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El jueves pasado, la FNHA (una de las máximas autoridades sanitarias de Canadá), y el Colegio de Médicos y Cirujanos, emitieron una declaración conjunta amenazando a los médicos canadienses, en particular a los de la Columbia Británica, con ser sancionados si publican artículos sobre la pandemia y las vacunas que contradigan los mensajes del gobierno.

“Las declaraciones públicas de los médicos que contradicen las órdenes y directrices de la sanidad pública son confusas y potencialmente perjudiciales para los pacientes”, dijo en el comunicado la doctora Heidi Oetter, secretaria del Colegio de Médicos y Cirujanos (*).

“Aquellos que pongan en peligro al público con información errónea podrán ser investigados y, si se justifica, sometidos a una acción reguladora”.

La declaración no menciona a ningún médico por su nombre. Sin embargo, algunos médicos de la Columbia Británica han aparecido recientemente en los titulares por su oposición a las mascarillas y otras medidas sanitarias, así como a la administración de vacunas a los niños.

El doctor Stephen Malthouse ha participado en numerosas concentraciones contra las mascarillas y también ha sido objeto de peticiones de censura, al aparecer en un vídeo con otro médico, el doctor Bill Code, que afirmaba haber tratado con éxito el coronavirus con hidroxicloroquina y vitaminas.

“Realmente necesitamos un debate científico sobre estas cosas en lugar de tener normas y reglamentos e intentar que los médicos se limiten a seguir la política”, dijo el doctor Malthouse. “Si los médicos tienen preguntas al respecto, creo que el colegio debería poder discutirlo con ellos”.

No está claro si estos médicos se enfrentarán a alguna consecuencia, especialmente porque la burocracia sanitaria no hace pública la información sobre las investigaciones a menos que la infracción se considere grave.

(*) https://docs.reclaimthenet.org/FNHA-CPSBC-Joint-Statement-on-Misleading-COVID-19-Information.pdf

En marzo de este año la danesa Nanna Skov Hopfner, madre de dos niños pequeños, fue condenada a dos años de cárcel por unas declaraciones que “incitaban a la violencia” durante una manifestación contra las medidas sanitarias del gobierno danés.

La joven de 30 años recurrió y el nuevo juicio se celebrará el 7 de junio. La opinión pública considera a la manifestante como una víctima de la arbitrariedad porque en su alocución se mostró partidaria de todo lo contrario: de la no violencia.

La condena ha desatado un fuerte debate político en Dinamarca, en lo que parece ser una clara escalada de represión política contra las manifestaciones de protesta que se dirigen contra el gobierno.

Hopfner fue condenada el 12 de marzo por el Tribunal Municipal de Copenhague a una pena de prisión de dos años. La acusación se refería a las palabras pronunciadas por la joven durante la manifestación de los “hombres de negro” contra las restricciones sanitarias.

“Creo que se trata de un caso muy, muy emocionante, en el que yo, como muchos otros daneses, me pregunto por qué debería ser una doble pena participar en una manifestación de esta naturaleza”, dice su abogada.

Como la manifestación fue seguida de un allanamiento, la población danesa se muestra indignada por la condena impuesta a Hopfner. La idea es que es víctima de un abuso de la ley y que los tribunales han inflado la sentencia debido a la naturaleza de la manifestación en la que participó la joven, que iba en contra de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno danés.

—https://perbraendgaard.dk/2021/03/12/tragisk-dag-nanna-fri-uskyldigt-doemt/ https://amtsavisen.dk/artikel/coronad%C3%B8mt-30-%C3%A5rig-kvinde-kommer-for-landsretten-7-juni

La doctrina del covid se ha transformado en un dogma y el espionaje alemán ha anunciado la creación de un departamento especial encargado de vigilar a los negacionistas, porque ponen en peligro la seguridad interior del Estado (*).

Los críticos suponen un riesgo de orden público. Quedan bajo vigilancia quienes objeten el confinamiento, las mascarillas, la distancia social y demás medidas sanitarias. Para justificar la represión, el movimiento negacionista queda calificado de “conspiranoico” y “agresivo”.

Las instituciones públicas han sido objeto de numerosos ataques desde el comienzo de la pandemia, dice el Ministro del Interior: “Nuestro orden democrático fundamental, así como las instituciones del Estado, como los parlamentos y los gobiernos, se han enfrentado a múltiples ataques desde el inicio de las medidas de contención de la pandemia de Covid-19”.

No se puede cuestionar la política sanitaria que ha seguido el gobierno alemán, que ha consistido en combatir a la población y no en tratar a los enfermos. Progresivamente, el carácter represivo de dicha política ha quedado en evidencia, cada vez más claramente.

El control y la vigilancia de las poblaciones se han convertido en una rutina que nadie se preocupa ya por disimular.

Los que insisten en denunciar la anulación de libertades fundamentales parecen anticuados porque “la salud está por encima de todo”, no sólo de la economía, sino de 200 años de solemnes declaraciones de derechos.

A muchos incluso les parece de lo más normal que a quienes protestan se les pueda insultar como ultraderechistas, conspiranoicos… La construcción de una sociedad de pesadilla no ha hecho más que empezar.

(*) https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/germany-coronavirus-deniers-surveillance.html

El lunes la vivienda del juez alemán que prohibió el empleo de mascarillas en las escuelas fue registrada por la policía. Como ya informamos hace dos semanas, un tribunal de Weimar había prohibido a dos escuelas que exigieran a sus alumnos el uso de mascarillas, imponiendo medidas de distanciamiento social y exigiendo la realización de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

Ahora el gobierno alemán ha enviado a la policía a registrar la vivienda de Christian Dettmar, el juez que dictó la resolución, integrante del tribunal de distrito de Weimar. En su sentencia el juez decía que las escuelas habían violado la ley y luego otro tribunal ha dicho que quien la ha violado es el juez, según un artículo de T-online (*).

En un acto represivo sin precedentes, la policía ha registrado su oficina, sus locales privados y su coche y, además, le confiscaron su teléfono móvil.

Evidentemente la sentencia no gustó al gobierno de Merkel, empeñado en mantener a toda costa unas medidas sanitarias que vienen fracasando estrepitosamente desde hace más un año.

En su sentencia el juez escribió: “El legislador estatal que regula este ámbito se ha apartado de los hechos, lo que ha alcanzado proporciones aparentemente históricas”.

A principios de este mes, el juez ordenó la suspensión del requisito de la mascarilla y las pruebas de coronavirus para los niños de dos escuelas de Weimar por un supuesto riesgo para la salud de los niños.

El gobierno recurrió y un tribunal administrativo dictaminó la semana pasada que el requisito de la mascarilla era legal. En la segunda resolución el tribunal dice que consideran que la decisión del juez de familia es “manifiestamente ilegal” porque los tribunales de familia no están facultados para emitir órdenes a las instituciones públicas.

Pero la represión no se ha detenido ahí. La fiscalía está investigando actualmente la sospecha de que el juez podría haberse “alejado consciente y gravemente de la ley”, al aprobar una decisión que no está respaldada por las disposiciones legales.

Diversas organizaciones alemanas han anunciado una protesta pública contra la persecución del juez Dettmar.

(*) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89922524/polizei-durchsucht-bei-masken-richter-aus-weimar.html

Más información:
— Un tribunal levanta todas las restricciones sanitarias impuestas a los niños en las escuelas de Alemania