Por segundo año consecutivo Biden quiere aumentar el presupuesto militar. Ha pedido más de 800.000 millones de dólares para gastos militares para el próximo año fiscal. Su plan canalizará más de 400.000 millones de dólares de dinero público a empresas del sector privado.
La solicitud de presupuesto para 2023 que Biden enviará al Congreso este mes propondría más de 800.000 millones de dólares en gasto militar; 773.000 millones para el Pentágono y la mayor parte del resto para los programas de armas nucleares del Departamento de Energía. Excluyendo el periodo de presupuestos militares entre 2007 y 2011, que permitió sucesivos aumentos de personal militar, primero en Irak y luego en Afganistán, el plan de Biden prevé dar más dinero al Pentágono en el año fiscal 2023 que en cualquier otro año desde la Segunda Guerra Mundial.
Un presupuesto masivo del Pentágono implica una redistribución masiva de la riqueza, y el principal beneficiario no son “nuestras tropas”, como les gusta decir a los políticos estadounidenses. El grueso del presupuesto de guerra se destina a empresas con ánimo de lucro: el 55 por cien de los 14,5 billones de dólares que el Congreso concedió al Pentágono entre los años fiscales 2002 y 2021 acabó en manos de empresas del sector privado a través de contratos.
El porcentaje del gasto anual de guerra dedicado a los contratos ha variado poco a lo largo de este periodo de veinte años; el valor de los contratos ha subido y bajado en gran medida en consonancia con los presupuestos generales. Por tanto, la cantidad de fondos federales que cabe esperar que se privaticen en un determinado presupuesto del Pentágono puede deducirse aproximadamente de su cifra total. Esto significa que un proyecto de presupuesto de 773.000 millones de dólares para la guerra, como propondrá Biden, es esencialmente una propuesta para privatizar 425.000 millones de dólares de dinero público.
Esto no augura nada bueno para los programas sociales en los presupuestos del año que viene. El proyecto de ley de gastos del Departamento de Defensa -aunque es sólo uno de los doce proyectos de ley de asignaciones que componen el presupuesto público- suele consumir aproximadamente la mitad de todos los fondos discrecionales. La primera solicitud de presupuesto de Biden fue similar. La diferencia clave, sin embargo, es que se propuso poco después de que se aprobara el rescate de Estados Unidos en el Congreso y antes del colapso del multimillonario plan climático, de infraestructuras y sanitario del presidente.
Es probable que la propuesta de Biden para 2023 se asemeje a un presupuesto típico anterior a la pandemia, en el que el gasto en “seguridad nacional” suple el gasto social. Incluso personajes como Hillary Clinton han argumentado que la pandemia llevaría a un “replanteamiento de la seguridad nacional”, donde las amenazas no militares se tomarían por fin tan en serio como las militares, nuevas prioridades que se reflejarían en los futuros presupuestos.
El presidente parecía cada vez menos interesado en este tema. Biden se esforzó en estigmatizar el gasto social pero no el militar, aunque este último hubiera sido un objetivo más apropiado. El inquilino de la Casa Blanca culpó a los cheques de estímulo de 1.400 dólares de causar inflación, a pesar de que el coste total de esta disposición (391.000 millones de dólares) era inferior a la cantidad que los primeros y segundos presupuestos militares de Biden desviarían a los contratistas militares (405.000 y 425.000 millones de dólares, respectivamente).
El presupuesto del Pentágono construye a una arquitectura imperial que incluye 750 instalaciones militares en el extranjero y operaciones antiterroristas activas en al menos ochenta y cinco países. El estacionamiento de personal militar estadounidense en el extranjero aumenta la probabilidad de que se produzcan atentados terroristas contra Estados Unidos, que los Estados experimentan más terrorismo tras realizar intervenciones militares y que las bases en el extranjero suelen agravar las tensiones geopolíticas.
La clase dirigente de la política exterior suele describir el gasto militar con frases como “inversión en nuestra seguridad nacional”, como si la simple financiación del Pentágono produjera de algún modo seguridad como resultado de la política. Es probable que Biden se apoye en este supuesto -que más gasto militar significa más seguridad- para justificar su gigantesca petición de fondos para el Pentágono para el año que viene.
Las encuestas recientes sugieren que la mayoría de los estadounidenses rechazan ese argumento.
—https://jacobinmag.com/2022/03/biden-budget-military-pentagon-social-spending-war