Un gobierno provincial de Canadá impone poderes de emergencia en favor de la policía

El gobierno de la provincia canadiense de Saskatchewan ha impuesto poderes de emergencia que autorizan a la policía detener o expulsar a personas sin orden judicial y confiscar bienes personales a discreción.

La nueva orden de emergencia provincial en virtud de la Ley de Planificación de Emergencia fue firmada el 13 de septiembre por el Primer Ministro Scott Moe a petición de los responsables sanitarios.

Según las nuevas órdenes, el ministro de Sanidad de Saskatchewan puede “autorizar la entrada en cualquier edificio o terreno, sin orden judicial, a cualquier persona en el curso de la aplicación de un plan de emergencia”.

El gobierno también puede ordenar “la evacuación de personas y el traslado de personas o ganado y bienes personales de cualquier zona de Saskatchewan que se vea o pueda verse afectada por una emergencia y tomar medidas para el cuidado y la protección adecuados de esas personas o ganado y bienes personales”.

Según el Ministerio de Sanidad, las nuevas órdenes son necesarias para “garantizar la movilidad del personal del sistema sanitario mediante una mayor flexibilidad en la planificación y reorientación de los trabajadores sanitarios hacia las zonas con presiones de capacidad y en la utilización de recursos adicionales”.

Los nuevos poderes sanitarios de emergencia permiten al gobierno “asumir la dirección y el control de la respuesta de emergencia de una autoridad local”.

También otorgan al gobierno la facultad de “adquirir o utilizar cualquier bien inmueble o personal que el Ministro considere necesario para prevenir, combatir o mitigar los efectos de una emergencia”.

El gobierno reactivó una carta de entendimiento con los responsables sanitarios de la provincia y una serie de sindicatos provinciales, incluyendo el Sindicato de Enfermeras de Saskatchewan y la Asociación de Ciencias de la Salud.

El acuerdo explica que el gobierno puede obligar a la “redistribución temporal de los trabajadores del sector sanitario para satisfacer el aumento previsto de las necesidades de atención sanitaria relacionadas con el covid-19”.

Cualquier persona que resida en Saskatchewan está obligada por ley a cumplir las nuevas órdenes de emergencia o enfrentarse a graves sanciones o a penas de cárcel.

Los poderes extraordinarios se pretenden justificar porque el gobierno ha declarado la “cuarta ola” de la pandemia, impulsada por la “variante delta”.

La provincia, con una población de aproximadamente un millón de habitantes, registra actualmente 262 personas hospitalizadas con coronavirus.

El 17 de septiembre, Saqub Shahab, Director Médico de Salud de la provincia, emitió una orden de confinamiento provisional obligatorio y mascarillas como medida provisional hasta que el pasaporte de vacunas de la provincia entre en vigor en octubre.

Recientemente el Primer Ministro dijo que su gobierno fue “demasiado paciente” con quienes no habían recibido las vacunas cuando se introdujo el pasaporte. Las palabras de Moe contra los no vacunados incluyeron una frase en la que decía que, aunque nunca quiso “implementar” un pasaporte de vacunas, su “paciencia se ha agotado” con los no vacunados.

A partir del 1 de octubre, se exigirá una prueba de vacunación o una prueba negativa para comer en interiores, acudir a locales de ocio, asistir a conferencias o grandes eventos, o participar en gimnasios cubiertos.

Todas las provincias canadienses tienen desde hace tiempo la facultad de promulgar este tipo de normas excepcionales, que limitan los derechos de las personas con pretextos sanitarios.

La provincia de Alberta también ha declarado recientemente una emergencia pública en virtud de su Ley de Salud Pública. Al igual que en Saskatchewan, el gobierno puede entrar en los edificios sin una orden judicial o confiscar bienes personales.

A pesar de haber prometido que su provincia estaría abierta “para siempre”, el primer ministro de Alberta, Jason Kenney, introdujo recientemente un pasaporte de vacunas y promulgó nuevas normas que prohíben a las personas no vacunadas reunirse en sus domicilios particulares.

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