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París limpia las calles de mendigos para que brillen los Juegos Olímpicos

Macron quiere limpiar los barrios de París de aquellos que ensucian el paisaje. La villa olímpica se construye en las afueras del barrio de Seine-Saint-Denis porque es donde vive la población más miserable.

Seine-Saint-Denis tiene 1,6 millones de habitantes. Una parte importante está formada por gitanos, okupas e inmigrantes sin papeles y sin vivienda. El gobierno puede hacer lo que quiera con las infraviviendas, chabolas y edificios en ruinas: demoler, limpiar el terreno y construir nuevas instalaciones para la infraestructura olímpica.

Según una ley aprobada en julio, las personas que ocupan ilegalmente un edificio pueden ser castigadas con una multa o incluso con prisión. Ahora el ayuntamiento de París acelera la aplicación de la ley.

Al mismo tiempo, el número de camas en los albergues para mendigos está disminuyendo: ha caído un 10 por cien en un año porque ahora alquilan las camas a los turistas. Los sin techo ni siquiera podrán encontrar un lugar donde abrigarse, aunque sea temporalmente.

Las viviendas ocupadas no son simplemente edificios insalubres donde viven dos o tres familias. Se trata de locales enormes, a veces industriales. Los inmigrantes de Sudán y Chad han encontrado allí un refugio. A veces los talleres desvencijados se utilizan como campamentos de gitanos. Hace poco el gobierno cerró una antigua fábrica de cemento donde vivían más de 400 africanos y un aparcamiento para gitanos con 700 plazas. Estaba demasiado cerca del estadio olímpico.

La teniente de alcalde de París, Lea Filoche, admite que hay cada vez más personas sin hogar en las calles, incluidos menores. Nadie sabe qué hacer con ellos. La concejal es partidaria de realojarlos en locales no utilizados, pero ya están viviendo allí y la policía los desaloja.

Nadie ofrece apartamentos sociales. Francia tiene otras prioridades en estos momentos, como ayudar a Ucrania. Por eso ha aprobado una nueva ley, otra más, contra los emigrantes. El país galo ya no es tierra de asilo ni de refugio.

Cuando terminen los Juegos Olímpicos, los turistas se irán y las personas sin hogar regresarán a la ciudad. Podrían haber vuelto a sus infraviviendas, pero lo único que les queda es la calle.

Ocupación, expropiación y construcción de viviendas públicas asequibles

En todas las ciudades del mundo, un número cada vez mayor de trabajadores no pueden comprar vivienda, tampoco puede alquilarla, ni hay viviendas sociales, mientras la especulación marcha viento en popa.

Berlín es un ejemplo, como otro cualquiera. El 85 por cien de los berlineses habita en viviendas de alquiler. La diferencia es que en 2021 se celebró un referéndum para expropiar todo el parque de viviendas de las empresas propietarias que tuvieran al menos 3.000 unidades de alquiler dentro de la ciudad. El referéndum fue convocado por el Ayuntamiento de la capital, dominado por la socialdemocracia, porque nunca creyó que el resultado pudiera resultar favorable a la expropiación.

El referéndum fue favorable a la expropiación. Algo más del 59 por cien de la población votó a favor de expropiar un parque de unas 200.000 viviendas. El Ayuntamiento tuvo que inventar una estratagema para eludir el resultado del referéndum: formar un “comité de expertos” encargados de examinar la viabilidad real de la expropiación.

Era una manera de ganar tiempo y enfriar el compromiso. A mediados de diciembre los “expertos” presentaron su informe, concluyendo que la expropiación era factible.

El Ayuntamiento había perdido el tiempo y el informe llegaba en el peor momento, ya que a mediados de febrero hay nuevas elecciones municipales y la vivienda será un elemento importante de la campaña de los partidos, que no están por la labor. En un país “democrático” como Alemania todos piensan en la mejor manera de pasar por encima del resultado de un referéndum.

Incluso Die Linke, los “progres” alemanes, se inclina por buscar soluciones menos “radicales”, como un aumento de las ayudas a la vivienda, para seguir poniendo parches a un problema acuciante sin solucionarlo nunca.

La solución al problema de la vivienda, en Berlín y en cualquier otra gran metrópoli, pasa por tres ejes: la ocupación, la expropiación y la construcción de viviendas públicas asequibles.

En cualquier otro caso, dentro de 50 años los precios de las viviendas seguirán subiendo porque ocurre lo mismo que en todos los mercados capitalistas: hay superproducción. La oferta privada de viviendas aumenta, pero los salarios de los trabajadores no son suficientes para pagarlas, lo que da lugar a otra paradoja característica del capitalismo: cada vez se construyen más viviendas, pero van a parar a manos de especuladores y quedan vacías.

La superproducción no impide que los precios sigan aumentando porque las presiones inflacionarias son más fuertes. El problema de la vivienda, pues, será cada vez más acuciante.

La Audiencia de Madrid ‘torsiona’ la ley para facilitar a los bancos el desalojo exprés de viviendas okupadas

La Junta Sectorial de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial adoptó la pasada semana un acuerdo por el que se orienta a los Juzgados de Instrucción de la Comunidad Autónoma a que accedan a las peticiones de desalojo inmediato de viviendas ocupadas que insten bancos o fondos buitre, algo que la ley no contempla salvo en casos tasados. Leer más

Los desahucios hipotecarios resucitan a los niveles del PP gracias a una ley del PSOE: la Ley de Crédito Inmobiliario

Al igual que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida como «caso Aziz» hizo saltar por los aires los procedimientos de ejecución hipotecaria, porque constituían una apisonadora de aquellas personas que no pudieron hacer frente a hipotecas plagadas de abusos bancarios, ha sido una Ley del PSOE la que las ha rescatado de la basura. Leer más

Víctimas olvidadas, verdugos blanqueados

Escucho por radio que otra persona ha sido empujada a la muerte por la desesperación de verse desahuciada con 58 años, lo que le ha llevado a suicidarse. Ni mencionan su nombre, ni las televisiones le pondrán cara, ni hablarán de él durante semanas ni mucho menos señalarán a los culpables que viven en la opulencia a costa de estos crímenes. Son víctimas invisibilizadas de un sistema inhumano de las que, mañana, solo nos acordaremos unos pocos luchando para derrumbar la dictadura del capital y así impedir que puedan vulnerar derechos fundamentales como el de la vivienda digna. Dicen que estaba en paro, pero ni aún con trabajo (otro derecho negado a millones), son asumibles alquileres tan elevados con los sueldos de miseria actuales. Una barbaridad normalizada mientras el Gobierno se opone, incluso, a la ley catalana que pretende regular el precio de los alquileres, que no pasa de ser una insultante limosna ya que, continúan desorbitados.

Para más gravedad, según datos oficiales, los desahucios han aumentado un 13% en los últimos meses pese a las consecuencias de la pandemia y de las reiteradas promesas de prestar apoyo a quien lo necesite. Estos datos no recogen todos los casos en los que, por falta de ingresos, se ha tenido que abandonar la vivienda. Este aumento de desahucios se ha dado también en localidades con ayuntamientos podemitas, a pesar de estar presentes en el Gobierno. Los mismos que, con razón, hace años llamaban criminal al PP por permitirlo, han acabado por autodefinirse con su inacción a cambio de cómodas poltronas. Es peor que vergonzoso que, una parte de los movimientos sociales, sea cómplice al no señalarlos por sus políticas manchadas de sangre inocente. Parece que estos asesinatos son menos graves y crueles mientras Vox no tenga ministerios. Pero no, lo son aún más porque se perpetúan e incluso aumentan en nombre de la izquierda y del progresismo que se jactaba de solucionar el problema.

Los mismos que, velozmente, condenan con contundencia cualquier atisbo de autodefensa ante quienes no dejan vivir, no condenarán la violencia despiadada de banqueros, inmobiliarias, especuladores, jueces, políticos y otros ejecutores que a diario imponen -muy democráticamente, por supuesto- todo tipo de tragedias como esta con total impunidad. Hace pocos años, se les empezó a señalar masivamente con escraches y numerosas movilizaciones en las calles, cosa que les inquietó y llevó a aupar a Unidas Podemos que hoy hacen lo mismo pero provocando menos rechazo. Así fomentaron la tolerancia y la calma ante una situación merecedora de una revolución sin la que, los cambios profundos en nuestro beneficio, son imposibles.

No responde a un capricho que el Gobierno haya regalado, en más de una ocasión, millones de dinero público a las televisiones privadas y haya subido el sueldo a los cuerpos represivos. Para mejorar nuestras vidas no, pero siempre hay dinero para engrasar sus aparatos mediáticos y represores sin los que no podría sostenerse un régimen tan impopular, dominado con el uso sistemático del terror y la ignorancia generalizada. Tras dar la noticia sesgada pasan a blanquear, sin tregua, a los verdugos, a hablar de la última peripecia de Paquirrín o cualquier otro parásito forrado y a pintar que los indultos a los presos del procés son el mayor problema de los españoles. Si eso no basta para entretener y desviar la atención, esperan porrazos, multas, criminalización y cárcel. Sus incontables víctimas mortales anónimas, sumadas a las condiciones de “vida” cada vez más asfixiantes que sufrimos, tarde o temprano, van a pasar cuentas y entonces, los desahucios serán en los lujosos domicilios de los verdugos saqueadores y tal vez también saltarán por la ventana, esta vez para intentar huir de la justicia.

—Pablo Hasel https://pablohaseldesdeprision.com/2021/06/25/victimas-olvidadas-verdugos-blanqueados/

Suicidio programado: el ‘ave fénix’ de la nueva normalidad

En el periódico ABC de 1 de febrero de 1967, una pequeña nota en el capítulo de sucesos de la página 58 con el subtítulo de “suicidio de un joven” comentaba que Rafael Guijarro Moreno había muerto al lanzarse por una ventana de su casa cuando la policía había irrumpido en ella para un registro al ser sospechoso de actividades “marxistas” (1).

Un año después, Luis Serrahima, compuso un poema relacionado con esta noticia:

De matinada han trucat,
són al replà de l’escala;
a mare quan surt a obrir
porta la bata posada.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?
“El seu fill, que no és aquí?”
“N’és adormit a la cambra.
Què li volen al meu fill?”

El fill mig es desvetllava.
La mare ben poc en sap,
de totes les esperances
del seu fill estudiant,
que ben compromès n’estava.

Dies fa que parla poc
i cada nit s’agitava.
Li venia un tremolor
tement un truc a trenc d’alba.

Encara no ben despert
ja sent viva la trucada,
i es llença pel finestral,
a l’asfalt d’una volada.
Els que truquen resten muts,
menys un d’ells, potser el que mana,
que s’inclina pel finestral.

Darrere xiscla la mare.
De matinada han trucat,
la llei una hora assenyala.
Ara l’estudiant és mort,
n’és mort d’un truc a trenc d’alba.

Poema al cual María del Mar Bonet puso música y se convirtió en una de las muchas canciones de la resistencia antifranquista. Elisa Serna realizó una traducción al castellano, con el nombre de “¿Esta gente que querrá?” que por cierto, no es muy fiel al original.

El 20 de enero de 1969, Enrique Ruano, en las mismas condiciones de registro domiciliario, acusado de pertenecer al Frente de Liberación Popular, moría también al suicidarse lanzándose por una ventana a la calle.

En ambos casos, la duda siempre está presente de si realmente se suicidaron o los suicidaron. Los policías implicados fueron procesados, y como es natural, absueltos. En 1994 el Tribunal Supremo reabrió el caso y, también como es normal en estos casos, confirmó en 1997 la absolución de los policías implicados.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de la eutanasia (Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, que entrará en vigor el 25 de junio de 2021) ya se había puesto en vigor con muchos años de antelación, aunque las víctimas durante el franquismo eran los miembros de las organizaciones revolucionarias considerados como peligrosos. El cambio de la dictadura a la democracia ha llevado aparejado también un cambio “democrático” respecto a las personas suicidadas, ahora, con la casi desaparición de dichas organizaciones, los peligrosos son los pobres de solemnidad, sin importar su pertenencia política.

Hace ya años (desde la famosa “crisis” de 2008) que el número de suicidios por causa de desahucio ha ido creciendo. “Cada cinco horas se produce un suicidio en España a causa de la crisis económica que asola a cientos de miles de familias”, afirma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un informe basado en datos oficiales de la policía.

Según el informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se producen unos 34 suicidios cada semana en el país. La PAH imputa al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015 (2).

Un equipo dirigido por James López Bernal analizó las medias mensuales de suicidios comprendidos entre 2005 y 2010 y estableció que la tasa de suicidios había aumentado un 8% como consecuencia del impacto en España del crash financiero global de 2008 (3). 15Mpedia recoge 31 suicidios relacionados con desahucios aparecidos en la prensa (4).

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 permitió que los propietarios pudiesen iniciar el proceso de desalojo con tan solo un mes de impago y que actualizasen libremente las rentas. Por otra parte, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no obliga al tribunal a tener en cuenta la situación de los habitantes, ni a valorar la desigualdad material entre el arrendador y el inquilino (5).

¿Se trata de promover una eutanasia selectiva de los que padecen la enfermedad de la pobreza? ¿Quién es el responsable o causante o colaborador necesario de los suicidios clasistas?

¿Son los bien pagados diputados y senadores que aprueban las leyes? ¿Es la persona o corporación que inicia el procedimiento de desahucio? ¿Es el magistrado que permite el mismo? ¿Es la comisión judicial? ¿Es la policía que los acompaña? ¿Son los que elaboran los informes de Servicios Sociales? Bueno, al parecer nadie quiere ser responsable cuando se produce un suicidio por causa de desahucio, o mejor dicho suicidio “inducido” a causa del desahucio. Todos se amparan bajo el manto de una palabra mágica: “La Ley”.

El delito de la inducción y auxilio al suicidio se tipifica en el artículo 143 del Código Penal, en vigor hasta el día 26 de junio de 2021:

“1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
“2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
“3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”
.

La pregunta, ante los desahusuicidios, es encontrar la respuesta sobre quien son los “cooperantes con actos necesarios al suicidio”. En el último suicidio conocido, en el barrio de Sants de Barcelona este mes de junio, al parecer el informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales no fue considerado por el Magistrado que ordenó el desahucio.

El artículo 446 del Código penal dice: “El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas”.

El artículo 447: “El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

¿Será este suicidio ocasionado por vulneración de los citados artículos? ¿Se abrirá una investigación al respecto? Estas preguntas son infantiles, puesto que en estos casos los mismos que vulneras las leyes son los que las investigan, pero a pesar de todo es posible que ni tan solo se produzca un lavado de cara ante la ignominia.

Las leyes favorecerán a los inductores o cooperadores necesarios de los desahusuicidios, ya sean éstos entidades bancarias, fondos de inversión, pisotenientes, magistrados, policías o mercenarios de empresas desahuciadoras. Algunos políticos se rasgarán las vestiduras durante un día o dos, incluso en un acto de fariseísmo tal vez algún Ayuntamiento ponga una bandera a media asta. Pero mientras no exista una potente organización clasista que ponga en jaque a esta tropa de delincuentes habituales, la eutanasia selectiva será el Ave Fénix de la nueva normalidad.

(1) https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19670201-58.html
(2) https://www.aquimicasa.net/blog/vivienda/compraventa-de-viviendas/las-cifras-ocultas-de-los-suicidios-por-desahucio/
(3) https://www.elsaltodiario.com/vivienda/relacion-suicidios-desahucios
(4) https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_suicidios_relacionados_con_desahucios_en_Espa%C3%B1a
(5) https://news.upday.com/es/los-suicidios-por-desahucios-una-realidad-invisible/

Casi 600.000 personas carecen de vivienda en Estados Unidos

Por cuarto año consecutivo, la población de personas sin hogar en Estados Unidos aumentó y la cifra se acercó a las 600.000.

Entre los años 2019 y 2020 la población de personas desamparadas aumentó más de un 2 por ciento y en una sola noche de 2020, aproximadamente 580.000 personas estaban experimentando la falta de vivienda.

El incremento del 2.2 por ciento, que equivale a 12.751 desamparados más respecto al año anterior, abarca un aumento del 7 por ciento entre quienes permanecen al aire libre, lo que eclipsa con creces la modesta disminución (0,6 por ciento) de las personas que se quedaron en lugares protegidos.

El año pasado el 61 por ciento de los sin techo se alojaba en lugares protegidos, refugios de emergencia o programas de vivienda de transición, mientras que el 39 por ciento se encontraba en lugares sin refugio, como en la calle, en edificios abandonados o en otros lugares no aptos para la habitación humana.

En un video, la secretaria del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge, calificó las cifras de “devastadoras” y dijo que el país tiene la “responsabilidad moral de acabar con la falta de vivienda”.

La estadística se hizo en enero del año pasado, es decir cuando la pandemia no había estallado y el confinamiento no había producido aún su efecto económico negativo en los hogares del país.

Por primera vez desde que se inició esta estadística en 2007, ha subido el número de familias desamparadas con niños, que constituyen algo menos de 172.000. Si bien la mayoría de las personas miembros de familias con niños menores de 18 años estaban en lugares protegidos (90 por ciento), el número de familias desamparadas que no estaba en un sitio protegido aumentó un 13 por ciento.

Los niños, ya sea en familia o solos, se alojaban con mayor frecuencia en lugares protegidos (90 por ciento) y solo se contaban 10.651 niños en lugares sin refugio.

Del total de 580.466 de personas sin vivienda, las minorías raciales continúan siendo las más afectadas entre los desamparados, con los afroamericanos en el primer lugar, al constituir el 39 por ciento del total, a pesar de que suponen el 12 por ciento de la población estadounidense. La cifra supone una subida de 9 puntos porcentuales.

En segundo puesto figuran los latinos, que constituyen el 23 por ciento entre los sin techo, mientras que representan el 16 por ciento de la población en general. El porcentaje de latinos sin techo reflejan un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior.

Además, el número de hispanos sin refugio aumentó un 10 por ciento entre 2019 y 2020.

La Alianza Nacional para Poner Fin a las Personas sin Hogar puso de relieve el incremento significativo de las personas con alguna discapacidad que experimentan “una falta crónica de vivienda y vidas desamparadas”, que del 2019 al 2020 subió el 15 por ciento, “un marcador que sugiere un aumento de las necesidades y vulnerabilidades entre la población sin hogar”.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/personas-sin-techo-en-eu-aumenta-cifra-cuantas-hay-y-en-que-estados

Un caso de criminalización de la pobreza

Belén Guevara tiene 27 años, es madre de cuatro hijos menores de edad y está detenida desde el 14 de enero, luego de haber sido brutalmente desalojada por parte de una patota policial del Gobierno de Buenos Aires. Estaba ocupando una vivienda del complejo habitacional de la Villa 31, solo por una noche debido al temporal, luego de haber sido desplazada de una pensión por no poder pagar el alquiler de la pieza. Al momento de ser apresada fue golpeada frente a su familia. Cuatro días más tarde sufrió traslados de comisaría en comisaría, sin que le dijeran los motivos ni el lugar hacia donde la llevaban, mientras sus hijos e hijas al cuidado de un familiar preguntaban con desesperación por su mamá. Según el co-presidente de la APDH CABA (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ramiro Geber, es “un caso testigo de criminalización de la pobreza”.

Belén aparece imputada en una causa por un delito menor y por su situación de vulnerabilidad habitacional nunca habían podido notificarla. Por eso en septiembre la justicia la declaró “en rebeldía” y fue dictado un pedido de captura en su contra. “Dicen que como ella da domicilios donde luego no la encuentran eso significa una clara intención de eludir la actividad judicial, por eso tiene prisión preventiva”, explicó Geber. La mujer –que además es militante de la agrupación MTR 12 de Abril y trabaja en el comedor comunitario Santiago Maldonado en la Villa 31–, tiene un trámite iniciado en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) pero el Estado no le dio aún ninguna respuesta concreta. Sólo obtuvo un subsidio de 8.000 pesos que la dejó en situación de calle, durmiendo con sus hijos en plaza San Martín o en la peatonal Lavalle. “La situación de vulnerabilidad habitacional que el Estado no le resuelve ahora resulta que es culpa de ella, el Estado no le da un domicilio para estar a derecho”, opinó el letrado.

El jueves 14 de enero por la mañana una inspección de la Ciudad relevó todos los papeles de trámite –tiene el número de expediente 9762– para calificar para una de las viviendas de la villa 31, en un lugar de donde Guevara estaba parando. Alguien vinculado a la policía la denunció, por lo cual a las 23.30 entraron ocho efectivos con armas largas, la rodearon mientras dormía con sus cuatro hijos, la golpearon y se la llevaron detenida. “Durante cuatro días no pude asumir mi defensa y luego rechazaron mi solicitud para que salga en libertad”, indicó Geber. A su criterio, los argumentos del Tribunal Oral Criminal de feria 2 son “absolutamente arbitrarios, netamente patriarcales, la culpan a ella de una conducta que depende del Estado”.

En un segundo escrito para solicitar la excarcelación de su defendida, Geber sostuvo que “se le reprocha a mi defendida desde un poder del Estado la precariedad domiciliaria y el Estado que debe ser garante del derecho a la vivienda digna le demora la ayuda que peticiona y que le correspondería por ley, lo que resulta una verdadera vergüenza, que la única respuesta estatal a su problema sea criminalizar su estado de pobreza estructural insertando a una madre con cuatro hijos en el sistema penitenciario”. Sin embargo, los jueces volvieron a rechazar la excarcelación de Belén y la enviaron a la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde ahora pasó del sector covid a un pabellón.

https://agenciaparalalibertad.org/la-historia-de-una-joven-madre-presa-por-no-tener-vivienda/

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