El gobierno español, por boca del Ministerio Fiscal, ha cambiado su criterio y no se ha adherido al recurso de súplica presentado por la defensa del rapero y poeta Pablo Hasél para evitar su ingreso en prisión.
La fiscalía, órgano directamente dependiente del Poder Ejecutivo, ha rechazado suspender la ejecución de la pena afirmando que el ingreso en prisión del rapero «está dictado dentro de la previsión normativa contenida en dicho precepto, siendo una resolución motivada que señala las razones por las que entiende que no concurren las circunstancias para la suspensión prevista en el art. 80 del Código Penal«.
Esto es un cambio de postura respecto al informe inicial, que solicitaba la suspensión de la pena de prisión.
De confirmarse lo informado por el fiscal Vicente González Mota, Hasél tendría por delante una condena de prisión de dos años, cuatro meses y quince días, ya que a la condena de 9 meses por enaltecimiento del terrorismo hay que sumar los días de prisión consecuencia del impago de la pena multa impuesta por la Audiencia Nacional.
El informe tiene fecha de 11 de febrero, es decir, tan sólo tres días después de que tanto PSOE como Podemos anunciaran de manera separada un proyecto de ley de modificación del Código Penal para despenalizar los hechos por los que Pablo va a ingresar en prisión, lo que evidencia que dicho anuncio era tan solo humo.
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