Se habla mucho sobre de los precios de la luz y el gas. Y se habla mucho de qué hacer con ellos. Las ganancias récord reportadas por las energéticas han sido tan escandalosas, que tanto en la prensa como en el público surge el debate político de una solución a este problema.
Una solución a menudo discutida es la nacionalización, o renacionalización, de los proveedores de energía.
Tanto la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como Podemos han apoyado públicamente esta medida. Discretamente, Ribera apoyó a principios de agosto la idea de fundar una empresa eléctrica pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión. «Yo creo que esto puede ser muy relevante junto a la modificación de las reglas de mercado de generación», llegó a decir.
El espejo es la decisión del presidente francés, Emmanuelle Macron, de nacionalizar el 100% de Electricité de France (EDF), la principal empresa del sector de Francia. El Estado, que ya tenía el 84% de las acciones, se hará cargo ahora del 16% restante.
En el mismo sentido se había pronunciado días atrás el ex primer ministro Gordon Brown, el cual propuso renacionalizar “temporalmente” las empresas que “no consiguen bajar las facturas”. Esta última versión, maś parecida a la opción tomada por el gobierno del PSOE y Podemos (un impuesto temporal a las empresas energéticas cotizadas), contiene una sutileza que para nada es menor.
La historia oficial es que la situación en Ucrania (entre otras cosas) está elevando los precios del petróleo, el gas y la energía en general, aunque España haga compras minoritarias en los países del Este europeo.
Si el producto que vende se vuelve más caro de obtener, sus ganancias disminuyen porque está pagando más por sus materias primas. Si luego aumenta los precios para tener en cuenta los costos adicionales, sus ganancias permanecen iguales .
Las ganancias récord (y crecientes) significa que no hay un aumento en los costes. Es aumento de precios, y cuando todas las empresas del mercado lo hacen, es que están fijando precios, y eso es un delito contra el mercado y los consumidores, máxime en un momento de supuesta «emergencia energética».
Estas ganancias récord no son ningún secreto. Han sido publicadas por multitud de medios corporativos que tienen entre sus principales accionistas a las empresas a las que señalan. ¿Se están pegando un tiro en el pie?. Lo más probable es que no.
El modelo nacionalizador que está en mente no es el que muchos «izquierdistas» tienen en mente y que desde luego celebrarían si lo hiciera el gobierno progresista. Aquí no va a haber despidos de altos directivos, ni entrada de las Fuerzas Armadas en las refinerías. Quien lo piense así se ha olvidado del país en el que vive.
El modelo español es el modelo SAREB o Bankia: un saneamiento contable a cuenta del Estado para luego su reingreso en el «mercado libre», lo que viene a ser una socialización de las pérdidas de toda la vida.
Y si los medios corporativos han hecho semejantes insinuaciones es porque hay algo en mente, alguna circunstancia que va a llevar al Estado a recaudar para sanear. Algo que ya se empieza a intuir en las compensaciones previstas para los «topes a la energía» o que ya ocurre con el subsidio al consumo de combustible, donde previamente las compañías subieron tanto los precios que la recaudación vía impuestos es similar a cuándo éstos se encontraban dentro de la «normalidad».
El Real Decreto 14/2022 que aprueba las medidas de ahorro energético establece disposición adicional segunda establece una aportación al sector eléctrico de 1.360 millones de euros procedente de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, es decir, que en la práctica, los topes, los límites, las «excepciones» y demás terminología pseudotécnica vuelven a encubrir un engaño masivo para garantizar la transferencia de rentas al gran capital.
