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Día: 22 de octubre de 2021 (página 1 de 1)

La OMS trabaja en un programa de tolerancia cero contra las violaciones cometidas por sus funcionarios

Desde que 21 de sus funcionarios fueran acusados de violación en la República Democrática del Congo, la OMS trabaja en un plan de acción para evitar que la situación se repita. En los próximos días se debería ultimar una estrategia de tolerancia cero.

Hoy la OMS ha informado que destinará 6,5 millones de euros a implantar un sistema de detección, sanción y prevención de las violaciones en el marco de las misiones de sus funcionarios. El fondo se utilizará para contratar y enviar investigadores y otros expertos a 10 países con un perfil de alto riesgo, a saber, Yemen, República Centroafricana, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Venezuela, Somalia, Congo y Nigeria.

Esta medida se tomó después de que una comisión de investigación independiente revelara la implicación de 21 funcionarios de la organización en violaciones en el Congo. Los crímenes, que afectron a 70 mujeres y niños, se produjeron en Ituri y Kivu del Norte durante la epidemia de Ébola que azotó al país entre 2018 y 2020.

Los funcionarios de la OMS vacunaban a las víctimas a cambio de someterse a la violación.

Acusada de “negligencia individual” y de “fallos estructurales”, la OMS reaccionó despidiendo a 6 funcionarios implicados en los crímenes y abriendo una investigación.

El secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió disculpas a las víctimas y prometió severas sanciones. Presionado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros donantes, acaba de desvelar su plan, que se modificará y ultimará en los próximos días, y que implica un cambio de cultura y el refuerzo de las responsabilidades de la dirección y el personal.

Supondrá “reformar la cultura, las estructuras y los sistemas de la OMS para crear una cultura en la que la explotación y los abusos sexuales no tengan cabida, en la que no exista la impunidad y en la que haya tolerancia cero para la inacción”.

De manera inmediata, la OMS ha enviado un especialista en prevención de violaciones a Beni, en Congo, donde hace unos días reapareció un brote de Ébola.

Además de la OMS, varias ONG y conocidas organizaciones “humanitarias” han sido acusadas de violaciones en el Tercer Mundo.

Más información:
— Violaciones por vacunas: 53 países exigen responsabilidades a la OMS
— 70 mujeres congoleñas han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de vacunas contra el Ébola

— El negocio humanitario de las ONG: colonialismo y violación de las mujeres y los niños del Tercer Mundo

 

Un 8,5 por ciento de los contenedores del transporte marítimo siguen bloqueados en los puertos del mundo

La interrupción de la cadena de suministros mundiales causada por los cofinamientos ha dado paso a una elevada inflación, cuyos efectos se sienten con mayor intensidad en los países en desarrollo. Para el Banco Mundial, el sector marítimo desempeña un papel importante en esta crisis.

Alrededor del 8,5 por ciento de los contenedores utilizados para envíos marítimos están atascados en varios puertos del mundo debido a la pandemia de Covid-19, informa el Banco Mundial.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el presidente del Banco, David Malpass, reveló la relación entre este fenómeno y el aumento de los precios de los alimentos posterior a los bloqueos marítimos impuestos desde marzo del año pasado.

“El 8,5 por ciento de los contenedores marítimos del mundo están atascados en varios puertos del mundo, lo que supone el doble de lo estimado por el Banco en enero de 2021. La situación ha afectado a las cadenas de suministro y ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos”.

El Banco Mundial está trabajando para reducir el número de estos contenedores atascados en los puertos, pero “llevará tiempo que esto se rectifique”.

En la economía real, la inmovilización de contenedores genera costes portuarios adicionales que inflan el coste de las mercancías para los cargadores, que se ven obligados a repercutirlos en los consumidores finales.

El impacto del bloqueo de los contenedores en el coste del transporte marítimo es tal que actualmente para enviar un contenedor de China a Ghana, el cargador tiene que gastar 13.000 dólares, mientras que en agosto de 2020 podría gastar 2.000 dólares por el mismo envío. Esto representa un aumento del 550 por ciento.

El péndulo de la fuerza oscila a favor de los trabajadores estadounidenses

Poco antes de la medianoche del miércoles 13 de octubre, los trabajadores de producción de una planta de John Deere, que fabrica equipos agrícolas desde tractores hasta cosechadoras, en Waterloo, Iowa, comenzaron a cerrar la planta apagando los hornos de fundición. La planta ya estaba prácticamente vacía, ya que Deere había pedido a los trabajadores nocturnos que se quedaran en casa. Tres días antes, los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW), reunidos en Iowa, Illinois y Kansas, habían votado abrumadoramente para rechazar una propuesta de convenio colectivo que incluía aumentos por debajo de la inflación y la eliminación de las pensiones para todos los nuevos trabajadores. El rechazo sorprendió tanto a la dirección del sindicato como a la empresa; incluso algunos de los trabajadores que habían votado en contra de la huelga y la habían acordado se sorprendieron de que tuviera lugar. En Deere, los 10.000 trabajadores que abandonaron el trabajo están en huelga por primera vez en 35 años. “Acabo de confirmar que Waterloo ha colocado sus piquetes”, dijo un trabajador antes de que comenzara la huelga. “La mierda está a punto de ser real”.

Se unen a los 2.000 trabajadores de hospitales en huelga en Buffalo (Nueva York), a los 1.400 trabajadores de producción de Kellogg’s en cuatro estados, a los 450 trabajadores del acero en Huntington (Virginia Occidental) y a los 2.000 trabajadores de telecomunicaciones en California que abandonaron el trabajo durante un día, todos ellos desde el 1 de octubre. Un millar de mineros del carbón en Alabama, 700 enfermeras en Massachusetts, 400 trabajadores de una planta de whisky en Kentucky y 200 conductores de autobús en Reno, Nevada, ya estaban en huelga, por no mencionar las huelgas recientemente realizadas por 2.000 carpinteros en Washington, 600 trabajadores de Frito-Lay, una empresa de alimentación que es propiedad de PepsiCo, en Kansas, y 1.000 trabajadores de Nabisco, fabricante de dulces, propiedad de la multinacional Mondelez International, con sede en Chicago, en cinco plantas del país.

Decenas de miles de trabajadores están a la espera, con 37.000 trabajadores sanitarios de Kaiser, atención médica, en Oregón, California y Hawai que han votado a favor de la huelga o están a punto de hacerlo, y varios grandes sindicatos de trabajadores universitarios que también están a punto de ir a la huelga. Más de 60.000 trabajadores del cine y la televisión estaban dispuestos a ir a la huelga, ya que el 90 por ciento de los miembros de la Alianza Internacional de trabajadores de Escenarios Teatrales votaron en un 98 por ciento a favor de la huelga, antes de que se alcanzara un acuerdo provisional el sábado 16 de octubre. La votación sobre la ratificación del acuerdo tendrá lugar en las próximas semanas.

Esta oleada de huelgas no se parece en nada a la de los años 40, cuando uno de cada diez trabajadores de Estados Unidos se ponía en huelga en un año. Pero tampoco es el parón sindical de la década de 2010, cuando las grandes huelgas en el sector privado se redujeron a cero. Hoy en día, los trabajadores son cada vez más militantes -en el sentido de que no quieren aceptar malas condiciones de empleo-, pero no están especialmente organizados. Con la afiliación sindical en su punto más bajo, los sindicatos pueden inspirar un movimiento, pero no son la única fuente de acción. Lo que estamos viendo hoy es un movimiento huelguístico que empieza a levantarse desde un mínimo de décadas, ya que el trabajador “esencial”, una nueva categoría de trabajador nacida de la pandemia de coronavirus, desafía a la dirección a estar a la altura de esa calificación.

Horas extras, agotamiento e inflación

Los trabajadores no son los únicos que toman nota de este posible cambio en el equilibrio de poder. Esta semana, los analistas de Wall Street también dieron la voz de alarma sobre la cotización de Deere. Un analista revisó su previsión a la baja en un 25 por ciento. En una sección de un informe confidencial titulada “El péndulo del poder ha oscilado”, el analista escribió: “Los trabajadores, además de querer concesiones de Deere en un nuevo contrato laboral de seis años, también pueden estar vinculando estas negociaciones a su deseo de cambiar la forma en que se elige a la dirección nacional de la UAW y a un activismo más amplio a nivel nacional (e incluso internacional) al ver que su poder crece en el ajustado mercado laboral”. El informe de este analista de Wall Street a los inversores indica que la clase propietaria está pendiente de lo que ocurre en la UAW.

El pequeño empresario desolado que no consigue atraer a los trabajadores ha sido uno de los protagonistas favoritos de los medios de comunicación en el esfuerzo del gobierno por “reconstruir mejor”, en parte para cubrir al director general de Deere, John C. May, que figura en la lista de directores generales de la revista Fortune 100 que disfrutan del mismo mercado laboral de bajos salarios.

Pero el actual mercado de trabajo, que es un problema desde el punto de vista de los empresarios, refleja una imagen a los ojos de los trabajadores que nunca han abandonado el lugar de trabajo: los trabajadores “esenciales”, “de primera línea” y “héroes”. En el lugar de trabajo, los trabajadores de todos los sectores, desde el transporte público hasta la atención sanitaria, pasando por la logística o la fabricación de alimentos, se enfrentan a la escasez de personal. El resultado son las horas extras forzadas y el agotamiento. En mataderos, residencias de ancianos y otros innumerables lugares de trabajo, la pandemia ha dado una nueva intensidad al “paisaje” de los riesgos laborales. En 2020 el cuidador se convirtió en el trabajo más peligroso de Estados Unidos.

Los trabajadores también sienten el efecto de la inflación en la cesta de la compra. El aumento del 1 por ciento propuesto por Kaiser (además de la introducción de un recorte salarial medio del 26 por ciento para todos los nuevos trabajadores) se convierte en un recorte salarial ante la inflación del 5 por ciento en los bienes de consumo. El aumento de 15 céntimos por hora que los trabajadores de la construcción, organizados en la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, están obteniendo en Orlando (Florida) está muy por debajo del aumento del coste de la vida. La propuesta de Kellogg prevé una reducción del ajuste por el coste de la vida de los salarios. Esto solía ser un elemento central de la negociación colectiva en las industrias básicas. Nunca recuperó su lugar para los trabajadores de los tres grandes fabricantes de automóviles tras la crisis financiera y las quiebras de 2008. En el centro de varias de estas huelgas -Deere, Kellog’s y Kaiser- estaba la rebelión contra la introducción en la década de 1980 de contratos de “dos niveles” que ofrecían peores condiciones a los nuevos trabajadores. Como dijo Trevor Bidelman, presidente de la rama 3G del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Panadería, Confitería, Tabaco y Molinos de Cereales y dirigente de la huelga en Kellog’s: “El futuro no está en venta”.

En el caso de Deere, los trabajadores son muy conscientes de los beneficios récord de la empresa y no les conmueve lo que supone un aumento salarial de un dólar por hora para la mayoría de ellos. Hace tiempo que los miembros se han autoorganizado en un grupo de Facebook llamado “Post 97”, es decir, trabajadores contratados después de 1997, cuyos salarios, “beneficios”, seguro médico en particular, y pensiones son peores. El contrato actual para la mayoría de los trabajadores “post-97” representaría un aumento de sólo 6 centavos de dólar sobre lo que ganaban los trabajadores “pre-97” hace 10 años. La propuesta de la empresa de reducir las pensiones de todos los nuevos contratados -creando una plantilla “post-21”- se enfrenta a una oposición moral acorde con el nuevo contexto económico, lo que ha llevado a muchos trabajadores a plantear una reivindicación central en la huelga: “¡No al tercer nivel! (tercer nivel de trabajadores).

Los trabajadores de John Deere están enfadados por las informaciones de los medios de comunicación que repetían lo que decía la empresa: que ganarían entre 60 y 70.000 dólares al año. Uno de ellos, que lleva más de diez años allí, muestra su nómina de 2020: menos de 40.000 dólares.

Las huelgas están a la orden del día

Pero un mercado laboral ajustado también supone un apalancamiento para los trabajadores. Al saber que son más difíciles de sustituir, los trabajadores individuales son más propensos a decir que no a sus jefes. En la actualidad, los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo al ritmo más alto de las últimas décadas, una de las medidas más precisas de su “poder” en el mercado laboral como individuos. Cuando los trabajadores están organizados colectivamente en sindicatos, la rigidez de los mercados laborales hace que haya una mayor disposición a enfrentarse a los empresarios en lo que respecta a las condiciones de empleo, en lugar de limitarse a buscar un contrato mejor en otro lugar. En otras palabras, las mismas fuerzas que hacen que el trabajo sea intolerable para muchos -sin suficientes trabajadores y con demasiado trabajo- están preparando al mismo tiempo a los trabajadores para luchar.

El fin de una movilización nacional (relacionada con la pandemia) también tiende a liberar las presiones acumuladas en el lugar de trabajo. Los trabajadores que soportan una reducción salarial o unas condiciones de trabajo estresantes durante una emergencia esperan que algo cambie después. Como ha observado recientemente Harold Meyerson, en los años 1919 y 1945-1946, es decir, al final de las guerras mundiales, hubo oleadas de huelgas masivas. En el ciclo 1945-1946, en el que más del 10 por ciento de los trabajadores fueron a la huelga, se produjeron acontecimientos que podrían calificarse de huelgas generales en Stamford (Connecticut), Lancaster (Pensilvania), Rochester (Nueva York), Pittsburgh (Pensilvania) y Oakland (California).

La válvula de activación que puede estar abriéndose permite el inicio de una expansión de la actividad sindical prepandémica. La generación anterior a la crisis de 2008 se caracterizó por el estancamiento salarial a largo plazo y la disminución de la participación del trabajo en la renta nacional. La recuperación de las recesiones de los años ochenta, noventa y 2000 ha sido más larga que en años anteriores. Un gran número de trabajadores sigue atrapado en el subempleo permanente o en la inactividad. Estas tendencias culminaron en la Gran Recesión (que comenzó en 2007) y su agonizantemente larga recuperación. Pero el desempleo finalmente cayó por debajo del 4 por ciento en 2018, y tanto ese año como el siguiente se produjo un notable aumento de la actividad huelguística -incluida una oleada masiva de huelgas de profesores-, ya que los “mercados laborales” finalmente se recuperaron de la devastación de la crisis financiera de 2008; los salarios de los profesores, sin embargo, no.

En cuanto a la actividad huelguística, la actual oleada en el sector privado está retomando el camino donde lo dejaron los profesores, tras un interludio de relativa inacción en el momento álgido de la pandemia. En 2020, además, los profesores fueron el primer grupo importante de trabajadores que se negó a aceptar las condiciones impuestas por la patronal para la reapertura del centro de trabajo. Es difícil imaginar a los profesores resistiendo la vuelta al trabajo en condiciones peligrosas tanto como lo hicieron sin la ola nacional de huelgas de profesores militantes de los dos años anteriores. Esta resistencia se ha extendido por toda la economía, tanto de forma organizada como individual.

Hoy en día, la resistencia económica de los trabajadores -ya sea a través de huelgas organizadas o mediante el rechazo de trabajos peligrosos, mal pagados y poco atractivos- está en la agenda política. Muchas de las iniciativas sociopolíticas contenidas en la propuesta presupuestaria de los demócratas, de 3,5 billones de dólares, perseguirían los mismos objetivos que las acciones de los trabajadores, pero en el ámbito de la política social. Las subvenciones propuestas para la asistencia sanitaria a domicilio y el cuidado de los niños, el crédito fiscal por hijos, la ampliación de Medicaid, seguro médico para personas de bajos ingresos, y las inversiones en vivienda y energía verde apoyarían indirectamente la posición de los trabajadores en el “mercado laboral”. El gobierno federal reforzaría la posición negociadora de los trabajadores, ya sea aumentando la demanda de mano de obra o aliviando algunas de las caricaturescas presiones sociales que han obligado a los trabajadores a aceptar las condiciones que les ofrecen los empresarios. Cuando el senador Joe Manchin advierte del peligro de convertirse en una “sociedad de derechos”, está argumentando contra el cambio de poder en el mercado laboral que tales medidas políticas contribuyen a garantizar.

La estabilidad política necesita sindicatos bien domesticados

La mayor interacción entre los conflictos industriales y políticos marca una ruptura con la historia reciente. Durante la mayor parte de la última generación, incluso las acciones industriales militantes a menudo tenían poco significado político explícito. Una huelga importante como la de UPS en 1997 o la de Verizon en 2016 se tradujo en ganancias para los trabajadores, pero estos acontecimientos siguieron siendo cuestiones económicas. Los políticos pueden sentirse obligados a comentarlos -como hizo el ex presidente Bill Clinton en la huelga de UPS-, pero estos conflictos no plantearon ni resolvieron ninguna cuestión política más amplia sobre las relaciones de poder de clase.

En los últimos años, varios demócratas de la corriente principal han llegado a aceptar lo que solía ser un argumento de la izquierda: que el aumento de la desigualdad social y la disminución de la seguridad económica de la clase trabajadora son la causa última de la desestabilización de la democracia estadounidense y deben ser abordados de frente. La posición declarada del gobierno de Biden es que “la disminución de la densidad sindical ha… debilitado nuestra democracia”.

Cuando los trabajadores organizados son más fuertes, el descontento generalizado adopta una forma más coordinada. Con mayores niveles de sindicalización, la combatividad de los trabajadores organizados genera una presión concentrada en las empresas objetivo y desencadena la discordia en la patronal. Algunos empresarios comienzan a agitarse y tratan de aplacar a los trabajadores aceptando reformas sociales progresistas, mientras que otros insisten en mantener su posición. Los que están atrapados en el medio -como algunos trabajadores de Deere- pueden sentir una gran simpatía por los huelguistas mientras se ven obligados a trabajar durante la huelga a pesar de la grave falta de competencias laborales.

En la actualidad, el bajo nivel de organización de los trabajadores -el reducido tamaño de la mano de obra sindicalizada en comparación con una masa enfadada pero dispersa- hace más difícil crear una disidencia con tintes políticos entre la patronal. En los piquetes y en el Capitolio se pone a prueba la capacidad política de un pequeño movimiento obrero. Cuantos más logros concretos consigan los trabajadores en uno u otro ámbito, más verán los beneficios de la unidad los millones de trabajadores no sindicados.

El presidente Joe Biden se presenta como el campeón de los trabajadores y trabajadoras, aspirando a ser “el presidente más pro-sindical que jamás se haya visto”. Días antes de lanzar su campaña presidencial (utilizando un salón sindical de Pittsburgh como escenario), Biden apareció en el piquete de una de las principales huelgas de 2019, frente a la cadena de supermercados Stop & Shop. Recientemente, ante empresas con dificultades para contratar personal, el presidente dijo: “Págueles más”.

Pero cuando se le pidió que tomara partido, mantuvo la neutralidad oficial, citando su secretario de prensa “razones legales” no especificadas. El viernes 15 de octubre, al ser preguntado por la huelga de John Deere, dijo, obviamente: “Tienen derecho a la huelga. Tienen derecho a exigir salarios más altos… No voy a entrar en negociaciones”.

El gobierno ha permitido que expiren disposiciones clave en favor de los trabajadores en la legislación de rescate, como los subsidios para COBRA, que proporciona ayuda condicional para los planes de salud, que son particularmente cruciales para los trabajadores en huelga cuyos empresarios han cortado el seguro de salud. Los trabajadores de Allegheny Technologies Inc, miembros del sindicato United Steelworkers, que han estado en huelga durante cinco meses este año, pudieron beneficiarse del plan COBRA subvencionado por el gobierno federal. Los miembros de la UAW actualmente en huelga en John Deere, cuya empresa planea eliminar su seguro médico para el 27 de octubre, no se beneficiarán. Sin embargo, podrían beneficiarse de otras subvenciones, incluidos los planes de Obamacare fuertemente subvencionados, aunque esto implicaría un cambio de plan de salud y, potencialmente, de red médica.

En última instancia, tras estas huelgas, se plantea la cuestión de si se puede obligar a los trabajadores de Estados Unidos a volver a las condiciones sancionadoras del mercado laboral de la pandemia y de las décadas anteriores a la pandemia, condiciones que hicieron que los efectos de la pandemia fueran tan brutales en los lugares de trabajo, inseguros y desiguales. ¿Se conformarán los trabajadores no sindicados con salarios bajos y condiciones inseguras? ¿Seguirán los trabajadores sindicalizados ratificando contratos de dos niveles con crecientes concesiones a los empresarios? Cuando el trabajador “vuelva” a trabajar, ¿a qué tipo de economía volverá?

Jonah Furman y Gabriel Winant https://theintercept.com/2021/10/17/john-deere-strike-labor-market

Huelga de los trabajadores griegos de la sanidad contra la vacunación obligatoria

Los trabajadores de los hospitales públicos de Grecia se manifestaron ayer por el centro de Atenas dentro de una huelga de 24 horas para protestar por la vacunación obligatoria y la falta de personal.

Los manifestantes desfilaron por delante del Parlamento en su camino hacia el Ministerio de Sanidad, coreando consignas y mostrando pancartas.

Los sindicatos que representan a los médicos, enfermeras y demás personal de salud protestan contra los planes gubernamentales que, en plena pandemia, agravan la escasez de personal provocando largas jornadas laborales, al tiempo que socavan los derechos de los trabajadores. El sector busca también entrar a la lista de profesiones que reciben una paga extra por peligrosidad al realizar una labor “pesada e insalubre”.

Además, los sindicatos también se oponen a la suspensión de los trabajadores no vacunados y apuntan que ésto solo provocará más problemas de personal.

Las vacunas son obligatorias para los trabajadores de la salud y de los asilos, y quienes se niegan a recibirlas son suspendidos de empleo. Poco más del 60 por ciento de los 11 millones de habitantes del país ha completado la pauta de vacunación.

Los sindicatos dicen que aunque respaldan las vacunas, cada uno de los trabajadores tiene derecho a decidir si la recibe o no.

Como en otros países, en Grecia siguen apareciendo “casos” y “repuntes” que imputan a las nuevas variantes (y variantes de las variantes) del coronavirus, que no son otra cosa que efectos adversos de las vacunas.

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