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Día: 8 de septiembre de 2020 (página 1 de 1)

La carrera por la vacuna está en manos de multinacionales condenadas por corrupción y sobornos

AstraZeneca es una de las empresas que están en la carrera por el gran pastel de la vacuna contra el coronavirus.

En los medios de comunicación de la presentan como “la vacuna de Oxford” para lavar la cara del negocio farmacéutico con la apariencia de una investigación universitaria, “casi” sin ánimo de lucro.

Sin embargo, AstraZeneca es una empresa condenada por el gobierno de Estados Unidos por sobornos y corrupción cometidos en varios países (1).

A pesar de ello, el gobierno de Estados Unidos financia con 1.200 millones de dólares dinero público (2) a una empresa a la que ha condenado por corrupción, dentro de la Operación Velocidad Punta.

En 2016 la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, condenó a AstraZeneca a pagar 5,52 millones de dólares por sobornos pagados a los funcionarios de salud pública en China y Rusia.

Desde 2005 AstraZeneca ofreció regalos, pagó conferencias, viajes y otros beneficios a las burocracias sanitarias de ambos países para que compraran o prescribieran los fármacos de la empresa.

La filial china de AstraZeneca organizó conferencias sobre salud y pagó la intervención en ellas de los funcionarios sobornados, que en ocasiones se limitaban a leer la publicidad de la empresa farmacéutica.

En 2008 sobornó a los funcionarios locales para eludir las sanciones económicas a las que se enfrentó la empresa.

La empresa farmacéutica llevó la corrupción hasta un país devastado por la guerra, como Irak, donde sobornó a los dirigentes del Ministerio de Sanidad para obtener la adjudicación de contratos (3).

La corrupción y los sobornos en Irak se remontan a los tiempos de Saddam Hussein, en una época de bloqueo económico. El sistema de salud del gobierno irakí dio a los funcionarios de ese país una influencia significativa sobre el mercado y las importaciones de medicamentos, creando AstraZeneca “una cultura de corrupción generalizada”.

Cuando el gobierno de Saddam fue derribado, el Ministerio de Sanidad quedó bajo el control de los chiítas, pero los sobornos continuaron. El gobierno cambia, pero a las multinacionales el color del dinero les da lo mismo.

Recientemente su vacuna contra el coronavirus quedó en suspenso por los graves efectos adversos experimentados en la fase 3 de las pruebas clínicas (4).

(1) https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-usa/astrazeneca-to-pay-5-52-million-to-resolve-sec-foreign-bribery-case-idUSKCN1152U9
(2) https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/16/fact-sheet-explaining-operation-warp-speed.html
(3) https://www.fiercepharma.com/pharma/doj-probes-astrazeneca-over-allegations-corruption-iraq

(4) https://www.clarin.com/sociedad/astrazeneca-oxford-suspendieron-ensayos-vacuna-coronavirus-va-producirse-argentina-efectos-adversos_0_tE__4Gs9i.html

Los tribunales franceses anulan la obligatoriedad del uso de mascarillas

A primera vista puede parecer contradictorio, pero en Francia un colectivo de víctimas del Covid-19 está presentando recursos contra el uso obligatorio de mascarilla que se está generalizando en las principales ciudades… Y está ganando.

La última en sumarse ha sido Lyon. El Tribunal Administrativo ha sentenciado que la Prefectura no tenía derecho a imponer el uso de mascarilla obligatoria durante todo el día y en todo el territorio de las localidades de Lyon y Villeurbanne. Obliga al prefecto a cambiar la normativa antes del martes a mediodía.

El caso ha sido elevado al Consejo de Estado por el Ministerio de Sanidad. La Corte suprema ha corroborado que la mascarilla obligatoria se puede aplicar en las ciudades más densamente pobladas pero pide que se revise en núcleos urbanos más pequeños. Más detalles.

El juez de Lyon ha seguido a la letra la jurisprudencia de su compañera del Bajo Rin.

En el departamento que incluye la ciudad de Estrasburgo, la juez obligó esta semana a la Prefectura a «reescribir» su Orden sobre el uso obligatorio de mascarillas en las ciudades de la región del noreste francés. En concreto la magistrada obliga a la Prefectura a que elimine de la obligación del uso de mascarilla algunas ciudades en las que no hay una «fuerte densidad de población» y a que precise horarios en función de la posibilidad de aglomeraciones.

Según la juez, la norma supone «un atentado inmediato a la libertad personal de ir y venir de las personas que necesitan desplazarse» en respuesta a la queja de dos médicos que necesitaban desplazarse e interpusieron el recurso.

Si la Prefectura no publica la nueva normativa más precisa antes del lunes 7 de septiembre a mediodía, la norma que obliga al uso de mascarilla será anulada automáticamente.

La decisión podría crear jurisprudencia obligando a retocar el resto de normativas.

Este mismo viernes Rouen ha retocado la Orden Prefectoral reduciendo el uso de mascarilla a las comunidades más densamente pobladas, sólo entre 7 de la mañana y las 2 de la mañana y no se aplica en espacios naturales ni para la realización de ciertas actividades deportivas.

También se ha recurrido el uso de mascarilla obligatorio en ciudades como París, Lyon, Toulouse, Niza o Marsella.

El colectivo «Víctimas Covid-19 Francia» prevé recurrir la normativa en al menos 15 ciudades. Les apoya el abogado Fabrice di Vizio que promete recurrir todas las normativas similares de Francia y que también defiende a la asociación de profesionales de salud C19 que critica la gestión del Gobierno y las medidas puestas en marcha.

En marzo tres miembros de la asociación C19 llevaron ante los tribunales al primer ministro Edouard Philippe y a la entonces ministra de Salud Agnés Buzyn por su gestión de la crisis.

El colectivo explicaba en Twiter que no están ni en contra ni a favor de la mascarilla sino «por la coherencia y la proporcionalidad de las acciones en función de la situación» pidiendo la «suspensión de la obligación de la mascarilla en el exterior»:

Ambas asociaciones forman parte del nutrido movimiento opuesto a la gestión gubernamental de la crisis que defiende por ejemplo el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina junto a un antibiótico como tratamiento frente al Covid-19. Estos opositores a menudo acusan al Gobierno de haber prohibido este tratamiento para favorecer a los laboratorios farmacéuticos. El doctor Didier Raoult, gran defensor de la cloroquina, ha declarado en muchas ocasiones que la mascarilla obligatoria es una decisión política.

Además de aprobar el uso de mascarilla en la mayoría de ciudades el Gobierno ha impuesto la mascarilla en los centros de trabajo a partir de este 1 de septiembre.

Algunos analistas recuerdan que la decisión de la jueza del Bajo Rin es distinta, porque ciudades como París, Lyon y Marsella están en «zona roja» de la propagación de la epidemia, zonas de «circulación activa» del virus. Por el momento no hay regiones en zona «negra» que significa emergencia sanitaria.

Esta consideración no ha tenido importancia para el juez de Lyon, y otros Tribunales administrativos podrían seguir esta senda.

Sin embargo los casos de Covid-19 en Francia no dejan de aumentar, con un repunte importante desde mediados de julio y cifras de contagios confirmados similares a las del mes de abril (casi 8.000 casos en las últimas 24 horas).

El movimiento contra las mascarillas y contra las restricciones impuestas por el Covid-19 está presente en casi todos los países.

https://es.euronews.com/2020/09/04/francia-un-colectivo-recurre-ante-la-justicia-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-la-call

Google censura las informaciones alternativas en materia de salud por intereses económicos

Google es una versión mejorada de Bill Gates. Censura las informaciones alternativas en materia de salud pública porque tiene intereses económicos en ella. Bill Gates no es sólo un empresario de la informática y Google tampoco es sólo un buscador sino un enorme holding que, a través de Alphabet, invierte en numerosos sectores económicos.

Uno de ellos es la sanidad y las inversiones las realiza a través de su filial Verily, una empresa de capital riesgo que creó en 2015.

A su vez Verily mantiene acuerdos con los grandes grupos monopolistas del sector. En 2016 creó una empresa conjunta con el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline dedicada a las señales eléctricas en el cuerpo humano, una subsidiaria llamada Galvani Bioelectronics.

Con Sanofi también creó otra empresa conjunta, Onduo, para diseñar y desarrollar nuevos dispositivos conectados en el campo de la diabetes.

Verily está asociada al gigante farmacéutico suizo Novartis y el Fondo Europeo de Inversiones. Desde 2017 Google ha invertido 300 millones de dólares en un fondo buitre gestionado por Medicxi, pero también tiene acuerdos con Johnson & Johnson.

Antes Verily se llamó Google Life Sciences y, como su propio nombre indica, invierte en “ciencia” y, más concretamente, en biología, donde la cotización de las acciones y, por tanto, los beneficios, dependen de la información. La circulación de un tipo de informaciones empuja a la bolsa y las de otro tipo la hunden.

La bolsa se mueve por “información privilegiada” y ahí es donde entra el buscador, que impone al 90 por ciento de los internautas del mundo lo que pueden o no pueden leer. Lo que dice Google es “ciencia” y todo lo demás lo deja en manos de inquisidores como Newtral, Maldita y otros mercachifles.

La bolsa necesita informar pero también informarse. Por eso Verily reclutó a Thomas R. Insel, que dejó su cargo de director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos para irse al sector privado.

Son las puertas giratorias o capitalismo monopolista de Estado. Verily también reclutó a Robert Califf, el director de la FDA, la autoridad sanitaria de Estados Unidos que regula lo que es bueno para la salud, lo que se puede comer, los fármacos que se deben tomar y las drogas que perjudican la salud y que, en consecuencia, se deben prohibir.

Google también es propietario de un fondo especulativo llamado GV, que ha invertido en docenas de empresas de nueva creación especializadas en salud, principalmente en Estados Unidos.

Pero para Google los intermediarios no son suficientes y ha creado su propia empresa de biotecnología: Calico.

Varios de sus proyectos son claramente represivos, como el brazalete de seguimiento (1), o las aplicaciones de rastreo de contactos de la pandemia (2), por más que se travistan con motivos sanitarios.

A un gigante especulador tampoco las bolsas les resultan suficientes e invierte en empresas que fabrican medicamentos y no cotizan en los mercados. A través de ellas, Verily y otros fondos buitre captan a los científicos que las dirigen y a los que trabajan en ellas.

En definitiva, lo mismo que las universidades y los laboratorios, los científicos trabajan para los grandes monopolios.

(1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-23/google-developing-health-tracking-wristband-for-health-research
(2) https://www.wired.com/story/google-apple-change-tactics-contact-tracing-tech/

Más información:
– Google no filtra las noticias falsas sino aquellas que el imperialismo trata de silenciar
– La creciente influencia de Google en la política europea
– Google informa a la policía de las búsquedas que haces
– El coronavirus le ha servido a Google para retomar su idea de una gran base de datos genéticos a nivel mundial
– Google introducirá otro espía en tu móvil en la próxima actualización del sistema operativo

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