Autor: Diego Herchhoren (página 12 de 14)

Y es que bajo este título queremos expresar algo que va mucho más allá de las consideraciones legales del Real Decreto 463/2020. Si bien es cierto que la política de “normalizar la excepción” no es la primera vez que se aplica en la España constitucional (en 2009 el PSOE gobernó en Euskadi suprimiendo previamente a un 15% del electorado abertzale), sí es cierto que esta es la primera vez que se aplica de manera generalizada.

Ha sido suspendido el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho de manifestación, se está aplicando vigilancia exhaustiva a las redes sociales mediante fórmulas de investigación prospectiva -prohibidas en nuestro derecho- y que se han anunciado como el que anuncia una oferta de patatas fritas, y además, se ha promovido desde la propia Administración fórmulas de adhesión política con las estructuras del régimen encargadas de preservar el statu quo (Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas). Y por los mensajes que se transmiten, esta “normalización de la excepción” viene para quedarse.

Uno de los grandes problemas que tienen los pueblos con escasa cultura política (el pueblo español no la tiene) es la imposibilidad de percibir la trastienda de aquellas decisiones que precisamente mayor trascendencia tiene para la sociedad. Por ejemplo, la externalización de servicios públicos o la intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) fueron bien vistas cuando se anunciaron, porque formalmente acababan con la ineficiencia de la Administración y obligaban a la masa salarial “a ganarse el pan” porque se había transmitido a la sociedad que el empleado público era generalmente vago y aun encima no se le podía despedir. Sin embargo, bastaba hacer una lectura de cómo iba a ser el mundo del trabajo a una década vista para concluir que se trataba de una gran mentira, y el empobrecimiento generalizado de estos últimos años es la consecuencia de aquello que con tan buenos ojos una mayoría de la clase trabajadora española aceptó sin rechistar (o al menos no tanto como se debía).

El Estado de Alarma es un caso idéntico cuyas consecuencias serán advertidas, si nada lo impide, dentro de un tiempo y con mucha sangre en el río, y es que la tibia y complaciente respuesta de la izquierda española nos augura mucho dolor. Es sorprendente como en los cenáculos progres se habla del futuro “distópico” de decenas de películas de culto pero sin embargo mantienen una ceguera insoportable ante la evidencia que tiene ante sus narices.

El Ejército Español, a modo de ejemplo, intentó poner en marcha la llamada semanas atrás “Operación Zendal”, por la que las Fuerzas Armadas acompañarían equipos de vacunación durante varias semanas, y donde se harían test forzosos a miles de personas. No es una escena de los fascistas que gobiernan en la Inglaterra de la serie Years and Years; es España, abril de 2020 y ante nuestras propias narices.

El jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen afirmaba que “la interpretación es un acto de voluntad” y cuando un gobierno delega en las fuerzas de seguridad -con un largo culto al abuso de poder- la aplicación individual de una norma en blanco, se pone en juego tanto reglas jurídicas como metajurídicas (en profano: el gobierno envía un mensaje de libertad de actuación al ejecutor de la norma).

La decisión de los escalones operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía o la Guardia Civil no es ajena tampoco a la política o a las ideologías, de la misma manera que no lo son los preceptos de una ley respecto a la ideología o ideologías que alumbran la política.

Cuando un Ministro del Interior, que tiene un triste pasado en materia de derechos humanos en la llamada “lucha antiterrorista” extrae del contenido general del Real Decreto -que en principio tenía como única finalidad luchar contra una supuesta emergencia sanitaria- que se deben perseguir “los bulos” por una cuestión de orden público, quiere decir que hay algo metajurídico en este Estado de Alarma; un mensaje que los elementos más reaccionarios de la estructura del Estado han captado perfectamente.

Porque si estuviéramos bajo la égida de un gobierno progresista, podría haber conclusiones metajurídicas de muy distinto pelaje. Podrían haberse intervenido los depósitos bancarios superiores a determinadas cantidades para hacer frente a la emergencia económica, a los efectos de garantizar la liquidez de las ayudas a quien lo está pasando peor. Se podría haber promovido un decreto de garantías alimentarias que proporcionara alimentos frescos a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo no ha sido así, ya que por un lado se ha librado 200.000 millones de euros en avales a la banca para que no sufra pérdidas por posibles impagos de las líneas de crédito que se han comprometido a entregar, y por otro se sigue discutiendo si las rentas más bajas tienen derecho o no a 426 míseros euros al mes, ya que según “prestigiosos economistas”, esto podría hacer “quebrar el sistema”.

Este ejemplo que hemos dado puede ser de cierta dificultad técnica, pero hay algunos más burdos: el más evidente es que el único uso del espacio público puede hacerse sólo para ir a trabajar, y ya está. Ese sueño del fascismo español de aquello de “de casa al trabajo y del trabajo a casa” es ya una realidad.

Inevitablemente, cuando nos encontramos ante un cercenamiento de derechos fundamentales encubierto en una nebulosa normativa, es habitual que quien quiera analizar o predecir qué pasos se van a dar, tenga que utilizar una cierta “bola de cristal” o hacer cierta “política ficción”, como decía Manuel Vázquez Montalbán. Puede haber cierto margen de error, pero normalmente se suele acertar.

Una de las predicciones que podemos sacar es que se avecina una reducción drástica de la conflictividad laboral. ¿Quien se animaría en las actuales circunstancias a exigir mejoras en sus condiciones salariales “cuando todos deberíamos remar en la misma dirección”?.

En filosofía del derecho, esto sería la fundamentación metafísica de la realidad. ¿Cuál sería “esa misma dirección”?, volver a la normalidad. ¿Y cuál es esa normalidad?, la de un marco político y económico donde las diferencias económicas entre el que más tiene y el que menos sigan progresando como hasta ahora. La conclusión es esta: no hay lugar para la redistribución de la riqueza bajo una situación de excepción.

Y esta es precisamente la conclusión que cualquier comunista tiene que atacar con máxima energía, puesto que la excepción ahora es la norma. Los abusos policiales se han generalizado; se han prohibido las reuniones públicas; se ha penalizado el debate sobre la veracidad de los datos sobre qué es el coronavirus; se han intervenido las comunicaciones de manera masiva…y podemos continuar.

Con todas las reservas que toda afirmación respecto al futuro debe comportar, puede decirse que la trama ideológica del Estado de Alarma coincide a la perfección con los principios políticos que las principales empresas españolas vienen sosteniendo desde hace tiempo. Se trata de una oportunidad de oro para el capital, y las consecuencias se empiezan a notar.

Si hay convicción política de los comunistas de que estamos bajo un Estado de Excepción y donde las garantías mínimas que hasta ahora existían han sido suprimidas, entonces nuestro deber es rebelarnos contra este Estado de Alarma. Si no tenemos esa convicción, deberemos esperar a contar los muertos que dejará no el coronavirus, sino el capitalismo.