equivalen a más del 6 por ciento del PIB de Rusia.
El Instituto Gamaleya está dirigido por Alexander Guintsburg, condecorado por el Kremlin y por la Asociación de Judíos de Rusia por “su gran aportación a la ciencia y a la humanidad con la vacuna Sputnik”. Al Instituto Gamaleya le llueve el dinero, público y privado. Literalmente. A su director y a su subdirector, Denys Logunov, también. Ambos se han enriquecido personalmente con la vacuna, asegura la agencia de noticias Regnum:
“En el primer año de la pandemia, sus ingresos [de Guintsburg] aumentaron de 7,7 a 18,3 millones de rublos. También se observó un aumento de los ingresos declarados de otro autor de esta vacuna, el subdirector del Instituto Gamaleya, Denys Logunov (hasta 37 millones de rublos). Guintsburg dijo que los códigos QR deberían introducirse rápidamente y a través de ellos segregar rigurosamente a los vacunados de los no vacunados”.
Pero no son los únicos que se están forrado. Nicolas Kolomeytsev, diputado de la Duma, miembro del Partido Comunista de la Federación Rusa, ha exigido que se comprueben los conflictos de intereses de los miembros del Centro Operativo Covid, entre ellos Tatiana Golikova (Viceprimera ministra) y Anna Popova (Rospotrebnzadzor), porque también están directa y materialmente interesados en la producción de la vacuna Sputnik.
Kolomeytsev ha pedido que se investigue el conflicto de intereses: “Hemos sabido que Anna Popova (la directora de Rospotrebnadzor) es coautora de la patente de una de las vacunas, para la que también da permiso de uso, por lo que puede influir en los pedidos públicos y los autores de la patente reciben el 30 pro ciento de estos pedidos públicos […] También nos hemos enterado de que uno de los familiares del director del Centro Operativo (Tatiana Golikova, viceprimera ministra) es uno de los directores de la fábrica que elabora una de las vacunas más extendidas.
El Presidente de la Duma, V. Volodin, pidió que se debatiera la cuestión, y el gobierno y el primer vicepresidente del partido Rusia Unida en la Asamblea, A. Zhukov, reaccionó inmediatamente, en un claro ataque de pánico: niegan cualquier conflicto de intereses, pero no desmienten la titularidad de las patentes, ni el interés de los familiares cercanos de quienes dirigen la pandemia y la vacunación.
Al final, la Duma no se ha arriesgado a pedir al gobierno los documentos sobre el conflicto de intereses de Golikova y Popova, por lo que la desconfianza de la población hacia la pandemia y las vacunas, que ya era muy importante en Rusia, crece por momentos.
Anna Popova, que aparece en la foto de portada, es directora del Rospotrebnzadzor, el Servicio Federal de Protección de los Derechos de los Consumidores y el Bienestar Humano
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