Vendido bajo una pátina de progreso frente a la decadencia, el capitalismo español consiguió en la década de 1980 uno de sus mayores triunfos al asociar la liberalización a la democracia, imponiendo en la sociedad que los bienes y servicios que podían ser considerados como un derecho deben estar supeditados a márgenes de beneficio viables.
«La modernización de España» de los 80
Pero en algún momento, los mercados se saturan, la demanda cae y la superproducción y acumulación de capital se convierten en un problema, tal y como se observó en los últimos años del gobierno de Felipe González.
En respuesta, hemos visto la expansión del mercado del crédito y el aumento de la deuda personal para mantener la demanda de los consumidores, ya que los salarios de la clase trabajadora se reducían año a año, la especulación financiera y inmobiliaria aumentaba (nuevos mercados de inversión), las recompras de acciones y los rescates y subsidios masivos (dinero público para mantener el viabilidad del capital privado) se normalizaban.
Todo esto que acabamos de describir es inherente al capitalismo. Pero la década de 1980 fue un período crucial que ayudó a establecer el marco en el que nos encontramos hoy.
¿Recuerda el lector cuando la «cultura del esfuerzo» pasó a formar un lugar central en las decisiones económicas? Formaba parte de la retórica de Reagan-Thatcher sobre la «nueva normalidad» del neoliberalismo de los años ochenta y que tuvo su representación en España en la dupla González-Boyer.
El Estado no redujo su influencia
La misión declarada de los gobiernos que en adelante vendrían era dar rienda suelta al «espíritu empresarial» haciendo retroceder al «intervencionismo asfixiante». Se compraron, literalmente, a los sindicatos, que tuvieron su último pulso en la huelga general de 1994, y se privatizaron activos estatales clave.
A pesar de esta retórica, en realidad no se redujo el papel del Estado, sino que se usó su maquinaria de manera diferente, en nombre de los negocios. Tampoco desató el «espíritu empresarial». Las tasas de crecimiento económico fueron similares a las de la década de 1960, pero se produjo una concentración de la propiedad y los niveles de desigualdad se dispararon.
Sin embargo, las bases creadas por los diferentes gobiernos socialistas y aceleradas por los gobiernos del PP, a pesar de su retórica de ayudar a las pequeñas empresas y envolverse en la bandera nacional, facilitó el proceso de globalización al abrir la economía española a los flujos internacionales de capital y dar rienda suelta a las finanzas globales y las corporaciones transnacionales. Solo así podemos entender el desembarco silencioso e impune que fondos buitre de renombre, especializados en reventar Estados, ha habido en España, así como la generalización de la llamada «banca en la sombra». Esto es, las operaciones financieras en el mercado secundario del crédito.
Los beneficiarios de estas políticas pertenecen a los escalones más altos de la banca, la industria, el ejército, el gobierno y otras élites ocultas y discretas, que entran en los despachos oficiales con naturalidad, y salen de ellos con sus contratos y sus sentencias debajo del brazo.
España 2050 y el «Gran reseteo»
El proyecto «España 2050» es la edición española del «Gran Reseteo» que promueve el Foro Económico Mundial. Se trata de una transformación del capitalismo español y una concentración económica basada en restricciones permanentes de las libertades fundamentales y la vigilancia masiva, a medida que se sacrifican medios de vida y sectores enteros para impulsar el monopolio y la hegemonía de las corporaciones financieras y biotecnológicas.
Lanzado durante el shock post-COVID-19 (el ingreso en la UE y en la OTAN se hizo tras el 23-F), España 2050 pretende implementarse bajo el disfraz del progreso en la que las empresas más pequeñas serán llevadas a la bancarrota o compradas por monopolios. Las economías se están «reestructurando» y muchos trabajos y funciones se llevarán a cabo mediante tecnología impulsada por la inteligencia artificial. Solo basta acudir a las cajas de supermercado de cualquier gran superficie de Madrid o Barcelona, para comprobarlo.
La llamada «economía verde» encajará en la noción de «consumo sostenible» y «emergencia climática». Un grupo de multimillonarios y sus plataformas controlarán todos los aspectos de la cadena de valor. Por supuesto, ellos mismos no reducirán su propio consumo ni se desharán de sus jets personales, vehículos caros, numerosas casas exclusivas ni abandonarán su estilo de vida devorador de recursos. El consumo reducido está destinado solo a las masas.
El capitalismo podría haber llegado a su conclusión lógica (por ahora). Dejar al movimiento obrero desarmado, reducir los salarios para crear niveles inimaginables de desigualdad y otorgar al capital privado tanta libertad para asegurar ganancias e influencia política bajo el disfraz del progreso conduciría inevitablemente a un resultado.
Una concentración de riqueza, poder, propiedad y control en la clase dominante, con grandes sectores de la población subsistiendo mediante ingresos básicos universales controlados por la Administración y todos sujetos a la disciplina de la vigilancia, suprimiendo de facto la libertad deambulatoria y el derecho de reunión.
La gestión de la percepción es, por supuesto, vital para implantar esta política. La retórica sobre la «libertad» y el «progreso» funcionó de maravilla en la década de 1980 para ayudar a provocar un robo masivo de la riqueza. Esta vez, la herramienta es un aparente problema de salud pública y una «responsabilidad colectiva» como parte de una estrategia para ayudar a avanzar hacia el control monopolístico de la economía por parte de un puñado de actores locales, que a su vez son los embajadores de las grandes corporaciones.
Bonus track: para el lector confundido, quítese de la cabeza la idea del «complot marxista» y el «gobierno comunista» español. Este sistema nada tiene que ver con el marxismo ni del comunismo. Los mismos capitalistas de siempre, apoyados por la práctica totalidad de los partidos parlamentarios, tienen como objetivo asegurar un control aún mayor de la economía. El proyecto es apuntalar aún más a las pequeñas economías, y España ya no será un capitalismo (aunque vagamente etiquetado así) basado en los mercados y la competencia «libres» (de hecho nunca lo fue), sino que ahora, la concentración del capital será aún mayor y, sobre todo, plenamente justificada. Si quiere comprobarlo, pregunte a su amigo ecologista más cercano qué opina sobre la nueva factura de la luz.
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