El lunes de la semana pasada comenzó en Londres la segunda ronda del juicio de extradición contra Julian Assange. Estados Unidos le acusa de espionaje, al tiempo que intenta evitar que salga a la luz su propio espionaje, que alcanza a la embajada ecuatoriana en la capital británica, donde permaneció refugiado el informático australiano.
La CIA espió tanto a la embajada como a Assange a través de la empresa española UC Global, que aparece como si hubiera sido contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger la sede diplomática.
El espionaje es un atentado tanto contra el derecho internacional, como contra los principios que rigen cualquier procedimiento judicial, por lo que el juicio es plenamente nulo, un motivo más que suficiente para exigir la inmediata liberación de Assange.
Como consecuencia del espionaje, se ha abierto en España una investigación judicial contra David Morales, director de UC Global y antiguo infante de la Marina española que fue detenido por violación de la intimidad y el secreto profesional de Assange, así como malversación, corrupción, blanqueo de dinero y posesión ilegal de armas. En el registro le encontraron una pistola con el número de serie borrado.
UC Global es una empresa española de seguridad privada con sede en Jerez de la Frontera. Aunque había sido contratada para proteger la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange permaneció refugiado, en realidad espiaba para Estados Unidos.
En 2015 Morales se reunió con la CIA, con la que acordó la vigilancia de Assange en el interior de la embajada. Luego les contó los detalles a los mercenarios de su empresa, que han testificado contra él. Les dijo que a partir de entonces la empresa jugaba “en primera división”, que había cambiado al “lado oscuro” y que trabajaba para los “amigos americanos”, sin el conocimiento de los ecuatorianos.
El espionaje continuó hasta marzo de 2018, cuando UC Global dejó de proporcionar “seguridad” a la embajada ecuatoriana. El año anterior había modernizado sus técnicas de espionaje, que le permitieron capturar grabaciones de audio y vídeo en cualquier rincón de la embajada. Las grabaciones las subieron a un servidor al que la CIA tenía acceso. La informacion personal de los visitantes de Assange también fue capturada, incluyendo detalles de sus móviles que permitieron su control remoto. Los vídeos de Assange le muestran reuniéndose con abogados, amigos y periodistas.
Además de ser espiados, los abogados de Assange padecieron asaltos en sus despachos profesionales, por lo que el juicio infringe el derecho de confidencialidad de la defensa.
En 2017 Morales pidió a los mercenarios de su empresa que buscaran un medio para salir de la embajada de manera subrepticia, con el fin de secuestrar a Assange. También discutieron la posibilidad de envenenar al fundador de WikiLeaks, una revelación que no ha tenido el mismo eco que la de Navalny.
Los correos electrónicos que envió Morales en marzo de 2017, se dirigían a una IP radicada en Alexandria, Virginia, una instalación de la inteligencia estadounidense, lo que se produjo solo unas semanas después de la creación de un equipo del FBI, cuyas pesquisas han conducido a la acusación contra Assange.
Ejerció de intermediaria la empresa de seguridad de Sheldon Adelson, un mafioso ya conocido en España por tratar de crear el casino de Eurovegas en Madrid. Morales se relacionaba con los matones de los que se rodea Adelson, así como directamente con el espionaje de Estados Unidos e Israel.
La información reunida se utilizó como base para las denominadas “medidas activas”, es decir, ataques políticos y jurídicos redactados por la CIA y propagados por las grandes cadenas de intoxicación del mundo entero.
El 20 de diciembre de 2017 Assange se reunió, entre otros, con Rommy Vallejo, jefe de los servicios de inteligencia de Ecuador, en la embajada en Londres. El informe fue el paso final en los preparativos para expulsar a Assange de la embajada.
El australiano había planeado recurrir a la Convención de Viena, después de ser nombrado como diplomático de Ecuador u otro gobierno colaborador. Un dia después, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden internacional de detención contra Assange. Habían escuchado la conversación entre Assange y Vallejo, lo que les permitió anticiparse y desbaratar el plan de salida de la embajada.
La investigación abierta en España se ha convertido, pues, en el mayor obstáculo al juicio de extradición de Londres, por lo que Estados Unidos ha pasado al ataque. El juez De la Mata, que dirige la investigación española, había solicitado detalles de las direcciones IP en Estados Unidos que se habían conectado al servidor donde se estaba descargando el material de vigilancia sobre Assange, ubicado en Jerez de la Frontera, donde UC Global tenía su sede.
España pregunta y Estados Unidos no sólo no responde sino que, a su vez, se pone a preguntar para evitar que salga a la luz el espionaje en el interior de una embajada. La fiscalía estadounidense ha enviado una carta a María de las Heras, jueza de enlace de España en Estados Unidos, con un ultimátum y un largo interrogatorio.
Los fiscales estadounidenses quieren que toda esa información se les facilite antes del 16 de octubre. De lo contrario “asumiremos que las autoridades españolas no están interesadas” y la solicitud será archivada.
En la carta, Estados Unidos pide “las fuentes de información para la mayoría de las afirmaciones hechas en la solicitud de cooperación judicial”. Es una injerencia en una investigación sobre la que Estados Unidos no tiene jurisdicción y un intento de intimidar a dichos testigos, cuyo anonimato se ha mantenido para garantizar su seguridad.
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