El Senado de Estados Unidos ha iniciado el estudio de un proyecto de ley para Contrarrestar las Actividades Malignas de Rusia en África. El proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes el 27 de abril por una abrumadora mayoría de 419 votos, define esas actividades como aquellas que “socavan los objetivos e intereses de Estados Unidos”.
En consecuencia, beneficia a Rusia todo aquello que perjudica a Estados Unidos, cualquiera que sea el continente en el que produzca.
El proyecto de ley estipula que el Secretario de Estado de Estados Unidos desarrollará una estrategia que esboce los esfuerzos para contrarrestar la influencia y las actividades malignas de la Federación Rusa y sus afiliados en África.
Esta estrategia tiene tres componentes principales.
En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos deberá “vigilar de cerca las operaciones rusas de influencia política y desinformación y las actividades de las empresas de seguridad privadas rusas o financiadas por Rusia en África”.
La vigilancia debe extenderse también a otros “afiliados al Kremlin”, como los oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin, los contratistas financiados por el gobierno ruso y otros individuos y entidades asociados financiera o políticamente con Rusia que manipulan los gobiernos africanos y las opiniones públicas y preferencias de voto de las poblaciones africanas y los grupos de la diáspora, incluidos los de Estados Unidos.
Las personas o entidades cercanas al Kremlin que “inviertan o controlen de otro modo sectores estratégicos en África, como la explotación de recursos naturales, las bases militares, los programas de cooperación en materia de seguridad y las tecnologías de la información y la comunicación” también serán objetivo de Washington.
Las herramientas deben reducir la creciente influencia del Kremlin en el Continente Negro. El proyecto de ley propone “contrarrestar la influencia de Moscú a través de programas de ayuda estadounidenses adecuados” y llevar a cabo acciones sobre el terreno en África para “fortalecer las instituciones democráticas, aumentar la transparencia y la responsabilidad del gobierno, mejorar las normas de derechos humanos, el trabajo, las iniciativas anticorrupción, la transparencia fiscal, la supervisión de los recursos naturales y las industrias extractivas, y otros principios de buen gobierno”.
El texto prevé “responsabilizar de sus actos a los gobiernos africanos y a sus funcionarios, así como a otras personas o entidades que sean cómplices de violar o facilitar la evasión de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, y a sus apoderados, mediante sanciones u otras restricciones”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, explicó que el proyecto de ley está “diseñado para frustrar los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin por saquear, manipular y explotar los recursos de algunas zonas de África para evadir las sanciones y socavar los intereses de Estados Unidos”.
Meeks calificó el texto de “beneficioso para África”, ya que protege “a todos los inocentes que han sido víctimas de los mercenarios y agentes de Putin, acusados de forma creíble de graves violaciones de los derechos humanos en África”, en referencia a las acusaciones de abusos de los derechos humanos de los mercenarios de la empresa de seguridad privada rusa Wagner en la República Centroafricana y Mali.
Pero algunos dirigentes africanos creen que los objetivos de Estados Unidos van más allá de reducir la influencia rusa en el continente y “proteger a los Estados frágiles de África”.
En Washington ha molestado el voto de los países africanos en la Asamblea General de la ONU y su posición no alineada con Estados Unidos. El 3 de marzo los Estados africanos no apoyaron en la medida esperada la resolución de la Asamblea General que condenaba la invasión rusa de Ucrania. 27 países africanos votaron a favor, uno Eritrea votó en contra, 17 se abstuvieron y el resto abandonó la sesión para no comprometerse.