 |
| Al padre Román le gustan los niños |
Es lo msimo que dijo Felipe González cuando su gobierno y el PSOE aparecieron involucrados en las matanzas de los GAL: “No hay pruebas ni las habrá”. Tampoco contra la iglesia católica habrá nunca pruebas, sobre todo si la fiscalía sigue mirando para otro lado.
Es lo que hace la fiscalía cuando quiere encubrir un delito, como en el Caso Noos, o ahora. La monarquía y la iglesia son los pilares intocables de este Estado, que algunos califican “de desecho”. El quiera un poco de justicia, de la de verdad, deberá pensar en otra cosa que lo que hay: no en cambiar de gobierno sino en cambiar de Estado.
El Caso Romanones empezó en octubre de 2014, cuando un joven llamado Daniel, que ahora tiene 25 años, puso en conocimiento de la fiscalía las violaciones de que fue objeto cuando contaba con 14 años de edad.
Al principio del caso lo que apareció fue una banda de delincuentes integrada por 12 imputados, diez curas y dos laicos pero, además del “no hay pruebas”, hay otro truco muy socorrido para estos casos: los delitos atribuidos a once de ellos habían prescrito. Sólo quedó como único imputado el jefe de la banda, el cura Román, a quien la acusación particular le atribuye tres delitos de violación.
La Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) también se había personado en el juicio como acción popular, acusando al jefe de la banda, el cura Román, de un delito de agresión sexual continuada, con intimidación y violencia.
