El franquismo es exactamente igual al régimen actual. También entonces existía libertad de expresión y también estaba garantizada por la Constitución (Leyes Fundamentales las llamaban) del momento. El artículo 12 del Fuero de los Españoles decía:
“Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.
El artículo 20 de la Constitución actual es parecido y en cada juicio los fiscales -que son hijos de sus padres políticos- insisten una y otra vez, en repetir una obviedad: los derechos fundamentales siempre tienen límites. Antes y ahora la libertad de expresión no puede atentar contra los principios fundamentales del Estado.
Como el Estado de 1939 es el mismo de ahora, los principios que limitan los derechos también son los mismos. Por eso las cunetas de las carreteras siguen siendo fosas comunes para los republicanos y no se ha podido revisar ni una sola causa incoada por los tribunales franquistas.
Hay que reconocer, sin embargo, que algunos nombres sí han cambiado, lo mismo que ha ocurrido con los nombres de las calles. Pero también es necesario recordar que, cualquiera que sea su nombre, la calle es la misma.
Algunos tribunales fascistas también han cambiado de nombre. Uno de ellos antes se llamaba TOP y ahora Audiencia Nacional. El TOP enviaba a los detenidos a la cárcel por “propaganda ilegal”; ahora la Audiencia Nacional lo llama “enaltecimiento del terrorismo”. El resultado es el mismo: la cárcel. Es el caso de Alfredo Remírez, un preso político del que nadie habla, encarcelado por emitir sus opiniones en internet.
Los tribunales fascistas no es que estén “manipulados” políticamente, sino que son órganos políticos y, en consecuencia, siempre funcionan de una manera discriminatoria.
Por ejemplo, contar un chiste sobre Carrero Blanco es un delito. Sin embargo, contar un chiste sobre Franco no lo es. La jurispridencia del Tribunal Supremo hace tiempo que ha transpasado el límite del ridículo: es peor atacar al subalterno (Carrero) que al jefe (Franco).
Es un caso único en los anales de la represión política cuyo origen es que, a diferencia de su valido, Franco murió en la cama. Afortunadamente eso nos permite criticarle, burlarnos, insultarle y despreciarle. Si hubiera sido ejecutado, como merecía, sería otra de esas “victimas del terrorismo” a las que la jurispridencia ha puesto por encima de la historia. No podríamos humillar a un criminal, como Franco, porque las leyes, los fiscales y los tribunales le protegerían.
El artificio político se repite en todas y cada una de las casi 500 causas abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo en este año, fruto de su fiebre inquisitorial que tiene a la policía -incluida la policía foral de Navarra- muy atareada, pendiente de los blogs, las pintadas, los carteles, los mensajes de móvil, las fotos, los vídeos, los raperos, las pancartas, las pegatinas…
Sin embargo, hay oportunistas que sólo se acuerdan de San Bárbara cuando truena. Es la quintaesencia de su oportunismo político. Afirman que sólo hay represión cuando los medios hablan de represaliados como Cassandra, o César Strawberry, o los 12 raperos de La Insurgencia. De esa manera quieren dar a entender que la represión política es esporádica, ocasional, y le lavan la cara al régimen actual.
La represión política es política y, por lo tanto, discriminatoria. Todos los años la fiscalía abre cientos causas por “enaltecimiento del terrorismo” y cierra otras tantas, y no es posible averiguar por qué sucede una cosa u otra. Le basta con capturar a unos pocos cabezas de turco, conejillos de Indias en los que se pueden cebar para intimidar a todos los demás. Como Alfredo Remírez, sin ir más lejos.
