Entrevistamos al militante comunista y sindicalista francés de la Confédération Générale du Travail (CGT) André Fadda. Leer más
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“Compañeros, mucho cuidado. Después de esclavizar a sus chóferes, no les pagan. A mí personalmente me despiden después de seis meses trabajando duro sin pagarme el último me y medio. Me deben 11.000 euros”, fue uno de los mensajes publicados en el portal MilAnuncios que ha motivado la condena.
El Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de julio de 2024, ha ratificado la condena a 5000 euros de multa impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia contra un trabajador despedido de la empresa Transportes Gruval SL por sus críticas a las condiciones laborales de su puesto. El Tribunal considera que estas críticas vulneran el honor de la empresa.
El empleado condenado trabajó como conductor en esta empresa desde marzo de 2021 hasta el 10 de septiembre de 2021, momento en el que fue despedido.
Despido ante el que la empresa ofreció un finiquito de cerca de 1.700 euros, el cual no era aceptado por el trabajador y que fue impugnada ante el orden social. De hecho, la empresa reconoció la improcedencia del despido e incrementó con posterioridad la indemnización a 2425,44 euros.
El trabajador, aparte, expuso en Internet su experiencia personal como trabajador de Gruval S.L. utilizando la sección de ofertas de trabajo para transportistas de Mil Anuncios. “La empresa Gruval de Catarroja, muy seria y profesional, busca esclavos de transporte de contenedores. Trabajo mínimo diario garantizado de 13 horas y una falta de respeto garantizada”, aseguraba.
Si bien inicialmente el Juzgado de Primera Instancia de Catarroja desestimó la demanda de la empresa, la Audiencia Provincial revocó la sentencia y dio la razón a la empresa, sentencia que ahora ha sido ratificada en el Tribunal Supremo.
Lo que el trabajador entendió que era un acto de libertad de expresión ha sido convertido en una «intromisión al derecho al honor» de la empresa, lo cuál es en la práctica una derogación del ya malogrado principio de primacía de la realidad, del que se desprende que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, ya que se parte de la posición de superioridad de la empresa frente al trabajador.
De hecho, el Tribunal Supremo ha remarcado que en este caso el «conflicto era puntual», lo cuál no se condice con otros datos que sin embargo se evidencian de las pruebas analizadas, puesto que algunos de los mensajes imputados al trabajador no eran suyos, sino de otros compañeros en situación parecida. Dicho de otra manera: se puede alterar la realidad por parte del tribunal con el fin de acallar una protesta que según el criterio de los magistrados «estaba subida de tono».
El gobierno del PSOE y SUMAR ha anunciado un acuerdo con la patronal y con los sindicatos que conlleva entre otros pactos «la compatibilidad de la pensión con el trabajo». Se trata de la apertura de una pasarela directa para pensionistas pobres a puestos que les permita tener ingresos extra, a pesar de la edad. Leer más
Hay quien todavía se pregunta los motivos por los que las dos grandes centrales sindicales, a pesar de todo lo que ha llovido, no han empleado ninguna medida de fuerza desde hace más de una década. El Ministerio de Trabajo se niega a eliminar «de oficio» hasta 80.000 delegados fantasma que sirven a las dos grandes centrales sindicales para ejercer en exclusiva la portavocía de la clase trabajadora ante el gobierno y la patronal. Leer más
Una trabajadora del Grupo Konecta BTO murió repentinamente el pasado martes 13 de junio mientras trabajaba en la empresa Konecta BTO, situada en el número 26 de la calle San Romualdo, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid. Ningún trabajador suyo se atrevió a alzar la voz y parar la producción. Siguieron atendiendo llamadas con el cadáver de su compañera yaciendo. Leer más
El Gobierno ha aprobado una subida de las subvenciones a los sindicatos entre la larga lista de normativas que se aprobaron en el Consejo de Ministros del martes, de más del doble de lo que percibían. El gobierno del PSOE y Podemos ha acordado subvenciones por importe de 13.883.890 euros «destinadas a las organizaciones sindicales en función de su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical en 2021».
Esta cuantía supone disparar un 56% las subvenciones que se le otorgaron a CCOO o UGT un año antes: 8.878.123,74 euros. Desde el año 2013, año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy recortaba casi un 20% a estas partidas, las subvenciones a los sindicatos no se habían movido del entorno de los 8.900.000 euros.
Todavía falta la publicación en el BOE de esta medida y determinar las cuantías que le tocan a cada sindicato, pero serán CCOO y UGT las centrales más beneficiadas.
Desde el año 2009 la automovilística ha recibido ayudas del Estado y la Generalitat por valor de 179,7 millones, según un informe del Comité de Empresa de marzo de 2019, recogido en un plan estratégico de reconstrucción de la planta y que ha citado datos del Ministerio de Industria.
Por otra parte la Generalitat puso a disposición de Nissan para el desarrollo de su actividad en Cataluña un total de 25,1 millones de euros de subvenciones y préstamos entre los años 2010 y 2017, según el informe.
Para los sindicatos, este conjunto de ayudas de las administraciones central y autonómica es una cantidad importante sobre el conjunto de inversiones realizadas por la compañía, que no se han cumplido y que Estado y Generalitat «dan por perdidas».
Un millar de trabajadores de Nissan se han concentrado pasadas las 9.45 horas de este jueves alrededor de la planta de la Zona Franca de Barcelona, y se han quedado en la puerta principal. La concentración de los trabajadores ha provocado cortes de calles y han quemado barricadas de neumáticos a la entrada de la planta, a la espera de un anuncio del gobierno sobre una supuesta y débil «alternativa de viabilidad».
Un grupo de sindicatos de países diferentes han acusado a la multinacional McDonald’s de mantener una cultura de acoso sexual contra los trabajadores.
La denuncia destapa la naturaleza de clase de las agresiones sexuales en el mundo, que tienen su origen en la explotación de la clase obrera.
El 18 de mayo los sindicatos presentaron la denuncia ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), acusando a McDonald’s de no combatir el “acoso sexual sistemático” en varios restaurantes del mundo.
Dos bancos de inversión, APG Asset Management de los Países Bajos y Norges Bank de Noruega, que tienen una participación de 1.700 millones de dólares en el gigante mundial de la comida basura, también están en el punto de mira, según los sindicatos. La denuncia será investigada por el gobierno holandés, que decidirá dentro de tres meses si se inicia un procedimiento de mediación con la empresa.
La denuncia ha sido remitida a un centro holandés de la OCDE, responsable de su supervisión. Los sindicatos eligieron Holanda porque es el centro neurálgico de McDonald’s en Europa y la sede del banco APG.
Según los sindicatos, es la primera denuncia de ”acoso sexual generalizado en una empresa multinacional” según las directrices de la OCDE que, entre otras cosas, exige que las multinacionales y sus accionistas respeten los derechos laborales, como la protección de los trabajadores contra la violencia sexual.
Los sindicatos han recogido testimonios, con alegaciones que van desde “comentarios vulgares hasta agresiones físicas” contra trabajadores de Australia, Brasil, Chile, Colombia, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos.
“La violencia y el acoso por motivos de género forman parte de la cultura de McDonald’s”, dijeron, refiriéndose a “los tocamientos no deseados, los besos forzados y otras formas de contacto físico [que] son formas de agresión sexual que violan la integridad física de las víctimas”.
“Los trabajadores de McDonald’s llevan años dando la voz de alarma sobre el acoso sexual y la violencia de género, pero la cultura podrida de la empresa desde arriba no ha tomado medidas’, dice Sue Longley, secretaria general del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación.
El monopolio estadounidense niega cualquier responsabilidad ya que el 90 por ciento de sus restaurantes son franquicias.
En la última década, desde los planteamientos políticos más diversos se ha venido especulando sobre la necesidad de una segunda transición en España. Tanto defensores como los detractores de ésta coincidían en una cosa, cada uno de ellos expresándolo con sus palabras: el actual régimen presentaba síntomas de agotamiento.
En su día, pocas fueron las organizaciones que se opusieron consecuentemente y sobrevivieron a la denominada Transición, si bien han ido surgiendo toda una serie de organizaciones autodenominadas rupturistas, revolucionarias o alternativas tras su consumación que, haciendo balance de la historia reciente, se posicionan contra las reformas que por entonces se impusieron acuñando el término erróneo de «régimen del 78». Buena parte del movimiento popular, compuesto en gran medida por estas organizaciones y colectivos, se creía con la lección histórica bien aprendida: ante cualquier indicio que nos de el régimen de maniobrar para perpetuarse, de volver a «cambiar algo para que todo siga igual», se encontrará con el movimiento y sus organizaciones denunciándolo desde el primer instante, impulsando un «proceso constituyente» que evite la reedición de la historia.
Las necesidades actuales de la clase dominante española, y el movimiento obrero y popular que se le enfrenta, son hoy muy diferentes a los de hace 40 años. Los factores que entonces desencadenaron la crisis política y económica eran principalmente de carácter «interno»; un movimiento obrero y popular fuerte y pujante y una clase dominante que necesitaba dotarse de aires «modernos» y «democráticos» para incorporarse plenamente al mercado mundial capitalista. Hoy el factor principal es el internacional; las necesidades de la clase dominante española pasan por la reconfiguración política y económica para hacer frente a un escenario «pre-bélico». Se avecina un nuevo reparto del mundo y todos los países capitalistas deben empezar desde ya y cuanto antes a tomar medidas que le coloquen en una posición que les permita afrontar la situación en condiciones de relativa fuerza e independencia con respecto a sus competidores. Los llamamientos y los artículos que empiezan a circular, de la necesidad de desarrollar una “industria nacional”, debido a que la pandemia nos ha enseñado a que no podemos depender del extranjero, van en este sentido (1) (2). De ahora en adelante, los sectores dedicados al lujo como el turismo, que hasta ahora representaba casi el 13% del PIB en España, van a jugar un papel testimonial.
Para hacer frente a lo que ellos han llamado ridículamente la “crisis del coronavirus” anunciaron a bombo y platillo un plan económico (“el escudo social”) para movilizar 200 mil millones, cerca de un 20 % del PIB. 100 mil millones se movilizarán en préstamos de entidades bancarias para pequeñas empresas y autónomos con aval del Estado. Cualquiera de los que han firmado alguna hipoteca sabe lo que ocurre si el titular no puede hacer frente a las letras. En los últimos años hemos adquirido gran experiencia con respecto a esto. Con la más que segura ruina de gran cantidad de estas pequeñas empresas y autónomos tenemos que su “escudo social” no es otra cosa que una medida para favorecer una mayor concentración de capitales en favor del financiero. Si con esto no fuera suficiente tenemos ,para dar la puntilla , la paralización (y futura restricción) de toda actividad económica “no esencial”, para mantener activa “la esencial” que será la que constituya la base sobre la que se articule la estructura económica del futuro próximo. Capitalismo monopolista de estado en estado puro. El Estado tiene que acelerar la descomposición y empujar al endeudamiento con el capital financiero, para centralizar esos capitales que actualmente se encuentran empleados en estos sectores y destinarlos a otros más esenciales para la supervivencia del capitalismo en el país.
Estas transformaciones que se van a llevar a cabo suponen un trauma tremendo para la población que venía viviendo de los sectores económicos afectados, y que por tanto, se verán empujadas a movilizarse en su contra. Los sectores de turismo (incluyendo la restauración) y comercio, donde seconcentra mayor cantidad de ERTEs y despidos, empleaban antes de la actual crisis acerca de 3 millones de personas de manera directa y 6 de forma indirecta.
Ningún país del mundo puede llevar a cabo transformaciones profundas sin «pacificar» y unificar criterios en torno a lo «esencial» dentro de sus fronteras, el fraccionamiento e inestabilidad políticas impide llevarlos a cabo, se hace imprescindible fabricar un «consenso». La Transición fue una prueba de ello. Por supuesto, imponer «el consenso» necesita del empleo de la represión y la censura para aquellos que no lo acepten por las buenas.
Teniendo en cuenta que el estallido de esta nueva crisis era algo hasta cierto punto previsible y anunciado para este año (3), resulta del todo oportuno para la burguesía que domina en los países imperialistas que un virus decidiese sincronizarse con ella y «saltar» de un pangolín o un murciélago a humanos, provocando una pandemia que “obliga” a sus estados a confinar y suprimir «temporalmente» sus derechos facilitando de esta manera su pacificación interna y la adopción de medidas “excepcionales”. Esta crisis económica (crisis dentro de la crisis general en la que ya muchos vivimos) que se está desarrollando está siendo comparada con el crack del 29 y la Gran Depresión (4), no hace falta recordar, cómo de turbulenta fue la década que siguió a estos acontecimientos.
Pedro Sánchez anunció su plan de «transición a la nueva normalidad» (palabra transición, empleada por él, no por nosotros). Ni que decir tiene que una «nueva normalidad» es lo contrario de la normalidad misma. Un juego de palabras gracioso si no fuera por lo que encierra. No lo dice, pero nos anuncia cambios permanentes. Habrá quien ingenuamente crea que esos cambios serán exclusivamente de índole higiénico-sanitarias, como por ejemplo, añadir mascarillas a nuestra cotidianidad de antes. Ni mucho menos. De aceptarse el plan que intentan imponernos bajo pretextos sanitarios, una «nueva normalidad» extendida hasta la aparición de la nueva vacuna,
supone acatar sin rechistar la suspensión de derechos colectivos por un periodo de unos dos años, tiempo más que suficiente para apuntalar y preparar el régimen para el futuro próximo. No podemos saber a ciencia cierta y con precisión la maniobra que preparan, pero a través de sus declaraciones podemos ir adivinando por donde irán los tiros: los llamamientos a los “Nuevos pactos de la Moncloa”, a desarrollar una industria nacional o la defensa frente al virus como soldados no pueden ser más esclarecedores, y que esto “nos suene” a una película que ya hemos visto no es casualidad. Aunque el proceso al que nos enfrentamos es completamente diferente, se atisban elementos de semejanza.
Con la primera transición, muchos aprendimos la lección para no dejarnos engañar por politólogos o economistas, cualquiera es capaz de ver la falta de neutralidad y la defensa de intereses de clase cuando los «expertos» van a asociados a estas ramas del conocimiento. Cuando estos «expertos» se presentan con el membrete de virólogos, médicos, microbiólogos… no lo vemos tan claro, la duda nos ronda la cabeza y no nos permite actuar u opinar de manera independiente. Para esto no estábamos preparados.
En plena campaña de caza de brujas, a muchos les preocupa la proliferación de lo que llaman “teorías conspirativas” y aplauden hasta que les duele las manos cualquier medida que ataque a las fuentes de origen de dichas “teorías”. Como bien sabemos, porque así no lo están inculcando, todo eso esta relacionado con la “extrema derecha”, el esoterismo y la superchería. Habían de reservarse el adherirse a estas campañas todos aquellos que aspiren a un cambio radical en nuestra sociedad pues la censura históricamente siempre ha ido dirigida principalmente contra ellos. La proliferación de lo que llaman “teorías conspirativas”, religiosas y/o abiertamente fascistas entre la clase obrera y los sectores populares no se debe a que se permita o no su publicación. En una situación de injusticia en la que tenemos a una gran parte de la población encarcelada, arrancada de sus derechos y condenada al paro y a la miseria, hará que la gente se entregue a cualquier explicación que le deargumentos para oponerse a la situación de opresión que está padeciendo encomendándose, si es necesario y a falta de explicaciones más coherentes, a santos y vírgenes de todo tipo montados sobre platillos volantes emisores de estelas químicas. Esas teorías ocupan el espacio que las organizaciones populares dejan vacío. Aquellas mismas que hoy mayoritariamente andan comulgando con las ruedas de molino que la ideología dominante les impone.
El fascismo es dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero, El fascismo es la guerra, decía en sus informes la Internacional Comunista, antes de que estallara la segunda guerra mundial. Con el terror extendido como pocas veces se recuerda, y con la mayoría de estados imperialistas haciendo patrullar y vigilar las calles para que el temor a los militares y a la policía complemente el miedo al contagio, ¿pueden encontrarse unas tesis de más rabiosa actualidad?
El miedo al virus es el nuevo “ruido de sables”. Es el miedo el que nos ha empujado a aceptar una medida sin precedente histórico para hacer frente a una enfermedad infecciosa , el confinamiento de toda la población, como una medida avalada científicamente. Si el miedo a una intervención militar, algo muy plausible en cualquier país que vea peligrar su orden, no justificaba claudicación alguna, el miedo a un virus y a los contagios tampoco. Es necesario sacudirnos y sacudir cualquier atisbo de duda, pues esta nos neutraliza, y ponernos desde ya mismo al frente en la denuncia y la lucha frente a esta nueva maniobra del régimen. Cada instante que pasa de suspensión de derechos, el movimiento popular se debilita. Es imprescindible ondear más enérgicamente que nunca la bandera de la resistencia.
(1) https://www.expansion.com/opinion/2020/04/30/5ea9d931468aeb6d3d8b45d4.html
(2)https://www.elespanol.com/espana/politica/20200401/iglesias-industria-nacional-no-depender-extranjero-suministros/479203273_0.html
(3)https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9385737/09/18/La-proxima-crisis-financiera-llegara-en-2020-y-asi-sera-su-impacto-en-los-mercados-segun-JP-Morgan.html
(4)https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/14/economia/1586855898_372384.html
El Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso contra una sentencia del Tribunal Superior deJusticia de Galicia que prohibió una protesta el Primero de mayo, y su decisión afecta a otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que abrió la veda a la inconstitucionalidad del RD 463/2020 de Estado de Alarma.
Lo ha dicho el Constitucional y punto. El derecho de manifestación ha sido suprimido, y las organizaciones sindicales se lo han comido con patatas. Este es el 1º de mayo más deprimente y arrastrado que el sindicalismo español tiene recuerdo.
El cuento es el mismo en todos los casos. «No está garantizada la seguridad«, es el mismo mensaje que los antidisturbios suelen decir a aquellas personas a las que les impiden acercarse a un desahucio o a un acto oficial en el que hay una protesta.
Los sindicatos «alternativos» tampoco se han quedado atrás en lo que a vergüenza se refiere. Los más «peleones» han convocado manifestaciones virtuales o en los balcones, que quedarán en la nada.
Lejos ha quedado aquellos primeros de mayo en los que el desafío al poder era la norma. Ahora, si el poder no te autoriza, los sindicatos se lo comen y se lo guisan, igual que llevan tragando todos estos años. Y es que el llamado plan de «desescalada» anunciado por el gobierno aborda una variopinta casuística, pero se le ha olvidado definir algunas materias nada inocentes.
Se ha pensado en los bares, en las zonas turísticas o incluso en los huertos, pero el derecho de reunión o de manifestación, la reunión en locales sindicales o centros sociales u otras reuniones políticas, han desaparecido del acervo legal y han sido eliminadas de un plumazo.
