Categoría: Represión (página 33 de 67)

También en Inglaterra, todas y cada una de las acusaciones presentadas en virtud de los poderes extraordinarios introducidos al comienzo de la pandemia de coronavirus han sido ilegales, según los datos de la Fiscalía de la Corona.

Las 292 acusaciones en virtud de la Ley sobre el Coronavirus han sido retiradas de los tribunales, o anulados después de que personas inocentes fueran acusadas ilegalmente.

Los poderes que permiten a la policía procesar a cualquier persona “potencialmente infecciosa que se niegue a cumplir una instrucción legal” se han aplicado ilegalmente en muchos de los casos.

Uno de ellos se refería a una mujer de 41 años, Marie Dinou, que fue acusada erróneamente y multada con 660 libras en virtud de las leyes sobre el coronavirus después de que se negara a entregar a la policía su nombre, su dirección o los motivos de su viaje cuando supuestamente “merodeaba por los andenes” de la estación central de Newcastle.

La policía británica de transportes admitió que había sido acusada bajo la sección incorrecta de la Ley de Coronavirus del año pasado.

Alistair Carmichael, el portavoz de asuntos de interior del Partido Liberal Demócrata, que destacó las cifras, dijo que la Ley debería ser derogada, ya que los poderes bajo ella eran “desproporcionados, mal pensados y confusos”.

Posteriormente se introdujeron conjuntos de leyes separadas, conocidos como Reglamentos de Protección de la Salud, para imponer confinamientos, restricciones a las reuniones, uso de mascarillas, cuarentenas y otras medidas represivas.

Los datos de la Fiscalía muestran que 389 acusaciones bajo el Reglamento de Protección de la Salud también habían sido ilegales entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el 20 por ciento del total de 1.920 casos.

En general, se identificaron 691 acusaciones incorrectas de 2.212 procesamientos utilizando todas las leyes extraordinarias, lo que significa que casi un tercio (31 por ciento) fue ilegal.

Las presuntas infracciones de las leyes sobre coronavirus se castigan principalmente con multas en lugar de detenciones y procesamientos, pero las multas que no se pagan pueden dar lugar a una acusación penal.

A principios de este año, la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Parlamento pidió que se revisaran las más de 85.000 multas impuestas.

Los diputados afirmaron que, a pesar de que las multas por algunos delitos alcanzan las 10.000 libras esterlinas, había “altos índices de error” en su emisión y un impacto desproporcionado en diferentes grupos.

“Es posible que muchas más sanciones hayan sido pagadas por personas demasiado intimidadas por la perspectiva de un juicio penal como para arriesgarse a impugnar su multa mediante un proceso penal”, añadió la comisión.

El mismo informe afirma que resulta asombroso que la Ley del Coronavirus siguiera siendo utilizada de forma abusiva en los procesos judiciales.

—https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/17/every-prosecution-emergency-covid-powers-wrong-official-review/

La pandemia ha sido el pretexto para introducir nuevas técnicas informáticas de vigilancia de la población. A principios de este año, el gobierno de Australia del Sur contrató una aplicación que utiliza programas de geolocalización y reconocimiento facial para seguir a las personas sometidas a cuarentena y recluidas en el interior de sus casas. En un comunicado oficial, anunció un contrato de 1,1 millones de dólares con una empresa para desarrollar una nueva aplicación para móviles que utiliza el reconocimiento facial y la tecnología de seguimiento por GPS para vigilar a las personas.

Las nuevas técnicas de control no proceden de los Ministerios de Interior, sino de los de Sanidad. El de Australia, Stephen Wade, dijo que la aplicación se utilizaría para rastrear a las personas que lleguen a Australia desde los focos pandémicos procedentes de otros estados, o que sean contactos cercanos o casuales de los casos locales, para garantizar que cumplen la cuarentena.

GenVis, una empresa tecnológica con sede en Perth, obtuvo el contrato de 1,1 millones de dólares tras una licitación en noviembre. La empresa desarrolló la aplicación G2G Now de Australia Occidental, que utiliza el reconocimiento facial y los datos de ubicación del móvil para comprobar si las personas en cuarentena permanecen recluidos en sus viviendas.

La descarga y utilización de la aplicación G2G es voluntaria, pero el gobierno anima a su utilización, afirmando que “garantiza su seguridad y la del resto de la comunidad, al tiempo que libera recursos policiales que de otro modo se gastarían en controles físicos más regulares”.

Las personas sometidas a cuarentena se tienen que descargar la aplicación G2G para demostrar que permanecen en sus casas. La aplicación se pone en contacto con personas al azar y les pide que proporcionen una prueba de su ubicación en un plazo de 15 minutos. “No les decimos con qué frecuencia ni cuándo, pero tienen que responder en un plazo de 15 minutos”, dijo Wade.

Si una persona no demuestra su ubicación o identidad cuando se le pregunta, la policía inicia un programa de control sobre ella.

GenVis ya prestó servicios al gobierno de Australia Occidental con G2G Now, un programa desarrollado en colaboración con la policía que no prosperó, según confesó Wade en el Parlamento.

Como es habitual, el gobierno promete que no retendrá ninguna información proporcionada por la aplicación. “Simplemente lo utilizamos para comprobar que la gente está donde dijo que iba a estar durante la cuarentena domiciliaria”. La aplicación será “totalmente compatible” con la normativa estatal y federal sobre intimidad, datos y gestión de registros. “Necesitamos una serie de herramientas para ayudar a proteger a todos los australianos del sur de la propagación del virus y mantener nuestra comunidad segura”, dijo Wade en un comunicado oficial.

“Estoy seguro de que la tecnología que hemos desarrollado en el gobierno de Australia Meridional se convertirá en la norma nacional y se implantará en todo el país”, añadió el ministro. La información será destruida al final de la pandemia… a menos que la policia la necesite.

A los australianos confinados en Nueva Gales del Sur el gobierno les confisca el alcohol para “protegerlos del covid”.

“A los residentes de los bloques de pisos cerrados por el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur se les está controlando la entrega de alcohol como parte de una política para limitar el número de bebidas consumidas cada día”, según informa NCA News Wire.

Como muestra la foto de portada, la policía y los funcionarios públicos husmean en las compras que los vecinos realizan por internet, confiscando el alcohol y diciendo a los ciudadanos que sólo pueden recibir una ración de “seis cervezas o una botella de vino o una botella de 375 mililitros de licor”.

El edificio Common Ground de Mission Australia, en Camperdown, es el último en el que los residentes están sujetos a estos controles atosigantes y se han quejado de que los paquetes enviados por amigos y familiares han sido registrados antes de ser entregados.

“Registran todos los bolsos y objetos que entran en el edificio… Han confiscado una serie de regalos. Cosas como las botellas de licor, no se nos permitía tener y todavía no se nos permite”, dijo Robin Elhaj, residente de Common Ground.

Los vecinos pueden recibir una ración de una de las siguientes opciones: o seis cervezas o una botella de vino o licor de 375 mililitros.

El exceso de alcohol queda confiscado hasta que se levante el confinamiento.

Los residentes pueden consultar a un médico si creen que necesitan consumir más alcohol del límite permitido.

La Primera Ministra australiana, Gladys Berejiklian, ha amenazado a los australianos que no se vacunen con mantenerlos confinados hasta que se vacunen, o permanentemente, en caso contrario.

Una vez que el 70 por ciento de los adultos se haya vacunado, el gobierno les permitirá tener hasta cinco personas en casa, siempre que todas ellas están completamente vacunadas.

El gobierno también permitirá que se reúnan hasta 20 personas al aire libre y que se realicen algunos viajes por el interior del país.

Sin embargo, las personas no vacunadas seguirán encerradas en sus casas a perpetuidad, amenazó Berejiklian. “¡Estáis avisados! Si no estáis vacunados, venid a vacunaros, de lo contrario no podréis disfrutar de las muchas libertades que tiene el 70 por ciento de las personas vacunadas”, añadió la Primera Ministra.

“Vivir con covid significa tener una reapertura cuidadosa y escalonada una vez que se alcanzan esas altas tasas de vacunación en la población adulta”, dijo Berejiklian.

“Obviamente, hemos consultado con el plan nacional, pero también con nuestros expertos en salud y con las partes interesadas para asegurarnos de que cuando empecemos a reabrir al 70 por ciento de la doble dosis, se hará de forma segura y sólo para las personas vacunadas”, añadió.

Las personas totalmente vacunadas seguirán teniendo que llevar mascarillas, y Berejiklian dijo que las restricciones más draconianas podrían reintroducirse en cualquier momento.

“Las personas que hayan recibido una dosis doble serán libres, pero si hay un resurgimiento de la enfermedad o si se producen acontecimientos inesperados, el gobierno aconsejará a los habitantes de ciertas zonas o pueblos que restrinjan sus viajes al área del gobierno local en lugar de viajar por todo el estado”, dijo.

La sociedad de dos niveles se impondrá, por supuesto, a través de pasaportes sanitarios, que impedirán a los no vacunados cualquier forma de vida social en la calle o en los lugares públicos.

— https://www.news.com.au/national/nsw-act/news/nsw-health-limits-residents-of-lockeddown-tower-block-to-six-beers-per-day/news-story/0e387ceccee145a611ddb6e38872d3d5

Ayer la responsable de la salud pública de Nueva Gales del Sur, Kerry Chant, se refirió al “nuevo orden mundial” que se establecerá tras el levantamiento de las restricciones sanitarias en Australia.

La doctora Chant aseguró que los negocios de Sidney sólo se reabrirán para los vacunados, sean trabajadores o clientes. Los lugares de trabajo “tendrán algún sistema para comprobarlo”.

No es la primera vez que un político o un “expertos” australiano se expresa en estos términos para referirse a la “nueva normalidad”. En julio del año pasado, el ministro de Sanidad, Brad Hazzard, describió la pandemia como un “nuevo orden mundial”.

“Se trata de una pandemia mundial, un acontecimiento que ocurre cada 100 años, por lo que se puede esperar que tengamos transmisiones de vez en cuando, y así son las cosas. Tenemos que aceptar que éste es el nuevo orden mundial”, dijo Hazzard durante una conferencia de prensa.

Las declaraciones de Hazzard provocaron entonces una oleada de comentarios en las redes sociales.

Tanto los “expertos” como los políticos dosifican la desinformación, las cifras de “casos positivos” y las sucesivas olas. Es la política del palo y la zanahoria adaptada a la pandemia. Ayer la primera ministra del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, declaró durante una rueda de prensa en Sídney que los cafés, restaurantes y pubs de la capital volverán a abrir en la segunda quincena de octubre, tras meses de estricto confinamiento.

Parecería, pues, que Australia se aleja, por fin, de la absurda política de “covid cero”. Berejiklian propuso “aguantar el tirón”, ya que está casi garantizado que los “casos” aumentarán tras la reapertura.

Da la impresión de que los “casos” bajan con el confinamiento y suben con la reapertura. En realidad, el número de “casos” sólo depende del número de pruebas que realicen. Cuantas más pruebas, más “casos” aparecen. Sidney es otro ejemplo. A pesar de los dos meses de confinamiento, el número de casos ha seguido aumentando.

Pero hay muchas más trampas. Aunque el lunes se levantarán algunas restricciones, será sólo para los vacunados. ya que el primer paso hacia la reapertura para las empresas llegará poco después.

Otra trampa que Berejiklian no se preocupó de disimular: como los “casos” aumentarán cuando las restricciones disminuyan, habrá cierres “localizados”. Los confinamientos serán como un semáforo que cambia de color en cualquier momento.

El mundo jamás volverá a ser como era antes de 2020. Habrá discriminación entre vacunados y no vacunados, barrios abiertos o confinados, tests periódicos, instalaciones con capacidad sólo para un determinado aforo…

Más información:
— Una responsable médica australiana pide que las personas dejemos de hablar entre nosotros
— ‘No se reúnan, no hablen con sus vecinos’, recomienda la Primera Ministra neozelandesa

El 17 de junio la policía alemana llevó a cabo un registró las oficinas de Stefan Hockertz, director de una de las principales consultoras europeas de farmacología y conocido por sus publicaciones críticas hacia las empresas del gremio.

Tras estudiar biología en la Universidad de Hannover, Hockertz se doctoró en farmacología en la de Hamburgo, donde luego fue profesor de inmunotoxicología molecular.

Como otros científicos de renombre, se opuso desde el principio a las medidas del gobierno alemán en relación con la pandemia y advirtió de los efectos sobre la salud de las nuevas vacunas de ARN mensajero.

En su libro “Generación mascarilla”, publicado hace tres meses, Hockertz analiza las consecuencias del confinamiento sobre el estado psicológico, mental y físico de niños y adolescentes. Innumerables niños se han refugiado en un mundo propio, donde se quedan solos con sus ansiedades, sostiene Hockertz.

El libro no le ha debido gustar a la policía alemana, que ha tratado de poner remedio a su difusión, al tiempo que avisa a otros críticos de la pandemia, las restricciones y las vacunas.

No es el primero caso. Dos meses antes la policía también registró el domicilio del juez Christian Dettmar en Weimar como represalia por la sentencia que dictó contra el uso de máscaras en las escuelas.

Para proteger a la infancia, el juez anuló la imposición mascarillas, la realización de pruebas de coronavirus y el mantenimiento de la distancia social en dos escuelas de Weimar y exigió que las clases fueran presenciales.

Como represalia la policía registró el juzgado y las viviendas particulares del juez, primero en abril y luego en junio. En una auténtica caza de brujas, el juez Dettmar está procesado por “alterar el curso de la justicia”, un atentado que carece de precendetes en la Unión Europea.

Luego el fiscal de Erfurt ordenó a la policía nuevos registros contra ocho personas, la mayoría de las cuales declararon como peritos en el juicio que condujo a la sentencia de Dettmar.

Se llevaron a cabo varios registros simultáneos contra los profesores Ulrike Kämmer y Ulrich Masuth, contra el juez Matthias Guericke, contra la madre de los niños afectados, contra su tutor y contra los profesores Christian Kuhbandner e Ines Kappstein. La policía se incautó los móviles, ordenadores y numerosos documentos, incluida la correspondencia privada y el original de un expediente judicial.

Las incautaciones indican que hay abiertos expedientes judicial contra todos ellos.