Desde el pasado 22 de marzo se vienen desarrollando manifestaciones para protestar contra un proyecto de ley que amplía de manera significativa los poderes de la Policía y del gobierno para reprimir manifestaciones.
El sábado pasado centenares de personas salieron a las calles en Inglaterra y Gales para expresar su rechazo al proyecto de ley “antiprotestas”, aprobado por la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. Las manifestaciones bajo el lema “Kill the Bill” (“Paremos el proyecto de ley”) se han desarrollado en al menos 25 ciudades. La polémica medida legislativa, de aproximadamente 300 páginas, otorga a la Policía de Inglaterra y Gales el derecho a imponer condiciones previas a las manifestaciones no violentas, tales como horarios de inicio y finalización en protestas estáticas, poder que ya tienen en relación con las marchas, e incluso establecer un límite de ruido.
Los manifestantes temen que el nuevo Proyecto de Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales, que se está tramitando en el Parlamento y otorga a las fuerzas de seguridad mayores poderes para restringir las protestas en aras del orden público, restrinja su derecho de reunión e impida su participación en manifestaciones. Mas de 100 personas fueron detenidas solamente en las manifestaciones que se desarrollaron en Londres el sábado.
La ley abarca endurecimiento de penas en distintos tipos de acciones ilegales, incluidos crímenes severos, pero lo que principalmente despierta el alerta son las medidas represivas contra todo tipo de manifestaciones. El incumplimiento de las instrucciones de la Policía acarrea multas de hasta 2.500 libras esterlinas (unos 3.475 dólares), mientras que los que provoquen daños a monumentos conmemorativos podrían ser condenados con hasta 10 años de prisión, lo que tiene una clara conexión con las masivas movilizaciones que se desarrollaron el año pasado contra el racismo y la violencia políticas, a raíz del asesinato de George Floyd, que en Inglaterra tuvieron el ataque a monumentos a colonos y esclavistas como uno de los focos principales.
También se convertiría en delito no seguir determinadas restricciones que los manifestantes “deberían” haber conocido, incluso si no recibieron una orden directa de un funcionario, lo que da luz verde a la represión indiscriminada a manifestaciones.
No es casual que en distintos países surjan estos proyectos represivos para buscar aplastar las movilizaciones que están a punto de estallar. Distintos informes, desde el FMI u otras diversas organizaciones, vienen alertando sobre una ola de protestas masivas en el mundo tras la pandemia. La crisis económica mundial, incrementada por los confinamientos y cuyo principal costo lo paga la clase trabajadora, ha creado una olla a presión. Todo ello se suma a las reivindicaciones preexistentes que fueron eclipsadas por la declaración de pandemia.
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