La responsabilidad por crímenes de guerra es más ambigua cuanto más se aleja del acto de matar. Google no suministra armas a los matarifes de Gaza, pero ofrece servicios informáticos que les permiten hacerlo, siendo su función última el uso letal de esas armas. Según el derecho internacional, sólo los países, no las empresas, tienen obligaciones en materia de crímenes de guerra.
No obstante, si el Proyecto Nimbus se vinculara directamente con un crimen de guerra u otro crimen contra la humanidad, los cabecillas de Google se podrían enfrentar a responsabilidades criminales bajo el derecho internacional, a través de un organismo como el Tribunal Penal Internacional, que tiene jurisdicción tanto en Cisjordania como en Gaza.
Un dictamen de octubre del año pasado emitido por el Tribunal Internacional de Justicia, que arbitra disputas entre estados miembros de la ONU, instó a los países a “tomar todas las medidas razonables” para impedir que las empresas hagan cualquier cosa que pueda contribuir a la ocupación ilegal de Cisjordania. Si bien no son vinculantes, los dictámenes consultivos del Tribunal Internacional de Justicia tienen una enorme autoridad jurídica.
Establecer la responsabilidad criminal de Google en relación con la ocupación de Cisjordania o las matanzas en curso en Gaza implica un cálculo jurídico complejo, que depende de su grado de conocimiento sobre la manera en que se usan sus servicios, la previsibilidad de los crímenes facilitados por esos servicios y la manera en que contribuyen a la perpetración de los crímenes.
Antes de firmar su lucrativo contrato Nimbus con Israel, Google sabía que no podía controlar lo que sus fuerzas armadas harían con la tecnología de computación en la nube. El gigante tecnológico comprendió el riesgo de proporcionar herramientas de aprendizaje automático y de nube de última generación a un país acusado de crímenes de guerra desde siempre.
Google no sólo no puede supervisar ni impedir que Israel utilice sus aplicaciones para asesinar a los palestinos, sino que el contrato le obliga a bloquear las investigaciones criminales de otros países sobre el uso de su tecnología por parte de Israel. Además, la tecnología requería una colaboración estrecha con el aparato de seguridad israelí (incluidos ejercicios conjuntos e intercambio de inteligencia), algo sin precedentes en los acuerdos de Google con otros países.
Un consultor externo contratado por Google para evaluar el acuerdo recomendó que la empresa retuviera herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial de Israel debido a los factores de riesgo.
El conocimiento de Google sobre los riesgos supone una responsabilidad criminal para la empresa por crímenes de guerra. La cuestión de la culpabilidad, raramente discutida, ha crecido en importancia a medida que Israel entra en el tercer año de lo que ha sido ampliamente reconocido como un genocidio, con los accionistas presionando a la empresa para que analice si su tecnología contribuye a los crímenes de guerra en Gaza.
El New York Times fue el primero en informar sobre partes del documento interno, pero la incapacidad reconocida por Google para supervisar el uso que hace Israel de sus herramientas no había sido revelada previamente.
En enero de 2021, apenas tres meses antes de que Google ganara el contrato Nimbus junto con Amazon, los directivos de computación en la nube de la empresa se enfrentaron a un dilema.
El contrato del Proyecto Nimbus (en aquel entonces llamado “Selenite” en Google) es una jugosa fuente de ingresos. Un centro de datos en la nube a medida para Israel, sujeto a la soberanía y la ley israelíes, le reporta a Google 3.300 millones de dólares entre 2023 y 2027, no solo vendiendo al ejército de Israel, sino también a su sector financiero y a empresas como la farmacéutica Teva.
Pero Google reconoce que los servicios en la nube “podrían usarse o vincularse con las violaciones de derechos humanos, incluida la actividad israelí en Cisjordania”, lo que resultaría en un “daño a la reputación”, advirtió la empresa.
En un informe, Google reconoció la necesidad de mitigar los riesgos para la imagen pública de Google. Pero también deja claro que existe un obstáculo profundo para cualquier intento de supervisión: el contrato del Proyecto Nimbus está redactado de tal manera que Google se vería en gran medida privado de información sobre lo que exactamente estaba haciendo su cliente y, si alguna vez saliera a la luz algún abuso, se le impediría hacer algo al respecto.
A Google sólo se le daría “una visibilidad muy limitada” sobre la manera en que se utilizan sus aplicaciones. A la empresa “no se le permitió restringir los tipos de servicios e información que el gobierno (incluido el Ministerio de Defensa y la Agencia de Seguridad de Israel) decide migrar” a la nube.
Los intentos de impedir que los militares o el espionaje israelí utilicen Google Cloud de forma que perjudiquen a Google “pueden verse limitados por los términos de la licitación, ya que los clientes tienen derecho a utilizar los servicios por cualquier motivo excepto la violación de la ley aplicable al cliente”, dice el documento. Una sección posterior del informe señala que el Proyecto Nimbus estaría bajo la jurisdicción de Israel que, al igual que Estados Unidos, no forma parte del Estatuto de Roma y no reconoce al Tribunal Penal Internacional.
Si el Proyecto Nimbus cae bajo escrutinio legal fuera de Israel, Google debe “rechazar, apelar y resistir las solicitudes de acceso de gobiernos extranjeros”. Google señaló que eso podría poner a la empresa en desacuerdo con gobiernos extranjeros si intentan investigar el Proyecto Nimbus. El contrato requiere que Google “implemente procesos estrictos y personalizados para proteger datos confidenciales del gobierno”, según un informe interno posterior, que fue redactado después de que la empresa ganara su licitación. Esta obligación se mantendría incluso si implicara violar la ley: “Google no debe responder a las solicitudes de divulgación de información de las autoridades policiales sin consultar y, en algunos casos, aprobar por parte de las autoridades israelíes, lo que podría hacer que infrinjamos el ordenamiento jurídico internacional”.
Además de su trabajo para el ejército israelí, Google, a través del Proyecto Nimbus, vende servicios en la nube a Israel Aerospace Industries, el fabricante de armas estatal cuyas municiones han devastado Gaza. Otro cliente confirmado del Proyecto Nimbus es la Autoridad de Tierras de Israel, una institución pública que, entre otras responsabilidades, distribuye parcelas de tierra en Cisjordania ocupada y anexionada ilegalmente.
