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Los cantos de sirena de Pablo Iglesias o del PNV intentando criminalizar las protestas de estos días han quedado en eso, en cantos de sirena. El Estado ha activado su engranaje represivo contra quien corresponde: el movimiento antifascista, aunque muchos no se hayan dado cuenta. Leer más
Dos supuestos miembros de un grupo “de extrema izquierda” fueron detenidos el domingo por la noche por su participación en las protestas que tuvieron lugar en la zona centro de Málaga, que incluyeron la quema de contenedores y que se enmarcan en las movilizaciones que desde el sábado se están produciendo contra el toque de queda decretado por el gobierno central.
Las detenciones se produjeron en torno a las 21.45 horas fueron realizados por efectivos de la Policía Local, que habían sido alertados por un ciudadano que señalaba que unos jóvenes habían incendiado dos contenedores en la plaza de La Marina, junto al edificio de La Equitativa.
Los policías se desplazaron al lugar y observaron que un grupo de jóvenes escapaba a la carrera. Los persiguieron hasta una zona de juego infantil situado en el paseo del parque, donde intentaron esconderse sin éxito.
Finalmente fueron interceptados S.P.C. y D.U.G., ambos de 18 años, a los que se les intervinieron una bandera comunista, un pasamontañas un encendedor y un rotulador.
El primero, presuntamente, incendió uno de los contenedores, mientras que el segundo hacía labores de vigilancia. Además, se investiga la participación de una tercera persona, a la que se señaló como la autora de los daños sufridos por un coche policial estacionado en la plaza de la Constitución al que le fracturaron un cristal.
Junto a los objetos aprehendidos, llamó la atención de la policía las serigrafías en las botas de los detenidos: una hoz y un martillo sobre las siglas CCCP -acrónimo de la Unión Soviética- y el símbolo de la anarquía. Esto refuerza la hipótesis de que forman parte de grupos de “extrema izquierda”.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Provincial acusados de un delito de incendio y daños, para su posterior traslado ante el juez.
La intervención policial viene a constatar que los incidentes que se están registrando en el país desde el sábado están siendo protagonizados por individuos de distintas ideologías y posicionamientos políticos; además de poner en un brete al Partido Comunista de Málaga, que horas antes había enviado un comunicado responsabilizando de los altercados ocurridos en la barriada de Huelin al “discurso de odio” de la extrema derecha.
El único individuo arrestado en estos primeros sucesos quedó en libertad con cargos tras prestar declaración ante el Juzgado de Málaga. El hombre, de 36 años, está investigado por los delitos de atentado a agente de la autoridad y delito leve de lesiones.
Al no conformarse el detenido con la condena solicitada por la Fiscalía, el asunto se ha remitido al Juzgado de lo Penal para celebración de juicio en marzo de 2021.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado cuando una concentración convocada en las redes sociales contra las restricciones por el coronavirus, que no estaba comunicada ni autorizada, acabó en disturbios en la zona de Huelin.
Tras la previsión de la protesta, en la que participaron alrededor de 80 personas, se estableció un dispositivo policial. Los manifestantes se movilizaron por varias calles de la zona y provocaron diversos incidentes, destrozando parte del mobiliario urbano, ya que volcaron contenedores y algunos lanzaron objetos contra los policías.
El operativo policial de vigilancia, formado por la Policía Local y la Policía Nacional, se encontraba desplegado en el entorno de Tomás Echeverría desde las 21.30 horas, siendo a partir de las 22.30 horas cuando los participantes comenzaron a desplazarse hacia calle Ayala ocasionando a su paso desórdenes públicos y volcando un total de 12 contenedores -de basura y vidrio- y nueve papeleras. La situación quedó normalizada sobre la medianoche.
Mientras el estado de guerra adoptó una apariencia epidemiológica, el debate se pudo mantener en el terreno de las especulaciones, las redes sociales y los comunicados. Pero siete meses después la confusión se ha volcado a la calle y adquiere otro carácter, muy distinto del anterior. Lo que antes parecían concepciones más o menos erróneas, se han convertido en un apoyo descarado al toque de queda.
Si tenemos en cuenta que esas fórmulas represivas son típicas de todos los Golpes de Estado que ha habido en la historia, la conclusión es obvia. Es una toma de posición evidente, no sólo a favor del gobierno, sino de la fascistización galopante, la salida del ejército a la calle y la liquidación pura y simple de todos y cada uno de los derechos y libertades.
En ese lenguaje ridículo que hoy hace furor, dado que en España disfrutamos de un gobierno “de izquierda”, quienes nos enfrentamos al mismo somos “la derecha” e incluso “la ultraderecha”, como ha expresado Pablo Iglesias e incluso Erkoreka, jefe de los de la porra en Euskadi: la izquierda abertzale se ha sumado a los negacionistas que, naturalmente, son “fachas”.
Tanto al PNV como al PSOE/Podemos les va a costar mantener su ecuación “negacionistas = fachas” (“fachas = negacionistas”, como Trump o Bolsonaro) en la medida en que sigan prolongando en el tiempo el estado de guerra para intentar contener lo que no es más que una expresión de hartazgo social y político que, por cierto, no es de ahora, de la pandemia, sino que lleva décadas acumulándose.
En 2011 lograron contener y desviar ese malestar con el invento de Podemos, el legalismo y la gesticulación vacía. Ahora la crisis tiene otra envergadura mucho mayor por un motivo evidente: porque su origen no está en ningún virus.
Con el propósito de justificarse a sí mismos, los distintos gobiernos, tanto el central como algunos autonómicos, desatan una ola de represión típicamente fascista y acusan de fascismo a los que se oponen a ella. Es un cambio notable desde que en 1955 los franquistas impusieron el primer estado de excepción y su Ley de Orden Público.
Mientras tanto, quienes deberían salir a la calle a defender las libertades y derechos más elementales se quedan en casa con el pijama puesto por “responsabilidad”, para evitar “contagios” y seguir comiendo la sopa boba. Al quedar sorprendidos por las movilizaciones, adoptan la postura de la zorra y las uvas de la fábula: no están maduras. Los que salen a la calle ya no son los mismos de siempre.
Entonces vuelven a cambiar las etiquetas de sitio: es el lumpen, gentuza… Cualquier desprecio es bueno con tal de justificar la posición que han adoptado de sostener a ultranza el fascismo y el estado de guerra, dejando las calles y las protestas en manos de otros.
Su última contribución es la de desviar la atención del Estado y el gobierno, que son los responsables del toque de queda, hacia unas siglas u otras. Se pasan la vida luchando contra siglas, símbolos y estandartes para encubrir que la represión procede de los aparatos represivos oficiales.
No es que ahora la calle haya pasado a manos de los fascistas; es que la izquierda domesticada se la ha servido en bandeja porque, por encima de todo, hay algo más que evidente: la lucha contra el actual estado de guerra está más que justificada y quienes se quedan en casa con el pijama puesto son cómplices de esta ola de represión.
A Soledad Torrado se le quiebra la voz cuando piensa en los últimos días de vida de su cuñada Julia Rangel, de 47 años y vecina de Aceuchal (Badajoz). En menos de una semana, cuenta Torrado, pasó de tener un simple malestar a superar los 39 grados de fiebre, sufrir asfixia, echar espuma por la boca y delirar. Tras dar positivo el día 13 de octubre por coronavirus junto con su marido José Manuel y su hijo Ismael, se confinó en su casa a la espera de una pronta recuperación, pero su situación, precisan varios familiares, no paró de empeorar. Pese a las reiteradas llamadas al centro de salud, dicen sus allegados, no recibieron una visita de un médico hasta el 18 de octubre, cuando ya era demasiado tarde. “Ese día, primero por teléfono, la doctora le dijo que esos síntomas eran de los nervios, que se tomase otro trankimazin [medicamento que la ya fallecida tomaba desde hacía años por prescripción médica]. Volvieron a llamar porque no mejoraba y cuando fue por fin a su casa les dijo: ‘Ahora sí que está mal’”, cuenta Torrado, que ejerce de portavoz de la familia. Media hora más tarde de ese episodio, y tras llevarla en ambulancia al hospital Tierra de Barros (Almendralejo, Badajoz), Rangel murió.
Como queja, Ana Belén Rosa, nuera de Rangel, envió este lunes una carta al consejero de Salud de Extremadura, José María Vergeles, donde relataba lo sucedido y le solicitaba que se abriera un expediente disciplinario y sancionador a los responsables “que omitieron las llamadas reiteradas”. La Junta de Extremadura solicitó este jueves al Servicio Extremeño de Salud (SES) que abra una investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado, la Junta reiteró “su puesta a disposición de la familia de la fallecida”. No obstante, los familiares precisaron que ni el consejero de Salud ni el centro médico han contactado con ellos.
La familia, que está estudiando poner una denuncia contra el SES, afirma que ha intentado contactar con el centro médico para conocer el nombre de la doctora que supuestamente cometió la negligencia, pero los responsables, asegura Torrado, desconocen quién estaba de guardia el día que falleció. “Me dijeron que lo mejor que podía hacer era rellenar una hoja de reclamaciones. ¿Lo ves normal? Como si fuera un bar y la comida estuviera mala”, comenta la familiar. Preguntada por estos detalles, la Junta de Extremadura respondió que, hasta no terminar la investigación, prefieren guardar silencio.
La familia asevera que desde el primer momento que Rangel se encerró en casa, el centro de salud “le daba largas” diciendo que sus dolencias eran comunes y que, al ser joven y no tener patologías previas, no era una persona de riesgo. “En una ocasión la médico le dijo a mi hermano que, cuando dieran todos negativos, lo que tenía que hacer era llevar a mi cuñada a un psiquiatra”, cuenta Torrado.
La afectada llegó sola al hospital, su marido y su hijo Ismael se tuvieron que quedar en casa al ser positivos. Cuando sus otros dos hijos, José Manuel y Francisco Javier, alcanzaron el hospital Rangel ya había muerto. “Llegué allí y me encontré a uno de ellos y se me tiró al cuello. Los médicos le acababan de comunicar cómo había muerto mi cuñada, pero estaba paralizado. Me dijo: ‘Tata, solo sé que mi madre está muerta’”, cuenta Torrado, que no deja de pensar que si un doctor hubiera visitado a su familiar un solo día antes, aún seguiría viva. “Es muy duro. Pensar en mi sobrino Ismael de 22 años limpiándole, como estuvo haciendo, la espuma de la boca a su madre y que la doctora le dijera a mi hermano por teléfono que eso era de los nervios”, dice.
Las personas cercanas a Rangel no dudan de la valentía y dedicación del resto de médicos. “En el hospital Tierra de Barros lo dieron todo por salvarla, pero era tarde. Nos preguntaron si queríamos hacerle la autopsia para conocer de qué había muerto, pero dijimos que no. Todos lo sabemos. Mi cuñada no ha muerto de covid, ha muerto por abandono”.
El Ayuntamiento de Aceuchal ha puesto una queja ante las autoridades sanitarias extremeñas por la “situación deficitaria de la atención primaria en la localidad”. En una misiva dirigida al consejero de Salud, José María Vergeles, el Consistorio ha mostrado el malestar general que ha provocado la muerte de Julia Rangel. El alcalde, Joaquín Rodríguez, señala que los vecinos no dejan de quejarse “por la atención que se les presta en el centro de salud”, donde los médicos están “desbordados”, cuentan con una sola línea de atención telefónica y una única ambulancia para más de 5.500 vecinos. “Están asustados e impotentes ante la falta de medios para ser atendidos”, explica Rodríguez. Soledad Torrado se queja: “La ambulancia tardó muchísimo y solo iba el conductor. Mi hermano y mi sobrino, ambos con covid, tuvieron que salir a la calle para ayudarle porque solo no podía. Si hubiera llegado antes tal vez mi cuñada se habría salvado”.
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