Autor: Redacción (página 851 de 1361)

Una ley aprobada, en septiembre del 2018, por la Cámara Alta del senado, parece ser la guillotina que marca el final de la monarquía de la corrupción laboral. Mejor dicho, de los cochupos entre líderes sindicales y empresarios maquiladores, en la frontera tamaulipeca.

Lo que ocurre actualmente en el conflicto obrero-patronal de Matamoros, es apenas la punta del iceberg, de un proceso irreversible, generado desde la propia Organización Internacional del Trabajo, misma que mediante el llamado Convenio 98, abre la puerta a la formación de sindicatos independientes que luchen por mejores salarios, ante la sobre explotación de los trabajadores de la maquila, a nivel global.

La nueva ley que cambia las reglas del juego en el tablero del capitalismo mexicano, fue aprobada por la nueva mayoría morenista de la LXIV legislatura, el pasado 20 de septiembre, apenas poco más de dos semanas de haber iniciado sesiones, provocando de inmediato la airada reacción de los organismos patronales en el país. Especialmente del Consejo Coordinador Empresarial.

Sin embargo, la vuelta de tuerca, mediante la cual, se estaría cerrando la puerta a los arreglos a trasmano, o por abajo del agua entre los lideres sindicales, no es un asunto que surge del obradorismo. Es más bien un instrumento legal de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), que busca poner freno a la competencia económica de países como Vietnam, cuyo alto nivel de desarrollo se da a costa de pagarle, sueldos miserables a sus obreros.

El mencionado Convenio 98, respiraba desde hace casi siete décadas, en la categoría del ya merito, y se traduce como un Convenio de Sindicalización y Negociación colectiva, encaminada a dotar a los trabajadores de protección legal. Todo ello ante los actos injustos y discriminatorios, especialmente por parte de los gremios cetemistas acostumbrados a sacar buenas tajadas económicas, a cambio de defender a las empresas y arrumbar los intereses obreros.

Hablamos ni más ni menos que de un instrumento legal, que liquida a los sindicatos blancos, y prohíbe tajantemente los llamados contratos de protección, mediante los cuales, los liderazgos sindicales firmaban convenios con los empresarios, para favorecer sus intereses, a cambio de sobornos, o como se dice coloquialmente, jugosas “mordidas”.

Otro de los compromisos de los países firmantes del Convenio 98 de la OIT, es el que ordena a sus respectivos gobiernos a garantizar la efectiva aplicación de las leyes laborales. Pero sin intervenir en la vida interna de los sindicatos.

Tal vez por ello, en su conferencia mañanera de ayer miércoles, y ante pregunta expresa, (sobre el caso Matamoros), el Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que no le compete a su administración, meterse en la vida sindical, pero informó que se buscará, en el caso concreto, llegar al acuerdo y a la conciliación.

Suceda lo que suceda en el desenlace del tema obrero patronal de Matamoros, las cosas ya no serán las mismas. El cacicazgo cetemista de Juan Villafuerte Morales, está en declive, y bastaría la más leve intervención de las autoridades federales competentes, para que se destapara la cloaca de los cientos de millones obtenidos por la dirigencia cetemista, en sus pactos de complicidad con las empresas. Las masas obreras han rebasado los viejos esquemas del control sindical, y se han lanzado contra el desgastado cacicazgo de Villafuerte.

Todo lo anterior, a cambio de dejar hacer y dejas pasar, los bajos salarios y demás abusos contra los obreros. El sindicalismo blanco, ha sido colocado en el cadalso, por el movimiento proletario en el norte de Tamaulipas. Habrá que ver como evoluciona y concluye el conflicto, y cuales serán sus repercusiones.

Para concluir, no es ocioso analizar el factor de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal panista, cuya titular María Estela Chavira, llegó a dicho puesto por la vía del amiguismo y de las cuotas de poder, pero sin tener la más mínima noción sobre las relaciones obrero-patronales y su marco normativo correspondiente. Es una improvisada, comentan especialistas en el tema.

Esta es una de las causas, por las cuales la actual Secretaria del Trabajo, no ha intervenido, y se empeña en alegar que dicho conflicto no le corresponde. Se dice que, ella y sus funcionarios, muchos de ellos recomendados reynosenses, que solo llegaron a la Secretaría del Trabajo, para holgazanear, no saben que hacer, pues carecen de preparación en la materia.

Actualmente, la combinación de la inexperiencia e incapacidad de la Secretaría del Trabajo que preside María Estela Chavira, con la soberbia y oídos sordos de la dirigencia cetemista en Matamoros, a cargo de Juan Villafuerte, mantiene en vilo la industria maquiladora matamorense.

Desde ayer circularon versiones en el sentido de que, se le habría caído la candidatura a la diputación local a Arturo Soto, después de que, presuntamente trae un abultado expediente que lo volvería vulnerable ante el gobierno federal y sus adversarios  de MORENA. El plan B de Palacio, se dijo, podría ser el empresario que trabaja en la COMAPA, Miguel Mansur, aunque esto aun no se ha confirmado.

De ser ciertos los rumores, el Subsecretario de Finanzas tendría el hombro de su antigua protectora Margarita Zavala para llorar, y al mismo tiempo alejarse del PAN, para reagruparse en el nuevo partido LIBRE, franquicia política del matrimonio calderonista. A propósito, habrá que ver, si Soto reconoce que fue el matrimonio ex presidencial, quien lo sacó de su pobreza económica, para ponerlo en las aduanas, de donde emergió ya como un nuevo rico.

El 21 de julio de 1948 el Secretario de Hacienda, Ramón Beteta canceló la paridad del peso con respecto al dólar, lo que provocó una fuerte devaluación del peso mexicano. Los dirigentes sindicales más importantes convocaron una huelga general, además de movilizaciones y una manifestación de protesta, en el Distrito Federal contra la política económica del gobierno.

Nunca se llevó a cabo. El 28 de septiembre Jesús Díaz de León, alias “El Charro”, con el apoyo del gobierno presentó ante la fiscalía una denuncia contra los dirigentes sindicales acusándolos de desfalco. Fueron inmediatamente detenidos y sometidos a un “juicio” plagado de irregularidades.

Los sindicatos relataron lo que había ocurrido y destituyeron al “Charro”. A su vez, éste asalta con cientos de policías los locales sindicales y el gobierno ordena la detención de los dirigentes sindcales. Así se inició la subordinación de los sindicatos mexicanos al gobierno y al capital.

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A esos empresarios mezquinos acostumbrados a pagar apenas unos pesos más arriba del salario mínimo, en cantidades de 120, 130 ó 140 pesos diarios tuvieron que incrementar a regañadientes a 176.72 pesos diarios (el nuevo salario mínimo de la zona) pero a cambio redujeron o eliminaron arbitrariamente prestaciones que formaban parte de sus salarios.

Los bonos de puntualidad y de productividad, vales de despensa y fondos de ahorro desaparecieron de la noche a la mañana de sus contratos colectivos con la complicidad de sus dirigentes sindicales, bajo el argumento que ninguna ley los obliga a mantener tales prestaciones.

Los empresarios maquiladores, descubrieron que eliminando (robando) prestaciones a los obreros y ajustándose al nuevo salario mínimo general podían pagar menos IVA y menos impuesto sobre la renta, y además de quedar como benefactores ¡negocio redondo!

Ellos dijeron: nosotros estamos cumpliendo con la ley mexicana, ¡que nos revisen!

Trabajadores de la maquila, en su mayoría mujeres, han acudido a diversas autoridades laborales para denunciar el atraco patronal, pero se han dado cuenta que aquellos gozan de impunidad de altos niveles. Nadie se atreve a inspeccionarlos porque de inmediato chantajean con cambiarse de ciudad. Las autoridades de la zona dicen: no los podemos presionar (mucho) porque lo importante es mantener las fuentes de trabajo (aunque despojen a los trabajadores).

Lo que preocupó no solo a los maquiladores del norte, sino a todos los empresarios del país, fue la respuesta que tuvieron cerca de 20.000 trabajadores de la maquila, que no aceptaron se les arrebataran sus bonos ni que se violaran sus contratos colectivos que obligan a otorgar un bono equivalente a un año de la diferencia del incremento del salario mínimo general que representan 32.251 pesos, el 40 por ciento en moneda nacional.

Sin que nadie se lo esperará pararon labores, sin emplazamiento a huelga, trabajadores de 45 de las 110 empresas maquiladoras. Fue un hecho sin precedentes que hizo se prendieran focos rojos y empresarios de la zona hicieron un llamado de alerta a las autoridades laborales para que intervinieran de inmediato.

Juan Villafuerte líder del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, afiliado a la CTM, que agrupa a 30.000 trabajadores, acostumbrado a vivir de la complicidad patronal, simplemente fue rebasado por sus agremiados.

Ellos (los obreros) reclaman el cumplimiento de la cláusula 47 de sus contratos colectivos para que los salarios contractuales se incrementen en la misma proporción que los salarios mínimos que ahora se pactó en 16,21 por cien, esta dice:

«A efecto de que los salarios tabulados conserven la diferencias salariales pactadas la empresa conviene con el Sindicato de incrementar dichos salarios tabulados en aquellas ocasiones en que se decrete el salario de emergencia o bien sean decretados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con el fin de que se conserven las diferencias salariales pactadas entre las diferentes categorías tabuladas y no permitir por ningún motivo que los salarios de los trabajadores continúen perdiendo su poder adquisitivo».

El líder obrero dice que él no es culpable de que se incumpla esa cláusula, porque las empresas no están obligadas a incrementar el mismo porcentaje del aumento de los mínimos al resto de los salarios. Dice que recibió una carta del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (cosa que nadie le cree) en el que avala, según él, que no se puede obligar a los patrones a otorgar ese 16,21 por cien, porque ese porcentaje aplica únicamente a los salarios mínimos generales o profesionales, no así a los contractuales. Que esa cláusula 47 no es obligatoria para los patrones para incrementar en ese porcentaje

Ante la rebelión obrera, que llegó a paralizar durante cinco días esa zona fabril los empresarios han empezado con los despidos por doquier y poner en la lista negra a los obreros y mucho más obreras, que solo defienden sus derechos y clausulas pactadas con anterioridad. Les han prometido que si desisten de sus demandas de aumento de salarios tomaran esas faltas como «permisos de trabajo».

Lo real del caso es que los incrementos en los salarios mínimos generales en un 100 por cien más no ha beneficiado al resto de los trabajadores de la zona fronteriza. Sus salarios siguen siendo de miseria y los precios tienen aumentos galopantes que no se reflejan en el raquítico incremento del 5 por cien a los salarios que se pretende darles. Los obreros de la maquila quieren que se les otorgue un 20 por cien al menos y un bono de 32.000 251 pesos 40 por cien en moneda nacional.

Los que han protestado se han enfrentado a una estructura institucional que no los auxilia, sino que avala la represión en contra de ellos. Tienen la esperanza que las autoridades federales del trabajo intervengan y pongan en su lugar a estos patrones que solo se aprovechan del pago miserable de salarios. Por lo pronto la inconformidad crece en la zona fronteriza.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/rebelion-obrera-en-las-maquiladoras/267517