Antes de ceder el asiento, el gobierno de Biden ha asestado un golpe a Google por prácticas monopolistas y propone sacar al navegador Chrome, que posee el 67 pr cien de la cuota de mercado, del holding.
La venta está valorada en 20.000 millones de dólares y marcaría un punto de inflexión en internet. El Departamento de Justicia también menciona una posible venta de Android, el sistema operativo para móviles, si Google no respeta la obligación de dejar de promocionar allí sus propios servicios.
Pero el Ministerio de Justicia va aún más allá: “Es esencial que cualquier medida correctiva tenga en cuenta cuidadosamente las realidades pasadas, presentes y de los mercados emergentes para garantizar una competencia sólida”, decía un documento publicado en agosto pasado.
Bajo el escrutinio está, pues, el mercado de la inteligencia artificial generativa. De hecho, esta tecnología se está convirtiendo en una característica importante en el campo de búsqueda tradicional. Así, Google ha integrado en su motor de búsqueda en un centenar de países una función denominada “AI Overviews”, que permite generar resúmenes de consultas. Bing de Microsoft ha emprendido un cambio similar al integrar el modelo OpenAI.
“El daño causado por el comportamiento de Google también se extiende a la generación y visualización de nuevas funciones de búsqueda, como la inteligencia artificial generativa. Estas funciones a menudo dependen de sitios web y otros contenidos creados por terceros, que tienen poco o ningún poder de negociación contra el monopolio de Google y no pueden correr el riesgo de sufrir represalias o exclusión”.
Para el Departamento de Justicia, la capacidad de Google de aprovechar su posición monopolista para potenciar las funcionalidades de inteligencia artificial constituye un nuevo obstáculo a la competencia y corre el riesgo de consolidar aún más su posición dominante en el mercado.
Con el fin de evitar el abuso de la inteligencia artificial, el Departamento de Justicia pidió al tribunal que permitiera a los editores de sitios web negarse a que sus datos se utilizaran para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Google.
El gigante de las búsquedas también podría verse obligado a pagar a los editores por utilizar sus datos. Además, el Departamento de Justicia quiere obligar a Google a poner sus datos de indexación web, es decir, la gran biblioteca de páginas web clasificadas en categorías que impulsa su motor de búsqueda, a disposición de sus competidores a un coste menor.
Otro medida más: obligar a Google a pagar a los editores por el uso de sus datos. Esta medida garantizaría una compensación a los creadores de contenidos cuyo trabajo contribuya al desarrollo de la inteligencia artificial.
La respuesta de Google ha consistido en enfundarse en la bandera y asimilarse a Estados Unidos. Las medidas amenzan “la supremacía mundial de Estados Unidos en tecnología”, ha dicho Kent Walker, uno de los cabecillas de Google.
La batalla legal está lejos de terminar. En abril se abrirá un nuevo juicio para decidir las sanciones contra el abuso de posición dominante de Google. Se espera que la decisión se tome en agosto de 2025, pero Google podría apelar.
Queda por ver qué dirección dará Trump en el futuro. En su primer gobierno, fue Trump quien inició en 2020 el juicio contra Google. Sin embargo, hace un mes dijo en una entrevista con Bloomberg que temía que la fragmentación destruyera a Google… en beneficio de China.