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Día: 25 de enero de 2022 (página 1 de 1)

Australia expulsa a Djokovic y Serbia expulsa a la empresa minera australiana Rio Tinto

Unos días después de la expulsión de Djokovic de Australia, el gobierno serbio ha cancelado el proyecto de explotar una mina de litio de la empresa australiana Rio Tinto. En 48 horas la cotización de las acciones de Río Tinto ha perdido 5.000 millones de dólares, casi el 6 por ciento de su valor en bolsa.

El 3 de diciembre del año pasado Djokovic apoyó una gran manifestación contra la apertura de una mina de litio por Rio Tinto en Serbia. El país balcánico cuenta con la sexta reserva mundial de litio, una materia prima que se utiliza para fabricar baterías para ordenadores y coches eléctricos.

Entre los principales accionistas de Río Tinto están los fondos buitre Vanguard y BlackRock.

Los serbios se niegan a pagar la “transición ecológica” de los países de la Unión Europea contaminando su tierra. Ante las protestas populares, a finales del año pasado Río Tinto suspendió la apertura de su mina, pero sólo para intentarlo de nuevo.

En 2019 un estudio reveló altas concentraciones de plomo y uranio en un río aguas abajo de una mina de Río Tinto en Madagascar, que ponía en peligro la salud de las poblaciones locales.

En 2020 la misma empresa minera erradicó una antigua mina aborigen en la propia Australia, en el yacimiento de hierro de Gudai-Darri, situado en una región desértica.

En el desierto chino de Gobi, al sur de Mongolia, la enorme mina de oro y cobre Oyu Tolgoy de Río Tinto, con una extensión equivalente a 12.000 campos de fútbol, ha creado problemas de abastecimiento de agua a los pastores nómadas y, en consecuencia, han afectado a los pastos.

—https://bloodhound.news/serbia-cancels-plan-for-lithium-mine-following-protests/

El Consejo Constitucional francés convalida el uso de drones por la policía

El Consejo Constitucional francés acaba de convalidar una ley sobre “responsabilidad penal y seguridad interior”, aprobada el pasado mes de noviembre por la Asamblea. Eso significa que los drones de la policía se pueden utilizar para vigilar el espacio público.

La decisión del Consejo incluye una excepción: los policías municipales no podrán utilizar estos aparatos, lo que no ha gustado a algunos ayuntamientos, como el de Niza, que han invertido mucho dinero en estas tecnologías de vigilancia masiva.

El Consejo Constitucional ha enumerado los casos en los que se pueden utilizar drones, tras obtener la aprobación del prefecto de policía. Se trata de garantizar la prevención de atentados contra la seguridad de las personas y los bienes en lugares especialmente expuestos a riesgos de comisión de determinados delitos, pero también la protección de los edificios e instalaciones públicas y de su entorno inmediato especialmente expuesto a riesgos de intrusión o daños.

Como es corriente en este tipo de nueva legislación represiva, el “terrorismo” sirve lo mismo para un roto que para un descosido, igual que cualquier clase de manifestaciones que vayan más allá de las procesiones festivas e inofensivas.

Son razones válidas para recurrir a los drones la seguridad de las concentraciones de personas en la vía pública o en lugares abiertos al público cuando dichas concentraciones puedan causar graves alteraciones del orden público. Esos drones no podrán llevar dispositivos de reconocimiento facial.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se congratuló de la decisión porque la policía nunca tiene bastante: “Por fin, la policía y la gendarmería podrán utilizar drones, herramientas esenciales para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”.

El gobierno francés lleva varios años intentando obtener esta autorización legal. A pesar de la oposición del Consejo de Estado, del Consejo Constitucional, pero también de la CNIL, equivalente de la agencia de protección de datos en España, estos drones se utilizaron siempre a escondidas y de forma ilegal.

Los grupos contra la represión van a cambiar de estrategia, según han explicado en un comunicado: “Hoy es una lucha nacional que se ha perdido. Tendremos que volver al ámbito local para documentar e impugnar en los tribunales la necesidad e información de cada dron. No es necesario ocultar que esta lucha requerirá una energía considerable y una atención constante”.

—https://www.presse-citron.net/la-surveillance-policiere-par-drones-est-desormais-legale/

La corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude se desbordan en Reino Unido

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption (*). El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año, es decir, el 14,5 por cien del PIB, dijo ayer la ONG en un comunicado.

Los organismos que luchan contra la delincuencia financiera carecen de fondos suficientes y están perdiendo la batalla, advierte Susan Hawley, directora de la ONG. Una serie de investigaciones filtradas, como los papeles de Panamá y Pandora, han demostrado que los sectores financiero e inmobiliario del Reino Unido siguen siendo grandes imanes para el blanqueo de capitales.

Sin embargo, los juicios por blanqueo de capitales han caído un 35 por cien en los últimos cinco años, al igual que el número de investigaciones iniciadas o el número de personas condenadas, y algunos organismos estatales han visto sus presupuestos reducidos en términos reales.

La actuación de las instituciones públicas en la lucha contra la delincuencia económica se está estancando en todos los ámbitos, denuncia la ONG, aunque se congratuló de las bienvenidas actuaciones judiciales de alto nivel contra el banco NatWest y el mayor uso de herramientas como la congelación de cuentas bancarias.

El banco británico NatWest fue multado en diciembre con casi 265 millones de libras esterlinas en un caso de blanqueo de capitales relacionado con los depósitos de 365 millones de libras esterlinas de uno de sus clientes, de los cuales 264 millones eran en efectivo.

Los casos de delitos económicos han supuesto la recuperación de 3.900 millones de libras entre 2016 y 2021 a través de multas, decomisos y otras recuperaciones, informa el estudio. La ONG desea que estos ingresos se reinviertan en un fondo de lucha contra la delincuencia económica, que sería rentable para las arcas del Estado.

Por cada libra invertida en la Serious Fraud Office, una especie de fiscalía anticorrupción, la institución recupera cinco libras de los delincuentes y de las empresas delincuentes, y otros servicios ganan más de 10 veces lo que cuestan, dijo la organización.

(*) https://drive.google.com/file/d/1wTR2zvs1sfq3BqidmAiBTdc6qj-Umyf4/view

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