El juez acusa a José Manuel Sampedro Lara, director del asilo de Tomelloso, de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por el fallecimiento de 76 ancianos durante los tres primeros meses de la pandemia.
El director tendrá que acudir a declarar ante el juez el próximo 16 de abril.
Los familiares de los fallecidos presentaron una denuncia con el fin de que se esclarezcan los 76 fallecimientos.
El caos llevó al gobierno autonómico a tomar las riendas del asilo, de titularidad privada, para hacer frente a los fallecimientos. En otra residencia que está al lado, de titularidad pública, solo murieron 8 ancianos.
La dirección del asilo no ofreció ninguna clase información a las familias y les aseguró que en el asilo había “covid cero”. Los familiares relatan que, o bien era imposible comunicar telefónicamente o bien cuando conseguían que alguien respondiera a la llamada, se limitaban a decir que el anciano “no tenía fiebre, que tenían mucho trabajo” y colgaban el teléfono.
La situación real que se vivía en el asilo saltó a los titulares de prensa el 18 de marzo cuando el propio director del asilo denunció el supuesto “abandono” por parte del gobierno autonómico.
El director dijo que estaban “completamente abatidos, destrozados psicológicamente”, ante una situación “muy complicada” y que eran 14 los fallecidos, una cifra que “va aumentando”, comentó entonces.
Sampedro, que había sido concejal del PP, aseguró que nadie les estaba ayudando y que, por su parte, habían informado “en todo momento” a las autoridades, tanto a la Consejería de Bienestar Social como al Ayuntamiento, pero “nadie nos escucha”.
Además, afirmó que estaba informando a las familias por teléfono sobre la situación. “Ayer por la tarde recibí 60 llamadas”, dijo, pero “ninguna” de las autoridades. “Nos sentimos abandonados”, apostilló.
Explicó también que “desde el primer momento” en que se tuvo conocimiento del primer positivo, “cerramos la residencia, solo pueden entrar los trabajadores” y los ancianos “están cada uno en su habitación”.
Tan solo dos días antes, Sampedro había dicho en las redes sociales que en el asilo se estaba trabajando con normalidad. “La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros”, para a continuación facilitar un número de móvil al que podía llamar “cualquier familiar” que necesitara información. “Pero está todo bien”, concluía.
El mismo 18 de marzo el director general de Salud Pública de Castilla La Mancha, Juan José Camacho, desmintió las afirmaciones del director. Dijo que las tres denuncias realizadas por Sampedro -el abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias y la ausencia de pruebas ante el brote de coronavirus en la residencia- eran falsas.
Detalló que ese fin de semana desde la Gerencia de Área de Tomelloso se contactaba con la residencia Elder, siendo ese el momento en el que se informa de que hay un grupo de residentes con síntomas, ante lo que se ponen a su disposición, y el domingo se informa de varias muertes, por lo que el mismo director general contacta con Sampedro por teléfono.
“Me refiere una situación compleja, donde no hay equipos de protección individual para los trabajadores, siendo esta empresa de titularidad privada, con lo cual la responsabilidad de sus trabajadores recae sobre ellos”, precisaba Camacho.
Camacho explicaba también cómo el domingo se habían proporcionado por parte del Sescam equipos de protección individual EPI a los trabajadores de la residencia, que hasta el momento carecían de ellos.
También le informa de que “no tiene médico y la situación es alarmante”, por lo que desde el Sescam se envía un equipo médico y enfermera para realizar las primeras tareas de triaje y se ponen “las primeras medidas de control epidemiológico sobre la población residente”.
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