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Día: 13 de abril de 2015 (página 1 de 1)

El rey dimisionario sigue utilizando la base aérea de Torrejón

Hace años que los aviones privados desaparecieron de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Barajas acogió a la llamada “aviación ejecutiva” y Torrejón pasó a ser un coto cerrado para aeronaves militares.
Entre otros allí se aloja un ala de cazabombarderos F-18, el Grupo 52 de transporte de autoridades y los aviones apagafuegos de la Unidad Militar de Emergencias. También es la sede de CAOC, el mando aéreo de la OTAN para Europa Occidental, entre otras unidades de carácter más o menos secreto.

En fin, en Torrejón sólo aterrizan aviones militares… salvo cuando viaja el dimitido rey Juan Carlos, que no ha perdido el hábito de usar la gran Base Aérea de las afueras de Madrid, ni siquiera cuando hace sus desplazamientos privados. El 27 de enero viajó a Arabia saudí en un vuelo del Grupo 52 de la fuerza aérea que salió de la pista de Torrejón de Ardoz.

Tras su dimisión, el antiguo rey mantiene la actividad privada propia de un jubilado de alto nivel, al que le gusta visitar a sus amiguetes sauditas de vez en cuando.

Por el contrario, para sus desplazamientos privados otros miembros de la Casa Real usan las instalaciones del aeropuerto de Barajas, la aviación comercial.

La pobreza dejará huellas indelebles en la salud de las generaciones futuras

José Luis tiene 14 años y el médico le ha diagnosticado una patología en la mandíbula que le impide morder correctamente. La única solución es acudir al dentista para que le ponga una ortodoncia que impida que el problema se agrave. Su madre, Nelly, no deja de pensar en qué hacer para afrontar el gasto de un aparato dental. «Según el médico, debemos hacerlo de forma urgente porque, si no, tendrá problemas más adelante», comenta preocupada. «Me han dicho que es un desembolso total de entre 3.000 y 4.000 euros, pero eso nosotros no podemos pagarlo».

La pobreza infantil y el deterioro de la salud tienen, a largo plazo, un vínculo que ha documentado la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Ildefonso Hernández, presidente de la asociación y catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, señala que «la pobreza infantil no solo aumenta el riesgo de mala salud durante esta etapa, sino que ya hay pruebas suficientes para afirmar que dejará efectos indelebles a largo plazo en la salud de los que la sufren».

La de Nelly es una de las familias a las que la crisis ha golpeado intensamente. Entre ella y su marido no ganan más de 490 euros mensuales, que es el único dinero que entra en casa para mantenerse los tres. Nelly tiene miedo de que su hijo desarrolle dolencias futuras por no poder solucionar su problema actual ante la falta de recursos.

Uno de cada tres niños en España vive bajo el umbral de la pobreza, un 29,9% de la población infantil. Una cifra que trepa hasta el 33,8% en el caso de menores que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es una realidad que los efectos en la salud derivados de esta situación ya se están notando, según Jesús García Pérez, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social: «En las consultas nos estamos encontrando ya las consecuencias de esta pobreza: niños que no siguen una dieta equilibrada y presentan síntomas de malnutrición».

Los niños sometidos en la actualidad a estas situaciones tienen muchas más posibilidades de desarrollar enfermedades en el futuro como problemas inflamatorios, diabetes, afecciones pulmonares, cardiovasculares y coronarias o hipertensiones, según los médicos consultados. Además, es probable que experimenten limitaciones funcionales, fragilidad o bajo desempeño físico. «La malnutrición retrasa su crecimiento y desarrollo posterior, incluso el cognitivo, lo que tiene consecuencias muy graves», sostiene el doctor García Pérez.

Nelly y su familia dependen de la ayuda de organizaciones sociales como Save the Children o el Banco de Alimentos. Su hijo José Luis come en el colegio gracias a la beca de comedor que le ha concedido la Generalitat Valenciana. Ella es empleada doméstica y cobra 290 euros cuidando de una mujer en situación de dependencia. Su marido ha encontrado trabajo hace un mes en una empresa de taxis, después de llevar cuatro años en paro. Cobra 200 euros.

Las situaciones que observan en Save the Children, testimonia Rodrigo Hernández, responsable de la ONG en la Comunidad Valenciana, pasan por familias con miembros en paro que no cobran ninguna ayuda pública o que desempeñan trabajos muy precarios, que no cuentan con los recursos suficientes para llevar una dieta equilibrada o que han sido o van a ser desahuciados porque no pueden hacerle frente al pago de la hipoteca o el alquiler. Muchos, además, sufren pobreza energética ante la incapacidad de costear la luz, el agua o la calefacción. Es el caso de Nelly y su familia, que acumula varias facturas y debe seis meses de alquiler.

A Hernández le llegan decenas de casos de niños con problemas de salud detectados por el profesorado en los colegios. En otras ocasiones, es la propia ONG la que los identifica gracias al contacto directo con las familias y los menores. «Los niños que no se alimentan lo suficiente o incorrectamente presentan problemas de cansancio, bajo rendimiento escolar y a veces anemia y bajada de plaquetas», explica. Además, la incapacidad de las familias para afrontar el coste de unas gafas, por ejemplo, les provoca dolores de cabeza y dificultades de lectura y concentración, precisa Hernández.

La infancia es uno de los periodos más críticos del desarrollo vital. De hecho, «determinadas capacidades físicas, cognitivas o socioemocionales se adquieren en el momento de la niñez y adolescencia y condicionan la vida adulta», detalla Ildefonso Hernández. Además de problemas físicos futuros, los niños y niñas que sufren el impacto de la pobreza también presentan un peor estado de salud psicológico. En su opinión, «aumenta el riesgo de enfermedades mentales y se alteran las conductas de los niños que están sometidos a situaciones estresantes».

En la misma línea se expresa Jesús García, que hace hincapié en que los menores que sufren pobreza en sus hogares y ven cómo sus padres experimentan dificultades constantes «a veces se sienten mal y generan un estado de inseguridad y culpabilidad». La ira, la tristeza o el miedo, prosigue García, «son sentimientos que perciben en muchas ocasiones».

Las oportunidades sociales y laborales futuras también se ven condicionadas, pues es bastante frecuente que disminuya el rendimiento académico actual, sostiene Ildefonso Hernández. Es el caso de José Luis: «Él es un niño alegre que siempre está contento, pero yo sé que los problemas los lleva por dentro, incluso ha bajado un poco en los estudios», dice su madre.

Las organizaciones médicas y sociales coinciden en que, cuanto más precoz es la exposición a esta situación de pobreza y más años dura, «más irreversibles y definitivos son los efectos negativos a largo plazo». Por ello reivindican que el problema se coloque en el centro de la agenda y se lleven a cabo políticas públicas efectivas para paliar la desigualdad social. Entre las medidas urgentes y a corto plazo que propone SESPAS se encuentra la de mantener los comedores abiertos de los colegios durante todo el año, algo que  no ha llevado a cabo ninguna comunidad autónoma durante las pasadas vacaciones de Semana Santa.

También plantea promover la creación de plazas de Educación Infantil pública para vulnerables a su cargo y garantizar el acceso a los suministros básicos de todos los hogares para combatir la pobreza energética. «Las administraciones deben cumplir la Ley General de Salud Pública, que les obliga no solo a vigilar la salud en términos de enfermedades, sino también a analizar los determinantes sociales de la salud», confirma el presidente de SESPAS. Y concluye: «Con las políticas actuales se está hipotecando la salud y la vida en general de la futura sociedad española».

El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía

La Dirección General de la Policía ha decidido destituir al comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, y enviarlo al Consejo Asesor, un órgano sin atribuciones específicas. Detrás de la destitución de Martín está la soterrada guerra en el seno de la cúpula policial que este mantenía con el también comisario José Manuel Villarejo, el policía que se entrevistó con Ignacio González en una reunión cuya grabación terminó publicada por algunos medios.

Tanto Villarejo como Martín Blas-Aranda han sido desde el principio de la legislatura policías de la máxima confianza del Ministerio del Interior, y ambos están relacionados con las maniobras policiales contra el proceso soberanista en Cataluña. Pero un enfrentamiento entre ellos a raíz de la investigación que Asuntos Internos llevó contra agentes del cuerpo en relación con la Operación Emperador –que acabó con la mayor red de blanqueo chino en España– terminó convirtiéndose en una auténtica batalla interna, recrudecida por el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, llamado el «Pequeño Nicolás», detenido por Asuntos Internos y quien vinculó al comisario Villarejo en la trama investigada. Un informe de Asuntos Internos llegó a situar por error a Villarejo en una de las reuniones del joven documentadas en el sumario de la causa.

En el sumario abierto contra el «Pequeño Nicolás», el Caso Nicolay, aparecen testimonios en los que el joven acudía a un “workcenter” para imprimir informes del CNI, la Zarzuela o la Vicepresidencia del Gobierno.

El comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, pasaba desde hace semanas por un periodo de vacaciones en el que ya estaba decidido que no regresaría a su puesto. El cargo fue incluso ofrecido por la Dirección de la Policía a varios comisarios, que lo rechazaron. Finalmente, será ocupado por el hasta ahora jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Francisco Migueláñez.


Desde que aparecieron las informaciones del abultado patrimonio del comisario Villarejo y de su implicación en las maniobras contra el proceso soberanista, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha optado por protegerle. En este sentido, encargó una investigación sobre la grabación de la entrevista con Ignacio González y su posterior difusión a un subordinado de Villarejo que trabaja actualmente con él en la Dirección Operativa Adjunta de la Policía.

Las entrevistas de los políticos en la prensa cuestan muy caras

 Gonzalo Cortizo

El 6 de febrero el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, del PP, decidió invertir 84.700 euros en una campaña de publicidad en el diario Expansión, perteneciente al grupo Unidad Editorial. Solo 14 días después del desembolso, aparecía en la portada del periódico. En una entrevista en la que advertía de la buena marcha de la economía de Aragón, Rudi aseguraba: «Las multinacionales ya están invirtiendo más en esta comunidad».

Según el Gobierno aragonés, la campaña contratada con Unidad Editorial «tenía por objeto inserciones publicitarias en la web del rotativo para difusión de la imagen de Aragón en materia de turismo, oferta de suelo público y en relación con la exposición sobre Fernando II de Aragón». Nada que ver con la búsqueda de una posición preferente en la escaleta de temas del rotativo. «Nunca hemos pagado por informaciones», insisten fuentes oficiales que descartan la existencia de una «causa-efecto» entre el pago de 84.000 euros y la primera plana dedicada a la presidenta.

La coincidencias entre inversiones y apariciones en medios subvencionados se repite con la cadena de radio Onda Cero. La emisora del grupo Uniprex firmó el 13 de febrero un contrato con el Gobierno de Aragón por valor de 38.720 euros. Menos de un mes después (el 9 de marzo), el equipo de “La Brújula” de Onda Cero se trasladó para realizar su programa a la misma sede del Gobierno aragonés con una entrevista a Rudi como plato principal de su propuesta informativa.

A pesar de las coincidencias, fuentes cercanas a Luisa Fernanda Rudi insisten en que su Gobierno no paga por entrevistas sino por inserciones publicitarias en beneficio de la economía aragonesa. El análisis de los datos entregados por el Gobierno aragonés al Parlamento regional revelan que la mayor parte del gasto publicitario es para ABC y Onda Cero, además del citado Expansión.

El diario ABC es otro de los grandes beneficiados en los contratos firmados por Aragón a principios de año. El 13 de enero fue un día grande para las relaciones entre el diario de Vocento y el Gobierno de Rudi. Solo ese día el Ejecutivo aragonés cerró hasta seis contratos con el diario conservador por valor de 109.539 euros. Los acuerdos se refieren a órdenes de difusión publicitaria en varias secciones del diario como ABC Cultural o ABC Empresa, además de «difusión publicitaria del Gobierno de Aragón» en el suplemento que el rotativo tiene en esa comunidad autónoma.

Tan solo un día antes de ese importante acuerdo publicitario, ABC destacaba la austeridad de la presidenta aragonesa con un artículo titulado «Rudi pone a dieta el protocolo». En esa información, señalaba que «llegar Luisa Fernanda Rudi a la presidencia y asestarle un tijeretazo a esa partida fue todo uno». ABC proseguía en su caricia afirmando que «el adelgazamiento ha afectado también a gastos en imagen política e institucional. Por ejemplo, poniendo a dieta severa los gastos de publicidad oficial». Solo 24 horas después de llevar esas palabras a imprenta, el diario cerraba un contrato por más de 100.000 euros.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica

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