El fin de la excepcionalidad jurídica impuesta por el gobierno del PSOE y Podemos, transmitida como un «regreso paulatino a la normalidad» es el puntapié para la entrega de las libertades individuales al poder del Estado menos escrutado y que no responde ante nadie: el partido judicial.
El concepto de que en España existe un «partido judicial» que gobierna y que rige los temas más importantes no es nuevo. De hecho ha sido la herramienta en la que han descansado prácticamente todos los gobiernos desde 1978 para imponer las medidas más restrictivas y que menos justificación tenían: desde el secuestro de publicaciones críticas hasta la ilegalización de partidos. En este último caso, inclusive, es la llamada «Sala del 61» del Tribunal Supremo quien decide qué partido es legal y qué partido no.
También es quien conoce y resuelve los aspectos que afectan a la economía y a los grandes capitalistas españoles, con resultados generalmente satisfactorios para estos.
Este «partido judicial» es quien, de ahora en adelante, gestionará la limitación de derechos, y donde el Tribunal Supremo será la cabeza de esta interpretación.
Con una visión unánime en todas las cadenas y por todos los partidos, el combustible que alimenta la idea de que «nadie mejor que los jueces» para restringir derechos es la «mala gestión política» por parte de las Comunidades Autónomas o el Gobierno.
En síntesis: que los dirigentes políticos no han limitado bien derechos fundamentales como la libertad ambulatoria o el derecho de reunión. Hace falta por tanto unos «técnicos» que sean los que, de manera indiscutible, los repriman correctamente, y sin discusión.
Al igual que ocurre con la gestión económica, donde el «partido de los expertos» es el único capaz de gestionar el capitalismo, bajar salarios y aumentar la rentabilidad de la clase dirigente, en este caso es el partido judicial el que, como expertos en represión, será el encargado de aplicar «de manera técnica» las limitaciones de derechos fundamentales.
Es decir, que el Estado no sufrirá el coste político de unas decisiones que a aquellos candidatos que se someten periódicamente a un escrutinio electoral, les cuesta aplicar. El partido judicial es como el primo de Zumosol de las cloacas del Estado: lo que no hace el Ejecutivo, lo hace el Judicial, y punto.
No ha sido casualidad, en este contexto, que en la práctica policial se haya legalizado por la vía de los hechos la «patada en la puerta»: la pandemia lo justifica todo, y ahora esto ya no será un «exceso policial» sino que estará amparado en una resolución judicial. Es decir, los «expertos» en represión son los que ahora toman el control.
Faltaría mencionar al poder legislativo, que es el que crea la ley (y crea la trampa). El poder judicial aplica la ley. El ejecutivo se desentiende, el judicial se lava las manos y el legislativo es quien parte el bacalao… en apariencia. Detrás de todas estas marionetas están los que todos sabemos. El poder económico de los grandes capitalistas.