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Anoche Estados Unidos llevó a cabo un importante ataque aéreo contra Venezuela y su dirigente, el presidente Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto con su esposa, Cilia Flores, y extraído del país, ha anunciado Trump.

La operación se llevó a cabo “en conjunto con las fuerzas del orden estadounidenses”, ha añadido, en referencia a la unidad de élite estadounidense Delta. Los secuestradores no sufrieron bajas durante la operación militar en territorio venezolano, asegura el New York Times.

Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo a gran escala sobre la capital, Caracas, durante la noche.

El Wall Street Journal afirma que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se encuentra a salvo. En un comunicado televisado Rodríguez ha dicho que desconoce el paradero de Maduro y su esposa. Exige a Estados Unidos una prueba de vida de ambos.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que Maduro “será juzgado por sus crímenes” y anunció una nueva era para Venezuela. “El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, responderá de sus crímenes ante los tribunales”, añadió, aunque no aclaró que se refería a un juicio farsa ante los tribunales estadounidenses.

En el mausoleo de Hugo Chávez en Caracas se ha producido un incendio a causa de los bombardeos. También se han escuchado explosiones en el aeropuerto y puerto de Caracas. Algunos vecinos han escuchado detonaciones en Higuerote, a unos 100 kilómetros al este de Caracas.

En muchos barrios, los residentes corrían hacia sus ventanas y terrazas. Según los residentes, se cortó el suministro eléctrico en algunas zonas de la ciudad. Se ha desatado una reacción generalizada en Caracas. La población forma colas en tiendas y farmacias tras los ataques, dice la agencia Bloomberg.

Trump ofreció una reunión informativa sobre seguridad nacional en su residencia de Mar-a-Lago en vísperas de los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela, según el programa publicado por la Casa Blanca.

La reunión duró aproximadamente una hora, según el programa. El evento estuvo cerrado a la prensa. “Pronto habrá más información. Hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago se ofrecerá una conferencia de prensa”, declaró Trump.

‘Terrorismo de Estado’

Cuba calificó de “terrorismo de Estado” el bombardeo contra el pueblo de Venezuela.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado el despliegue de soldados en la frontera con Venezuela.

“Es profundamente preocupante y reprensible», denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En un segundo comunicado de prensa, la diplomacia rusa dijo estar “extremadamente alarmada” por los informes según los cuales el presidente venezolano y su esposa habían sido sacados por la fuerza del país”. Moscú exigió “una aclaración inmediata sobre esta situación“ e instó a Estados Unidos a liberar a Maduro. Rusia también apoyó la solicitud de Caracas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela tendrán consecuencias en todo el mundo, afirmó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

La agresión contra Caracas socava la seguridad regional y mundial, y contradice el orden mundial basado en la Carta de la ONU, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

El presidente brasileño Lula estimó que los ataques estadounidenses constituyen “un grave ataque a la soberanía de Venezuela“. También instó ala comunidad internacional, a través de la ONU, a “responder enérgicamente“ a estos ataques.

“No se puede imponer una solución política duradera desde fuera», condenó Jean Noël Barrot, ministro francés de Asuntos Exteriores, afirmando que la agresión que condujo a la captura de Maduro contraviene el principio de no uso de la fuerza que sustenta la legislación internacional. ley. Macron “sigue de cerca la situación en Venezuela y habla con sus socios regionales“, anunció el séquito del Jefe de Estado.

La misma historia en Alemania, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que estaba siguiendo “muy de cerca“ la situación y tomaba nota de los últimos informes “con gran preocupación“. Todos los países deben “respetar el derecho internacional“, recordó el primer ministro británico, Keir Starmer. “Quiero hablar con el presidente [Trump] pero por ahora creo que debemos establecer los hechos”, dijo, precisando que Londres no participó en la operación militar en Venezuela.

La voz disonante, la italiana Georgia Meloni, consideró «legítima” la intervención de Estados Unidos.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a pasar la mayor parte de su vida tras las rejas, salió de la prisión de Hazelton en libertad. Fue indultado por Trump tras una condena que lo involucraba en el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Fue un cambio radical para un hombre a quien los fiscales habían descrito como el cabecilla de un narcoestado centroamericano. Era una recompensa por su lealtad a la causa que prevalece sobre todas las demás en el Washington de Trump: “Israel por encima de todo”.

Hernández no llegó al poder de la noche a la mañana. Ingresó al Congreso a finales de la década de los noventa, representando al departamento rural de Lempira, y pasó más de una década escalando posiciones en el Partido Nacional. Llegó a ser presidente del Congreso Nacional y posteriormente presidente de Honduras de 2014 a 2022.

La fiscalía lo acusó de una vasta operación de tráfico de cocaína que incluía el envío de varias toneladas de droga a Estados Unidos, así como la posesión de ametralladoras y otras armas destinadas a apoyar esta red. Posteriormente, el Departamento de Justicia calificó a su gobierno de narcotraficante impulsado por millones de dólares en sobornos pagados por los cárteles.

Según Democracy Now, Hernández utilizó a las fuerzas de seguridad hondureñas para proteger cargamentos de droga, se asoció con importantes narcotraficantes, incluido el cártel de Sinaloa, y utilizó dinero del narcotráfico para consolidar su poder político. Su hermano, Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos similares.

Narco y peón del sionismo

Según los fiscales estadounidenses, recibió sobornos de redes de narcotráfico desde 2004. La historia de Hernández también está vinculada a una de las familias judías más influyentes de Honduras. La fiscalía alegó que recibió sobornos y otros favores de la familia Rosenthal, un poderoso clan de origen judío rumano encabezado por Jaime Rosenthal, cuyo Grupo Continental controlaba el Banco Continental, un club de fútbol y empresas importadoras de automóviles.

El patriarca Rosenthal, candidato presidencial habitual del Partido Liberal, ocupó una posición destacada en la cima de la pirámide económica y política hondureña durante décadas. Hernández, por su parte, consideraba esta red una fuente adicional de ingresos e influencia. Utilizó dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas.

Tras su detención, las autoridades hondureñas incautaron decenas de propiedades, vehículos, negocios y otros bienes vinculados a su familia. El caso culminó con su extradición a Estados Unidos en 2022. Un jurado de Nueva York declaró culpable a Hernández en marzo del año pasado, y un juez lo condenó a 45 años de prisión, con libertad supervisada, en junio del mismo año. Lógicamente, la historia debería haber terminado ahí. Un exjefe de Estado caído en desgracia, condenado en un tribunal por colusión con narcotraficantes, fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión.

Sin embargo, durante décadas Hernández invirtió en un tipo de protección diferente, la que prevalece sobre cualquier otra protección en Estados Unidos. Esta protección lleva una bandera azul y blanca adornada con una estrella de David en su centro.

‘Mientras yo sea presidente, Honduras apoyará a Israel’

Sus vínculos con Israel comenzaron mucho antes de que asumiera el cargo a escala nacional. De joven, a principios de la década de los noventa, Hernández visitó Israel bajo los auspicios de Mashav, la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional al Desarrollo. La Agencia Telegráfica Judía señaló que había completado un curso de desarrollo profesional con Mashav en 1992, al inicio de su carrera diplomática.

Treinta años después, en la inauguración de la embajada de Honduras en Jerusalén, Hernández se dirigió al público y describió su primera visita a Israel como una experiencia que cambio su vida. Afirmó que el viaje había influido profundamente en sus opiniones sobre seguridad, agricultura e innovación.

Una vez instalado en el palacio presidencial, Hernández elevó esta conexión personal a la categoría de doctrina de Estado. En octubre de 2015, al llegar a Jerusalén como jefe de Estado, declaró ante una audiencia convocada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Israel y el Congreso Judío Mundial: “Mientras yo sea presidente, Honduras apoyará a Israel”. El Congreso Judío Mundial acogió con satisfacción el evento y destacó especialmente su declaración de que los lazos entre ambos países nunca habían sido tan estrechos.

El premio a un lacayo fiel

No eran palabras vacías. Hernández se propuso reposicionar a Honduras como uno de los gobiernos proisraelíes más fiables de Latinoamérica. Diplomáticos hondureños e israelíes habían firmado relaciones diplomáticas formales en la década de los cincuenta, y Honduras había permitido la inmigración judía durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo su dirección, estos lazos históricos se convirtieron en la base de una nueva política exterior.

Modificó los patrones de votación de Honduras en la ONU para que su país se abstuviera o se opusiera a resoluciones consideradas hostiles a los intereses israelíes. Durante la votación de la Asamblea General de 2017 que condenó la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, Honduras fue uno de los pocos países que votó a favor de Washington e Israel, en contra de la abrumadora mayoría.

Hernández también inauguró una oficina diplomática y comercial en Jerusalén, reconociendo así la ciudad como capital de Israel. Posteriormente, se comprometió a trasladar toda la embajada hondureña de Tel Aviv a Jerusalén, emitiendo declaraciones conjuntas con funcionarios israelíes y estadounidenses que establecían plazos públicos para el traslado. En junio de 2021 se completó el traslado. En su toma de posesión, Hernández proclamó que se encontraba “hoy en la capital eterna de Israel” y se comprometió a combatir el “antisemitismo, a menudo presentado como antisionismo”.

Israel recompensó esta lealtad con gestos de solidaridad. El país acordó reabrir su embajada en Tegucigalpa y brindó cooperación en materia de seguridad, asistencia técnica y ayuda de emergencia tras los devastadores huracanes y el comienzo de la pandemia.

Además, Hernández acercó a Honduras a las redes cristianas sionistas. El Museo Amigos de Sión en Jerusalén, institución que promueve el apoyo cristiano a Israel y combate el antisemitismo y el movimiento BDS, le otorgó el Premio Amigos de Sión en 2019 por reconocer a Jerusalén como capital de Israel y por su apoyo diplomático. El Museo Amigos de Sión y el Jerusalem Post señalaron que ahora se situaba a la altura de figuras como Trump y otros dirigentes conocidos por sus políticas proisraelíes.

En materia de seguridad, Hernández adoptó posturas perfectamente alineadas con las de Washington y Tel Aviv. Su gobierno designó a Hezbollah como “organización terrorista”, una medida bien recibida por las principales organizaciones judías estadounidenses. Esta decisión se hizo eco de medidas similares adoptadas por otros gobiernos alineados con Estados Unidos en la región, como Argentina bajo la capitania de Mauricio Macri, y confirmó que Tegucigalpa no tenía intención de desviarse del consenso judeo-estadounidense sobre la seguridad en Oriente Medio.

El escondite del narco: Israel

Incluso mientras el cerco se cerraba a su alrededor, Hernández consideraba a Israel su refugio definitivo. A medida que aumentaba su exposición legal y la posibilidad de extradición se hacía más probable, recurrió a dirigentes israelíes en busca de ayuda para retrasar, o incluso impedir, su traslado a Estados Unidos. Sus años de apoyo incondicional le habían proporcionado un capital político en Jerusalén.

Este cálculo, que parecía ingenuo cuando llegó a Nueva York encadenado, parece mucho más racional ahora que Trump lo ha indultado. Trump reconoció en Hernández a un conciudadano proisraelí. Comprendió que no se trataba simplemente de un político centroamericano corrupto, sino de un miembro leal del bando internacional proisraelí, artífice de importantes victorias en una región donde Israel se ha esforzado durante mucho tiempo por forjar aliados fiables.

El indulto otorgado a Hernández trasciende, por lo tanto, un caso aislado de clemencia. Revela la verdadera jerarquía de valores que caracteriza la política exterior estadounidense bajo el gobierno de Trump. Inundar las calles estadounidenses de cocaína no necesariamente desacreditará a quien haya pasado años trasladando embajadas a Jerusalén, votando correctamente en la ONU y presentando al país centroamericano como una extensión de la red diplomática israelí.

En este mundo, un hombre que ayudó a convertir su propio país en un paraíso para el narcotráfico aún puede escapar de una condena de 45 años, siempre que su pasado como ferviente defensor del sionismo sea intachable y su amistad con el presidente más prosionista de la historia moderna de Estados Unidos se mantenga intacta. Para Juan Orlando Hernández, esa amistad no solo le otorgó influencia. Le otorgó la libertad.

—José Alberto Niño https://www.josealnino.org/p/the-real-story-behind-trumps-pardon

Durante décadas los planificadores militares occidentales asumieron que la superioridad tecnológica en navegación satelital, cartografía digital y sincronización de precisión constituía una ventaja absoluta e irreversible. El GPS, los sistemas de geolocalización y la vigilancia orbital eran concebidos como la columna vertebral de la guerra moderna. Sin embargo, este paradigma está siendo desmontado por Estados que han comprendido la naturaleza real del conflicto contemporáneo: la guerra multiforme, asimétrica y distribuida, donde lo decisivo no es quién tiene más satélites, sino quién puede cegarlos, engañarlos o volverlos irrelevantes.

Venezuela es uno de esos casos emblemáticos. El aparato defensivo venezolano no se estructura sobre la búsqueda de paridad tecnológica con las potencias occidentales, sino sobre la optimización estratégica de la asimetría. En este ámbito, la capacidad de neutralizar o distorsionar los sistemas de localización —incluyendo GPS, Glonass y plataformas complementarias utilizadas por fuerzas extranjeras— se ha convertido en un pilar doctrinal. Venezuela ha desarrollado, con asesoría especializada, una arquitectura defensiva diseñada precisamente para fracturar la dependencia operacional del adversario respecto al espacio exterior. En un escenario hipotético de agresión, la precisión es el primer recurso que el invasor perdería.

Los sistemas de spoofing, interferencia y descoordinación geoespacial —probados en teatros de operaciones donde Rusia ha demostrado su maestría— permiten reconfigurar la percepción del territorio que tienen las unidades enemigas. En una guerra mecanizada, la desorientación convierte a los vehículos en objetivos fáciles; en una operación aérea, produce errores críticos en navegación y designación de blancos; y en una maniobra de fuerzas especiales, neutraliza completamente la sincronización entre equipos, dejándolos expuestos y fragmentados. Como señala la doctrina de defensa asimétrica, “quien controla el entorno cognitivo controla la batalla”. Y Venezuela ha aprendido a controlar precisamente eso: la lectura del terreno por parte del adversario.

La defensa territorial venezolana no se basa en concentrar activos, sino en dispersarlos, camuflarlos y hacerlos invisibles a sensores satelitales. En combinación con ecosistemas selváticos, cordilleras, zonas densamente urbanizadas y regiones costeras de difícil lectura orbital, el país se convierte en un espacio operativo inherentemente hostil para cualquier potencia que dependa de datos cartográficos ininterrumpidos. La geografía se vuelve aliada; la confusión geoespacial, su multiplicador.

Occidente continúa atrapado en un imaginario lineal: cree que la guerra es una cuestión de hardware y algoritmos. Pero Venezuela opera desde una lógica postmoderna de conflicto: la guerra se decide en el espectro invisible electromagnético. El dron más sofisticado es basura aérea si no distingue coordenadas fiables. El batallón mejor equipado queda reducido a confusión si su cartografía se vuelve fantasma.

En este sentido, la fortaleza venezolana no está en competir con la potencia del adversario, sino en disolverla. No es resistencia pasiva, sino arte operacional inteligente: convertir la tecnología enemiga contra sí misma, obligarlo a pelear a ciegas, y luego hacerlo avanzar hacia un terreno donde la población, la dispersión táctica y la defensa irregular vuelven cualquier invasión un atolladero insalvable.

Por eso Venezuela no es un blanco sencillo. Porque ha aprendido la lección que las grandes potencias del siglo XXI ya conocen: sin dominio del espectro invisible, no hay victoria posible. Y en ese espectro, Venezuela no es débil; es, precisamente, más fuerte de lo que nadie en Washington se atreve a admitir.

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El domingo Maduro celebró su 63 cumpleaños en medio del despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe. Los noticiarios dicen que Estados Unidos está a punto de atacar a Venezuela. Reuters anuncia que la Marina de Guerra estadounidense está lista para lanzar una “nueva fase de operaciones” en los próximos días (1).

La concentración naval, encabezada por el portaaviones Gerald R. Ford, es impresionante, tanto que más bien parece el rodaje de una película de acción. Estados Unidos quiere intimidar a Venezuela. El 14 de noviembre Trump declaró que ya tenía tomada la decisión, pero sin concretar nada (2).

El ejército estadounidense ha presentado varias opciones, que incluyen continuar los ataques contra objetivos marítimos o extenderlos a objetivos terrestres, que la Casa Blanca atribuiría posteriormente a “terroristas” y “narcotraficantes” para justificarse.

Es el estilo Hezbollah. Maduro y algún dirigente podrían ser el blanco de los ataques. Otra opción sería lanzar una operación militar a gran escala para derrocar al gobierno venezolano, lo que no parece probable.

Mientras tanto, ambas partes negocian en secreto, reconoce el New York Times (3). Pero Estados Unidos no sabe negociar sin amenazar; es consustancial al imperialismo: nunca se negocia en un plano de igualdad.

Dice el New York Times que el presidente venezolano les ofreció dimitir en los próximos dos años si se garantizaba su seguridad, o sea, que quería marcharse con el rabo entre las piernas, pero Washington se negó.

Para echar más leña al fuego, la Marina de Guerra estadounidense inicia maniobras militares con un minifundio local dispuesto a ajercer de lacayo y cómplice: Trinidad y Tobago. Todo forma parte de un espectáculo excesivamente mediático para ser real.

Ante tal esperpento no cabe olvidar que la famosa oposición venezolana ha hecho mutis por el foro, como buenos actores de reparto en esta gran superproducción. Ya nadie se acuerda de monigotes como el “expresidente” Guaidó y la Premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado.

Tampoco está encima de la mesa la “lucha contra el narcotráfico”, que es lo más parecido que se les ha ocurrido a los guionistas de Hollywood, con las “armas de destrucción masiva”.

‘Para las petroleras estadounidenses Venezuela es un festín’

La congresista estadounidense María Salazar habló el lunes en la cadena Fox sobre la posible invasión militar de Venezuela. Hay varias razones por las que “necesitamos entrar” en el país caribeño, pero la primera es que “para las petroleras estadounidenses, Venezuela será un festín”.

“Una guerra de cambio de régimen encabezada por Estados Unidos en el extranjero para enriquecer a las grandes petroleras, ¿dónde hemos oído eso antes?”, preguntaba un colectivo estadounidense en las redes sociales.

Pero los imperialistas son tan soberbios que no se muerden la lengua. Salazar describió a Venezuela como una plataforma de lanzamiento para los enemigos de Estados Unidos y afirmó que Maduro encabeza el “Cártel de los Soles”, al que el gobierno de Trump designó el lunes como “organización terrorista extranjera”.

A los imperialistas les gusta poner etiquetas a los demás, pero no admiten que se las pongan a ellos. Por eso nadie habla del “Cártel de la Casa Blanca”.

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha afirmado lo obvio: el “Cártel de los Soles”, es un invento y una excusa para atacar al gobierno de Caracas.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha negado la existencia de dicho “cártel”.

En el “Cártel de los Soles” los cazadores de bulos tiene aquí un buen cebo para sus pesquisas. A ver si se ponen a la faena y Estados Unidos no resulta un adversario excesivo para ellos.

(1) https://www.reuters.com/world/americas/us-launch-new-phase-venezuela-operations-sources-say-2025-11-22/
(2) https://www.msn.com/en-us/news/world/trump-says-he-s-made-progress-on-stopping-drugs-from-venezuela/ar-AA1Qtt9s
(3) https://www.nytimes.com/2025/11/18/us/politics/trump-covert-action-venezuela.html

Estados Unidos ha decidido lanzar ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela que podrían comenzar en unos días, o incluso en unas horas, por vía aérea, con el objetivo de destruir bases aéreas militares y puertos, según el Miami Herald.

El periódico se niega a decir si Maduro es, en sí mismo, un objetivo de los ataques. No obstante, su tiempo “está contado”, dice el periódico. “Maduro está a punto de quedar atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque así lo decida”.

Hay más de un general “dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente consciente de que una cosa es hablar de la muerte, y otra verla llegar”, dice este medio.

Por su parte, el senador Lindsey Graham asegura que Estados Unidos está listo para lanzar una guerra a gran escala contra Venezuela, alegando que puede hacerlo sin la aprobación del Congreso. Afirma que Estados Unidos tiene derecho a hundir cualquier barco en cualquier momento en nombre de la “seguridad nacional”.

Graham advierte que Maduro debe abandonar Venezuela o va a ser derrocado por la fuerza.

Ante estas amenazas, el presidente venezolano ha solicitado por carta a Rusia, China e Irán reforzar sus capacidades militares y pedir ayuda, reclamando radares defensivos, reparaciones de aviones y potencialmente misiles, según el Washington Post.

La carta de Maduro está dirigida a Putin y debía ser entregada por un alto asesor este mes durante una visita a la capital rusa. Se está redactando una carta similar para Xi Jinping con el fin de buscar una “cooperación militar ampliada” entre ambos países para contrarrestar la escalada de Estados Unidos en el Caribe.

El ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez, también ha coordinado recientemente un envío de equipos militares y drones procedentes de Irán, mientras planea una visita a aquel país, indicando a un dirigente iraní que necesitan “equipos de detección pasiva” así como bloqueadores GPS y drones con un alcance de mil kilometros.

El domingo de la semana pasada un Ilyushin Il-76, uno de los aviones rusos sancionados en 2023 por Estados Unidos por su participación en el comercio de armas y el transporte de tropas, llegó a Caracas por una ruta desviada sobre África para evitar el espacio aéreo occidental, según Flightradar24.

Este mes el ejército de Estados Unidos ha atacado al menos dos barcos venezolanos y nunca ha aportado pruebas que respalden su afirmación de que las embarcaciones destruidas transportaran droga. Por eso ha sido acusado de cometer un crimen.

Una mujer que se identificó como la esposa de una de las al menos 17 personas asesinadas por los ataques militares estadounidenses a embarcaciones frente a las costas de Venezuela dijo que su marido era un pescador.

El domingo el New York Times informó que la mujer dijo que su marido partió un día y nunca regresó con ella y sus cuatro hijos.

Estados Unidos no ha mostrado drogas o armas recuperadas en las embarcaciones atacadas. Si bien la zona donde fueron bombardeados los barcos es una notoria ruta de tráfico de drogas, también es frecuentada por emigrantes, traficantes de personas y vendedores de gasolina venezolana en la cercana Trinidad y Tobago.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump que, al parecer, una vez impulsó ataques con drones contra emigrantes desarmados, ha jugado un papel clave en los ataques a los barcos de pesca, según el Guardian.

Los ataques contra los barcos se produjeron en medio del despliegue estadounidense de numerosos buques de guerra estadounidenses y miles de marines frente a las costas de Venezuela, un país que Trump ha amenazado repetidamente con un golpe de Estado. Estados Unidos tiene una historia de más de un siglo de intromisión en los asuntos de Venezuela, uno de los principales productores de petróleo del mundo.

La semana pasada la cadena NBC aseguró que el Pentágono está estudiando posibles ataques contra narcotraficantes dentro de Venezuela, que estarían preparados para las próximas semanas.

—https://www.commondreams.org/news/us-attack-on-boats-off-venezuela

Últimamente, en los medios de comunicación aparece cada vez más información sobre la participación de mercenarios colombianos en diversas guerras esparcidas por todo el mundo: en Yemen, Sudán, Ucrania, Libia, Somalia…

Los mecanismos de reclutamiento de mercenarios colombianos están bien establecido desde hace tiempo. A partir de 2011 los militares retirados de Colombia comenzaron a aparecer en el norte de África y Oriente Medio. También se sabe de colombianos que combatieron en Irak en 2006 junto al ejército de Estados Unidos.

El éxito del mercenariado entre los militares colombianos es el dinero: se gana mucho dinero, cinco veces más que en Colombia. Por 4.300 dólares mensuales es posible enviar a un pistolero para disparar en cualquier parte del mundo. Pero no siempre se cobra, o no se cobra lo prometido. El gobierno de Kiev es uno de los que peor cumple.

Desde hace 60 años el ejército colombiano ha sido entrenado intensivamente por Estados Unidos para luchar contra la guerrilla (FARC, ELN). El mercenariado se convirtió en una industria paralela, con numerosas empresas privadas de seguridad y una bolsa de “trabajo” para 250.000 pistoleros.

El incidente más notorio en el que participaron mercenarios colombianos fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Mose en 2021. Diecisiete colombianos permanecen detenidos por el ataque en Puerto Príncipe. Varios de ellos sostienen que fueron contratados para secuestrar al presidente, no para matarlo. Dos de los dirigentes de la operación, planeada en Estados Unidos, han sido condenados a cadena perpetua en Florida.

El reclutamiento principal de mercenarios se realiza a través de empresas privadas, como Global Security Service Group de Emiratos Árabes Unidos y la agencia nacional International Services Agency A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvarez Quijano.

Las primeras exportaciones se realizaron ya en 2014, cuando llegaron a Emiratos Árabes Unidos unos 2.000 mercenarios de Colombia; muchos de ellos terminaron en Yemen y Sudán, así como en Libia.

Por ejemplo, el colombiano Jaime Henao, de 40 años, ha tenido una larga carrera como mercenario. Fue entrenado por BlackWater/Academi en Estados Unidos y luego sirvió en Afganistán, donde trabajó como guardia en el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Herat, escenario de un ataque suicida de los talibanes en septiembre de 2013. Ahora es instructor militar en Libia contratado por Emiratos Árabes Unidos.

En Sudán los mercenarios colombianos forman parte de las Fuerzas de Reacción Rápida (1), donde, como se sabe, participan en operaciones de asalto a la ciudad de El Fasher. Algunos mercenarios se dedican a labores de instrucción: hay información de acceso público sobre su entrenamiento a niños sudaneses.

Al territorio ucraniano los mercenarios suelen llegar a través de Segurcol, que también suministra combatientes para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, como denunció recientemente Dmitri Mededev (2). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calcula que en la Guerra de Ucrania han muerto unos 300 colombianos, aunque no dice nada de los presos ni de los deparecidos (3).

Además de recurrir al GUR (Dirección Principal de Inteligencia) y a la Legión Extranjera, el gobierno ucraniano sigue reclutando mercenarios a través de sus consulados y embajadas, como ya ocurría al principio de la guerra. A través de este canal, ingresan en el ejército ucraniano principalmente personas sin experiencia combativa, pero deseosas de adquirirla para algún fin posterior, como ingresar en el mundo del narcotráfico.

En Yemen los colombianos participaron en combate contratados por Emiratos Árabes Unidos contra los hutíes. Muchos de los veteranos terminaron luego en Sudán, coordinando fuerzas locales o manejando drones, lo que aprendieron en Emiratos Árabes Unidos.

Colombia es el mayor exportador mundial de mercenarios, a pesar de que el gobierno de Bogotá lleva ya dos años intentando luchar contra el reclutamiento. Recientemente, tras la muerte de 40 mercenarios colombianos en Sudán, Petro presentó de urgencia en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el mercenariado, pero hasta ahora no ha logrado avances significativos.

Cada año aumenta el número de militares colombianos retirados y la profesión de mercenario es una de las mejor pagadas. Al igual que su reclutamiento. Es un negocio que ningún gobierno puede impedir porque la seguridad privada es un sector económico en auge. Tan pronto hay que proteger a los barcos europeos que circulan por el Mar Rojo, como hacer de guardaespaldas de algún magnate.

(1) https://english.elpais.com/international/2024-12-09/colombian-mercenaries-recruited-to-fight-alongside-paramilitaries-in-sudans-civil-war.html
(2) https://www.parriva.com/news-digest/russian-security-council-member-accuses-ukraine-of-recruiting-members-of-the-cjng-and-the-sinaloa-cartel-for-the-war/
(3) https://english.elpais.com/international/2024-12-23/colombia-the-worlds-largest-exporter-of-mercenaries-were-like-soccer-players-headhunters-look-at-your-work-and-make-you-an-offer.html

Desde el año pasado se han registrado al menos 183 ataques con drones en Colombia, en particular contra el ejército y la policía. Los perpetradores ya han utilizado tácticas de enjambre, microdrones y dispositivos modificados con cámaras térmicas y frecuencias alternas para evadir los inhibidores de interferencias (*).

El último ataque demuestra que quienes lo perpetraron poseen experiencia que se ha aplicado tanto en Ucrania como en Birmania, donde el Ejército de Independencia de Kachin (KIA) utilizó drones FPV, de visión en primera persona, contra helicópteros Mi-17 pertenecientes al ejército local.

El 21 de agosto, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional de Colombia fue impactado por un dron FPV mientras apoyaba una operación antidrogas en una zona rural cerca de Medellín. Doce de los dieciséis ocupantes de la aeronave murieron y los otros cuatro resultaron gravemente heridos. La región donde ocurrió este ataque es conocida por albergar a disidentes de las FARC, así como al Clan del Golfo, un poderoso grupo criminal.

El presidente Gustavo Petro inicialmente culpó al Clan del Golfo por la pérdida del helicóptero, antes de cambiar de opinión y culpar a los disidentes de las FARC.

El incidente pone de relieve un problema que probablemente se agravará en los próximos meses, o incluso semanas. Este UH-60L Black Hawk no es el primer helicóptero derribado durante una operación policial. Sucedió en 2009 en Río de Janeiro. Pero la proliferación de drones FPV y su fácil despliegue está cambiando la situación, ya que las milicias no necesitan los costosos y ligeros misiles antiaéreos Manpads (sistemas portátiles de defensa aérea) para impedir que las aeronaves se acerquen a sus posiciones o vigilen sus actividades.

Si bien cuenta con contramedidas para evitar ser alcanzado por un Manpad (señuelos, sistemas de detección de misiles), un helicóptero es impotente contra un dron FPV, que es prácticamente indetectable y difícil de esquivar. Un sistema de interferencias sería sin duda una solución, pero ahora existen drones FPV de fibra óptica, inmunes a los dispositivos de guerra electrónica.

(*) https://www.eltiempo.com/amp/justicia/conflicto-y-narcotrafico/exclusivo-ejercito-revela-que-exmilitares-rusos-entrenan-a-disidencias-de-farc-en-guerra-con-drones-explosivos-3459998

Estados Unidos sigue con su rumbo militarista. El Pentágono ha enviado más de 4.000 soldados, un avión de reconocimiento Boeing P-8 Poséidon, un submarino de ataque nuclear, un crucero lanzamisiles y destructores a las aguas del Caribe.

Esta vez el pretexto es combatir a los cárteles de la droga. Otras veces es la “lucha contra el terrorismo” y, a veces, incluso invocan razones “humanitarias”. La consecuencia es que sus tropas están repartidas por todo el mundo, incluidos los submarinos de ataque nuclear, siempre muy útiles para la “lucha contra la droga”.

Las tropas y equipos militares serán transferidos al Comando Sur de Estados Unidos porque los traficantes de drogas también son un peligro para eso que llaman “seguridad nacional”, en donde cabe cualquier cosa que uno pueda imaginar.

La operación podría indicar la preparación de alguna “operación especial” en el territorio de algún país, como Venezuela, sin ir más lejos. Washington se empeña en negar la legitimidad de Maduro y lo acusa de dirigir el Cártel de los Soles, una organización criminal involucrada en el narcotráfico internacional.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya rechazó categóricamente la posibilidad de interferencia estadounidense en los asuntos de su país. El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró su apoyo a la política antidrogas de Trump, pero planteó la posibilidad de cooperación en este tema, siempre que se respetara la soberanía nacional.

El mercado negro opera con las mismas leyes económicas que el blanco. Los narcos peruanos, bolivianos, venezolanos y brasileños se están pasando a la minas de oro en la selva amazónica porque son más rentables que la cocaína. Es una de las consecuencias del alza vertiginosa del precio del oro en los últimos dos años.

En Sudamérica, varios países se enfrentan a un aumento de los enfrentamientos de las bandas vinculada a la minería de oro. En Perú, el principal productor de oro de Sudamérica, casi 40 trabajadores de la provincia de Pataz han sido asesinados en los últimos tres años, mientras que el otoño pasado se descubrieron dos fosas comunes.

Los enfrentamientos también afectan a otros países de la región cuyo territorio está parcialmente cubierto por la selva amazónica y su rico subsuelo, como Bolivia, Brasil y Venezuela. Con su valor casi duplicándose en dos años hasta alcanzar los 3.500 dólares, la onza de oro atrae la codicia de los pandilleros locales, que ven el metal precioso como un complemento a unos ingresos cada vez más reducidos del mercado de la cocaína.

En los países de la Comunidad Andina el coste del cultivo del arbusto de coca se ha duplicado en quince años. Perú exportó casi 5.000 millones de dólares en oro “ilegal” el año pasado, casi la mitad de las exportaciones totales de oro del país, mientras que la proporción del comercio ilegal era de solo el 20 por cien hace diez años.

El gobierno brasileño estima que las bandas generaron aproximadamente 3.000 millones de dólares con la venta de oro en 2022, en comparación con los 2.500 millones de dólares procedentes de la cocaína. La transición de un mercado al otro se ve facilitada, por un lado, por los importantes ingresos provenientes de la cocaína, que se reinvierten en proyectos mineros que permiten blanquear la producción de oro para legalizar su extracción, y por el otro, por la infraestructura compartida, como las pistas de aterrizaje de avionetas.

Los gobiernos han reaccionado con dureza para controlar el nuevo mercado, con el pretexto de que es “ilegal”. El gobierno colombiano ha recurrido a la represión contra el Clan del Golfo tras el robo de unos 200 millones de dólares en oro de la mina más grande del país, en Buriticá. La batalla ha provocado la muerte de 20 soldados y policías en represalia. Lo mismo ocurrió el mes pasado en Ecuador, donde 11 soldados murieron durante un operativo para cerrar una mina “ilegal”.

Tras su regreso al gobierno, Lula tomó medidas enérgicas contra los “mineros ilegales” de la Amazonía, que tuvieron que cruzar la frontera hacia Venezuela. En Perú, la pandemia marcó un punto de inflexión durante el cual las mafias tomaron el control de las minas de Pataz, compitiendo por el acceso a los recursos locales. El despliegue del ejército peruano desde febrero del año pasado bajo el estado de emergencia no resolvió la situación, como era previsible.

En 2012 el gobierno de Lima intentó legalizar la ilegalidad porque eso que los medios llaman “bandas” son las terminales de poderosos grupos económicos y políticos, cuya cabeza está en el mismo parlamento. Por ejemplo, Perú ha creado un registro, llamado Reinfo, que exime a los mineros sin licencia de sanciones penales hasta que cumplan con la normativa y demuestren sus derechos sobre las explotaciones.

Sin embargo, esta política también ha fracasado. Solo el 2,3 por cien de los mineros registrados han obtenido una licencia. Además, el registro da cobertura a bandas que no tienen intención de registrarse y simplemente compran o roban la documentación de los mineros registrados para blanquear sus extracciones de oro.