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Autor: Redacción (página 778 de 1360)

Trump promete difundir un vídeo con la muerte de Al-Bagdadi, el dirigente del Califato Islámico

Ante el escepticismo generalizado por la muerte de Abu Bakr Al-Bagdadi, Trump ha prometido difundir un vídeo. Con el tiempo tendremos una gran película que optará a los Óscar de Hollywood e incluso una serie de Netflix. La realidad nunca puede superar a ningún guión de cine.
Obama tuvo su película con Bin Laden (“Zero Dark Thirty”) y Trump no quiere quedarse atrás.

Si la versión oficial de la muerte de Al-Bagdadi es cierta, lo que sería una enorme sorpresa, el dirigente del Califato Islámico no habría sido localizado en Irak, donde se le suponía, sino en en Berisha, o sea, en Idlib, cerca de la frontera turca (y por lo tanto de la OTAN), una zona que nunca estuvo bajo el control de la organización yihadista.

A su sustituto a la cabeza del Califato Islámico le llaman Qardash y, según parece, es un antiguo oficial del ejército irakí que sirvió a las órdenes de Saddam Hussein.

Su biografía oficial dice que desertó de su puesto con sus hombres el primer día de la invasión estadounidense de Irak en abril de 2003 por orden del entonces Ministro de Defensa irakí, que fue reclutado por la CIA en junio de 1999 y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense.

Si han visto la película “Zona verde” lo entenderán un poco mejor: tras la invasión militar de 2003 Estados Unidos sobornó al alto mando militar irakí para reforzar Al-Qaeda y posteriormente reconvertirlo en el Califato Islámico, una organización nacida y nutrida sólo en las zonas donde se encuentran los oficiales de enlace de la OTAN en Oriente Medio.

Cuando en una rueda de prensa los periodistas le preguntaron al Presidente Duterte de Filipinas por las razones que le llevaron a firmar un desfavorable Acuerdo de Manila con Washington, respondió: “¿Quieres que me exporten al Califato Islámico?”

A Duterte nadie le hace caso, pero tiene razón. De hecho hubo un intento de establecer al Califato Islámico en el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, donde opera el Frente Moro de Liberación Islámica, un movimiento muy antiguo.

Para ser una organizacion derrotada, el Califato Islámico tiene una logística espectacular que no se limita a Oriente Medio, sino también a África y Asia, siempre en países clave en los que la OTAN tiene intereses estratégicos.

Hace ya mucho tiempo que la propaganda imperialista ha dejado de estar en medios, como el Washington Post; nos gusta más la ficción. Queremos películas de acción.

Más información:
– ¿Por qué los yihadistas mueren varias veces?

– La enésima muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi o de su fantasma
– La viuda de un dirigente del Califato Islámico ayudó a la CIA a localizar al jefe Abu Bakr Al-Bagdadi

– Los imperialistas nunca dicen la verdad 

– El cine al servicio de las torturas de la CIA

La patronal catalana propone un ‘capitalismo inclusivo’ frente al auge las movilizaciones populares

En cuanto el pueblo de Chile saltó a la calle y en cuanto el terror policial no pudo contener la marea de protestas, al gobierno de Piñera le faltó tiempo para anular la subida del billete del metro de Santiago, subir los salarios y las pensiones.

Varias empresas chilenas ni siquiera quisieron esperar para hacer lo propio porque “más vale prevenir que lamentar”.

Lo mismo ha ocurrido en Catalunya, donde la patronal Foment del Treball ha desempolvado del viejo baúl de los setenta eso que ahora llaman “capitalismo inclusivo”, a saber, los pactos sociales, la renta básica, las subidas del salario mínimo… Eso que se disfraza con un “mejor reparto de la renta”, más “equitativo” y bla bla bla bla bla bla… Sólo les ha faltado proponer una nueva “reconciliación nacional”, como en 1977.

¡Quién lo iba a decir! La patronal sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando oye los truenos, o sea, cuando las barricadas bloquean las calles y se vuelve difícil lograr que los descontentos vuelvan a sus casas.

Así están las cosas: mientras Pedro Sánchez no le coge el teléfono a Torra, la patronal habla de “pacto social” porque ha decubierto una de las claves de la situación en Catalunya: da lo mismo lo que digan o hagan los partidos, dan lo mismo las elecciones y los escaños, las instituciones no pintan nada (salvo las que empuñan la porra)… El juego ha salido a la calle y hay que impedir que eso se reproduzca.

¿Que podemos decir de los exquisitos que andan por ahí diciendo que lo de Catalunya es una lucha nacionalista y consiguientemente sinónimo de burguesa? Si fuera propio de la burguesía salir a la calle a recibir palos de la policía no sería necesario ningún pacto social.

Catalunya tiene las mismas carcterísticas que otros países capitalistas al borde de un estallido social, como los que han proliferado en este mes de octubre en todo el mundo. No sólo acecha una galopante crisis económica sino, además, una crisis política que la propia represión ha convertido en irreversible.

No hay más que leer las pancartas que encabezan las manifestaciones en Catalunya para que hasta el más inepto acabe de entender que lo que comenzó en 2017 con un inofensivo referéndum se ha convertido una batalla antifascista en toda regla. Muchos creyeron enfrentarse al centralismo y han descubierto el fascismo, la cárcel y los palos en las costillas.

Ha sido el propio Estado el que les ha quitado la venda de los ojos y, en efecto, si la patronal no maniobra rápido, el descontento se les puede ir de las manos. En Ecuador han maniobrado, en Chile han retrocedido… Pero aquí, ¿qué piensan hacer?, ¿dejarlo todo como está para las próximas elecciones?

Los yihadistas apadrinados por Estados Unidos torturan a los refugiados

Campo de refugiados de Rukban
La investigación de una ONG y docenas de entrevistas demuestran que los yihadistas del campo de Rukban, en el sureste de Siria, apadrinados por Estados Unidos, han torturado a los refugiados.

En un acto organizado por la misión rusa de la ONU, Maxim Grigoriev, director de la Fundación para el Estudio de la Democracia con sede en Moscú, presentó los resultados de una encuesta a 248 personas que habían abandonado Rukban y 50 entrevistas detalladas.

Los antiguos residentes informaron de que los militantes habían impedido que las personas del campo se trasladaran a zonas controladas por el gobierno sirio y que quienes tenían una actitud positiva hacia el gobierno habían sido objeto de presiones, como palizas y torturas, destrucción de bienes y amenazas contra familiares.

“Todos los miembros de los grupos armados han recibido entrenamiento militar en la base de Estados Unidos”, dijo Grigoriev, citando a antiguos residentes, incluidos ex militantes, en referencia a la base de Al-Tanf, una base militar de Estados Unidos situada en el sur de Siria, a lo largo de la frontera entre Irak y Jordania y Siria.

“Ninguno de los entrevistados tiene ninguna duda de que el campo está dirigido por los estadounidenses y que los militantes están directamente subordinados a ellos”, añadió.

Además, los antiguos refugiados citaron numerosos ejemplos de asesinatos y palizas por parte de yihadistas y casos de violación y acoso de mujeres y niños, dijo.

“Otra fuente de ingresos para los activistas es el secuestro de niños pequeños, que sólo son devueltos a sus padres a cambio de un gran rescate”, dijo Grigoriev.

Además de las amenazas de los uihadistas, Rukban también padece hambre y falta de atención médica, lo que provoca entre 20 y 30 muertes al mes en el campamento.

A mediados de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso declaró que la reubicación de los residentes del campo de Rukban podría completarse en octubre si los yihadistas apadrinados por Estados Unidos no lo torpedean.

El Ministerio informó de que el Centro ruso para la reconciliación de los partidos opositores y el control de los movimientos de refugiados en Siria había recibido información actualizada sobre el plan de la ONU y la Media Luna Roja Árabe Siria para la expulsión de los residentes que aún permanecen en Rukban.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/25/c_138501468.htm

En colaboración con los yihadistas Estados Unidos lleva 8 años saqueando el petróleo de Siria

Gordon Duff

Cuando Estados Unidos se “retiró” de Siria, Donald Trump anunció que había tomado el petróleo sirio de Califato Islámico y lo estaba protegiendo. Otros anuncios indicaban que Estados Unidos dejaba allí a 500 soldados y que se moverían con armamento pesado, lo que estaba muy fuera del marco de los acuerdos con Rusia y constituía una clara violación de la soberanía de Siria.

También se anunció que hasta 400 contratistas militares privados también estarían estacionados allí.

Cuando Trump anunció que en algún momento Estados Unidos y sus aliados kurdos habían desalojado al Califato Islámico, nunca nos informaron de que previamente Estados Unidos había operado militarmente en esa región o cerca de ella.

Era una mentira descarada, una de las miles de Trump, pero no la única. Estados Unidos ha sido acusado una y otra vez de proteger las bases del Califato Islámico en la región. Además, Estados Unidos ha utilizado repetidamente su poder aéreo como “coalición” para atacar no sólo a las fuerzas sirias, sino también a las fuerzas rusas que intentan atacar a las unidades del Califato Islámico en la región y en sus alrededores.

Los comandantes de los servicios de inteligencia rusos y sirios, con los que hablé, confirmaron que las bases estadounidenses en los campos petrolíferos sirios y sus alrededores coexistían con las formaciones del Califato Islámico vecinas y que había amplias pruebas de que Estados Unidos y el Califato Islámico habían cooperado estrechamente.

Luego, por supuesto, tenemos las historias, especialmente de Irak, de que Estados Unidos había transportado y reabastecido regularmente a las unidades dell Califato Islámico, pero esas historias no iban acompañadas de vídeos y podían ser ignoradas.

Detrás está la larga historia de los robos de petróleo en la región, pero primero nos referiremos a las recientes declaraciones del Presidente Assad, quien dijo que Turquía, bajo Erdogan, había robado miles de millones de activos sirios, fábricas enteras, petróleo, trigo, antigüedades y mucho más.

He revisado los listados existentes con el Dr. Najm, entonces Ministro de Justicia, que ahora es profesor de derecho en Damasco y columnista de Veterans Today. Hemos descubierto una red de ONG falsas en Turquía y el Líbano, algunas dirigidas por Estados Unidos y otras por Gran Bretaña, que entraban y salían libremente de Damasco bajo protección, después se adentraban en zonas más amplias y cruzaban las líneas para entrar en el territorio de Al-Qaeda y el Califato Islámico.

Desde allí recogen información sobre las mercancías y organizan su tránsito a Europa, Israel y Estados Unidos para subastarlas, por arte y antigüedades, o para enriquecer a políticos poderosos.

Luego, por supuesto, está la cuestión del petróleo. Cuando las fuerzas aeroespaciales rusas descubrieron que Estados Unidos no sólo había ignorado, sino que también había protegido hasta 20.000 camiones de petróleo que habían saqueado los campos petrolíferos del norte de Irak y el este de Siria, vimos la continuidad de la política estadounidense que se remonta a 2004.

En ese momento, Alex Powers, editor en jefe de Veterans Today, supervisaba la producción de petróleo iraquí en nombre del comandante de ocupación Paul Bremmer.

Conocía a Alex desde hacía tiempo, porque habíamos trabajado en “proyectos” del Pentágono. Cuando hablé con él la semana pasada, revisando esta historia y los acontecimientos recientes, me recordó que hubo un acuerdo privado con representantes de Bush, muchos de los cuales eran leales a Israel, para compartir las ganancias del petróleo robado en Irak y enviado por oleoducto.

El petróleo iraquí fue identificado y enviado como si procediera de Azerbaián. El método consiste en utilizar lo que se denomina un “cerdo”, un flotador electrónico móvil que separa diferentes cargas de petróleo dentro de un mismo oleoducto.

También hablé con el jefe de la oficina de Veterans Today, Jeffrey Silverman, quien me dijo que lo mismo seguía ocurriendo, cubriendo miles de millones de dólares en petróleo robado en Irak, mientras que todavía era posible hasta que Rusia lo detuviera, pero continúa hasta el día de hoy desde Siria, usando “cerdos” bajo la cobertura de empresas azerbayanas que trabajan con British Petroleum y Exxon.

Entonces me vino a la mente la declaración de Trump sobre “asegurar el petróleo”. Nuestras fuentes nos dicen que las empresas estadounidenses han estado operando dentro de Siria desde el principio, en asociación con el Califato Islámico, llevando petróleo a Turquía a través de oleoductos y desviado de Turquía identificado como petróleo de los campos petroleros de Bakú.

Esto significaría que desde 2004, con una breve pausa, Estados Unidos han estado robando petróleo de Iraq, y ahora de Irak y Siria, siempre bajo la ocupación militar.

Esto sugiere que las operaciones de Al-Qaeda y Califato Islámico en Irak y Siria fueron una ocupación militar estadounidense por razones criminales.

La evidencia es abrumadora.

Peor aún, Trump acaba de admitirlo abiertamente y, hasta ahora, no se puede hacer nada fácilmente para remediarlo, a menos que Siria decida enfrentarse a Estados Unidos militarmente.

Trump tiene dos razones para hacer lo que hace. Una de las acusaciones es que él se beneficia personalmente del robo de petróleo y otros productos básicos, como el trigo, mientras que el pueblo sirio está condenado a morir de hambre.

Es obvio que “asegura” los campos petrolíferos contra las fuerzas sirias que están a sólo unos kilómetros de distancia, protegiéndolos para la asociación Califato Islámico-Washington que ha enriquecido a un grupo de criminales durante años.

Evidentemente, esto ha puesto a Rusia en una situación difícil. Esta criminal y absurda violación de la soberanía siria se basa en mentiras absurdas y confesiones virtuales porque Estados Unidos ha estado operando desde 2001 como un “estado criminal” en Irak y Afganistán. Pero, ¿sólo entonces?, ¿cuánto petróleo han robado a Libia?

Cuando se busca un modelo, hay que mirar a Afganistán. Cuando Estados Unidos entró en el Afganistán, la producción de opio estaba prácticamente erradicada. Ahora Afganistán produce, bajo la égida de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos financiados por USAID, el 95 por ciento del opio del mundo. Tres años después de la invasión, Afganistán estaba produciendo opio procesado, construyendo centros de tratamiento en la provincia de Helmand y transportando el equipo y los productos químicos necesarios a Afganistán a través de Karachi (Pakistán).

Me enteré de ello en entrevistas con el general Pasha, entonces Director General de los servicios de inteligencia de Pakistán, cuando me reuní con él en 2011. Sus fuentes en Afganistán, por supuesto, son considerables. Las exportaciones de opio sólo son posibles por vía aérea y solo Estados Unidos tiene capacidad aérea en Afganistán, Europa Occidental y, naturalmente, Estados Unidos. Pero también se exportan por camión pasando por Tayikistán y por el norte, como parte de un programa de la CIA para introducir la mayor cantidad de heroína posible en Rusia.

Hemos identificado a los autores. Podemos probar los crímenes. Lo que no tenemos es la autoridad para hacer cumplir el derecho internacional contra una conspiración criminal que controla al ejército más poderoso del mundo.

https://journal-neo.org/2019/10/27/something-stinks-in-syria-s-oil-fields/

La enésima muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi o de su fantasma

La muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi, o de su fantasma, ha pasado por los medios con más pena que gloria porque es claro que el Califato Islámico ya no es noticia y la “lucha” contra sus huestes ha quedado en un segundo plano.

Han escrito de todo porque es el broche de oro a la intervención militar de Estados Unidos. Se trata de dar la impresión de que la “lucha contra el terrorismo” continúa y de que el Pentágono es su más obstinado impulsor.

Si en el mundo existe un personaje parecido a Al-Baghdadi, su muerte se ha anunciado ya varias veces en los últimos años y luego ha sido negada por mensajes de audio o vídeo atribuidos a él. Nunca se ha confirmado.

En Moscú tampoco creen en la fiabilidad de la “información”. Ayer el portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konachenkov, dijo que no había sido informado de la operación de Estados Unidos en Siria, que supuestamente llevó a la muerte de Al-Baghdadi, anunciada anteriormente por Trump.

“El Ministerio de Defensa ruso no tiene información fiable sobre la conducta del ejército estadounidense en una operación en la parte de la zona de desescalada de Idleb controlada por Turquía”.

Konashenkov también subrayó que, en todo caso, la muerte del dirigente del Califato Islámico tendría poco impacto sobre el terreno: “Desde la derrota final del Califato Islámico por el ejército del gobierno sirio con el apoyo de las fuerzas aéreas rusas a principios de 2018, otra ‘muerte’ de Abu Bakr al-Baghdadi no tiene ningún significado operativo para la situación en Siria ni para las acciones de los terroristas restantes en Idlib”.

Trump agradeció a Rusia, Siria, Turquía, Irak y a los kurdos el apoyo prestado a Washington en la operación, sin dar más detalles. Sin embargo, el portavoz de la Defensa rusa dice que es falso. No ha existido ninguna ayuda de Moscú a las fuerzas aéreas estadounidenses en la ejecución de Al-Bagdadi. “No tenemos conocimiento de ninguna presunta asistencia al vuelo de aviones estadounidenses en el espacio aéreo de la zona de desescalada de Idlib”, sostuvo el portavoz ruso.

Más información:
– ¿Por qué los yihadistas mueren varias veces?
– La viuda de un dirigente del Califato Islámico ayudó a la CIA a localizar al jefe Abu Bakr Al-Bagdadi
 

El terror represivo no logra paralizar la lucha del pueblo chileno

Cifras oficiales, denuncias en los medios alternativos y advertencias de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Tras las manifestaciones del domingo, 2.138 personas fueron detenidas, entre ellas 243 niños y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellos fueron desnudados durante los procedimientos policiales.

Ha habido palizas, humillaciones y amenazas, pero en las últimas horas, la tortura y la violación de mujeres en Chile se han convertido en una realidad.

El estado de emergencia instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera ha dado lugar a las prácticas de la dictadura, incluidas las desapariciones. Muchas de las mujeres detenidas hasta ahora han desaparecido. Además, las mujeres detenidas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante de personal masculino, les palparon los genitales y les pusieron el arma en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y matarlas, según los testimonios recogidos por los detenidos.

La CIDH expresó su preocupación por las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violencia sexual, desnudez forzada y tortura en el contexto de la detención de manifestantes. “Chile debe investigar y castigar estos hechos diligentemente, así como las acciones de la policía y el ejército que conduzcan a un uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo la CIDH.

Según cifras del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) tras las manifestaciones, el domingo fueron detenidas 2.138 personas, entre ellas 243 niños y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellos fueron desnudados durante los procesos policiales, durante eventos en los municipios de Santiago, Maipú, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. La mayoría de ellos denunciaron el uso excesivo de la fuerza durante la detención, así como detenciones de niños, malos tratos, golpes en la cara y los muslos, tortura y agresión sexual, entre otros actos violentos.

Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, explicó que “la violencia sexual por motivos políticos ha sido un continuo en nuestro país y en toda la región en las últimas décadas, dado que el aparato policial ha sido entrenado para ser mecanismos patriarcales. Esto resuena durante la dictadura en Chile y en el período postdictatorial como una característica muy fuerte de la policía”.

Al mismo tiempo, una muestra representativa de académicos de diferentes corrientes políticas pidió a las autoridades que pusieran fin al toque de queda y al estado de emergencia por las lesiones y muertes causadas por hombres uniformados, al tiempo que pedían a los abogados que velaran por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Según La Tercera, 206 académicos y decanos de las principales facultades de derecho del país firmaron una carta titulada “Frente a la grave crisis política y social en Chile y las violaciones de los derechos humanos que se han producido”. El encabezamiento de la carta dice:

“Como profesores de derecho de varias facultades del país y de diversas corrientes políticas, no podemos permanecer en silencio sobre la situación actual de nuestro país”. A continuación, afirman que “condenan las graves violaciones de los derechos humanos observadas en varias regiones del país. Hemos oído hablar de acontecimientos muy graves que, a lo largo de los días, muestran patrones comunes”.

También piden a los abogados de todo el país que informen a los ciudadanos de sus derechos y de cómo ejercerlos, y que representen y defiendan a las personas cuyos derechos han sido violados de manera oportuna y libre. “Subrayamos que ya nos hemos comprometido a garantizar que ningún acto que constituya una violación de los derechos humanos quede impune”, concluyen.

Los excesos producidos por los carabineros infiltrados también incluyen la quema y el saqueo de los supermercados. Varios testimonios de las manifestaciones de los carabineros fueron transmitidos viralmente con imágenes de apoyo, como en un vídeo en el que agentes de policía se bajan de un coche civil para iniciar un incendio en una sucursal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

“Como durante la dictadura, hay madres desesperadas que buscan a sus hijos e hijas en los tribunales. Hay varios menores”, dice Patricia, una psicóloga, quien añade que el Chile de Piñera secuestra personas, que son transportadas en camiones y que muchos de sus familiares no saben dónde están. Ya circulan imágenes de incendios donde se ven cadáveres, que los medios quieren hacer parecer saqueadores. “Hemos visto vídeos que muestran cómo arrojan los cuerpos. Todos creemos que son las víctimas que arrojan al fuego para borrar todo rastro”.

El INDH de Chile intentó entrar en uno de los mayores centros de salud y descubrió que la puerta estaba cerrada con cadenas. “No sabemos qué está pasando, pero el sistema de salud está empezando a detenerse. Los puertos también se detienen. Estamos como si estuviéramos en guerra”, agrega Patricia en una dirección opuesta a las afirmaciones del presidente chileno. El equipo de la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa (Ancap), que vivió la dictadura de Pinochet, tiene miedo a salir, pero sus hijos y nietos lo hacen por ellos. “En el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago, entraron en la escuela y secuestraron a niñas y adolescentes. En los centros de salud, se ha informado de que muchas de ellas han sufrido lesiones después de haber sido violadas”, dijeron los medios de comunicación.

El sábado pasado, Pamela Maldonado, de 31 años, estaba con su padre y algunos vecinos en medio del caceroleo, a pocos metros de su vivienda en el municipio de Santiago. De repente, una multitud de fuerzas especiales acosó a su padre. Eran más de diez, lo rodearon en círculo y comenzaron a pegarle. “Les pedí que pararan, porque mi padre es diabético; tiene sesenta años y podrían matarlo, pero me empujaron con sus escudos y no pude alcanzarlo”, recuerda. Pamela, entre codos, fue azotada contra una pared y no podía ver lo que estaba pasando en el coche de la policía. Les gritó preguntando a dónde llevaban a su padre y le respondieron que a la tercera comisaría de policía de Santiago. Recuerda que un carabinero apodado Gallardo -que se puede ver en uno de los vídeos que grabó- le metió el puño en la espalda y también lo empujó a la furgoneta.

En el interior, vio que la nariz de su padre sangraba. Apenas podía respirar. Pamela se quedó en estado de shock. También pudo ver a otros detenidos golpeados en muy malas condiciones. Un segundo policía esposó a su padre y apretó intencionalmente con mucha fuerza. De camino a la comisaría de policía, un carabinero comenzó a provocar a los detenidos gritando a los mapuches y que “odiaba a los comunistas” e incluso amenazó a Pamela con agredirla sexualmente.

“¡Veamos si te gusta por el culo!” -le dijo para intimidarla.

En ese momento, no podía creer lo que estaba pasando, sólo cogió a su padre por los brazos para que no le pegaran más.

Luego trajeron a un tipo ensangrentado que gritaba porque le dolían los riñones. Cuando vieron sus heridas, se enteraron de que era VIH positivo. En un momento dado, Pamela le pidió que le permitieran limpiar la cara de su padre con una botella de agua, pero lo ahogaron con una mezcla de agua y sangre. “Fue una tortura”, recuerda nerviosa. Después de pasar por la oficina de control de lesiones, fueron conducidos a la tercera comisaría de Santiago.

Una vez en la celda, vio que la policía había traído a un fotógrafo a quien ya habían herido, pero lo golpearon de nuevo y sólo pararon gracias a la intervención de un abogado de la INDH. Los encerraron en celdas improvisadas, les negaron mantas, cogieron frío y tuvieron que soportar que la policía se burlara de ellos cuando informaron de la existencia de retretes inundados y llenos de heces. A las 12:30 del mediodía fueron liberados. Con las ropas que les habían dejado, caminaron desde la calle San Martín hasta sus casas. Es increíble, y lo que sigue será una querella. “No podemos permitir que esto continúe, lo que nos hicieron es totalmente ilegal”, señala Pamela.

https://www.mondialisation.ca/violations-et-disparitions-la-repression-cachee-au-chili/5638284

Latinoamérica ¿en estado prerevolucionario?

Darío
Herchhoren

Contaba el comandante Hugo Chaves que en una de las cumbres iberoamericanas tuvo una larga conversación con José María Aznar, a la sazón presidente del gobierno español, y que este le explicó que el neoliberalismo  necesariamente dejaba a un lado aproximadamente a entre el 33 y el 50 por ciento de la población, fuera del reparto de beneficios. Esa era la necesaria situación para lograr que el estado y sus instituciones funcionara. A esta explicación Chaves le preguntó que se hacía con los excluidos y marginados, a lo cual Aznar con su habitual sensibilidad humana le espetó «se jodieron».

Ocurre que esas enormes masas de «jodidos», por fin han tomado conciencia de su situación y de su poder cuando se organizan y salen a las calles a pelear por sus derechos como seres humanos que son.

El insige poeta cubano Nicolás Guillén, que vivía exiliado en Buenos Aires explicaba en una tertulia cómo la revolución cubana había surgido aparentemente de la nada, en las propias narices del imperio sin que este se diera cuenta a pesar de su enorme aparato de espionaje, y decía que a veces las revoluciones eran como esas raíces de los árboles que no se ven, pero que en pocos días levantan las aceras.

Las manifestaciones en Ecuador durísimamente reprimidas por el gobierno de Lenin Moreno, con profusión de muertos y con represión que llevó a la detención y tortura de muchos ciudadanos ecuatorianos y que ha sido silenciada por la prensa «seria», que está muy preocupada por la situación de la dictadura en Venezuela, ha conseguido poner en fuga al gobierno ecuatoriano que ha tenido que abandonar Quito, la capital de la nación, y refugiarse cobardemente en Guayaquil. El movimiento indígena, y la clase obrera que había logrado altas cotas de bienestar con el gobierno de Rafael Correa, han sido traicionados por Lenin Moreno, que siguiendo las normas del FMI recortó derechos, ha impuesto tarifas nuevas sobre los combustibles y la energía eléctrica, y ha sometido a un nuevo vasallaje a Ecuador, persiguiendo y encarcelando a «correistas», y pretende la extradición del propio Correa.

Se ha creado una situación de la que no informan las agencias de noticias; pero que todos los días por medios propios nos enteramos del avance de la represión, y del incumplimiento de los compromisos asumidos por Lenin Moreno cuando se vio obligado a recular ante la presión de las masas populares en las calles.

En Chile está pasando algo que nos regocija enormemente. Luego de 30 años de bajos salarios, de tasas prohibitivas  para estudiar, de las privatizaciones de las pensiones jubilatorias, de la falta de una política de vivienda, de salud, de educación y donde los ricos son cada días más ricos y los pobres más pobres; al fin los «jodidos» de que hablaba Aznar han tomado las calles y han obligado al presidente Piñera, un ex servidor del criminal Pinochet, a solicitar a todos los miembros de su gabinete de ministros a dimitir y a retirar al ejército de las calles. Todo esto con un gran costo de vidas humanas. Ya hay alrededor de 20 muertos. El gobierno de Piñera está contra las cuerdas.

En Bolivia Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta y no habrá ballotage, y lo mismo pasará en Argentina donde el triunfo de la izquierda está asegurado frente a un  gobierno cleptócrata, que se irá habiendo arruinado el país generando una deuda impagable de trescientos mil millones de dólares.

La situación social y económica de Argentina es realmente grave. Hay un 34 por ciendo de la población en estado de pobreza extrema y un 20 por ciento en estado de exclusión. Al nuevo gobierno le espera una tarea de titanes. Pero Argentina tiene un enorme potencial y saldrá con muchas dificultades de este estado de postración.

Hay elecciones en Uruguay, y es muy probable que el Frente Amplio revalide un nuevo triunfo en primera vuelta.

Todo lo expuesto alumbra un nuevo panorama que reverdece la posibilidad cierta de que se forme un bloque de países que inicien un camino de ruptura con el FMI (es decir con el imperio), que es un león ya sin dientes, que ha perdido definitivamente la hegemonía de que abusó durante demasiado tiempo, y que sufrirá un gran revolcón sin ninguna duda.

Ciberguerra declarada, con espionaje, hackeo global, control y persecuciones en la era Trump

Jorge Elbaum

El gobierno de Donald Trump ha decidido incrementar la utilización de Internet como un dispositivo masivo de espionaje y persecución a los actores, individuales o colectivos, que no son funcionales a su supervivencia como superpotencia. Los niveles de beligerancia virtual y su calculada difusión pública denotan la pérdida del liderazgo global y una desesperada acción para no disipar el sitial hegemónico que se pretende perpetuar. Dentro de esa lógica debe explicarse el recrudecimiento del hostigamiento a quienes difunden documentos incómodos para el Departamento de Estado, como los casos de Julian Assange (fundador de WikiLeaks), Chelsea Manning y Edward Snowden (acusados de filtrar información confidencial).

La manipulación electoral con la que Trump llegó al gobierno en 2016, de la que Cambridge Analítica ha sido parte, también se inscribe en una lógica que articula al mundo público con el privado y lo militar con lo cultural.

Este es el marco en el que se deben interpretar las recientes medidas dispuestas por las agencias federales de Washington, de considerar el conjunto de la web como un dispositivo asociado a la lógica de la inteligencia militar. La reciente creación de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en noviembre de 2018, bajo la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), supone un paso más en esa deriva. Una de las primeras acciones de la CISA fue la implementación, en conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial (NGA), del sabotaje contra la infraestructura energética de Venezuela.

La operación sobre la red eléctrica se llevó a cabo mediante la combinación del virus Duqu 2.0, (variante del Stuxnet, utilizado en 2010 contra la central nuclear de Natanz, cercana a Teherán) y la utilización de Pulsos Electromagnéticos (EMP). Dicha ofensiva fue asumida tácitamente por el propio Trump al firmar la Orden Ejecutiva, el último 26 de marzo, en la que establece la incorporación de aparatología vinculada a la utilización de pulsos electromagnéticos (EMP), “como un factor en la planificación de escenarios de defensa”. En ese decreto, titulado “Coordinación de la resiliencia nacional a los pulsos electromagnéticos” se encomienda a las agencias federales desarrollar capacidades para evitar ataques y/o dañar “total o parcialmente equipamientos eléctricos y electrónicos dentro de su radio de acción con emisiones de energía electromagnética de alta intensidad y radiación”.

La ofensiva, en su conjunto, se orienta a la manipulación de la red para privilegiar la circulación de información de corporaciones estadounidenses, relegando a reales o potenciales competidores (básicamente chinos y europeos) a una ínfima visibilización o su literal desaparición en Internet. La contraprestación exigida por la CISA a las empresas de Estados Unidos (beneficiarias de las prácticas de segregación monopólica) es la transferencia y acceso a la información disponibles en sus servidores, con el objeto de ampliar el material disponible para el diagnóstico y análisis de Big Data, orientado al (supuesto) combate al narcoterrorismo.

Los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos revelan una decidida ampliación en los niveles de beligerancia digital. El programa implementado en los últimos tres meses a partir de la creación el 15 de noviembre de 2018 de la citada CISA. Sus objetivos estratégicos incluyen:

(a) La redefinición de la web como un territorio de control geoglobal para contribuir al análisis y la observación del resto de los países del mundo, de sus circuitos comunicaciones soberanos (y por ende de sus ciudadanos). La fundamentación de este meta parte de hecho que Internet fue un desarrollo de Estados Unidos y, por ende, dispone de prerrogativas sobre su vigilancia e intervención.

(b) La reconfiguración de su entramado y estructura para permitir su utilización en la persecución de enemigos, opositores o actores disfuncionales respecto a sus intereses económicos, comerciales, energéticos y financieros (tanto a nivel político como corporativo). Esta línea de trabajo incluye la exclusión de sitios y portales y, en forma paralela, la proscripción de aquellos que son considerados críticos para su seguridad, incluidos los competidores empresariales. La reciente persecución a una integrante del directorio de la firma (fabricante de celulares) Huawei y el concomitante hackeo de sus portales aparece como un ejemplo de la ofensiva en toda la línea.

(c) El despliegue de esquemas de ciberguerra contra Estados que cuestionan /disputan el liderazgo de Estados Unidos y/o que se pliegan a formas de integración autónomas a su control, y/o que deciden utilizar divisas de intercambio comercial ajenas al dólar.

Para llevar a cabo la primera línea de trabajo se ha exigido a las empresas que cuentan con mayor volumen de información acumulada, que contribuyan al monitoreo global, permitiendo la apertura de sus conglomerados de Big Data a la CISA, subalterna de la DHS. Las últimas medidas, decretadas por Donald Trump, incluyen un conjunto de acciones orientadas a sistematizar información para elaborar diagnósticos prospectivos capaces de impedir derivas antagónicas con los intereses económicos (y de supremacía cultural) de Washington. Dichas acciones se encuentran justificados, según los documentos difundidos por CISA, dado el sempiterno peligro al que se encuentra expuesta la seguridad de Washington.

Las medidas dispuestas en febrero y abril del año en curso cuentan con la particularidad de exigir mayores niveles de articulación con las empresas privadas ligadas a la información global. Entre las corporaciones emplazadas por la CISA para colaborar con la tarea, figuran las firmas que poseen el mayor conglomerado de Big Data residente, a nivel mundial, en servidores vulgarmente denominados como nubes. Entre las emplazadas a contribuir a la seguridad estratégica de Estados Unidos figuran, entre otros, Accenture (empresa de reclutamiento de personal), Cisco Systems (redes), Dell (informática de consumo masivo), Intel (circuitos integrados), Microsoft (sistemas operativos), Samsung (celulares y computadoras). Los acuerdos gubernamentales y tratativas con Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales se han llevado cabo bajo otro tipo de protocolos, ante el pedido de estas empresas que se resisten a hacer público su connivencia con las agencias de inteligencia para no exhibir ante sus suscriptores la vulnerabilidad de sus datos privados.

Como respuesta al anunciado control monopólico de la web, Rusia y China se encuentran desarrollando sistemas orientados a ampliar su autonomía respecto de los servidores ubicados en territorios distantes y la configuración de redes soberanas. El último 16 de abril, el parlamento ruso aprobó la creación de una red doméstica (RuNet) en respuesta a las repetidas amenazas verbalizadas por Trump acerca de la propiedad estadounidense de Internet y su autoasignado derecho al uso discrecional de su entramado global. La ley contiene la creación de una infraestructura propia, el despliegue de murallas digitales capaces de filtrar ataques, la posibilidad de interactuar con un ecosistema digital propio (ante potenciales interferencias en la comunicación soberana rusa) y los dispositivos capaces de evitar la jerarquización contaminada de contenidos, decididos arbitrariamente por agencias extranjeras.

Por su parte, China viene desplegando un esquema de protección similar al ruso, enmarcado en la guerra comercial planteada por Washington, motivada por el deterioro de su competitividad productiva frente al emergente sudeste asiático. En el centro de esta disputa se encuentra la inteligencia artificial, la próxima irrupción de las redes 5G (que permitirán la generalización de impresoras de productos) y la ampliación del multilateralismo que China impulsa y genera.

Mientras tanto en Ciudad Gótica

La convergencia bélica supone la integración entre conflictividad material y virtual. El gobierno de Mauricio Macri ha sido funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos en todas las áreas. La implementación de programas de soberanía digital, tanto en infraestructura como en aplicaciones, ha sido discontinuada y vaciada. El gobierno de Cámbiennos ha subsumido todas sus iniciativas a los designios de agencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos e Israel, socios llamativos si se tiene en cuenta que son dos de los países que acompañan al Reino Unido en sus votaciones contra la Argentina en relación con la ocupación de las Islas Malvinas. Ambos Estados, además, proveen aparatología bélica a la única base militar articulada con la OTAN ubicada en territorio soberano.

El 12 de septiembre de 2017 Mauricio Macri firmó un acuerdo con Bibi Netanyahu en el que se articulaban agencia de inteligencia y seguridad para cooperar en el área de cibercrimen. Tiempo después se hizo pública la adquisición por parte del Ministerio de Defensa argentino de paquetes de software para ciberdefensa (núcleos de CERT/CSIRT, para prevenir y gestionar incidentes de seguridad cibernética), en el marco de una contratación directa, sin licitación previa. En febrero de 2018 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó un acuerdo con la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscripta a la National Security Agency (NSA) para evaluar conjuntamente información vinculada al terrorismo.

La soberanía no parece ser un objetivo de la lógica neoliberal financiarista. Ni en territorios tangibles ni en aquellos que conforman el entramado digital. Dado que la impronta cultural de los integrantes de Cambiemos los hace soñar/desear con ser estadounidenses (blancos, civilizados y liberados de genomas mestizos y criollos), no se encuentran capacitados para percibir siquiera la colonialidad de sus decisiones u omisiones. Disfrutan, risueños y despreocupados, de convertirse, incluso, en sus vasallos digitales.

http://estrategia.la/2019/04/28/ciberguerra-declarada-con-espionaje-hackeo-global-control-y-persecuciones-en-la-era-trump/

La trágica muerte de una trabajadora emigrante en un almacén de cítricos de Murcia

Explotada hasta la muerte: Hind El Bekkali
Un sueño convertido en pesadilla. El de Hind El Bekkali, una mujer que partió de Marruecos hace veinte años para labrarse un porvenir en España y regresó a su país en un ataúd para ser enterrada en el pequeño pueblo de Fquih Ben Salah, en la región central del país vecino. El 8 de octubre, a las 18.24, el 112 confirmaba su muerte en un accidente laboral en el almacén Cítricos La Paz, en Fortuna, donde trabajaba desde hacía casi cinco meses como envasadora.

Hind, de 39 años, deja huérfanos de madre a tres hijos de 16, 12 y 6 años. “Estoy muy mal, muy mal de verdad, no tengo la cabeza para hablar con nadie”, solloza al otro lado del teléfono apesadumbrado Abdelaziz Hassimatar, que cruzó este miércoles el Estrecho tras dar sepultura a su mujer en la tierra que la vio nacer y ya está de vuelta en Fortuna.

Hassimatar es claro al respecto de la muerte de su mujer y apunta a que fue una negligencia de la empresa donde trabajaba. “Ella no tenía formación para asumir la tarea que se le asignó, Hind me contó que le habían cambiado de puesto unos días antes del accidente, el asunto está en manos de mi abogado”.

Su esposa se encontraba limpiando en una zona de la fábrica “cuando fue succionada por una de las máquinas de precalibrado”. Hassimatar y diversas organizaciones de defensa de los trabajadores se han apresurado en denunciar que el puesto de Hind no era el de limpieza, que no tenía formación para acometer esa tarea y denuncian irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales.

Estamos ante un accidente laboral como los que hay en muchas empresas españolas. Al día siguiente hubo otro en Mercadona, que no ha trascendido.

Jawad Romaili es el letrado del marido de la víctima. Según declaró, “hubo un incumplimiento de la normativa de riesgos laborales; tres días antes de su muerte fue cambiada de puesto de trabajo, la enviaron al triaje, y la empresa presuntamente no le dio formación específica para ello”. En la zona de envasado y la de triaje, según explicó Romaili, hay cintas diferentes: “En el triaje hay un robot, cuando terminan tienen que limpiarlo y alguien le mandó esa labor”.

La noticia de la muerte de Hind corrió como la pólvora entre la comunidad marroquí residente en Murcia, que en un porcentaje elevado procede de la misma región que Hind –Beni Mellal- y también se gana la vida en el campo o los almacenes agroalimentarios. “La hermana de mi mujer es amiga suya y desde que ha pasado todo esto no puede dormir”, cuenta apenado un paisano que vive en Mula. En Marruecos tampoco ha pasado desapercibido el suceso, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación.

Tras el accidente, organizaciones como Comisiones Obreras han puesto de nuevo el acento en la precarización del sector de las envasadoras, contratadas en su mayoría por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), como era el caso de Hind.

“En los almacenes donde no hay control sindical estamos viendo cómo se cometen ilegalidades en la cotización de los días trabajados, no se abonan las horas extraordinarias como se debería y en especial en materia de prevención laboral hay muchos incumplimientos”, explica Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la región.

La mayoría de trabajadores de los almacenes, en el manipulado de cítricos, tomate y fruta son mujeres, un 80 por ciento de unos 10.000 empleos que se generan cada año. “Y cada vez es mayor el porcentaje de mujeres inmigrantes, que en períodos fuertes de la campaña hacen jornadas interminables”.

Soumia ha llegado a trabajar “desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche”. Catorce horas, “parando 15 minutos por la mañana y por la tarde para almorzar y merendar, y una hora para comer”.

Hombros destrozados y manos atrofiadas

La situación “es horrible”, se queja Kawtar, quien lleva varios en Murcia de un almacén a otro. “Dicen que venimos a quitarle el trabajo a los españoles, pero hacemos los trabajos de los que ellos huyen”. Kawtar denuncia que tiene amigas con enfermedades laborales no reconocidas. “Con los hombros destrozados, pérdida de musculación, manos atrofiadas…”

Algunas personas “lo aceptan porque es una oportunidad para hacer dinero; pero es muy duro, sobre todo en algunos almacenes que tienen muy mala fama porque te tratan mal, a veces tus propias compatriotas que están de encargadas”. Para esta mujer, “hay situaciones que no se pueden permitir; trabajar, sí pero como una esclava, no”.

José María López, de Comisiones Obreras, apunta a las ETT como “una herramienta para que las empresas dispongan de empleados por debajo del coste mínimo, flexibilizando y precarizando las relaciones laborales; es un tema delicado porque la intención es ganar, ganar y ganar; se busca la rentabilidad a cualquier coste”.

Las ETT, prosigue, son las responsables de formar e informar a los trabajadores. “Una formación que muchas veces consiste en dar a las mujeres, en este caso, montones de documentación escrita para que la firmen y estar justificados documentalmente; estamos hartos de denunciarlo”.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en Murcia (ATIM), ha querido mostrar también su solidaridad con la víctima y ha informado de que está organizando una manifestación con varios colectivos para honrar la muerte de Hind y para protestar contra las precarias condiciones de estas trabajadoras. No descartan, además, personarse en la causa.

El caso se dirimirá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza, que tendrá que aclarar si Hind había recibido formación sobre las tareas que se le encargaron y si se cumplieron todas las medidas de seguridad.

Los representantes legales de Cítricos La Paz aseguran que “se han puesto todos los mecanismos en marcha para acompañar a la familia; se ha asignado un psicólogo al marido Y se ha pagado el sepelio en Marruecos”. Incluso el dueño de la empresa “le dijo que a sus hijos no les iba a faltar de nada”, apunta Mariano Bo.

“A mí nadie me ha ayudado, el entierro lo tiene que pagar la empresa porque está estipulado en el convenio”, reclama Abdelaziz Hassimatar a este periódico. “Los que se han volcado con nosotros han sido nuestros vecinos de Fortuna”, señala al tiempo que relata que le quedan unos días para incorporarse a la finca donde está empleado, “aunque no sé si tendré fuerzas”.

La empresa cuenta con unos 700 u 800 trabajadores y que el 80 por ciento es plantilla propia. “A los que vienen de la ETT se les ficha una vez han sido probados y si la empresa está satisfecha con ellos”.

En cuanto a las medidas de seguridad, “esta trabajadora había recibido dos cursos en los últimos cuatro meses, de la ETT -han aportado un documento firmado por Hind-; su encargada, además, es árabe y habla español, por lo que todas las instrucciones eran comprensibles para ella”.

Según relatan, “no es cierto que se le cambiara de puesto de trabajo tres o cuatro días antes y que no conociera las medidas de seguridad, porque son las mismas en todas las áreas: no acercarse a las máquinas, no meter las manos, ni la cabeza, en unos espacios que además están vallados perimetralmente”.

A falta de conocer los resultados de la investigación en marcha, lamentan que “no podemos saber qué ha pasado porque no había nadie en ese momento con ella, una compañera estaba en el vestuario y la otra estaba en el puesto de observación, que está más elevado y la tenía fuera de su campo de visión; cuando se dieron cuenta pulsaron el botón de seguridad y se puso el protocolo en marcha pero ya era tarde”.

El Comité de Empresa ha difundido un vergonzoso comunicado en el que asegura que Hind “contaba con la debida formación e información del puesto que desarrollaba. El sistema de trabajo consiste en tareas repetitivas diariamente que son de sobra conocidas por el personal, ya que se instruye a los mismos y se les facilita las indicaciones precisas para realizar su actividad”.

Santiago Navarro considera que “no es que la mujer fuera imprudente, la empresa debe impedir que el trabajador se vea en esas circunstancias y la ley exige que haya una serie de protecciones para que el trabajador no pueda introducir ningún miembro”.

El abogado de Hassimatar aseguró que “los horarios presuntamente no se cumplían en la empresa. En la declaración del marido de la víctima ante la Guardia Civil expone que su mujer había días que entraba a las ocho de la mañana y salía a las siete o las ocho de la tarde, incluso a las diez de la noche”. Hassimatar así lo explicó también a este periódico.

Desde ATIM y Comisiones insisten en denunciar el incumplimiento de la ley en este sector, en especial con los trabajadores inmigrantes, “que se ven con una soga al cuello, no tienen capacidad de organización y cuando reclaman sus derechos se ven fuera de la empresa; hay mucho clientelismo, y además de que no se actúa, las sanciones a veces son irrisorias”.

“En algunos almacenes tenemos que levantar la mano hasta para ir al servicio, y nos descuentan el tiempo no trabajado; me han llegado a decir que venga de casa con las necesidades hechas o con un pañal”, asegura una de las mujeres entrevistadas por este periódico.

Un salario con engaños

El salario mínimo es de 7,04 euros/ hora, “pero nunca llegan”, explica José María de Comisiones. “Es un engaño porque les descuentan de ahí el 30 por ciento de la Seguridad Social”. Cuando “se contrata, por llamarlo de alguna manera, a personas sin papeles es mucho peor, porque entonces se vulneran aun más los derechos mínimos”.

Para acudir a los puestos de trabajo, lo hacen en furgonetas o autobuses que van recogiendo a los trabajadores en una ruta que los lleva desde su lugar de residencia al almacén donde trabajan y que cobran unos cinco euros por trayecto a cada empleado. “¿Qué permisos tienen esas furgonetas?”, se pregunta José María, quien denuncia que a veces los conductores funcionan como una empresa de contratación directa y saben qué perfiles tiene que reclutar. “Los que no dan problemas”.

No es fácil plantarse, como hicieron hace 20 años las empleadas de los almacenes de la Vega Alta en el conocido como el ‘Caso Nolotil’. Un grupo de mujeres atiborradas de analgésicos para amortiguar sus dolores, que se atrevieron a denunciar los abusos a las que estaban sometidas en un sector que sigue acumulando denuncias de los trabajadores.

https://www.eldiario.es/murcia/reportajes/trabajadora-arrollada-maquina-citricos-precariedad_0_956105219.html

Un laboratorio de guerra que convierte al propio pueblo en el enemigo

Los familiares de las víctimas no olvidan
Durante el año 2002, la Comuna 13 [un barrio de Medellín] fue testigo y víctima de las estrategias militares que el Estado quiso implementar en las calles de Medellín. Mes a mes se desarrollaban operaciones militares que solo causaban zozobra y temor. Acciones que dejaban como resultado hombres y mujeres de diferentes edades asesinados, heridos, y familias desplazadas. Voz comparte el llamado que las organizaciones sociales de madres y víctimas de estos hechos, le hacen al país en el marco de los 17 años de impunidad.

La Comuna 13 se convirtió así en un laboratorio de guerra. Quizás la más recordada de estas operaciones, por su impacto en la población, fue Orión, realizada entre el 16 y el 18 de octubre de ese año, que dejó a 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, seis desapariciones forzadas, registradas durante la operación, y más de 100 en los días y meses posteriores. Las víctimas han detallado que la operación continuó, de manera silenciosa, hasta inicios del mes de diciembre.

Orión fue la incursión militar urbana más grande que ha tenido Colombia. A pesar de ello y del gran asombro que pudiera causar en muchos, la impunidad para encontrar a los responsables sigue vigente. Tras 17 años seguimos esperando que altos mandos militares, como el general en retiro, Mario Montoya Uribe, responda por lo ocurrido y que cuente por qué de manera indiscriminada el Estado colombiano abría fuego a las casas, ¿por qué la alianza con paramilitares?, ¿por qué no se cumplió el papel de garante y se cometieron violaciones a derechos de los civiles en esta Comuna? Son 17 años de muchas preguntas y pocas respuestas.

A pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo, la población de San Javier sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz, donde la memoria esté vigente. Nos negamos a que las víctimas se conviertan en una fría cifra que llena los registros en las instituciones del Estado, nos negamos a olvidar a quienes les arrebataron la vida y nos negamos a cesar la búsqueda de aquellos y aquellas a quienes aún seguimos esperando.

Las víctimas y los ciudadanos de Medellín seguiremos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, por eso confiamos firmemente en el papel y la oportunidad que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Sivjrgnr brinda. A la JEP, le pedimos que dicte medidas cautelares sobre el sitio conocido como La Escombrera y que se abra el macrocaso sobre desaparición forzada. Le insistimos a la Comisión de la Verdad que escuche todas las voces y que la verdad desde las víctimas sea un agente primario en la construcción del relato sobre lo ocurrido, puesto que han sido ellas quienes han padecido los estragos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la oportunidad que se abre en este mar de impunidad de encontrar a los cientos de personas desaparecidas de la comuna, insistimos en la elaboración de planes integrales de búsqueda.

Instamos al Estado colombiano a que no siga negando el conflicto ocurrido en Comuna 13, conflicto que sigue vigente. La militarización de los barrios no puede seguir siendo la respuesta a un flagelo que pide a gritos soluciones más allá de la presencia de la Fuerza Pública, es vital que se reconozca y se desarrolle inversión social.

A los procesos organizativos que siguen resistiendo en Comuna 13 los abrazamos y respaldamos, estas son las muestras de que la paz se construye con la juntanza de voluntades, con el anhelo de la justicia social. Desde Medellín, decimos nunca más operaciones militares, ¡Operación Orión Nunca Más!

http://semanariovoz.com/operacion-orion-17-anos-impunidad/

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