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Bielorrusia tuvo sus elecciones presidenciales el domingo pasado, y las apuestas no daban como ganador a Alexandr Lukashenko, un presidente que ha denunciado, precisamente, que ha sido extorsionado por el FMI para que acepte el confinamiento si quiere acceder a préstamos del organismo. Leer más
El 22 de julio de 1987, una unidad especial de la Guardia Civil asalta un piso del barrio de Trintxerpe, en Donosti. Según la nota oficial: como consecuencia del tiroteo que se produjo en el interior de la vivienda, resultó muerta la militante de ETA Lucía Urigoitia. Según el atestado elaborado por los agentes, Urigoitia iba armada e hizo frente a los guardias.
Días después, el diario Egin publicaba la autopsia, que aclaraba que Urigoitia había recibido «dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que la mató fue disparada con el cañón de la metralleta «prácticamente tocando la piel», y el abogado de la familia, Iñaki Esnaola, consiguió la apertura de un sumario judicial para determinar de qué manera había muerto la joven, ya que todo indicaba que había sido ejecutada mediante un tiro en la nuca.
Aunque no figuraba en ningún documento, los guardias civiles que protagonizaron el asalto sabían lo que había pasado y también lo conocieron sus mandos en el cuerpo y en el Ministerio del Interior, según reveló posteriormente el ex director de la Guardia Civil, Luís Roldán. Como podía ser un descrédito para la lucha antiterrorista, alguien decidió que había que tapar los agujeros que podían llevar a demostrar que el tiro en la nuca lo daba el CESID.
Unidades especiales de la Guardia Civil entraron en el domicilio del juez para sustituir un proyectil por otro. En el laboratorio de balística se cambió secretamente el cañón y se manipuló un chaleco antibalas. Sin que nadie se hubiera enterado, habían desaparecido todas las pruebas que podían apoyar la versión del tiro en la nuca. De hecho, en octubre de 1990, el juez instructor dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin que hubiera motivos para que el abogado de la familia Urigoitia presentara recurso. Por no haber, no hubo ni denuncia de la desaparición de las pruebas por parte de los encargados de custodiarlas. Era todo una opereta.
En el CESID tenían cabal conocimiento de lo que en realidad había pasado. El 3 de noviembre de 1987, el jefe del Departamento de Acción Operativa, Alberto Perote, escribió una «nota interior», en la que informaba al director de todos los extremos de las actuaciones irregulares de la Guardia Civil, información que procedía de agentes del cuerpo destinados en el cuartel de Intxaurrondo.
¿Qué hizo el director o alguien del servicio secreto respecto al tema? Absolutamente nada. Según escribió Perote en el informe, «esta información parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más«. Según el periodista Fernando Rueda, autor del libro «Las Alcantarillas del poder», todo fue un acto al servicio del ocultamiento donde todas las estructuras del Estado estuvieron involucradas.
Diego Herchhoren
Diego Herchhoren 
Diego Herchhoren
El Tribunal Supremo ha ratificado, por tres votos contra dos, la Sentencia dictada en su día contra Pablo Hasél por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y cuyo ponente fue el hoy Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
En la misma se condena al poeta a casi un año de prisión (no 9 meses, como ha asegurado la agencia Efe en un teletipo rápidamente difundido por toda la prensa) por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a las instituciones del Estado y a la Corona, personificada en el rey emérito Juan Carlos.
El mismo día que se anunciaba esta sentencia, una nota oficial de la Fiscalía del Tribunal Supremo (la misma que promovió la condena contra Hasél), anunciaba también una «investigación» relativa a lo publicado el pasado fin de semana por Euskal Telebista en su programa «360º, El virus de la corona«, donde se apuran a precisar que la misma se centrará en saber si las coimas percibidas por el Rey Emérito las cobró antes o después de su abdicación. Una precisión que augura sin duda el futuro de esta «investigación».
Las canciones y mensajes de Pablo Hasél, sin embargo, hablan de lo mismo, por lo que ¿cuál sería el problema?. ¿Por qué se condena al rapero por hechos que luego la fiscalía entiende que son susceptibles de ser perseguidos penalmente?. La Sentencia del Supremo nos da algunos apuntes, y en especial los dos votos particulares de los jueces Miguel Colmenero y Ana María Ferrer, que solicitaron su absolución.
El Rey Emérito, al igual que Franco, es artífice del reciclaje político del régimen nacido el 18 de julio de 1936. Es su creador y ha reunido en su persona la condición de Jefe de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas. Es «el monarca«, apelativo que denota cualidades y atributos extraordinarios y un papel excepcional en la vida política del país que debe ser reconocido en público.
Toda esta concepción encuentra, de una u otra manera, su reflejo en la doctrina que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen sosteniendo respecto a la necesidad de que los órganos judiciales establezcan «límites a la libertad de expresión«.
Y es que de acuerdo a la misma, la sociedad no debe ver la monarquía ni al Rey desde desde una perspectiva institucional, sino que las manifestaciones hacia él deben tener explícitas referencias al hombre y al político.
La misma sentencia así lo refleja al afirmar que las letras y mensajes de Pablo Hasél suponen «un ataque personal y directo a la Casa Real y a sus miembros de modo despiadado, atacando personalmente a los mismos, y no simplemente una mera discrepancia del recurrente hacia la monarquía como institución del Estado.«
«Todo ello supone un evidente menosprecio a SM el Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo último de su dignidad«, afirmación que entraña la importancia política de la figura del monarca para la continuidad del Régimen y del Estado. Aquí es donde empiezan los problemas para Pablo Hasél.
Hasél, como muchos de los que vivimos en este planeta, es comunista convencido y reconocido, y por tanto su objetivo es la demolición del actual orden social y la construcción de un nuevo orden político donde los privilegios del actual poder económico sean abolidos. La coexistencia por tanto, en un mismo día, de noticias que aparentemente parecerían contradictorias (investigación al rey vs. condena a Hasél), no lo son en absoluto.
La contradicción no existe.
El régimen asume que el Rey Emérito es un corrupto impresentable, y que la Casa Real está metida hasta el tuétano en cualquiera de los lodazales que la hemeroteca periodística nos pueda brindar.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien venga a exceder lo que el Supremo llama «sana crítica política» (hay una crítica «enferma», según los supremos). Se pueden tolerar ciertas cosas, pero lo que no se va a permitir es que la crítica devenga en insurrección.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 1973, que enjuiciaba a una publicación antifranquista, refería que la misma reproducía «epítetos que alcanzan a la misma Jefatura del Estado, dando así a entender con toda evidencia el radical alcance de la mutación político-social perseguida, que no sólo es de régimen, sino que ataca los cimientos mismos del Estado en su actual organización.» (T-484-1973).
El mensaje entre líneas es que el Tribunal Supremo permite criticar «sanamente» a la monarquía, pero lo que no se puede es hacer la revolución y menos aún: hablar de ella.
Sin embargo, hay que reconocer que estamos ante un Estado dividido y descompuesto ante su futuro. La sentencia no se ha hecho pública en cualquier momento. Se hace en uno de los contextos de apatía social más graves de la historia española reciente, donde el grueso de la población está asumiendo su empobrecimiento y su arresto domiciliario sin rechistar, y donde por ahora la gente está absorbiendo los mensajes oficiales sin la más mínima crítica o cuestionamiento.
Pero para la élite económica española, la monarquía es la clave de bóveda del andamiaje institucional del sistema y saben perfectamente que una animadversión general hacia la figura del monarca puede devenir en realidades incómodas. Porque no es lo mismo acabar como la Casa de Braganza que como los Romanov.
Los sondeos que manejan los servicios de inteligencia apuran que el descontento social hacia los borbones está in crescendo. Esto, combinado con que las fuerzas de seguridad tienen en agenda un peligroso incremento de la agitación social a la vuelta del verano y esto, una vez superado el shock del Estado de Alarma, puede ser un cóctel explosivo que haga que cualquier plan de salida ordenada de los borbones caiga en saco roto.
La caída del Rey Manuel Segundo de Braganza en
1910, que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con
un primer presidente, Teófilo Braga, es el plan de demolición controlada de la monarquía española, que va a tener que enfrentar como principal riesgo la posibilidad de que la caída se descontrole.
Pablo Hasél es un artista con decenas de miles de seguidores, especialmente entre la juventud. Su mensaje se viraliza con rapidez. Escucharlo, difundirlo y reproducirlo es el mejor antídoto contra su inminente ingreso en prisión, y lo que es mejor, contra una posible «segunda transición» que sueñan algunos.
Diego Herchhoren
El área 103 es una amplia plataforma de carretera situada en el término municipal de Almadrones (Guadalajara), en un lugar de acceso privilegiado desde la carretera A-2, que conecta Madrid y Barcelona.
Es una de esas áreas de servicio donde el visitante puede hacer de todo. Repostar, almorzar, echar unos dados en el casino o en las tragaperras, y hacer noche tras una canita al aire en uno de los puticlubs con mayor historial de trata que se conocen en la provincia de Guadalajara.
Es además una zona de parada habitual de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que pueden verse sin pudor desde la misma carretera.
Según reconoció el 26 de abril de 2011 una sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, que juzgaba a una trama de varias provincias entre las que estaba el Club Olimpo de Almadrones, los proxenetas «cobraban la cantidad de 46 € al día a las mujeres en concepto de alquiler de habitación, desayuno, comida y cena, abonando siempre dicha cantidad al acabar cada jornada, además de abonarles un porcentaje por cada cantidad que las diferentes mujeres recibiesen por cada una de las relaciones sexuales mantenidas con clientes, por la cual recibían la cantidad de 30 a 40 euros, aproximadamente.«
La red se encargaba a mujeres procedentes de Rusia, Rumanía o Brasil principalmente, pero la participación en esa red de un agente de la Guardia Civil que estaba involucrado y estaba siendo investigado por la Unidad de Asuntos Internos, sirvió para que el Tribunal Supremo anulara la sentencia basándose en errores de forma en la intervención de las comunicaciones.
El régimen de estancia era brutal, pues incluso las mujeres que declararon en aquel juicio decían que sus jornadas superaban las 10 horas diarias, de lunes a domingo, y que el control horario era estricto, pues de lo contrario se les imponía la obligación de pagar cada mujer la cantidad de 21 €, en caso de llegar tarde al inicio de la jornada de la actividad que desarrollaban o de no ir a realizar la misma, es decir, no acceder al «club», aumentando así su deuda con los proxenetas.
El Tribunal Supremo, tras absolver al Guardia Civil y al resto de implicados que participaban en la trama, resolvió con estos antecedentes que «no constaba probado que los acusados llevaran a cabo actos para que vinieran mujeres a España» a trabajar en la prostitución, cuya decisión ya tenían ellas «resuelta«, ni consta que «les ofrecieran contratos de trabajo o permiso de residencia«. Ni tampoco que «la relación económica pactada con las mujeres fuera posterior a su llegada a España ni que se empleara violencia, intimidación o que se aprovecharan de una situación desvalimiento«.
Aquella decisión del Supremo significó que el Club «Olimpo» volviera al trabajo como en los mejores tiempos. En el año 2017, el Área 103 inauguró además en noviembre su casino, con presencia de toda la patronal del juego y por todo lo alto. ¿Qué podría salir mal?. Incluso el diario Nueva Alcarria hizo un reportaje sobre el evento que podría ser incluido en los anales del periodismo basura.
Y es que este club siempre ha estado muy bien relacionado, ya que en el año 1991 dos policías nacionales fueron detenidos -luego sobreseídos- por proxenetismo en este mismo lugar a partir de un grupo que operaba desde la Comisaría de Chamberí y donde estaba destinado el célebre asesino de los GAL, el policía Ángel Duce, responsable del asesinato del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza.
La declaración de Estado de Alarma del 14 de marzo de este año, supuso el cierre de toda actividad comercial y abierta al público, cuestión que afectó sin duda alguna a los prostíbulos.
Idoia Ugarte, profesora de enfermería que trabaja con Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma con más puticlubs de España y que mantiene contacto con mujeres explotadas de toda la región, declaró en un reciente reportaje a The Guardian que «Si bien las mujeres dicen que la cantidad de hombres que buscan sexo ha disminuido desde que comenzó el bloqueo, la demanda no ha desaparecido.
El problema es que muchas mujeres ya están tan en deuda con proxenetas, traficantes o los burdeles y clubes donde viven y trabajan, que no tienen más remedio que arriesgar su salud al seguir teniendo relaciones sexuales por dinero, incluso cuando el virus se propaga.»
Sin embargo el 23 de marzo seguía habiendo aparente actividad en el «Olimpo». Un tuit desde la cuenta del Centro Social Octubre advertía:
@GuardiaCivilGU ¿Es compatible con el Estado de Alarma que el prostíbulo del @AREA103 esté abierto a la vista de la propia #GuardiaCivil y de todxs? ¿Es un «servicio esencial»?, ya que nos hemos quedado estupefactxs. Y si llamas a su web, te dan servicio. https://t.co/yfUL1fE1ZQ pic.twitter.com/oLDb7yprBY
— C.S. Octubre #CSOctubre2020 (@CSOctubre) March 23, 2020
Según la versión ofrecida por varios medios de comunicación, el 15 de marzo la actividad fue cesada, pero las mujeres fueron dejadas bajo custodia de un matón y una encargada. El Confidencial publicó que fue la Guardia Civil el mismo día 15 la que acudió a este club, que no tiene ninguna licencia ni actividad declarada a decirles que «decidle al jefe que esto se tiene que cerrar hasta nuevo aviso».
Sin comprobaciones ni pesquisas, ni siquiera una toma de DNI, como han hecho en cualquiera de sus intervenciones durante el Estado de Alarma. La misma se limitó en los días posteriores, tras el corte de suministro de agua y luz, a darles diez garrafas de agua a las mujeres que estaban encerradas en el inmueble. No levantaron atestado de lo que había ocurrido, y fue una llamada de auxilio de una de ellas lo que ha destapado una trama de explotación que quedará en la nada.
Los dueños del local han desaparecido sin que tampoco haya ningún interés público en su búsqueda, y la fiscalía provincial de Guadalajara tampoco ha abierto diligencias para esclarecer los hechos. Los autores de algo que un alumno de 1º de derecho calificaría sin vacilar como un delito de trata, no tienen sus retratos puestos en las comisarías ni cuarteles, y al final todo ha quedado reducido a una buena obra de caridad de una iglesia evangélica con la que una de las mujeres tenía contacto.
Gracias a las excepcionales amistades de los regentes de este puticlub, el lema del Olimpo bien podría ser «¡Volveremos!».
Diego Herchhoren
Justyna Gotkowska, analista en Varsovia del grupo OSW, un influyente think tank creado en 1990 por la CIA y que tiene sus cañones orientados hacia Rusia, ha lamentado en un hilo de Twitter que Alemania pronto abandonará un pilar clave de su política de defensa de la OTAN: el intercambio nuclear con EEUU.
Gotkowska argumenta que es muy probable que Alemania termine su participación en el programa de intercambio nuclear dentro de diez años. Si bien algunos líderes del SPD están comprometidos con él, el programa no cuenta con el respaldo del partido ni del probable socio de gobierno, Los Verdes.
Rolf Mützenich, líder del SPD en el Bundestag, ha salido formalmente a apoyar la retirada de las armas nucleares de EE. UU de Alemania y a abandonar el intercambio nuclear, un hecho histórico que parecería devolver al partido a los postulados históricos de Willy Brandt y su «política hacia el Este«.
TRHEAD
Following the discussions in Germany on the nuclear sharing I came (unfortunately) to the following conclusion: it is highly probable that Germany will end its participation in nuclear sharing program in ten years time. And here is why I think so… /1— Justyna Gotkowska (@jgotkowska) May 6, 2020
Gotkowska concluye que ya no existe una mayoría en el Bundestag para la adquisición del avión táctico F/A-18 Hornet, que constituye un componente clave para la estrategia de intercambio nuclear.
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Diego Herchhoren 
Diego Herchhoren Antes del 30 de septiembre, el Gobierno deberá tener listo para su debate el borrador de Presupuestos Generales del Estado y el llamado «techo de gasto», es decir, el objetivo de «déficit» asumible por las arcas públicas.
Serán unos presupuestos marcados por una estimación de caída del PIB de entre el 9 y el 14%. Si bien el PIB es un indicador útil para medir la acumulación de capital y por tanto no es indicador de bienestar, si lo ponemos al lado de otros parámetros (por ejemplo parámetros históricos) puede sernos útil para hacer un análisis de previsibilidad de determinados acontecimientos.
En esta línea, y para hacernos una idea de la magnitud de esta quiebra estructural que va a tener España en los próximos meses, hay que recordar que en el año 2009, año de la quiebra de millones de personas y aumento del desempleo, la pobreza y los desahucios, la caída del PIB fue del 3,6%. Repasemos: 2009, 3,6%; 2020, entre el 9% y 14%.
Siendo prácticos, estamos ante una «tragedia griega» pero agrandada, no por el género teatral, sino por su equivalencia a la quiebra del país heleno entre 2010 y 2015, de la que no se ha recuperado. La consultora Phoenix Capital Rearch, una agencia con notable experiencia en cabildeo en el mercado de deuda de EEUU, publicaba en el año 2012 un análisis premonitorio sobre España que parece haberse cumplido punto por punto:
«Expresado en términos sencillos, España es como Grecia, solo que más grande y peor. Según el Banco de Pagos Internacionales, España tiene créditos pendientes en todo el mundo por valor de más de un billón de dólares: debe a Gran Bretaña 51.000 millones, a Estados Unidos 187.000 millones, a Francia 224.000 millones y a Alemania nada menos que 244.000 millones.»
Es decir, la parasitaria economía española no resiste un vendaval de mes y medio de duración. Esto tiene que ver además con la caída de ingresos públicos padecida en los últimos trimestres, que lejos de enfermedades y pandemias, venían en caída desde hace tiempo. Y volvamos a recordar la regla de oro del capitalismo europeo (incorporada a la norma española mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria): gasto por encima del 3%, equivale a intervención del gobierno por parte de las autoridades monetarias de la UE.
Esto tiene una consecuencia inmediata: la caída de los ingresos públicos. Si nos damos cuenta, las medidas adoptadas por el gobierno PSOE-UP para limitar la quiebra han sido la de profundizar la economía de las finanzas y los bienes raíces; la economía real -industria, medidas anticíclicas para reanimar el consumo o destinar al consumo interno los productos afectados por las restricciones arancelarias de EEUU- no ha sido reanimada, y los subsidios estatales se han convertido en transferencias de renta con dos ejes: líneas de avales a la banca, para evitar su caída ante el previsible aumento de la morosidad, y subsidios del hambre -mal llamados «renta básica»- para las capas más bajas, con evidentes tintes de política de seguridad nacional de cara a evitar posibles revueltas.
Si España solicita el rescate, la conclusión inevitable es la fractura de la Unión Europea y su reducción a un pequeño club selecto de países industrializados, ya que la incapacidad de la economía nacional de hacer frente a los pagos de los bonos de deuda soberana será una caída del mercado de deuda por falta de confianza. Una recomendación para las clases medias y para quien dependa de los ingresos públicos: retiren su dinero del banco y garanticen sus sueldos de inmediato. España no puede ya asegurar que pueda hacer frente en el corto plazo ni sus salarios públicos (funcionariado y jubilaciones) ni sus depósitos bancarios.
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