Ayer Alemania prohibió las manifestaciones contra el toque de queda convocadas delante del Parlamento. El pretexto del Ministerio del Interior es que “interrumpen” la labor de los diputados del Bundestag en Berlín.
El gobierno ha invocado también la manifestación del 7 de noviembre en Leipzig, Alemania, contra las mascarillas, que terminó en fuertes disturbios entre los participantes y la policía.
El objetivo real es otro: el movimiento contra el toque de queda es cada vez más extenso, ha adquirido un carácter político que no han podido paralizar tachándolo de “ultraderecha”. Hoy estaba convocada otra manifestación frente al Bundestag.
El ayuntamiento de Berlín ha rechazado doce solicitudes para protestar ante las dos Cámaras Legislativas. “La autorización sólo se concede si no hay razones para temer que sean obstaculizadas las actividades del Bundestag o el libre acceso a sus edificios […] y estas condiciones no se cumplen”, dice el comunicado oficial.
Pero no se trata sólo de la prohibición de un derecho constitucional, sino de su criminalización, es decir, de la transformación de un derecho en un delito. La policía investiga si las convocatorias tienen como fin interrumpir las labores propias del Bundestag.
En toda Europa la pandemia está arrasando con los derechos políticos más básicos con la complicidad de una “izquierda” que se ha posicionado abiertamente a favor de la represión.