Al hospital de La Oroya fue trasladado un obrero ya fallecido con una herida de bala en el pecho. Fue identificado como Edward Soto de la Cruz, un minero de 41 años.
También se atendieron heridos con golpes y lesiones causadas por armas cortopunzantes y golpes, resultado de la protesta en reclamo por la situación de los mineros después de que fracasara la subasta de un complejo metalúrgico y una mina de cobre de la empresa Doe Run, de capital norteamericano.
7 de los heridos «probablemente serán operados» en las próximas horas, 19 ya fueron dados de alta y otros con lesiones de mayor gravedad serán trasladados al hospital Ramiro Prialé de la ciudad de Huancayo, capital de Junín.
Los enfrentamientos en La Oroya, a unos 185 kilómetros de Lima, se dieron cuando la Policía intentó desbloquear la Carretera Central, que fue cortada durante el inicio de una paralización indefinida. El director general de la Policía Nacional, Jorge Flores, declaró que las autoridades no pueden permitir «que la principal vía de acceso a Lima, que es la Carretera Central, esté bloqueada».
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló que el tránsito se mantiene suspendido en el kilómetro 176 de la Carretera Central para vehículos particulares y de transporte de personas, carga y mercancías.
Los pobladores de La Oroya comenzaron la huelga ante el fracaso de la licitación de los activos de la empresa Doe Run Perú, que comprende el complejo metalúrgico en esa localidad y la mina Cobriza, en la vecina región de Huancavelica. Por ese motivo, exigen a las autoridades que emitan un decreto de urgencia que asegure la protección laboral de los trabajadores mineros y que se declare a su ciudad en situación de emergencia.
Doe Run, empresa del magnate norteamericano Ira Rennert, paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo no tener suficientes recursos y mientras era acusada por las autoridades peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales.
En abril de 2012, la minera fue declarada por sus acreedores en proceso de «liquidación en marcha», ante la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración que presentó para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.
La Corte Superior de Justicia de Lima determinó en agosto del año pasado que la empresa debía pagar al Estado peruano 163 millones de dólares por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya.