El hambre impulsado por la pandemia se está extendiendo por todo el mundo, y el llamado índice de seguridad alimentaria mundial está bajo mínimos. Leer más
Día: 14 de julio de 2021 (página 1 de 1)
Estados Unidos podría llevar tropas a Haití para ayudar al gobierno local a controlar la situación del país tras el asesinato del Presidente Moise Jovenel. El gobierno haitiano ha pedido que le ayuden a asegurar el aeropuerto y otras infraestructuras sensibles.
La petición haitiana “sigue en estudio” y no está excluida, declaró Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, durante una sesión informativa celebrada el lunes. Biden dijo a los periodistas que su gobierno estaba siguiendo de cerca los acontecimientos en el país caribeño.
Como consecuencia de los vínculos entre Estado Unidos y los asesinos del Presidente haitiano, Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Rusia, preguntó: “¿Dónde están las sanciones, dónde están las declaraciones del G7, por qué los activistas de derechos humanos estadounidenses no se han vuelto locos todavía?”
En 1915 el presidente estadounidense de la época, Woodrow Wilson, envió tropas a la isla para “restablecer el orden” y “mantener la estabilidad política y económica en el Caribe”. Esta ocupación militar duró 19 años, hasta 1934, en una isla considerada por la Marina estadounidense como un relevo naval estratégico en la zona.
En 1957 llegó al gobierno François “Papa Doc” Duvalier, al que en 1971 sucedió su hijo “Baby Doc”, una dinastía que reinó durante casi tres décadas y que dejó un Estado clientelar dominado por las bandas parapoliciales, los Tonton Macoutes, y el saqueo organizado desde arriba.
Haití se convirtió en una especie de fusión del Estado con la mafia. “Baby Doc” les cambió el nombre para lavar su imagen de forajidos. Los llamó “Voluntarios de la Seguridad Nacional” y en los ochenta creó otra banda paralela, “Los Leopardos” para que se enfrentaran a los anteriores, que eran ya ingobernables.
En 1986 “Baby Doc” huyó en un avión que la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso a su disposición y comenzó un quiquenio de peleas callejeras, hasta que Jean Bertrand Aristide, un advenedizo, fue elegido presidente por aclamación y declaró la “segunda independencia” de Haití en 1991, que Washington no podía permitir.
Entre 1990 y 2006 se produjeron dos golpes de Estado y otras tantas ocupaciones militares extranjeras, gestionadas por la ONU. El terremoto de 2010 fue el mejor pretexto que tuvieron los imperialistas, que acabaron tomando el control del gobierno y pusieron al frente a uno de sus peones, Michel Martelly, un sicario de la vieja escuela duvalierista, al que siete años después relevó otro protegido suyo, Jovenel Moise, después del correspondiente pucherazo electoral que tanto la ONU como la OEA convalidaron, a pesar de que sólo votó el 18 por ciento del censo.
Moise llegó a la presidencia con un proyecto de desarrollo de zonas francas agrícolas orientadas a la exportación con sede en el noroeste del país, particularmente a través de su empresa Agritrans S.A., construida sobre el despojo de miles de hectáreas de propiedades comunitarias y campesinas.
El Presidente asesinado se enfrentó a la inmensa mayoría de la población, incluida una parte de la burguesía local, lo que se intensificó al seguir las “recomendaciones” del FMI de eliminar las subvenciones a los combustibles y meterse las ayudas internacionales en el bolsillo. Los cálculos estiman que Moise y sus seguidores se apoderaron de una cuarta parte del PIB.
La respuesta de Moise fue sacar a la policía a calle, imponer el toque de queda, masacrar a los barrios populares, suspender las elecciones, cerrar el Parlamento, asesinar a los opositores más destacados y crear una polícía política con el nombre de “Agencia Nacional de Inteligencia”. El crimen organizado y las bandas armadas crecieron exponencialmente con Moise. Unas fueron creadas por el propio Moise y las otras se oponían a él.
Se cumplen 50 años de la primera exhumación realizada en España (1971), en el pueblo soriano de Bayubas de Abajo, autorizada por el gobierno franquista. Sí, lo están leyendo bien: el franquismo también exhumaba antifascistas.
Eran vecinos de El Burgo de Osma y fueron asesinados en el verano de 1936 por un grupo de falangistas y guardias civiles. Habían sido detenidos y llevados al cuartel de la Guardia Civil, que hacía las veces de cárcel y juzgado también.
Soria no tuvo frente de guerra en ningún momento. Las fuerzas reaccionarias controlaron rápidamente la provincia eliminando a líderes sindicales, dirigentes políticos, etc. Los que pudieron salvar el pellejo, lo hicieron porque pudieron escapar en dirección a Guadalajara y Madrid, convirtiendo la provincia de Soria en un gran matadero.
Si uno busca en portales web, páginas de archivos de prensa, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional… No encontrará nada. Las únicas referencias son artículos actuales que dan constancia de aquella exhumación. Nada más.
Bayubas de Abajo y la actualidad
En Bayubas de Abajo, los familiares fueron los que se encargaron de los gastos de la exhumación: autorización del Servicio Provincial de Sanidad, autorizacion del Ayuntamiento, tasas del Cementerio e, inclusive, una indemnización al Obispado por las actuaciones en el cementerio.
Pero como se indica más arriba, no se ha podido encontrar documentación en periódicos de época que muestren estos hechos. Sólo se encuentran trabajos de investigación y algún periódico digital que cita el acontecimiento. Es decir, en aquella época ya hubo un total bloqueo informativo sobre estos hechos que no fueron recogidos por periódicos. El silencio fue total.
Años después, muerto ya Franco, se iniciaron las exhumaciones en Cáceres donde la revista Interviú envió al joven periodista Alfredo Grimaldos: «La barra estaba a la derecha y había un hueco en ella hacia la mitad del local, pero no me dio tiempo a llegar hasta allí. Nada más entrar, alguien me puso una pistola en la cabeza: -Vete de aquí, hijo de puta, ya sabemos quién eres. ¿Qué coño vienes a hacer?”.
¿Hubieran tenido la misma reacción esos falangistas si ningún medio hubiera cubierto la noticia? Pareció molestarles que el mundo se enterara de los crímenes que ellos mismos habían cometido. Les molestó que se les señalara.
En la actualidad, las exhumaciones corren a cargo de asociaciones memorialistas formadas por voluntarios: arqueólogos, antropólogos, etc. Es decir, son estas asociaciones las que sufragan las exhumaciones a través de las donaciones que hacen familiares y personas cercanas: una colecta para desenterrar a los nuestros. Mientras tanto, en todo este proceso: el Estado está completamente ausente, no aparece por ningún lado. Y, al igual que en Bayubas de Abajo, la trascendencia en medios de comunicación sobre las exhumaciones es nula.
¿Qué coste tiene para el Estado la recuperación de la Memoria Histórica?
¿Qué coste tuvo para el franquismo la exhumación de Bayubas de Abajo? A posteriori, se puede ver que no supuso ningún problema al franquismo exhumar a los contendientes políticos que sus hordas asesinaron 40 años antes. Realmente asumió los costes políticos y sociales que ello podía tener, los comprimió y los silenció. Y un hecho histórico como podía ser éste pasó sin trascendencia. Asumió la crítica y continuó su línea.
Cincuenta años después la situación no ha mejorado. Realmente siguen siendo las familias las que sufragan los gastos de la exhumación de sus familiares, sigue habiendo un silencio total en medios de comunicación y prensa nacional y el Estado sigue asumiendo esa «crítica» y sigue continuando su línea. Por ejemplo: permite que se continúen las exhumaciones (sufragadas por los familiares) pero frena la Ley de Memoria Democrática dos días antes de su aprobación.
¿Qué papel cumplen las asociaciones memorialistas? Son intermediarios de la Memoria. Es decir, las asociaciones memorialistas se colocan como un intermediario entre el Estado y los familiares, donde dichas asociaciones buscan cumplir el papel que le corresponde al Estado. Donde debería haber un juez ordenando el levantamiento del cadáver y un equipo de la Policía Científica, hay un equipo de voluntarios que exhimen de toda responsabilidad al Estado.
¿Ha cambiado algo en este tiempo? Las exhumaciones y la recuperación de la Memoria Histórica, mientras no repercuta al Estado, se pueden realizar. Mientras las exhumaciones las sigan sufragando familiares, mientras se sigan realizando con personal voluntario (arqueólogos, antropólogos, etc.) y no con un equipo de criminología (recordemos que nuestros familiares fueron asesinados, no son dinosaurios a los que desenterrar); mientras no se señale a los que asesinaron y se enriquecieron, mientras no se escrache en la puerta de su casa a los que forjaron sus fortunas en base al robo y al expolio: al Estado le hace cosquillas esta manera de recuperar la Memoria Histórica.
El hecho de que el franquismo haya sido «precursor» en la exhumación de antifascistas nos tiene que hacer pensar si, realmente, exhumar es un acto de reparación política y social. Nos tiene que hacer pensar si, a este Estado (heredero del franquismo), le supone un coste exhumar a aquellos que sus hordas asesinaron.
Exhumar a nuestros muertos no es transformador. Transformador es perseguir a los que los asesinaron.
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/fosas-transicion-pioneros-extremenos-memoria-historica-
https://www.todoslosnombres.org/content/noticias/50-anos-la-exhumacion-los-diez-el-burgo-osma
https://www.eldiasoria.es/noticia/Z3C813C2A-AA5E-74D1-62E7BD9655DEB087/202107/recuerdos-de-la-primera-exhumacion-permitida-en-soria
El Tribunal Constitucional le ha dado el carpetazo final a cualquier clase de investigacion sobre García Lorca y los que fueron asesinados junto a él. Previamente todos los órganos judiciales ya habían rechazado que se investigara dónde están los restos del poeta, de dos banderilleros y de un maestro de la Republica. El pretexto no puede ser más ridículo: los culpables están muertos. Ahora bien, si nadie ha investigado nada, ¿por qué saben la identidad de los asesinos y, además, que están muertos?
Lo mismo ocurre con los crímenes del rey emérito, que no sólo son económicos, sino más de lo mismo. Cuando alguien inicia acciones judiciales en su contra, a los jueces y fiscales les falta tiempo: el rey ha sido y es “irresponsable”. Le declaran así incluso cuando un hijo inicia una declaración de paternidad, por lo que en este “Estado de Desecho” las personas no pueden averiguar si el rey es su padre.
Una persona es “irresponsable” cuando no puede ser condenada, una cuestión muy diferente de que pueda ser investigada. Es más, cuando el rey comete un delito, como la muerte de su hermano, los jueces y fiscales están obligados a investigar quién lo mató y sólo entonces podrán declararlo “irresponsable”, porque hasta el más inepto de ellos debe saber -supongo- que sólo a un asesino se le puede calificar de “irresponsable”.
La Constitución declara “irresponsable” al rey porque sus actos deben ir referendados por otra persona. En tal caso la responsabilidad es de esa otra persona. Ahora bien, se supone que esos actos son de tipo político o público, no los privados, porque ninguna otra persona puede refrendar un atraco, o un asesinato, o una paternidad. En tales casos, la obligación de un juez y un fiscal debe ser investigar y una vez que sepa que el autor es el rey, entonces podrá decidir posteriormente que es “irresposable”.
Pero no se trata sólo del rey. España es un Estado lleno de “irresponsables”. Por lo menos hay tantos como fosas comunes repartidas por los más oscuros recónditos de la geografía. Los jueces suelen decir que los crímenes han prescrito, o que los autores han muerto. Pero para decir eso primero hay que investigar: localizar las fosas, inhumar los cadáveres, averiguar la fecha del asesinato e identificar a los criminales.
Lo que constituye una vergüenza absoluta, que descalifica a cualquier Estado, es que tengan que ser personas y organizaciones privadas los que emprendan la tarea de investigar algo que corresponde a la policía, a la fiscalía y a los jueces, y que más de 80 años después no se haya constituido una comisión parlamentaria para hacerlo.
También en eso, España es un Estado muy diferente de otros y cada día que pasa tanto los diputados como los jueces, los fiscales y otros funcionarios públicos se están definiendo a sí mismos como lo que realmente son.
Los crímenes que se cometen en masa, lo que hoy se califica como “terrorismo de Estado”, no están sometido a las normas internas, sino a las internacionales y, en tal, caso no sólo se pueden sino que se deben investigar, por más tiempo que haya transcurrido, porque los crímenes de guerra y demás delitos atroces contra la humanidad no prescriben jamás.
Los jueces y ficales no conocen las normas jurídicas y, lo que es peor, no conocen la historia. García Lorca, los dos banderilleros y el maestro republicano no han muerto; a fecha de hoy siguen desaparecidos, y ese es un crimen que se sigue cometiendo cada día y que se debe investigar cada día.
La guerra contra el fascismo no acabó en 1939 porque sus efectos siguen presentes. El Pazo de Meirás ha recordado que los republicanos no sólo fueron asesinados sino que sus bienes fueron expoliados y saqueados, una situación que también sigue vigente, y aunque los chorizos hayan muerto, sus herederos siguen disfrutanto del saqueo y los republicanos siguen privados de sus legítimas propiedades.
Lo mismo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tampoco ha sido capaz de anular los juicios que, como el de Grimau, no respetaron ni siquiera la propia legislación fascista.
Esto está ocurriendo cada día por una razón elemental: porque no hay un “Régimen de 1978”, como se dice ahora, porque este Estado y todo su entramado jurídico e institucional es idéntico al de 1939 y no se va a suicidar a sí mismo, no se va condenar a sí mismo y no se va a investigar a sí mismo.
En ocasiones, los jueces y fiscales se acogen a la ley de amnistía de 1977 para garantizar la superviviencia del fascismo, y lo que es peor: han insistido tanto que algunos creen que, en efecto, dicha ley fue un “punto final”, por lo que volvemos a olvidar la historia, incluso la más reciente.
No vale lamentarse ahora: los que aprobaron dicha ley no fueron sólo los viejos franquistas, sino ellos y todos los oportunistas que se subieron al carro de la transición, participando en las elecciones de junio de aquel año. Partidos políticos como el PSOE, el PCE o el PNV no se pueden lamentar por ello, ni por haber mantenido la boca cerrada desde 1977 y las fosas cerradas desde 1939.
La ley de amnistía de 1977, lo mismo que otras anteriores, no sacó a todos los presos políticos a la calle por lo que no es una ley de punto final. Pero sacó a muchos a regañadientes y en esa medida fue una gigantesca conquista de la lucha en la calle, lograda a costa de numerosos muertos, detenidos y torturados.
Que los fascistas aprovecharan el momento para amnistiarse a sí mismos y que los oportunistas que he mencionado -y otros que se podrían añadir- mantuvieran la boca cerrada, es el signo diferencial del país en el que vivimos, o sea, más de lo mismo. El fascismo no hubiera podido perpeturarse hasta hoy sin ese apoyo.
