En mayo de 2012 se destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que manejaba un ingente volumen de información sobre los ciudadanos de este país. Policía, Guardia Civil, Ejército, Servicios Secretos y empresas privadas aparecen confabulados en una trama, la mayor conocida hasta la fecha, que no va dirigida contra ningún país extranjero, ni tiene tampoco objetivos militares.
La conexión del CNI con este entramado es obvia. El imputado clave de la trama es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje. De origen argentino, Bevilacqua empezó su carrera como pirata informático y en Barcelona organizó la empresa CF Labs por cuenta del CNI. Fue director técnico de la plataforma esCERT, encargada de coordinar el Proyecto Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.
CF Labs participa en el Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas, una de las empresas adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. No es más que una subcontrata del Ministerio del Interior. La Comisión Europea adjudicó el proyecto a dicho Ministerio, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas privadas asociadas al mismo.
El Centro Nacional de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje informático español creado tras el Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) aprobado por la Unión Europea con el objetivo de “proteger la seguridad nacional del ciberterrorismo y el espionaje industrial”, una necesidad creciente como consecuencia de la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas y entre las grandes multinacionales. Tiene su sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000 euros concedidos por la Comisión Europea.
Durante su detención a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros en metálico, que justificó a la policía diciendo que era el pago de unos trabajos realizados para el CNI, si bien la policía maquilló su declaración, reemplazando las siglas del espionaje por “Defensa”. Su caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos represivos del Estado.
Impartía numerosos cursos de formación a jueces, fiscales y miembros de la policía y la guardia civil. Bevilacqua fue quien capturó los correos electrónicos de Urdangarin, que fueron luego difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El abogado de Urdangarin pagó 7.000 euros a CF Labs para recuperar los correos electrónicos del disco duro de la agencia que llevaba las cuentas del Instituto Noos.
El pirata era omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives implicados en la trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Este último era propietario de Vertex, la empresa que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua antes de que éste fundara CF Labs.
El administrador de Cybex es el detective Juan de la Torre, de la agencia Intelligence Bureau y en ella trabajaba también Sergio Córcoles, policía local de Santa María de Palautordera, que era propietario de un apartamento en un complejo de cala Portinatx, en la costa ibicenca. Nadie se preocupó nunca por la fuente de ingresos de aquel modesto policía municipal que disfrutaba de tan lujoso chalet.
Tradicionalmente Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje. En este caso el jefe del CNI en las islas ha tenido que prestar declaración en la causa. El CNI puso a Bevilacqua a trabajar para el gobierno de Chávez en materia de seguridad informática, aunque la prensa escribió la noticia al revés: “El imputado Matías Bevilacqua ha asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno de Hugo Chávez”, titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año.
Las multinacionales son una de los nichos de información y de negocio del espionaje moderno. Yolanda Menal, directora de recursos humanos de la multinacional Unilever en España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a proveedores como a empresas de la competencia. Pero además controló el correo electrónico de sus propios subordinados sin que se enterasen para afianzar su propio poder y utilizaba los datos para despedir a los trabajadores. En otras ocasiones Unilever los utilizaba para el chantaje. A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos como salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del ordenador de forma ilegal.
Con el mismo fin de represión laboral, la multinacional Du Pont también intervino los ordenadores de tres trabajadores a los que quería despedir. Quien encargó las investigaciones en esta ocasión fue el director del gabinete jurídico, José Luis Badia, que tiene su despacho en Ginebra. El volumen de datos incautados en los discos duros de los correos alcanza los 13 gigas de documentación. Los informes que obran en el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos electrónicos de los empleados se realizan para “motivar los despidos” ante los tribunales.
Bevilacqua también pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, por encargo de la competencia: “Pinchamos en Outlook, lo conectamos vía Imap, hacemos una réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el despacho y, si funciona, ya no tenemos que hacer nada más”.
También fue citado a la comisaría de policía Eduardo Garriga, el antiguo director gerente de la compañía de seguros Mutua Universal. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y a un tal Tino, un guardia civil le dice al detective: “Si vienen los del centro [CNI] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada […] Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste”.
Lo bueno de montar estos tinglados, además de financiar el CNI, es que cuando se destapa presentan el asunto como si algún desaprensivo estuviera comerciando con datos privados para su provecho particular. Así es como presentaron el año pasado a la trama Método3 que espiaba a los futbolistas del Barcelona. En el caso Pitiusa son nada menos que 80 las agencias de detectives implicadas.
Ningún particular ni red privada es capaz de organizar algo así. El caso Pitiusa es la trama de criminal más importante organizada en Europa desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio es comparable. Han sido capaces de infiltrarse en el Inem, Hacienda, juzgados o policía y han accedido a todo tipo de información sobre cualquier persona que vive este país. Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les alertó en diciembre de 2011 de que la policía estaba tras sus pasos.
Además del CNI formaban parte de su trama de colaboradores una red de funcionarios que se extendía por Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el INEM, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange, e incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otros monopolios similares.
Para entender este tipo de entramados hay que entender que en su nuevo estatuto de personal el CNI está captando a sus espías entre directivos de multinacionales españolas y extranjeras. Para financiarse el CNI, vendía luego los datos a los bancos, preocupados por la solvencia de sus clientes, devoradores de un listado de nombres, teléfonos e historias laborales que crecía mes a mes.
Aunque el sumario tiene ya 60 tomos, no hay ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes con los que ha traficado esta red a lo largo de los años que llevaba operando. Tampoco constan las personas que han sido espiadas. No se ha cuantificado la magnitud del delito, ni en dinero, ni los datos robados, ni las personas afectadas. La desconfianza hace pensar en la capacidad de la red para poder robar datos médicos y vendérselos a empresas aseguradoras, o a los mismos bancos en cuyas hipotecas incluyen seguros de vida.
Desde sus inicios el número de imputados ha pasado de los 70 iniciales a los 183 actuales (2012). La progresión geométrica con la que aumenta indica que se trata solo la punta del iceberg.
