En economía política del capitalismo, el concepto de «prima de riesgo» de un Estado se concibe como el canon que éste debe abonar como contrapartida de la mayor o menor fiabilidad que a un inversor le puede suponer adquirir deuda pública o bonos de dicho Estado. Es como una compensación al inversor por meter su dinero en un país con riesgos para su rentabilidad.
Por ejemplo, la «prima de riesgo» (también llamado en América Latina «riesgo país«) que paga un Estado en quiebra es mucho más alta que la de otro con una economía aparentemente saneada.
La «prima de riesgo» la calculan agencias de calificación que no dejan de ser entidades que bajo un sesgo de aparente objetividad, proporcionan información estratégica a grandes corporaciones que son sus verdaderos clientes y para las que realmente trabajan.
Cuando veamos a un locutor de radio o a un político «progresista» decir que «el pacto PSOE-Podemos no altera la prima de riesgo«, nos está diciendo que los intereses de los monopolios que operan en España no perciben dicho binomio como un problema, y para muestra un botón.
Ente el 12 y el 14 de noviembre la prima de riesgo española subió hasta los 80 puntos, lo que en términos interanuales era una subida histórica que servía para advertir que las principales empresas españolas veían como un alto riesgo el anuncio que en esos días realizó Pedro Sánchez, donde iba a integrar a los morados en el Ejecutivo.
Dicha alerta estaba provocada más por un prejuicio de las empresas del Ibex 35 hacia cualquier cosa que huela a izquierda que a un perjuicio real. Con el pasar de los días, las aguas volvieron a su cauce y hoy se vuelve a posiciones de normalidad, es decir: los beneficios no corren peligro y estamos a los mismos niveles que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
El barullo de la investidura, de la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras o los vaivenes del nuevo Gabriel Rufián han impedido ver un bosque en el que las ganancias de las principales compañías que operan en el mercado financiero nacional están garantizadas, ya sea porque el próximo gobierno no va a tocar ni un euro de sus balances o ya sea porque no habrá finalmente «gobierno progresista».
Era el año 2009. Gobierno: Jose Luís Rodríguez Zapatero. Ministro de Exteriores: Miguel Ángel Moratinos. Director del CNI: Alberto Saiz y luego Félix Sanz (en el cargo actualmente).
El entonces vicepresidente cubano, Carlos Lage, y el ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, mantenían una estrechísima amistad con Conrado Hernández, un cubano con nacionalidad española, que dirigía la delegación en la isla de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, dependiente del Gobierno vasco.
Lage y Pérez Roque eran vendidos a los círculos diplomáticos y extranjeros como la «renovación» de los cuadros que llevaban tiempo en los aledaños del poder y que confiaban que con la salida de Fidel Castro y la llegada de Raúl, las nuevas generaciones revolucionarias representadas por ellos tomaran las riendas del país. Incluso se les llegaba a promocionar entre diferentes empresas españolas como los futuros enlaces para una «apertura china» en Cuba.
El 14 de febrero de 2009, Conrado Hernández y su mujer fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana cuando se disponían a viajar a Bilbao. El 2 de marzo fueron destituidos Lage y Pérez Roque, con el sambenito de haber operado en la sombra contra el gobierno cubano. Y en efecto, la Dirección de Inteligencia (equivalente al CNI español) detectó una reunión de Hernández con dos agentes españoles que, según el vídeo grabado, le pedían informes sobre la salud de Fidel Castro y de otros dirigentes cubanos, sobre el programa energético de Cuba y sobre las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China.
Conrado se convirtió en objetivo prioritario de la seguridad del Estado
por sus vínculos con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
de España, que lo captaron como informante por sus
buenas relaciones con miembros de la dirección cubana. En un vídeo difundido entre la militancia del Partido Comunista a modo de explicación de los ceses de Lage y
Pérez Roque, aparece Conrado en pantalla, ya arrestado, confesando
trabajar para los servicios secretos españoles. Los cubanos hicieron creer al espionaje español que podían contar con personas afines dentro del gobierno, pero les salió el tiro por la culata y el CNI quedó en ridículo.
El lector se preguntará qué tiene que ver esto con Venezuela. El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, informó la pasada semana que los altos mandos del chavismo que negociaban con la oposición una supuesta «huída» del Presidente Nicolás Maduro, apagaron sus teléfonos móviles en las horas en las que el propio Maduro debía tomar el avión hacia Cuba o Rusia, según qué fuentes. El trabajo conjunto de la inteligencia cubana y venezolana funciona: EEUU ha hecho, como el CNI, el ridículo.
Las encuestas han sembrado el terror. Lo que los medios de comunicación llaman “extrema derecha” parece llevar adelante un ascenso imparable que, si nada lo remedia, puede hacer que el trío PP, Ciudadanos y VOX alcancen cuotas de poder institucional hasta ahora nunca vistas. Entre nuestra gente sobrevuela un fantasma: hay que ir a votar para evitar su ascenso. Quien hace esta afirmación normalmente es aquella persona que no se siente identificada con ninguno de los partidos alternativos a este trío, pero no se perdonaría que su abstención facilitara el ascenso al poder de las derechas.
Piensa que probablemente los partidos alternativos (PSOE o las diferentes marcas de Podemos) pueden ser mejor, y más fiscalizables por el electorado, y servir de dique frente a lo que llaman “el auge de la extrema derecha”. Sin embargo, las personas que hacen este análisis, honesta o interesadamente, pasan por alto la experiencia consolidada de cuatro años de “gobiernos del cambio”. No es Ana Botella quien llevará adelante la Operación Chamartín, como tampoco será Maria Dolores de Cospedal quien meterá en prisión a los 6 repobladores del pueblo okupado de Fraguas, en Guadalajara. Tampoco es cierto que un eventual gobierno apoyado por VOX suponga un deterioro en los derechos de las mujeres, o sino que se lo pregunten a las miles de ellas que acuden a cuarteles o comisarías y son disuadidas de ejercer sus derechos.
No es que exista un peligro de ascenso del fascismo. El problema es que el fascismo ya lo tenemos entre nosotros desde hace tiempo, y con mayor o menor ingenuidad, quien nos invite a votar para impedir su “ascenso” nos está indirectamente invitándonos a obviar esta realidad porque, en definitiva, ir a votar en abril y mayo será, lisa y llanamente, aplazar el problema otros cuatro años más.
Antonio Baños, dirigente de la CUP hasta hace poco tiempo, afirmaba que los cambios más trascendentales de una sociedad siempre vienen precedidos de sonoros actos de desobediencia. Rosa Parks no se presentó a las elecciones para cambiar la ley que obligaba a ceder su asiento a los blancos, simplemente se sentó en el lugar de los blancos.
Abstenernos en estas elecciones es una oportunidad de poner en evidencia que este modelo económico no nos representa porque, no lo olvidemos, ningún rico gobernante nos va a permitir que, con sus reglas, podamos hacer que deje de ser rico y deje de ser gobernante. La abstención no es una opción, es un ejercicio de desobediencia para quienes queremos cambiar las cosas, porque por desgracia, a muchas personas que padecen la precariedad de vida, los desahucios o la miseria, no pueden perder más tiempo pensando que esta vez, quienes defraudaron, no lo van a volver a hacer.
Garzón y Rajoy durante su romance en la lucha antiterrorista
Diego Herchhoren
El diario español Publico ha difundido una información de la periodista Patricia López que parece que no ha tenido el eco y la trascendencia debida: los vínculos del ex juez Baltasar Garzón con la oposición venezolana y su papel de interlocutor para favorecer un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros.
Este dato, cuya fuente proviene según la autora del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), es otro episodio más de una agenda política que, desde hace más de una década, vincula al juez estrella con lo más negro del paramilitarismo y los grupos de oposición en Venezuela promovidos por la política exterior de EEUU en el continente.
En el caso colombiano, Garzón es el protagonista del libro Nos matan y no es noticia, de los periodistas Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango que hace un duro examen de quien ahora aparece como apoderado de los capos venezolanos huidos a quien España da cobijo para operar contra Maduro.
En su prólogo, achacan a Garzón una «siniestra y exitosa normalización del paramilitarismo» que está representada en al menos tres actos concluyentes: cuando ha aconsejado al gobierno de Álvaro Uribe sobre la toma de medidas represivas, como la incomunicación -y en consecuencia, la tortura-, así como la flexibilidad con los miembros del paramilitarismo, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el Banco Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como demócrata, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y el ex presidente Felipe González,); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.
Garzón y la colaboración con el paramilitarismo en Colombia
En el año 2003 se da el pistoletazo de salida a una operación que el periodista Oriol Malló (víctima de torturas en una detención ordenada por Garzón previo a las Olimpiadas de Barcelona 92) describió en su libro El cártel español. En ella se hace un repaso a toda la historia del intervencionismo de las grandes multinacionales españolas a lo largo del Siglo XX latinoamericano, y se detiene en un episodio infame silenciado por los aduladores del ex juez.
Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González en 2005
Corría el inicio del s.XXI cuando Álvaro Uribe Vélez accedía a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con la guerrilla. Empresas españolas interesadas en las áreas estratégicas del país latinoamericano veían con preocupación la actividad revolucionaria de las FARC y el ELN, puesto que tenían intereses contrapuestos a estas organizaciones armadas y, para asegurar la inversión, necesitaban de un fuerte compromiso estatal en acabar con ellas sea como sea.
Al año siguiente, Garzón y el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza desembarcaban en Colombia para dar respaldo y asesoramiento a la iniciativa del uribismo «Proyecto de Estatuto Antiterrorista«, que establecía medidas de aislamiento de los detenidos relacionados con el conflicto colombiano y que fue muy criticado por Naciones Unidas y la OEA por atentar contra derechos civiles consagrados. No obstante, Garzón y Zaragoza insistieron en ese entonces ante los legisladores del uribismo que ese era «un proyecto de mínimos» ya que según ellos, la lucha antiterrorista debía ser «realista». La Ley de Justicia y Paz que tanto elogió Garzón fue calificada como una «ley de impunidad» del paramilitarismo, entre otros, por Michael Fruhling, vocero de Naciones Unidas sobre el conflicto.
Paramilitares: de sicarios a vigilantes de seguridad gracias a Garzón
¿Por qué de impunidad?, porque su aplicación a la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país, se basaba en que sus componentes, al reconocer sus delitos, pasarían a formar parte de las empresas de seguridad que protegerían los intereses españoles formados por Gas Natural, Banco Santander o el Canal de Isabel II entre otros. Es lo que los imperialistas de los derechos humanos llaman «justicia transicional», la misma que en España sirvió para consagrar la impunidad del franquismo y que se extiende hasta hoy.
El asesoramiento de Garzón y Zaragoza en esta ley de impunidad fue tan exitoso, que en 2005 el entonces rey Juan Carlos I otorgaría personalmente a Uribe la Orden de Isabel la Católica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios«. Garzón incluso llegó a criticar la extradición a EEUU de varios dirigentes del paramilitarismo por narcotráfico ya que, a su juicio, eran un «obstáculo a la paz».
Varias organizaciones firmaron en 2012 una carta abierta al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmando que «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia.»
«A volver, vamos a volver», era el grito de campaña de los simpatizantes de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri, contra pronóstico, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.
La afirmación que acabamos de hacer de «contra pronóstico», es relativa, porque la salida del gobierno kirchnerista se venía fraguando desde hacía tiempo, en un contexto en el cual altos funcionarios del Frente para la Victoria hicieron caso omiso de las múltiples alertas que se venían manifestando ya desde noviembre de 2011, tras el rotundo triunfo de Cristina Fernández en primera vuelta, con el 54% de los votos. Quienes se encargaban de analizar esas alertas, hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Macri, caracterizado por nombrar en su equipo a ex CEO’s de empresas multinacionales.
El contexto
El año 2010 fue un año de intensa movilización política en la Argentina. El año del bicentenario se desarrollaba en un incremento de la popularidad del gobierno kirchnerista por dos materias clave: el incremento del poder adquisitivo de las clases medias (contra la tendencia mundial de empobrecimiento por la crisis de 2008) y la consolidación de América Latina como bloque regional que disputaba la hegemonía de los EEUU en el subcontinente. Era el período en que Néstor Kirchner, presidente de la Nación de 2003 a 2007 pasaba a ser titular de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), que tenía como misión desplazar en la toma de decisiones a la tristemente célebre Organización de Estados Americanos (OEA), avalista de invasiones y golpes de Estado en la historia latinoamericana.
Cristina Kirchner incorporaba con diversas medidas sociales a millones de personas al consumo de productos y servicios hasta entonces vedados a las clases populares, y las costas argentinas se poblaban de negros y grasas, en terminología de la derecha. Entre tanto, se generaba una enorme expectación durante ese año por la aplicación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios que abría el principio del fin de la hegemonía mediática del Grupo Clarín, asociado a la Embajada de EEUU. Para colmo, la repentina muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, conmocionó al país, dando el definitivo espaldarazo a la victoria de Cristina a finales de 2011.
Los pasos que parecían darse apuntaban a cambios profundos en el lugar que iba a tener Argentina hacia fuera y hacia dentro del país. El pueblo argentino es tradicionalmente ajeno a los conflictos y bloques de poder que se disputan el globo. También suele ver desde la lejanía su ubicación en esos juegos, lo que suele conllevar que sean otros quienes decidan dicho lugar. Ha sido durante el gobierno kirchnerista que se empezó a hablar, un poco, de política internacional y de toma de decisiones, pero en general con bastante superficialidad.
El incidente del Globemaster de EEUU abre la escena
Un extraño incidente en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires puso sobre la mesa la bicefalía que existió en el gobierno argentino en el año 2011, donde se disputaban el espacio político dos almas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervenía a principios de febrero de ese año un avión de la Fuerza Aérea de EEUU que traía al país un «curso de capacitación» para la Policía Federal Argentina junto con armas y drogas no declaradas; estas últimas eran sedantes y sueros a aplicar en interrogatorios y bajo metodologías prohibidas en el país. El citado curso había sido convenido por el Ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak tiempo atrás, pero la creación en 2010 del Ministerio de Seguridad como cartera autónoma complicó las cosas.
Este ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.
El incidente diplomático del Globemaster se desató pocas semanas después de su toma de posesión, y la fuerza policial que intervino en aquel operativo de análisis del material incautado a los EEUU, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no era cualquiera. La PSA es una policía de nueva creación que vino a sustituir durante el gobierno de Néstor Kirchner a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dependiente de la Fuerza Aérea, y cuyo primer director, Marcelo Saín, se propuso dos premisas: «que ni la DEA [la agencia antidroga norteamericana] ni el FBI pongan un pie acá«. Lo que encontró la PSA en aquella maleta eran armas y drogas difícilmente compatibles con un esquema de seguridad democrática. La cosa era tan grave que los marines que custodiaban aquel bulto se pasaron seis horas sentados sobre ella para que los funcionarios argentinos no pudieran abrirla, hasta que tras diversas gestiones diplomáticas, se accedió a la maleta.
La reacción de Garré a este incidente (supervisado minuto a minuto por Cristina Kirchner) fue rescindir los convenios de colaboración de las cuatro fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional con las agencias de EEUU, principalmente el FBI y la DEA. Pero sin embargo, esta medida drástica no fue del todo cumplida, ya que las policías provinciales siguieron contaminadas por la influencia de las agencias policiales de EEUU, con quienes compartían información, seguimientos y de quienes adquirían material policial.
«Vamos por todo»
Con estos antecedentes y con los editoriales de los diarios resaltando esta frase que Cristina Kirchner realizaba en febrero de 2012 en el homenaje a los 200 años de la bandera nacional en la ciudad de Rosario, los medios del monopolio mediático alertaban de una «chavización» del gobierno argentino. Y los hechos parecían darles la razón.
El déficit de la balanza energética nacional, en aquel momento controlada en exclusiva por entidades privadas, motivó en abril de ese año el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intervenía la ex empresa estatal YPF, en manos de la española Repsol, y la posterior nacionalización del 51% de las acciones.
La escenografía de cómo se desarrollaron los acontecimientos fue electrizante. Por un lado, grupos de militantes y simpatizantes del kirchnerismo poblaron aquellos días tanto la Plaza de Mayo como la Plaza de los Dos Congresos, mientras que el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido acudía acompañado de su escolta de la Policía Federal y varios miembros de su equipo al lujoso edificio del barrio de Puerto Madero para echar personalmente a los ejecutivos españoles. Para colmo, el gobierno español de Mariano Rajoy levantaba la defensa de Repsol como una cuestión de Estado (a pesar no ser una empresa española) y abría una crisis diplomática sin precedentes.
Además, a diferentes episodios del enfrentamiento del gobierno nacional con los factores de poder tradicionales se sumaba la iniciativa presidencial de retomar el histórico reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Es decir, el país se polarizaba y se generaba un debate nacional sobre aspectos clave de la economía donde empezaron a discutirse, tímidamente, la distribución de la riqueza, el sistema de transportes, derechos civiles, el modelo productivo, etc.
Los camioneros entran al plató
El sindicato de camioneros, conducido por el histórico dirigente de la CGT Hugo Moyano, había sido hasta este momento un aliado imprescindible del kirchnerismo. Se trataba de un gremio que creció al costado del crecimiento económico general, ya que el aumento de la producción interna y la amplia demanda vino acompañada de enormes inversiones en transporte por carretera.
Moyano es uno de esos dirigentes sindicales que se mueve entre el obrerismo y la mafia. Lidera un conglomerado gremial con inversiones en el transporte por carretera, salud o el turismo que podía verse afectado por otro problema que acuciaba al comercio interior: los sobrecostes del transporte por camión.
El gremio de camioneros es una rama de la CGT que fue amamantada por los Estados Unidos a partir de la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En aquél entonces, el sistema de transporte argentino estaba basado en la política autárquica del peronismo y con un fuerte desarrollo del ferrocarril como transporte de cargas y pasajeros barato para un país de enormes dimensiones. En 1956, los EEUU se veían en el problema de dar salida a la industria militar de posguerra, viendo en la fabricación de coches y camiones una alternativa de reconversión de su maquinaria de guerra, necesitando crear mercados compradores de todos sus excedentes de producción.
Desalojado y perseguido el peronismo, Argentina adopta a partir de los años 60 un plan ideado por el general norteamericano Thomas Larkin para incorporar paulatinamente el camión y hacer desaparecer el ferrocarril. Por esta razón histórica, el gremio de camioneros ha estado vinculado, al igual que en Chile o Brasil, a las peores políticas y represiones en la historia argentina. El mismo Hugo Moyano fue en los 70 miembro de la Triple A en Bahía Blanca, participando de los operativos donde fueron asesinados y agredidos varios militantes de la izquierda peronista, según el testimonio del ex militante del PST Carlos Petroni.
Los trailers bloquean las refinerías de YPF
En junio de 2012, tras varias amenazas y tira y aflojas de la CGT con el gobierno argentino, Hugo Moyano hace un sorprendente anuncio desde los estudios del canal TN, vinculado al grupo Clarín. Convoca a un paro nacional al que se adherirían los principales gremios del transporte, además del sindicato de camioneros, en lucha por un difuso horizonte salarial que no se concreta pero que viene cargado de reproches políticos hacia el gobierno de Cristina Kirchner.
El 19 de junio de 2012, piquetes alineados con Moyano empiezan a bloquear las refinerías de YPF en lo que viene a ser el primer paro nacional contra la flamante empresa nacional. Es la reacción de un gremio estratégico a una decisión de amplia popularidad. El objetivo era crear un clima de desabastecimiento y generar pánico entre las clases medias porteñas y cordobesas, que demandaran un cambio de gobierno con recetas de mano dura.
Moyano contaba al principio con el apoyo de los sindicatos ferroviarios (UTA y La Fraternidad), que serían los que permitirían inclinar la balanza, pero la escasa popularidad del paro hizo que se bajaran de la huelga, fracturándose la CGT en dos escisiones.
Prefectura y Gendarmería Nacional se amotinan
Hasta el mes de octubre de 2012, las fuerzas de seguridad federales tenían un amplio control y capacidad de autoorganización en el manejo de fondos. De hecho, un jefe policial podía inclusive decidir sobre los sueldos de sus subordinados con bastante discrecionalidad. La cuestión es que el último día hábil del mes de septiembre, prefectos y gendarmes se encontraron que la liquidación de sus haberes contenía drásticas reducciones inexplicables, y con el paso de las horas la cosa empezaba a calentarse.
El diario La Nación, el histórico medio de la oligarquía nacional, publicaba una catarata de noticias que advertía de la extensión de un amotinamiento de personal de las fuerzas de seguridad al interior del país, y al Ministerio de Seguridad llegaban faxes de destacamentos de todo el interior que se sumaban al amotinamiento. Para colmo (y sin que les afectara esta reducción salarial), la Policía Bonaerense, que no dependía del Estado sino del gobierno provincial, iba a realizar protestas parecidas «en solidaridad con los compañeros».
La dirigente trotskysta Vilma Ripoll, que se acercó al Edificio Guardacostas (situado a 500 metros de la Casa Rosada, sede de la Presidencia) a solidarizarse con los «compañeros prefectos» fue agredida y expulsada de la toma al grito de «zurda de mierda».
Y puntualicemos algo. La Gendarmería Nacional estaba dirigida en ese momento por el que fuera oficial de enlace en los 90 del dispositivo Gendarmería-DEA para la lucha antidroga, Hector Schenone, amigo de la embajada de EEUU y uno de los asistentes a los «cursos» que la agencia norteamericana hacía a las policías latinoamericanas en aquella infame década.
Una liquidación salarial indebida en un cuerpo de estas características era evidente que iba a sublevar a la tropa. Se hizo una liquidación errónea de los sueldos con el único fin de promover un amotinamiento que impusiera condiciones políticas al gobierno de Cristina Kirchner y que desplazara a la «vieja montonera» Nilda Garré. Y lo consiguieron.
Si bien Nilda Garré siguió siendo titular durante un tiempo más del Ministerio de Seguridad, la toma de decisiones se desplazó a un político de un perfil muy distinto, el médico militar Sergio Berni, quien desde marzo ya había sido nombrado Secretario de Seguridad. Berni fue un ex militar que participó y simpatizó con el movimiento militar carapintada, que en los años 80 había protagonizado varias sublevaciones en protesta contra los juicios por los crímenes que el propio Ejército había protagonizado durante la última dictadura. Lo vendieron como un «político duro y pragmático», pero lo cierto es que tras su pose fascistoide se encubría un rediseño de la política de seguridad que restablecía la autonomía que las fuerzas policiales habían perdido con la gestión de Garré, algo que los EEUU venían demandando insistentemente.
Era la victoria más importante de la Estación de la CIA en Buenos Aires.
La agitación callejera
Curiosamente, días antes de esta asonada policial, el fiscal federal Luís Horacio Comparatore abría una investigación preliminar donde advertía que se estaban produciendo tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaersense una serie de episodios que podrían deberse a un «plan de desestabilización». Comparatore cruzó varios datos de caos organizado en hospitales públicos y de delincuencia callejera que se habrían producido con connivencia policial.
«Nuestra modesta experiencia es que siempre cuando se empiezan a movilizar las aguas, es porque hay un viento que sopla de algún lado. Es mucha casualidad que de golpe estando la Presidenta en el exterior, (aparezcan) los cacerolazos…«, afirmó entonces el fiscal a varios medios de comunicación. Incluso varios dirigentes políticos del kirchnerismo fueron escrachados en sus domicilios por grupos de la derecha.
Parecía un guión preestablecido, que culminaría con una gigantesca movilización el 8 de noviembre de 2012, que todas las radios y medios de comunicación del Grupo Clarín se encargaron de agitar. Al año siguiente, los organizadores de aquellas protestas reconocieron que recibían financiación de la American Task Force Argentina, el lobby de fondos buitre de EEUU en el país, perjudicados por la política económica proteccionista de Cristina Kirchner.
Epílogo
El año concluía con imágenes que siempre han tenido un impacto emocional en la sociedad argentina: los saqueos de supermercados. San Fernando, Zárate y Bariloche eran epicentros de una violencia inusitada que tuvo un saldo de 11 muertos, entre ellos un policía, por disparos tanto de fuerzas de seguridad como seguridad privada.
En un país donde el consumo se encontraba en niveles récord, asociar los saqueos a la pobreza parecía un despropósito, independientemente de la simpatía o antipatía que el lector pueda tener con el kirchnerismo.
El año 2012 fue un año de imposición de condicionantes que forjaron el futuro del gobierno argentino, y sus dirigentes no quisieron darse cuenta.
Una nota para concluir: El Brigadier Mayor (R) del Ejército de los Estados Unidos Richard
Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional,
Guerra No Convencional y Operaciones de Información, fue uno de los asesores contratados por el ministro de defensa Arturo Puricelli en octubre de 2012 para entrenar a tres docenas de funcionarios civiles de su cartera que versaba sobre la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo prohibido en Argentina precisamente por la experiencia de la dictadura militar y por la UNASUR, pero claro, el empleado norteamericano fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado.
Durante el año 2012, la agregaduría de defensa de la Embajada norteamercana en Buenos Aires era dirigida por el coronel Patrick D.
Hall, quien estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo
Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de
su país y que condujo al posterior golpe dirigido por Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.
En Argentina no hizo falta llegar a tanto. Fueron los extraños compañeros de cama que hay en el peronismo los que contribuyeron a que los años venideros impusieran un giro a la derecha del kirchnerismo que terminó como tenía que terminar.
La dećada del 90 del siglo pasado ha sido un período de permanente estado de inestabilidad de la población mundial, que ha sido atacada de manera simultánea a través de desregulaciones y avance del capitalismo transnacional.
Quien hasta ese momento se sentía blindado social o laboralmente, dejó de estarlo, y la inestabilidad de los más débiles alcanzó a casi todo el planeta. Es lo que los comunistas llamamos, lisa y llanamente, imperialismo.
De manera paralela al colapso de la Unión Soviética, se vino a difundir desde muchas tribunas conceptos ideológicos alternativos a esta definición, con la idea de responsabilizar también al comunismo de los problemas de la humanidad y, veladamente, desdibujar las responsabilidades del sistema capitalista en los problemas más graves de la población mundial. Las crisis económicas y medioambientales serán, a partir de ahora, una responsabilidad «de todos» y no de quienes ocupan la tajada más grande del proceso económico mundial. O de otra manera: usted y yo tendríamos las mismas responsabilidades que Enron, Techint, Microsoft o Monsanto.
La superficialidad de esta tesis parte del hecho de olvidar que de esta crisis mundial yace el desmontaje del propio sistema capitalista tal y como lo conocemos. Quienes vivieron en la antigua Unión Soviética y en los países del Bloque Socialista recordarán cómo sus dirigentes y los dirigentes del bloque occidental se coaligaron para desmontar aquel régimen anticapitalista. Este hecho ha sido determinante para entender la lógica económica actual, donde cualquier límite al capitalismo propio de los sistemas socialdemócratas ha sido desterrado, y los que sobreviven están en proceso de extinción. Se acabó la protección laboral y se acabó la seguridad jurídica para las clases subalternas, desmontándose así cualquier idea de estabilidad en el marco del capitalismo.
Los Estados nación tal y como los hemos conocido han sido paulatinamente sustituidos por estructuras supranacionales bastante habituales en el marco del capitalismo. Y es precisamente estas estructuras las que van orientando la economía de sus miembros.
El problema radica en la contradicción que existe cuando un burgués alemán o británico tiene intereses en el territorio de otro estado miembro, intereses que vulnerarían la legislación de su país de origen. Pues bien, para eso está el decrecimiento y, consecuentemente, las teorías que han dado a luz a los recientes tratados de libre comercio que afectan sobre todo a las economías de los países más débiles. Lo que en el siglo XVII o XVIII hacía de manera clandestina la masonería (trasladar a las colonias las tesis e intereses de las metrópolis), hoy lo hacen el NATFA, el TTP, el TTIP o el EFTA.
Una teoría elaborada en un laboratorio de los EEUU
El período de posguerra de la II Guerra Mundial supuso un incremento enorme del nivel de vida de los pueblos de Europa, y podemos decir que es el momento de creación de la llamada «clase media«. Es un período de gran capacidad de acceso de la clase trabajadora a seguros sociales, trabajo estable o educación superior, siendo esto un elemento que conllevaría a incrementar la capacidad de la clase trabajadora de disputar las rentas del desarrollo. Era lo que el sociólogo norteamericano Samuel Huntinghton definía en su informe «La crisis de la democracia«[ENG] como el peligro que suponía la creciente preocupación y participación de los trabajadores en las «cuestiones sociales, como el uso de las drogas, las libertades
civiles y el papel de la mujer; cuestiones raciales, como integración,
movilidad, ayudas gubernamentales a grupos minoritarios, y disturbios
urbanos; cuestiones militares, que implican principalmente, por
supuesto, la guerra en Vietnam, pero también proyectos, gasto militar,
programas de ayuda militar y el papel del complejo militar-industrial en
general».
Pero esto no solo ocurría dentro de las fronteras de los países capitalistas, sino también en el concierto económico mundial.
En 1968 se crea el Club de Roma a propuesta de Aurelio Peccei, gerente de FIAT, un círculo político-científico que abordará la preocupación de los países capitalistas por este problema, y que tenía según ellos su origen en dos factores: el papel del ser humano en la degradación del planeta (y no del sistema capitalista, lógicamente), y el incremento demográfico de los dos bloques que no respondían a los requerimientos de subdesarrollo que se hacían desde Occidente: China y la URSS. La conclusión a la que llegaba el Club de Roma, que había encargado un informe al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), era que había que parar la máquina del desarrollo de las clases subalternas, privarlas de su acceso al conocimiento y frenar los desarrollos industriales avanzados de los países del Tercer Mundo, reduciéndolos a simples productores de materia prima y a la vez mercados compradores de deuda y manufacturas del primer mundo. El título del informe es revelador, y es lo que determinados teóricos «de izquierda» en la actualidad han copiado sin ton ni son: Los límites del crecimiento.
A partir de entonces se crearía el sustrato ideológico-científico para poder orientar la acción de la humanidad. Es decir, no se trataba de reducir la «huella ecológica» del desarrollo, sino de eliminar a la clase trabajadora y a los países socialistas como posibles factores de competencia. En síntesis, lo que se presentó como un grito de alerta ante la destrucción del planeta no era más que un ejemplo más de lo que Federico Engels expresaba en el Manifiesto Comunista que «Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es una historia de lucha de clases.«.
Y aquí es importante poner esto con un ejemplo práctico y gráfico: ¿se imaginan que países como Irán, tercer desarrollador mundial de nanotecnología, pudiera operar libremente en competencia con EEUU y la UE?. Para estos casos es necesario impedir que países como Irán, Brasil, Argentina, Egipto o Bolivia no puedan acceder a la tecnología y al desarrollo complejo. El sistema internacional de venta de cuotas de contaminación, por el cuál los países ricos adquieren las cuotas contaminantes de los países pobres, es un ejemplo dramático de esto.
El capitalismo contamina, degrada las condiciones de vida de todo el planeta, pero el decrecimiento va de otra cosa.
El origen de clase de la degradación del planeta
En el año 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, bajo la dirección de Henry Kissinger publica el Memorandum de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar. Es un documento que no tiene desperdicio ya que reproduce las tesis ecologistas actuales, solo que sustituye «humanidad» o «planeta» por «Estados Unidos» u «Occidente». Y para ello recomienda establecer un programa de reformas en los países de influencia de EEUU donde se promueva el retroceso de determinadas áreas de desarrollo, afectando a la capacidad de consumo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora y con el fin último de reducir la población mundial, atendiendo a que existía un «límite ecológico» donde el planeta sería insostenible.
Curiosamente Julian Huxley, conocido eugenista y fundador de la UNESCO fue expulsado de este organismo por llegar a plantear, tímidamente, cosas parecidas en el mundo de posguerra.
Pero hay una parte de todo este proceso de demolición controlada de cualquier factor de desarrollo (pensemos que proyectos estratégicos de los países en desarrollo como el Canal de Suez de Egipto, el Gran Río Artificial de Libia-que fue objetivo militar de la OTAN y de los llamados «rebeldes»- o el Centro Atómico de Bariloche de Argentina serían de imposible materialización bajo este criterio) necesita de un sustrato ideológico entre los que se encuentra el concepto de «decrecimiento», que no es más que una reelaboración del proyecto del MIT que propone de manera «neutral» recomendaciones a colonias y metrópolis a la vez, obviando por supuesto que las colonias son siempre fieles cumplidoras de los criterios emanados del norte y que es cuando no obedecen cuando se convierten en «países contaminantes«.
El idealismo con el que gran parte de la izquierda ha asumido la tesis del decrecimiento, olvidando el siniestro origen del concepto y sus autores, sin atender a conceptos como soberanía energética, liberación nacional o desarrollo para todos es un ejemplo perfecto de lo vago del término. A juicio de los comunistas, es importante que pensemos no en «decrecer», sino en preguntarnos para qué crecemos y para quién, ya que podemos crecer creando una sociedad miserable y desigual (Tailandia, EEUU o Malasia, como ejemplos extremos) o podemos crecer resolviendo desde problemas ambientales o eliminando la injusta distribución de la renta bajo el capitalismo.
Es evidente que el actual modelo de desarrollo es perjudicial para la humanidad, pero la falta de abordaje del origen de clase de este problema nos hace pensar que esta tesis es una simple cortina de humo, ya que mientras se proponen soluciones de decrecimiento para la parte más débil de la humanidad, la más fuerte sigue campando a sus anchas.
La sección española del organismo publicó en el 2008 un informe titulado «Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas: España en la guerra contra el terror», donde se detallaba el caso de varios ciudadanos españoles y británicos secuestrados por EEUU en la base naval de Guantánamo
y donde la propia policía española que acudió a entrevistarse con ellos
le detalló al ex magistrado español las condiciones de reclusión. Amnesty
lo denunció como un hecho flagrante de encubrimiento de hechos de
tortura frente a quienes no se había podido demostrar su culpabilidad
por medios lícitos. Wikileaks publicó documentos donde detallaba la cabal información que Baltasar Garzón procuraba a la delegación diplomática norteamericana en Madrid, según explica el cable 07MADRID2282.
La foto que ilustra este artículo está extraída de la Cátedra «Rey Juan Carlos» de la Universidad de Nueva York, donde Garzón hacía sus famosos «cursos» financiados por el Banco Santander y CEPSA. En ella Garzón organizaba una cátedra sobre Derechos Humanos y Seguridad Nacional donde participaban Felipe González, creador de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Henry Kissinger, valedor del Plan Cóndor en América Latina o el criminal Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia, responsable de miles de asesinatos en el conflicto Colombiano a través de las agrupaciones paramilitares. Estos datos no eran ajenos a la denuncia que hacía en ese momento Amnistía Internacional.
El organismo de derechos humanos realizó este informe en el año 2008(1) tras destaparse los primeros indicios de los llamados «Vuelos de la CIA»,
un operativo liderado por la Administración de EEUU para secuestrar
ilegalmente y en cualquier lugar del mundo a ciudadanos «sospechados» de
delitos de terrorismo, operativo del que habrían participado varios
gobiernos europeos que liberaron su espacio aéreo para el acceso y
trabajo de estos grupos de tareas del Ejército de EEUU. Entre ellos se encontraba el gobierno español, según publicó en su momento la organización Wikileaks más adelante, en 2010(2).
A partir de las informaciones provistas por el Gobierno de EEUU al
Gobierno español, el ex juez Baltasar Garzón formuló imputación en el
año 2003 de pertenencia a Al Qaeda a cuatro ciudadanos de origen árabe que se encontraban secuestrados en la base naval de Guantánamo (Cuba). Sus nombres eran Hamed Abderramán Ahmed Hmido, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif Al Banna, Abu Anas, y Omar Deghayes.(3)
Según detalla Amnesty, varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
español acudieron a Guantánamo a interrogar a los imputados por Garzón.
Dichos interrogatorios estuvieron llevados a cabo por personal de la Unidad Central de Información Exterior,
pero lo más llamativo es que fueron los propios policías españoles
quienes explicaron a Garzón las condiciones de reclusión y los
mecanismos de tortura empleados. Si Garzón hubiera tenido en cuenta
estos elementos, su imputación hubiera sido archivada, a tenor de la
expresa nulidad que tienen en el proceso penal español las declaraciones
obtenidas bajo tortura o en condiciones de detención ilegal,
sobradamente acreditadas en el caso de Guantánamo, incluso por la propia
policía actuante y en un ámbito fuera de lo común.
Según la policía española, los secuestrados se encontraban «sin ningún tipo de derechos«.
Los agentes vieron el reducido tamaño de las celdas; todas ellas
separadas por rejas y una especie de malla metálica. Pudieron, además,
comprobar que las camas estaban suspendidas en el aire y que los
detenidos podían salir a un patio interior cada tres días durante un
cuarto de hora. Según el testimonio del policía ante el juez, los
interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones
que, según insinuó el policía al juez, eran propicios para la tortura u
otros malos tratos: «“…están habilitados una especie de vagones
también donde se llevan a estos hombres a los que se quiere interrogar, y
bueno, el sitio sí es propicio para…”…«, según declaró el agente con LP 14620 que declaró el 23 de septiembre de 2003 ante Garzón.
“Aún tengo miedo de la luz artificial y no duermo bien, uno no se
recupera de esos trastornos fácilmente. Nunca volveremos a ser los
mismos. Algunas personas que no han estado allí imaginan celdas oscuras y
agujeros, pero aquello era un infierno muy luminoso”, declaró Omar Deghayes en una entrevista realizada con el periodista vasco Daniel Burgui(4).
A pesar de estos hechos, el ex magistrado continuó la imputación contra
estos cuatro ciudadanos, uno de ellos español, a sabiendas de la
ilegalidad de las pruebas obtenidas. Esto supuso la reclusión de un
total de seis años para los imputados, tres en Guantánamo, y tres en
España en libertad vigilada en el caso del español, y seis en el caso de
los británicos, cuyas condenas fueron declaradas radicalmente nulas por
el Tribunal Supremo ibérico.
Sin embargo, Baltasar Garzón prosiguió con su implacable persecución(5). Un día antes de reunirse con el Embajador de EEUU en Madrid, Eduardo Aguirre, el 20 de diciembre de 2007 dictó una Euroorden
de detención contra los tres británicos que mantuvo recluídos en
Guantánamo y que EEUU había decidido extraditarlos a Reino Unido por
razones humanitarias. Al día siguiente, Garzón departía junto al
Embajador Aguirre sobre estas y todas las cuestiones de interés para la
política exterior de EEUU que estaban radicadas en la Audiencia Nacional
española, aportando ideas para la mejora de las relaciones bilaterales e
incluso proponiendo la creación de la figura de un «agregado judicial»
para la Embajada de España en Washington, según publica el cable
filtrado por Wikileaks(6).
Investigación de Garzón sobre Guantánamo en 2010: ¿Y Wikileaks?
Baltasar Garzón se declaró competente en enero de ese año para
investigar las torturas y malos tratos contra personas detenidas en la
base naval de Guantánamo, torturas que como evidencia Amnesty, conocía
desde hacía algunos años antes. El cable de la Embajada de EEUU en
Madrid 09MADRID440 filtrado por Wikileaks describe la preocupación de la
diplomacia norteamericana por este movimiento judicial de Garzón. No
obstante hay que aclarar en determinados casos que los análisis de la
política española que hacen los diplomáticos norteamericanos es muy
alejada de la realidad; en el cable 04MADRID613 llega a calificar una
posible coalición de gobierno del PSOE junto a Izquierda Unida como «coalición de extrema izquierda».
Sin embargo, el todavía fiscal jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza
tranquilizó a los diplomáticos de EEUU, dando por sentado que tras el
boom mediático de Garzón por abrir semejante procedimiento, lo dejaría
morir, y así fue(7). Nada se ha vuelto a hablar de la famosa
investigación de Garzón sobre Guantánamo. Si un usuario de Google teclea
las palabras «Garzón» y «Guantánamo» seguidas, aparecerán numerosas
referencias informativas a la decisión del ex magistrado de llevar
adelante una presunta «investigación», pero para tranquilidad de EEUU,
todo quedó en palabras y la información que manejaba Zaragoza (fiscal
que durante muchos años trabajó junto a Garzón en la lucha
antiterrorista) era cierta.
Las fuentes de referencia sobre estos hechos parten de dos orígenes: el
propio documento de la sección española de Amnesty, pero también de
Wikileaks, organización que ha contratado al propio Garzón como abogado
de su redactor jefe Julian Assange. Llama la atención que la
organización liderada por el australiano recabe los servicios de quien
hasta hace poco tiempo acudía a la Embajada de EEUU en Madrid a
proporcionar información y dar recomendaciones sobre cómo proceder en
hechos que han sido calificados por numerosos organismos internacionales
como crímenes contra la humanidad.
Con semejantes antecedentes de este abogado defensor, frente a un poder
como el de EEUU que ha sopesado incluso el asesinato selectivo del
australiano, la defensa y la vida de Julian Assange corren serio
peligro.
Omar Deghayes, secuestrado en Guantánamo, opinaba sobre Garzón: “Primero
nos dice que somos terroristas, que somos mala gente y de pronto un día
cambia de parecer y nos pide autorización para encausar a Dick Cheney y
George Bush. Me lo pidió a mí y otros como Jamil Abdul, los dos que
supuestamente debíamos ser juzgados en España por él. Toda una locura”.
Un mensaje de WhatsApp enviado el 4 de noviembre por el suboficial segundo Roberto Daniel Medina a su hermana decía: “El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”. De acuerdo a la información hecha pública por la Armada Argentina, el mensaje había sido enviado desde las proximidades de la capital de Tierra del Fuego, el territorio más meridional de Argentina, tras un breve paso del submarino por el archipiélago de Malvinas.
El ARA San Juan es uno de esos casos de extraña autonomía que las Fuerzas Armadas argentinas han mantenido a pesar del proceso de “desmalvinización”, sobre todo, en materia nuclear. Su encargo fue ordenado en 1974 por el gobierno de Isabel Perón, respondiendo así a las demandas de un sector del Ejército que, si bien coincidía con los EEUU en su visceral anticomunismo, veía con recelo el intervencionismo o la sumisión que esto podía tener de cara al futuro. Su nuclearización fue un proyecto desarrollado en la década de 1980, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero abortado por problemas presupuestarios, y reanudado en 2010 bajo el mandato de Cristina Kirchner.
Un desarrollo a espaldas de Estados Unidos
Al igual que ocurriera en el año 2000 con el submarino nuclear ruso Kursk, del que años después se supo gracias a las revelaciones del ex oficial del ejército ruso Dimitri Khalezov que portaba cabezas nucleares y que fue abatido, la nuclearización de un submarino argentino ha sido un evidente riesgo militar para las fuerzas armadas británicas en el archipiélago de Malvinas, que en 2010 sumaban esta amenaza a otro proyecto militar similar anunciado en 2009 por Brasil.
Si bien sendos anuncios se hacían “bajo respeto” del Tratado de No Proliferación Nuclear, es lógico que esta forma de propulsión puede tener utilidades más que obvias en la industria armamentística. Esta hipótesis de conflicto ya fue planteada en 2014 cuando la propia Cristina Kirchner declaró que Malvinas es “la base nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur”, en referencia a las cabezas nucleares instaladas por la Royal Air Force en la Base de Monte Agradable, ubicada en Puerto Argentino (“Port Stanley”, según la denominación británica).
Y es que esta opción argentina por la nuclearización de su armada rompía con uno de los compromisos históricos asumidos en la década de 1990 por el entonces presidente Carlos Ménem. Uno de los incidentes diplomáticos protagonizados por Argentina en esta materia ocurrió precisamente en 2006.
Uno de los científicos más prestigiosos del país, Conrado Varotto, director desde 1994 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), puso especial empeño en la construcción de un cohete. De acuerdo a su criterio, con un cohete nacional, la Argentina podría poner en órbita sus propios satélites sin tener que alquilar cohetes extranjeros lanzados desde plataformas en el exterior. Esto es, sin depender de las prioridades, disponibilidades y precios de terceros países. Según el periodista Santiago O’Donnell, autor del libro “Politileaks”, sólo ocho países en el mundo podían hacer eso, y Varotto quería que la Argentina ingresara en ese “club selecto”.
No es baladí recordar que la tecnología que usa un cohete para transportar un satélite es prácticamente la misma que utiliza para llevar una bomba. En términos prácticos, un cohete satelital es casi lo mismo que un misil. Y la Argentina les había prometido a los Estados Unidos que no iba a construir más tecnología para misiles. Por lo tanto, había prometido que no iba a desarrollar cohetes.
La promesa argentina de no hacer cohetes “por un tiempo razonable” data de principios de la década de 1990, época de las llamadas “relaciones carnales” del gobierno de Carlos Menem con los EEUU, poco antes de que Varotto se hiciera cargo de la CONAE. En ese momento, la Argentina venía de desmantelar el proyecto Cóndor, una colaboración con Irak y Egipto iniciada después de la guerra de las Malvinas para desarrollar un misil de largo alcance. A cambio del desmantelamiento, la Argentina había sido premiada con el título de “aliado extra OTAN”. Sin embargo y a pesar de las dificultades internas y externas, desde el año 2009, militares argentinos trabajan abiertamente en la fabricación de un misil de largo alcance, algo que ha despertado enormes recelos tanto en EEUU como en Gran Bretaña. Uno de los cables de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires así lo reflejaba:
“En la década de 1980, principios de 1990, la Argentina participó activamente en el desarrollo del programa de misiles balísticos Cóndor, que claramente tenía la intención de producir misiles militares MTCR Categoría I, incluso para exportar a Egipto e Irak. (Nota: Un sistema de misiles MTCR Categoría I es el que puede transportar una carga útil de por lo menos 500 kg a un alcance al menos de 300 kilómetros. Fin de la nota.) El programa Cóndor generaba una grave preocupación de proliferación de misiles y un factor irritante importante en nuestra relación bilateral. Esa situación se vio agravada por los intentos de la Argentina de camuflar —y por lo tanto mantener— el programa Cóndor llamándolo un SLV (cohete espacial). El programa de SLV y los misiles balísticos son casi idénticos en diseño, fabricación y funcionamiento. Sus tecnologías son esencialmente intercambiables, y prácticamente no hay tecnologías que apoyan el desarrollo SLV que no faciliten también el desarrollo de misiles balísticos. Cualquier cohete capaz de poner en órbita un satélite también es, por definición, un MTCR Categoría I. También es intrínsecamente capaz de transportar armas de destrucción masiva (WMD) contra objetivos en tierra, y muchos países han cargado con armamento los mismos cohetes que usaron para lanzar satélites.
Y los avances en el desarrollo militar de alta tecnología han sido una evidente fuente de preocupación, hasta el punto de ordenarse meses atrás de la desaparición de ARA San Juan la compra de un escudo antimisiles para el archipiélago. Y evidentemente, la hipótesis de conflicto asumida por el gobierno británico para tomar esta decisión es que su ejército debe defenderse con esta herramienta de misiles de corto y medio alcance como los que está desarrollando de manera sigilosa los centros de transferencia de tecnología militar de Argentina.
Un extraño ejercicio y un premonitorio pedido de Macri al Congreso
Según el portal web “El Destape”, Mauricio Macri y su ministro de Defensa pidieron permiso al Senado –hace tan sólo tres meses– para realizar un simulacro con un submarino tipo ARA San Juan “posado en el fondo del mar” e “imposibilitado de salir a la superficie”. Este pedido fue rechazado por la Cámara de Diputados.
El expediente con la solicitud, que lleva las firmas del Presidente y Oscar Aguad, ingresó al Senado el 25 de julio pasado. Pero incluso más atrás, el ARA San Juan había participado en 2016 de un ejercicio de guerra antisubmarina donde el mismo iba a ser el objetivo de un ataque de adiestramiento de unidades aeronavales.
Con todo ello, el más inquietante de todos estos operativos en los que se involucraba el ARA San Juan es el llamado Operativo Cormorán, un ejercicio multimodal en el que participaban tropas de EEUU, Inglaterra y Argentina que también fue rechazado por la Cámara de Diputados, que tiene mayoría opositora, ya que los términos del citado operativo eran en la práctica un simulacro de invasión de fuerzas extranjeras.
En cualquier caso, no es la primera vez en la historia que los simulacros de catástrofes son la mejor de las coberturas para una catástrofe de verdad, que en este caso ha supuesto la desaparición de 44 personas sin que haya quedado un solo trozo de chapa, ropa o aceite que pueda rescatarse.
La foto que ponemos a la derecha es supuestamente la de Younes Abbouyaaqoub, a quien los Mossos D’Esquadra han designado como autor del atentado de Barcelona. La información oficial es que fue “abatido” por una patrulla rural de la policía catalana. Sin embargo, la foto difundida es la de alguien que ha sido previamente golpeado antes de ser ejecutado. La fotografía de Younes presenta rasgos de torturas previas a su muerte, algo que de no haberse difundido esta imagen no hubiéramos podido saber de ninguna manera.
La versión oficial del atentado difundida por la Consejería de Interior del gobierno autónomo catalán es que el mismo se produjo el día 17 de agosto, cuando una furgoneta arrollaba a transeúntes que caminaban por las Ramblas de Barcelona. Sin embargo, un día antes había pasado inadvertida una explosión en el municipio de Alcanar donde fallecieron dos personas y fueron heridas seis.
Según el teletipo difundido por la agencia EFE y que todavía hoy se puede consultar en la web de Rtve, entre los heridos hay personas de varias nacionalidades: cuatro franceses, uno italiano, otro español y los dos fallecidos, de origen marroquí.
Información difundida por la Agencia Efe
Sin embargo, una explosión de esa magnitud fue rápidamente atribuida a un escape de gas y probablemente el lector no encuentre referencia alguna a la pista que hace referencia a las nacionalidades de los heridos. Menos aún encontraremos explicación alguna, publicada por el diario El País dos días después del atentado, de los motivos por los cuales los Mossos D’Esquadra no avisaron del hecho ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, y menos aún al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
“Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que los Mossos no informaron ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil de lo ocurrido, un día antes del doble ataque perpetrado en la Ciudad Condal,
en Alcanar, donde supuestamente empezó todo”.
Todo esto a pesar de que los testimonios de los vecinos habían advertido hacía tiempo que la vivienda estaba ocupada irregularmente por un gran número de árabes. Explosión, decenas de bombonas, vivienda ocupada y ciudadanos árabes. Si cualquier vendedor de hachís de cualquier parte de España es inmediatamente advertido por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, ¿por qué esto no?.
Sin embargo, fue ya a toro pasado cuando los Mossos D’Esquadra advierten que encontraron en la vivienda la conocida como «la Madre de Satán» (triperóxido de triacetona (TATP), más de 24 horas después de la explosión y después de que se provocara inclusive una segunda deflagración en el chalet. Hasta las 17:00 horas del mismo día 17 de agosto, los Mossos D’Esquadra seguían diciendo que era una acumulación de gas, según informó Efe.
Según un comunicado difundido por el Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles (CDPyGC), “dicha explosión, por las características de los escombros (derrumbados sobre sí mismos y sin cascotes a mucha distancia) no podía considerarse por ningún experto TEDAX como una explosión de gas. La identidad del herido rescatado, que estuvo sin seguridad en un hospital, y la aparición de hojas del Corán desperdigadas entre los escombros, debió alertar en la primera inspección ocular, que se retrasó sin ninguna razón conocida hasta la mañana del día 18”.
Inclusive, el Ministerio del Interior español, a través del Cuerpo Nacional de Policía, envió una carta el pasado diciembre a todos los ayuntamientos “para ordenar que tomen medidas concretas para prevenir un posible atentado yihadista», como poner bolardos o maceteros para proteger aglomeraciones como las de Las Ramblas pero, según El Periódico de Catalunya, “los Mossos se desmarcan del Ministerio y no quieren barreras en todas las aglomeraciones”.
Tras el atentado, la policía autonómica coordina una “operación jaula” para evitar la huida del autor y posibles cómplices del arrollamiento. En ella, una agente de los Mossos resulta atropellada por un coche, y ante esto su compañero de patrulla abre fuego contra el vehículo que aparece abandonado en la localidad de Sant Just.
En él se publicaba la enorme concentración en la capital catalana de agentes de servicios de inteligencia extranjeros precisamente interesados en el incremento de la actividad de grupos takfiríes.
Según la Guardia Civil, el imán marroquí Abdelbaqui Es Satti,
aparentemente fallecido en el chalet de Alcanar, tenía relación con
varios de los implicados en los atentados contra las torres gemelas y
aparentemente no tenía vigilancia ni seguimiento alguno.
Informaciones contradictorias, que sumadas una a una indican que la versión oficial no es real, y que hay actores interesados en que los derroteros del Daesh en España sigan siendo un sangriento circo.
Desde que comenzó la guerra en Siria, miles de camiones de Estados Unidos y con ayuda occidental han estado fluyendo en territorio controlado por los yihadistas. La colaboración humanitaria se ha convertido en un importante mecanismo de financiación y soporte occidental al ISIS, financiación que no solo permite a esta organización mantener a sus mercenarios, sino que también facilita el trabajo de retaguardia.
La ayuda de estas entidades, principalmente alimentos y equipos médicos, se supone que es para los sirios desplazados de sus lugares de origen, y para los civiles hambrientos. Es ayuda financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), los donantes europeos, y las Naciones Unidas.
Según un reportaje realizado en 2015 por el magazine británico Daily Beast, los convoyes de ayuda tienen que pagar para entrar en los feudos de Raqqa y Deir ez-Zor, proporcionando una nueva fuente de ingresos para los militantes ISIS, dinero que se suma a los ingresos obtenidos con el contrabando de petróleo, la extorsión y la venta de lo que pueden saquear, incluyendo antigüedades babilónicas que son adquiridas por altos ejecutivos de Europa y EEUU.
El Estado Islámico gobierna gracias a la ayuda humanitaria
“Los convoyes que ingresan a las zonas controladas por el ISIS tienen que ser aprobados previamente y los accesos hay que pagarlos: estos sobornos se disfrazan en la contabilidad y se suman a los costes de transprote” dijo un coordinador de la ayuda que habló con The Daily Beast con la condición de no ser identificado. Las comisiones son pagadas por las organizaciones no gubernamentales extranjeras o locales encargadas de la distribución de la ayuda, o por las empresas de transporte de Turquía o Siria contratadas para entregarlo.
Esta ayuda facilita al ISIS no tener que desviar el dinero de su presupuesto de guerra para ayudar a alimentar a la población local o a las personas desplazadas, lo que le permite concentrar sus recursos exclusivamente en los combatientes , en propaganda y en la guerra.
Una de las diferencias notables entre el ISIS y otros grupos terroristas conocidos en el pasado es su deseo de retratar el territorio que ha conquistado como un lugar bien organizado y que funciona sin problemas, es decir, su idea parece ser la de fundar un Estado propiamente dicho. “Los soldados de Alá no liberan un pueblo o ciudad, sólo para abandonar a sus residentes e ignorar sus necesidades”, declara uno de los número de Dabiq, la revista del ISIS, que no sufre ninguna censura en España o en los propios EEUU, país donde se alojan los servidores que la almacenan y que proveen su dominio web, registrado por la también norteamericana GoDaddy.
Una de las publicaciones muestra imágenes de soldados kurdos sacrificados y una fotografía de la cabeza cortada del periodista estadounidense Steven Sotloff sobre la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, otras páginas del magazine muestran al ISIS ejecutando obras de restauración de la electricidad en Raqqa, la construcción de un hogar de ancianos, un centro de tratamiento contra el cáncer en la provincia de Nínive, y la limpieza de calles en otras ciudades.
“Me alarma el hecho de que estamos proporcionando apoyo a la gobernabilidad ISIS”, dice Jonathan Schanzer, un experto en Medio Oriente de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington. “Estamos indemnizando a los militantes del ISIS por la satisfacción de las exigencias básicas de la población local”.
Las ONG financiaron a Al Qaeda en Somalia
En diciembre de 2014, el Overseas Development Institute, un grupo de trabajo británico centrado en cuestiones humanitarias, informó que las agencias de ayuda en Somalia habían estado pagando a militantes de la rama de Al Qaeda para acceder a las áreas bajo su control durante la hambruna de 2011.
Al Shabab, la filial local de la red exigió a los organismos un “derecho de inscripción” como agencia de ayuda de hasta 10.000 dólares. Y en muchos casos al-Shabab se encargó de la distribución de la ayuda. Este grupo de expertos detectó también el desvío de la ayuda alimentaria de al-Shabab en la ciudad de Baidoa, que la utilizó para la manutención de sus combatientes. Al-Qaeda ha llegado a crear una “Oficina de Coordinación Humanitaria» en Somalia.
Algo similar parece estar en marcha ahora en las provincias sirias de Raqqa y Deir ez-Zor. donde las ONG’s, USAID y otras agencias gubernamentales occidentales, incluyendo el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, emplean a militantes del ISIS en la distribución de los envíos que se hacen desde EEUU y Europa. “Siempre hay al menos una persona del ISIS en la nómina“, dice el coordinador de la ayuda. “Y cuando se está preparando un convoy, las negociaciones van a través de ellos. Se ponen en contacto sus emires y se pacta un precio». Y añade:“ninguno de los combatientes se atreverá a tocarla, si un emir ha dado permiso”. La culminación de todo esto son los conocidos como Cascos Blancos, donde se entremezclan las funciones de «cooperante» y de mercenario.
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Este ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.
