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España sanciona a Facebook por comerciar con los datos privados de sus usuarios

Ayer la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó a Facebook con un multa de 1,2 millones de euros tras constatar que el monopolio informático recopila, almacena y usa datos personales con fines de publicidad sin el consentimiento de los usuarios de su red social.

Según informó la AEPD en un comunicado, Facebook obtiene los datos sobre la ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales y de navegación directamente, mediante la interacción con sus servicios o desde páginas de terceros sin informar a los usuarios que va comerciar con ellos.

“La red social usa datos especialmente protegidos con fines de publicidad […] sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios como exige la normativa de protección de datos”, señala el comunicado.

La red tampoco elimina los datos de los usuarios cuando dejan de ser útiles, ni siquiera cuando solicitan explícitamente su eliminación, según la AEPD.

Esta situación se produce cuando los usuarios no son miembros de la red social, pero han visitado alguna vez una de sus páginas, así como cuando usuarios que sí están registrados en Facebook navegan por páginas de terceros, incluso sin iniciar sesión.

Por ello, la AEPD estima que Facebook no recaba de forma adecuada el consentimiento ni de sus usuarios ni de aquellos que no lo son, y cuyos datos también trata, lo cual constituye una infracción de la ley calificada como “grave”.

La aplicación de mensajería WhatsApp es propiedad de Facebook, por lo que acceder también al número de teléfono y otras informaciones procedentes de las conversaciones de texto.

En realidad Facebook no es una red social sino una gigantesca base de datos personales que alberga información de todo tipo sobre millones de personas, grupos y empresas en todo el mundo. Conoce absolutamente todo sobre ellos.

Las policías de todo el mundo se informan gracias a Facebook. En el último informe, relativo a los seis primeros meses del año pasado, Facebook informó de sus usuarios a los siguientes países:

– Estados Unidos 23.854 informes
– India 6.324 informes
– Francia 3.763 informes
– Alemania 3.695 informes
– Italia 1.913 informes
– Brasil 1.751 informes
– Canadá 1.004 informes

Naturalmente estas son las cifras de informaciones entregadas a través de los conductos oficiales. La realidad es que hoy la policía patrulla más por Facebook que por las calles.

El Congreso vota hoy declarar nulas todas las sentencias políticas del franquismo

Más de lo mismo: Arias Navarro y Adolfo Suárez
Juan Manuel Olarieta

¿Por qué le cuesta tanto a la “democracia a la española” acabar con el franquismo, condenarlo y erradicarlo? La respuesta es sencilla: porque no puede hacerlo sin acabar consigo misma o, en otras palabras, el franquismo no se puede condenar a sí mismo.

Lo vamos a volver a comprobar hoy, cuando se vote una propuesta que abre el curso parlamentario, impulsada por el PSOE, para declarar nulas todas las sentencias y condenas políticas dictadas por los tribunales franquistas.

La iniciativa parece magnífica, sobre todo teniendo en cuenta que incluye una referencia expresa a la condena del antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys, asesinado por un tribunal franquista en 1940.

Pero veamos algunas de las trampas más de cerca:

a) se trata de un proposición “no de ley”, es decir, que no será nunca vinculante sino sólo otro gesto puramente simbólico
b) no aclara qué entiende por “tribunales franquistas”, es decir, si sólo algunos -y no todos- los tribunales fueron franquistas
c) sólo se refiere a “condenas políticas” no a otro tipo de resoluciones judiciales, como los despidos laborales, por ejemplo

La transición sigue siendo una pesadilla, y no sólo para la historia, porque no hubo tal; si lo hubiera habido todo este tipo de polémicas se habrían acabado de un plumazo.

Pondré un ejemplo (sólo uno) para llamar la atención sobre el aspecto que esta iniciativa del PSOE pone encima de la mesa: la jurisprudencia que hoy deben tener en cuenta los tribunales en la interpretación de las leyes es la franquista y, naturalmente, es franquista.

Dicho de otra manera: aún suponiendo que podamos calificar las leyes existentes como democráticas, se interpretan de modo franquista, y esta inercia de los tribunales se puede extender a todos y cada uno de los aspectos del funcionamiento de los aparatos del Estado.

Podemos abrir los pesados tomos que compilan esa jurisprudencia y encontrarnos con sentencias, como una de 1975, del Tribunal Supremo que aprobaba el despido del maestro de una escuela que en sus enseñanzas no tenía en cuenta la existencia de dios. El Tribunal Supremo nunca cambió, sus magistrados nunca se depuraron y sus criterios para interpretar la ley tampoco, hasta el día de hoy.

Si alguien se toma la molestia de conocer las biografías de sus magistrados, encontrará que todos ellos habían hecho carrera en el franquismo, sosteniendo, apoyando y aplicando las leyes fascistas. Aparte de los enchufes y recomendaciones al uso, esos fueron sus únicos méritos para ascender. Por ejemplo, algunos de los miembros de la Sala de lo Penal en la transición habían sido Alféreces Provisionales durante la guerra o procedían de la División Azul.

Lo mismo que los fiscales, los secretarios y los abogados, los jueces habían estudiado en facultades fascistas y, si aprendieron algo, no fue otra cosa que el mismo Derecho Penal del III Reich, en manuales traducidos y traídos de Alemania, como el de Jeschek.

Los juicios celebrados por jueces fascistas, bajo leyes fascistas son todos ellos nulos porque -tanto antes como ahora- en cualquier país de esta naturaleza los jueces hacen de su capa un sayo. Por ejemplo, el juicio contra Grimau es nulo porque el auditor de guerra que redactó la sentencia había falsificado su título académico. Para declarar esa nulidad no hace falta aprobar ninguna nueva ley; las leyes franquistas también lo hubieran declarado nulo igualmente.

La Audiencia Nacional es el prototipo de tribunal fascista que se creó en falso en 1977 por decreto-ley, algo imposible tanto en la legislación franquista como en la actual.

¿Hay que seguir insistiendo en que aquí todo es falso?, ¿hay que seguir repitiendo que vivimos en medio de la mentira, el engaño y el fraude?, ¿necesitamos que otra ley “no de ley” nos lo recuerde a cada paso?, ¿hasta cuándo seguirán mareando la perdiz?

6 meses de prisión para un internauta que visitó un sitio calificado como ‘yihadista’

Son las consecuencias que acarrea el proceso de fascistización acelerada en Europa y, más en concreto, en un país como Francia que utiliza el yihadismo como excusa. Pero, ¿a qué le llaman “yihadismo”? A cualquier cosa. ¿Cuál es el delito? Las ganas de leer y aprender.

Veamos esta tragedia más de cerca.

En noviembre del año pasado el tribunal correccional de Senlis (Oise), en Francia, condenó a seis meses de cárcel a un marroquí, Ouahid, de 22 años de edad, por un nuevo delito incoporado pocos meses antes al Código Penal: consultar un sitio de internet yihadista 212 veces, según informó el diario Le Parisien (1).

Además de estar encerrado durante seis meses, al salir de la cárcel el curioso no podrá regresar a Francia durante diez años.

El sitio es Jihadology y es fruto del trabajo personal de un investigador estadounidense, Aaron Y. Zelin, especializado en la materia que trabaja para un centro de análisis: Washington Institute for Near East Policy.

En su sitio el investigador se dedica a reunir y analizar la propaganda de los grupos yihadistas. Se trata de una web de referencia en muchos aspectos, que los medios de comunicación de todo el mundo suelen citar a menudo. El marroquí lo conoció así: gracias a un enlace que puso en su cuenta de Twitter Wassim Nasr, un periodista de France 24 que también es especialista en yihadismo.

La conclusión es que el periodista queda libre, puede consultar cualquier sitio web, como corresponde, pero los demás usuarios de internet, como el marroquí, irán a prisión. Exactamente el mismo acto es impune para unos pero no para otros. ¿Igualdad ante la ley?

Pero como también corresponde, la fiscal no tenía muchas luces o las que tenía se le habían fundido y en el juicio repitió la monserga de siempre: el sitio Jihadology predica la “guerra santa” y pide un compromiso con ella para convertirse en héroe.

Los lectores lo tienen fácil: juzguen por Ustedes mismos si es así o no.

Hay que reconocer que el marroquí tenía “algo” en su contra: la policía le había incluido en la lista negra, el fichero S, que le permite a la policía conocer los movimientos de los “fichados” como se decía aquí durante el franquismo.

Otro inconveniente: en 2015 le confinaron “por la cara” gracias a la patente de corso (o carta blanca) que el “estado de emergencia” concede a la policía. Tomó el camino de los Balcanes para marchar hacia Turquía, Jordania y Arabia saudí y luego le expulsaron a Grecia (2).

Conclusión: Ouahid era una persona perseguida desde hace dos años por absolutamente nada. Los que le persiguen son sus “antecedentes”, su “mala fama” en una época en la que la fama no te la dan quienes te conocen sino la policía (que te conoce mucho mejor que tú mismo).

Durante un registro la policía le incautó el teléfono móvil, gracias a lo cual descubrió el gran crimen: con dicho aparato Ouahid visitó 212 veces la página Jihadology.

“No sabía que la ley prohibía informarse”, dijo Ouhadid en el juicio. Pues es así, en efecto. Si alguien quiere enterarse del contenido de páginas como esa debe tomar una vía indirecta: pedirle a un periodista que la visite y luego que se lo cuente a él (lo más fielmente posible). Los periodistas se han convertido así en una especie de preceptores espirituales, sin los cuales ningún católico puede leer el Antiguo Testamento.

No haga nada por sí mismo, recurra siempre a un intermediario, déjese aconsejar por los que saben más que Usted.

Desde que visitar páginas “yihadistas” es un crimen en Francia, ya hay 12 personas condenadas. Pero no podemos olvidar que hay otras a las que no se les ha condenado por hacer lo mismo. El delito es típicamente inquisitorial: sólo castiga a los lectores que visiten ese tipo de páginas “de mala fe”.

En Europa todo se está convirtiendo, pues, en cuestión de “fe”, por lo que volvemos a recurrir a la Inquisición (con otro nombre) para juzgar la conciencia de los acusados. Estamos en plena caza de brujas, a medio camino entre el medievalismo y el fascismo.

(1) http://www.leparisien.fr/creil-60100/creil-six-mois-de-prison-ferme-pour-avoir-consulte-un-site-djihadiste-17-11-2016-6340494.php
(2) http://www.liberation.fr/france/2016/11/18/six-mois-ferme-pour-avoir-consulte-le-site-d-un-chercheur-sur-le-jihadisme_1529284

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Consejo práctico del abogado: si visitan Francia borren el historial de navegación de su teléfono móvil, tablet u ordenador portátil, no vaya a ser que alguna vez hayan visitado una página “yihadista y no se acuerden de ello o no se hayan enterado de que tiene dicha naturaleza.

El teléfono móvil sigue rastreando a sus usuarios con el wifi desactivado

Un estudio realizado por tres miembros del Inria, un centro de investigación radicado en Grenoble, ha comprobado (*) que ciertos teléfonos móviles que operan con Android siguen rastreando la posición de los usuarios aunque desactiven la conexión wifi.

Los investigadores del Inria Celestin Matte, Mathieu Cunche y Vincent Toubiana han realizado las pruebas con los siguientes terminales de telefonía movil: Galaxy S3 y Spica de Samsung, HTC Wildfire, Moto G5 de Lenovo y el OnePlus One de LTE.

Con los Android antiguos, por debajo de 2.3.7, bastaba la desactivación del wifi, pero a partir del Android Android 4.3 el seguimiento del usuario continúa a pesar de la desactivación.

Esto es consecuencia de que se ha escondido una opción persistente, llamada “Always Scanning” que permite a Google, o a otras aplicaciones, buscar redes wifi incluso cuando el wifi está desactivado.

Hay que buscar la opción “Always Scanning” no siempre está en el mismo menú de Android, sino que depende del móvil. A veces hay que buscarla en “Wifi”, otras veces en “Localización” y otras, como en OnePlus One, no aparece por ninguna parte, pero siempre está activa.

Por lo demás, hay aplicaciones, como Google Maps, que exigen que la opción esté activada para funcionar.

La consecuencia de este truco es que el móvil puede seguir indicando el recorrido de un usuario, aunque éste crea lo contrario.

Para entender el alcance de este tipo control sobre los usuarios es necesario recordar la posibilidad de recuperar un aparato (teléfono móvil, tablet, ordenador portátil) perdido o robado gracias a la geolocalización, que da el punto exacto en el que se encuentra en cada momento.

Se pueden controlar tanto las personas como las cosas y no hace falta que sea una terminal informática. Lo mismo ocurre con los perros o los vehículos.

Cualquier equipo conectado a una red informática se identifica por su dirección ip pero, sobre todo, por su mac, que es una especie de matrícula que el fabricante graba en el aparato, sea móvil, enrutador, tarjeta wifi o impresora. Esta segunda identificación es más precisa que la primera.

Tanto los monopolios informáticos, como las empresas de telefonía o determinadas instituciones públicas se dedican a identificar los números mac de quienes están en un determinado punto o pasan por él.

En Londres se instalaron papeleras capaces de registrar la mac de los móviles de las personas que pasan a su lado. De esa manera controlan a cada una de las personas que va a las manifestaciones. Lo mismo ocurre con los coches que circulan por las autopistas. También se graban las mac de los móviles de quienes acuden a conciertos de música multitudinarios o partidos de fútbol para vender luego sus datos.

Dentro de su Street View, un programa de espionaje masivo, Google tiene vehículos que recorren las calles de todo el mundo realizando fotos para generar mapas y registrar las mac de los enrutadores que encuentra a su paso.

Los móviles y tablets son como los limacos: cada vez que un usuario se pasea por la calle con ellos, van dejando un rastro de baba que es muy fácil de seguir. Cada enrutador al que se acerca registra su mac.

Si además tiene un servicio de geolocalización activado, el móvil envía la mac del enrutador a una multinacional informática, a una empresa de telefonía, a la policía, a un subcontratista de seguridad, un detective privado, a cualquier intruso…

Todo esto se lleva a cabo por el mero hecho de capturar un número de matrícula, sin necesidad de conocer los contenidos de las llamadas de voz, mensajes que texto, correos electrónicos o sitios de internet que visita el usuario.

Reflexione un poco: desde que lo compró, ¿ha apagado Usted alguna vez el móvil? Alguien está acaparando información sobre Usted que ni siquiera Usted mismo recuerda.

(*) https://hal.inria.fr/hal-01575519/document

El FBI presiona al creador de las redes sociales rusas para convertirle en un confidente suyo

Pavel Durov, creador de Telegram
En una entrevista a la revista estadounidense The Baffler (*), en junio de 2017, Pavel Durov, el informático ruso que creó alternativas a las redes sociales como Facebook (Vkontakte) y WhatsApp (Telegram) denunciaba las presiones a las que estaba siendo sometido por el FBI desde que en 2014 se marchó de Rusia.

Normalmente este tipo de relatos se cuentan y se conocen al revés: es Putin quien amenaza a unos y otros porque es un dictador. En 2011 a Durov le ocurrió lo mismo en Moscú: el servicio secreto pretendió que le entregara los listados de manifestantes inscritos en la red social Vkontakte.

Hay que poner en marcha el ventilador: da lo mismo que se trate de Rusia o de Estados Unidos; ambos son iguales, el poder corrompe…

La informática no es ese mecanismo inocente, esa herramienta neutral que nos venden los informáticos, que se puede utilizar para una cosa o para la otra. Desde su mismo surgimiento, la informática (las redes sociales, los móviles, los blogs) son armas de guerra como cualesquiera otras en las que el mundo ha quedado atrapado.

Por eso este tipo de comentarios sobrarían si en lugar de programas informáticos habláramos de misiles y lanzagranadas. Por eso el FBI está muy interesado en una aplicación informática, como Telegram, que no tiene representación oficial en Estados Unidos y envía los mensajes de móvil cifrados. Quiere que su creador le facilite una vía de acceso para husmear y conservar las conversaciones de los usuarios.

Al principio el FBI presionaba al informático con la red social Vkontakte, que sólo relató a la policía lo que ya era de conocimiento público. “No quería convertirme en un confidente”, relata en la entrevista.

Después los policías pasaron a Telegram porque es mucho más potente que su competidora WhatsApp: además de ser un medio para enviar mensajes, permite crear cadenas de difusión de noticias.

El año pasado Durov recibió en su casa la visita de los policías del FBI ya con una orden judicial. Aún no sabe cómo le habían localizado porque se encontraba en ella ocasionalmente, pero le explicaron claramente lo que querían: información sobre los usuarios de Telegram. “Nosotros respetamos la confidencialidad de su cifrado, pero el terrorismo es un serio problema y debemos proteger a la sociedad”, dijo uno de ellos.

Querían que el informático les ayudara en el caso de una “amenaza terrorista” que, como es bien sabido, es la que excusa que luego se convierte en habitual al estilo Audiencia Nacional: cualquier cosa es una amenaza terrorista.

El ruso les responde que tiene que consultar antes con sus abogados, mientras se entera de que, por otra vía, el FBI ha tratado de sobornar a uno de los informáticos que colabora con él ofreciéndole decenas de miles de dólares a cambio de información confidencial.

Tanto el servicio secreto ruso como el FBi tienen sobrada capacidad técnica para acceder a los datos personales de los usuarios de cualquier red social, incluidas las rusas, y de hecho así lo hacen, creando extensos registros con ellas. Lo que quieren es que los demás les faciliten la tarea. Nada más.


(*) https://thebaffler.com/salvos/the-crypto-keepers-levine

Escuadrones de la muerte, desapariciones y torturas

Greg Grandin

El mundo se divide, como lo describe el capitán Segura en la novela de Graham Greene de 1958 “Nuestro hombre en La Habana”, en dos clases: los torturables y los no torturables. Hay gente, explicó Segura, que espera ser torturada y otros que se indignarían ante la idea. Y claro pensaba Greene, los católicos, en particular los católicos latinoamericanos, eran más torturables que los protestantes. Ahora, por cierto, los musulmanes gozan de esa distinción, víctimas de una red mundial, de encarcelamiento extraterritorial y subcontratado, coordinado por Washington y entrelazado por vuelos secretos, campos de concentración, y centros ilegales de detención. El despliegue por la CIA de Unidades Especiales de Remoción orwellianas para secuestrar a presuntos terroristas en Europa, Canadá, Oriente Próximo, y otros sitios y el envío rápido de esos prisioneros fantasma a países del Tercero Mundo para ser torturados, son descritos hoy en día con el término “entrega extraordinaria”, una frase inquietantemente certera.

Entregar [render] significa en inglés no sólo transferir, sino extraer la esencia de algo, así como pasar un veredicto y devolver o retribuir buenas descripciones de lo que ocurre durante sesiones de tortura.

En los decenios después que Greene escribiera “Nuestro hombre en La Habana”, los latinoamericanos acuñaron una palabra igualmente resonante para describir el terror que había llegado a reinar sobre gran parte del continente. Durante toda la segunda mitad de la Guerra Fría, los aliados anticomunistas de Washington asesinaron a más de 300.000 civiles, muchos de ellos simplemente desaparecidos. La expresión ya era bien conocida en Latinoamérica cuando, al aceptar en 1982 su Premio Nobel de Literatura en Suecia, el novelista colombiano Gabriel García Márquez informó que en la región los desaparecidos a causa de la represión eran casi 120.000, que es como si hoy no se supiera donde están los habitantes de una ciudad como Uppsala.

Cuando los latinoamericanos usaban la palabra como verbo, usualmente lo hacían de un modo considerado gramaticalmente incorrecto en la forma transitiva y a menudo en la voz pasiva, como en ella fue desaparecida. El implicado (pero ausente) actor/sujeto indicaba que todos sabían que el responsable era el gobierno, incluso si se confería al gobierno un poder inconfesable, omnipotente. Los desaparecidos dejaban atrás familias y amigos que gastaban sus energías tratando con burocracias laberínticas, sólo ser enfrentados por el silencio o para que se les dijera que su pariente desaparecido probablemente se había ido a Cuba, sumado a las guerrillas, o escapado con un(a) amante. Las víctimas a menudo no eran las más políticamente activas, sino las más populares, y generalmente eran escogidas para asegurar que su repentina ausencia generara un escalofriante efecto dominó.

Una vilísima trinidad

Como las entregas, las desapariciones no pueden ser realizadas sin una infraestructura sincronizada, sofisticada, y cada vez más transnacional, en la que Estados Unidos jugó un papel decidido en los años sesenta y setenta. En los hechos, agentes de inteligencia militar de Estados Unidos y la CIA, trabajaron en Latinoamérica, trabajando en estrecha colaboración con aliados locales, ayudaron primero a establecer la vilísima trinidad del terrorismo patrocinado por el gobierno que ahora se ve en Iraq y otros sitios: escuadrones de la muerte, desapariciones y tortura.

Escuadrones de la muerte

Unidades paramilitares clandestinas, nominalmente independientes de las agencias de seguridad establecidas, pero en condiciones de utilizar las capacidades de los servicios de inteligencia y logísticas de esas agencias, son las piedras de base de todo sistema efectivo de terrorismo de Estado. En Latinoamérica, Washington apoyó el asesinato de presuntos izquierdistas por lo menos ya en 1954, cuando la CIA realizó con éxito un golpe en Guatemala, que derrocó a un presidente democráticamente elegido. Pero su primer patrocinio continuo de escuadrones de la muerte comenzó en 1962 en Colombia, un país que entonces competía con Vietnam por la atención de Washington.

Después de haber terminado una brutal guerra civil de 10 años de duración, el recién consolidado gobierno de Colombia, enfrentado a un campesinado todavía intranquilo, se volvió hacia Estados Unidos para pedir ayuda. En 1962 desde la Casa Blanca, Kennedy envió al general William Yarborough, conocido más tarde por ser el padre de los boinas verdes (así como por dirigir la vigilancia militar interior de destacados activistas por los derechos cívicos, incluyendo a Martin Luther King). Yarborough asesoró al gobierno colombiano en el establecimiento de una unidad irregular para ejecutar actividades paramilitares, sabotaje y/o actividades terroristas contra conocidos defensores comunistas, una de las mejores descripciones de un escuadrón de la muerte.

Como lo indica el historiador Michael McClintock en su indispensable libro Instruments of Statecraft, Yarborough dejó un programa virtual para crear escuadrones de la muerte dirigidos por militares. Fue implementado de inmediato, gracias a la ayuda y al entrenamiento de Estados Unidos El uso de semejantes escuadrones de la muerte se convirtió en parte de lo que los teóricos de la contrainsurgencia de la era gustaban de llamar contraterror un concepto difícil de definir ya que reflejaba tan de cerca las prácticas que trataba de refutar.

Durante todos los años sesenta, Latinoamérica y el Sudeste Asiático funcionaron como los dos laboratorios primordiales para los contrainsurgentes de Estados Unidos que iba y venían entre las regiones aplicando perspectivas y afinando las tácticas. A comienzos de los años sesenta, las ejecuciones por los escuadrones de la muerte eran una característica normal de la estrategia de contrainsurgencia de Estados Unidos en Vietnam, que pronto se consolidaría en el infame Programa Phoenix, que neutralizó entre 1968 y 1972 a más de 80.000 vietnamitas 26.369 de los cuales fueron permanentemente eliminados.

Como en Latinoamérica, así también en Vietnam, el propósito de los escuadrones de la muerte no fue sólo eliminar a aquellos de los que se pensaba que trabajaban con el enemigo, sino mantener a los simpatizantes potenciales de los rebeldes en un estado de miedo y ansiedad. Para lograrlo, el Servicio de Información de Estados Unidos en Saigón suministró miles de copias de un panfleto impreso con un ojo de aspecto fantasmagórico. Los escuadrones del terror depositaban ese ojo sobre los cadáveres de los que habían asesinado o lo colocaban en las puertas de casas sospechosas de albergar ocasionalmente a agentes del Vietcong. La técnica era llamada articular la amenaza una manera de generar un rumor aterrador de boca en boca.

En Guatemala, una táctica semejante comenzó aproximadamente al mismo tiempo. Allí, dejaban una mano blanca sobre el cuerpo de una víctima o la puerta de una víctima potencial.

Desapariciones

El paso siguiente en el currículo de la contrainsurgencia fue Centroamérica, donde, en los años sesenta, consejeros de Estados Unidos ayudaron a establecer la infraestructura requerida no sólo para asesinar sino para desaparecer a grandes cantidades de civiles.

Después de la Revolución Cubana, Washington se había lanzado a profesionalizar las agencias de seguridad de Latinoamérica de un modo muy similar a como trabaja ahora el gobierno de [Washington] para modernizar los sistemas de inteligencia de sus aliados en la guerra mundial contra el terror del presidente.

Entonces, como ahora, el objetivo era convertir a unidades letárgicas, mal entrenadas, de inteligencia de un alcance limitado, en una red internacional capaz de reunir, analizar, compartir, y actuar utilizando, información de un modo rápido y eficaz. Consejeros estadounidenses ayudaron a coordinar el trabajo de unidades en competencia de las fuerzas de seguridad de un país, instando a los militares y a los agentes policiales a superar sus diferencias y a cooperar. Washington suministró teléfonos, teletipos, radios, coches, fusiles, munición, equipamiento de vigilancia, explosivos, picanas eléctricas, cámaras, máquinas de escribir, papel carbón, y archivos, mientras instruía a sus aprendices en lo último en técnicas de control de disturbios, mantenimiento de antecedentes, vigilancia, y arrestos masivos.

Ni en El Salvador, ni en Guatemala existía ni siquiera un indicio de una seria insurrección rural cuando los Boinas Verdes, la CIA, y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos comenzaron a organizar las primeras unidades de seguridad que después crecerían a una densa red de paramilitares de escuadrones de la muerte en toda Centroamérica.

Una vez creados, los escuadrones de la muerte operaron bajo sus propios nombres pintorescos: Ojo por ojo, Ejército secreto anticomunista, Mano Blanca pero eran esencialmente apéndices de los mismísimos sistemas de inteligencia que Washington había ayudado a crear o a fortalecer. Como en Vietnam, se puso cuidado en asegurar que los paramilitares parecieran no estar afiliados a las fuerzas regulares. Para permitir una posibilidad plausible de negación, la eliminación de los agentes [enemigos] debe ser lograda rápida y definitivamente instruye guerra de contrainsurgencia, un texto clásico de 1964, por una organización que de ninguna manera debe ser confundida con el personal contrainsurgente que trabaja por lograr el apoyo de la población. Pero en Centroamérica, a fines de los años sesenta, los cadáveres se apilaban tan alto que hasta responsables de las embajadas del Departamento de Estado, a menudo mantenidos fuera de la onda sobre lo que hacían sus homólogos en la CIA y el Pentágono, se veían obligados a admitir los vínculos obvios entre los servicios de inteligencia respaldados por Estados Unidos y los escuadrones de la muerte.

Washington, desde luego, desmentía en público su apoyo del paramilitarismo, pero la práctica de las desapariciones políticas tuvo un gran salto adelante en Guatemala en 1966 con el nacimiento de un escuadrón de la muerte creado, y supervisado directamente, por consejeros de seguridad de Estados Unidos Durante los primeros dos meses de 1966, una unidad combinada de operaciones clandestinas de oficiales policiales y militares trabajando bajo el nombre de Operación Limpieza, un término que los contrainsurgentes de Estados Unidos luego reciclaron en otros sitios en Latinoamérica realizó una serie de ejecuciones extrajudiciales.

Entre el 3 y el 5 de marzo de ese año, la unidad cometió su máximo crimen. Capturó, interrogó, torturó y ejecutó a más de 30 izquierdistas. Sus cuerpos fueron colocados en sacos y lanzados al Océano Pacífico desde helicópteros suministrados por Estados Unidos. A pesar de ruegos del arzobispo de Guatemala y de más de 500 peticiones de habeas corpus presentadas por parientes, el gobierno guatemalteco y la embajada de Estados Unidos mantuvieron silencio sobre la suerte de los ejecutados.

Durante las siguientes dos décadas y media, fuerzas centroamericanas de seguridad financiadas y entrenadas por Estados Unidos hicieron desaparecer a decenas de miles de ciudadanos y ejecutaron a cientos de miles más. Cuando partidarios de la guerra contra el terror propugnaron el ejercicio de la Opción Salvador, se referían a esta matanza.

Después de los golpes respaldados por Estados Unidos en Brasil, Uruguay, Chile, y Argentina, los escuadrones de la muerte no sólo fueron institucionalizados en Sudamérica, se hicieron transnacionales. Durante el fin de los años setenta y en los ochenta, la CIA apoyó la Operación Cóndor un consorcio de agencias de inteligencia establecido por el dictador chileno Augusto Pinochet que sincronizó las actividades de muchas de las agencias de seguridad del continente y orquestó una campaña internacional de terror y asesinato.

Según el embajador de Washington en Paraguay, los jefes de esas agencias se mantenían en contacto los unos con los otros a través de una instalación de comunicaciones de Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá que cubre toda Latinoamérica. Esto les permitió coordinar información de inteligencia entre los países del cono sur. Justo este mes, el jefe de seguridad de Pinochet, el general Manuel Contreras, que sirve una condena a prisión de 240 años en Chile por una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, dio una entrevista a la televisión en la que confirmó que el director adjunto de la CIA en aquel entonces, general Vernon Walters (que sirvió bajo el director George H.W. Bush), estaba plenamente informado sobre las actividades internacionales de la Operación Cóndor.

Tortura

La tortura es el espíritu animador de esta triada, el más vil de esta vilísima trinidad. En Chile, los esbirros de Pinochet mataron o desaparecieron a miles pero torturaron a decenas de miles. En Uruguay y Brasil, el Estado no sólo hizo desaparecer a cientos, pero el temor a la tortura y la violación se convirtió en un modo de vida, particularmente para los políticamente involucrados. La tortura, aún más que las desapariciones, tenía más que el propósito de hacer hablar a una persona, sino de hacer que todos los demás se callaran.

Ahora, Washington ya no puede negar que sus agentes en Latinoamérica facilitaron, excusaron, y practicaron la tortura. Desertores de los escuadrones de la muerte han descrito la instrucción dada por sus tutores estadounidenses, y los supervivientes han testificado de la presencia de estadounidenses en sus sesiones de tortura. Un manual de tortura del Pentágono, distribuido en por lo menos cinco países latinoamericanos, describía extensivamente procedimientos coercitivos desarrollados para destruir la capacidad de resistir.

Esos manuales para uso en el terreno fueron compilados utilizando información obtenida de experimentos de control de la mente y de choques eléctricos realizados en los años cincuenta por encargo de la CIA. Precisamente como los memorandos de la tortura de la actual guerra contra el terror teorizan sobre la diferencia entre dolor y dolor severo, daño psicológico y daño psicológico duradero, esos manuales se esforzaban por regular la aplicación del sufrimiento. La amenaza de infligir dolor puede provocar temores más dañinos que la sensación inmediata de dolor, decía un manual.

Sobre todo hay que ser eficiente, dijo el consejero policial estadounidense Dan Mitrione, asesinado por los revolucionarios uruguayos Tupamaros en 1970 por entrenar a las fuerzas de seguridad en los aspectos más refinados de la tortura: Hay que causar sólo el daño estrictamente necesario, ni un poco más. Mitrione enseñaba por demostración, según se dice torturando hasta la muerte a gente sin vivienda fija secuestrada en las calles de Montevideo. En todo caso tenemos que controlar nuestros caracteres, decía. Hay que actuar con la eficiencia y la limpieza de un cirujano y con la perfección de un artista.

Florencio Caballero, después de escapar del tristemente notorio Batallón 316 hondureño al exilio en Canadá en 1986, testificó que los instructores estadounidenses le instaron a infligir dolor psicológico, no físico, para estudiar los temores y debilidades de un prisionero. Obligue a la víctima a estar de pie, enseñaron los estadounidenses a Caballero, no la deje dormir, manténgala desnuda y aislada, ponga ratas y cucarachas en su celda, déle comida mala, sírvale animales muertos, tírele agua fría, cambie la temperatura. ¿Suena conocido?

Sin embargo, como demostró de modo tan claro Abu Ghraib y como los vídeos destruidos de interrogatorios de la CIA habrían indudablemente dejado por lo menos igual de claro, no es siempre posible mantener una distinción entre la tortura psicológica y la tortura física. Como lo admitió un manual, si un sospechoso no reacciona, hay que realizar la amenaza del dolor directo. Una de las víctimas de Caballero, Inés Murillo, testificó que sus aprehensores, incluyendo a por lo menos un agente de la CIA su participación fue confirmada en un testimonio en el Senado del director adjunto de la CIA la colgaron desnuda del cielo raso, la obligaron a comer pájaros muertos y ratas crudas, la hicieron estar de pie durante horas sin dormir y sin permitirle que orinara, le lanzaron agua helada a intervalos regulares durante períodos prolongados, la golpearon hasta ensangrentarla, y le aplicaron choques eléctricos en su cuerpo, incluyendo sus genitales.

Todo vale

Inés Murillo pertenecía indudablemente a la clase torturable de Greene. Sin embargo, Greene escribió en tiempos más corteses. Actualmente, cuando se trata de tortura, todo vale.

Los ideólogos de la guerra contra el terror, como el profesor de derecho en Berkeley, John Yoo, han trabajado duro para limitar la definición de lo que es tortura, expandiendo así las posibilidades para su aplicación. Han trabajado por lo menos igual de duro por aumentar la cantidad de personas en todo el mundo que puedan ser sometidas a la tortura definiendo a cualquiera que les de la gana como  combatiente enemigo apátrida, y por lo tanto desprotegido por las leyes nacionales e internacionales que prohíben el trato cruel e inhumano. Hasta el antiguo Fiscal General John Ashcroft se declaró potencialmente torturable, al decir recientemente a una audiencia en la Universidad de Colorado que estaría dispuesto a someterse al submarino si fuera necesario.

Las cosas están tan descontroladas que el profesor de derecho de Harvard, Alan Dershowitz quien, en su posición privilegiada en Harvard seguramente se indignaría si lo fueran a torturar, piensa que hay que regular esa práctica, como si se tratara de un acto médico rutinario. Ha sugerido que se faculte a los jueces para que expidan mandatos que permitan a los interrogadores para que inserten agujas estériles bajo las uñas de los dedos para causar un dolor extremadamente agudo sin poner en peligro la vida.

Pinochet, que no temía justificar sus acciones en nombre de la civilización occidental, nunca habría soñado de defender la tortura de un modo tan descarado como Dick Cheney, respaldado por teóricos legales como Yoo. Al mismo tiempo, historiadores revisionistas, como Max Boot, y eruditos como Robert Kaplan de Atlantic Monthly, reescriben la historia, pretendiendo que operaciones como el Programa Phoenix en Vietnam o los escuadrones de la muerte en El Salvador, fueron tácticas efectivas, moralmente aceptables y deberían ser emuladas en la actual Guerra contra el Terror.

Pero este tipo de promiscuidad tiene sus riesgos. En Latinoamérica, la palabra desaparecido llegó a denotar no sólo la persecución sino el repudio moral, cuando madres e hijos de los desaparecidos condujeron un movimiento continental para restaurar el vigor de la ley. Llevan a tener la esperanza de que algún día la red mundial de represión armada por el gobierno de [Washington] sea tan desacreditada como lo es actualmente la Operación Cóndor en Latinoamérica. Como escribiera Greene hace medio siglo, en la víspera de la caída de otro famoso torturador, Fulgencio Batista de Cuba, es un verdadero peligro para todos cuando cambia lo que es aterrador.

http://www.tomdispatch.com/post/174873/greg_grandin_on_the_torturable_and_the_untorturable

La policía alemana elabora una base de datos de más de 100.000 militantes políticos y periodistas

La BKA, policía federal alemana, recopila masivamente datos de forma ilegal sobre más de 100.000 personas que considera que cometen “infracciones de tipo político”, según informa la radio ADR. Los datos se integran en una lista negra informatizada llamada “Seguridad Interna”, aunque no haya ninguna clase de investigación sobre dichas personas.

La mayor parte de quienes forman parte de la lista negra son militantes antifascistas y periodistas. Las informaciones proceden tanto del servicio secreto como de los diferentes tipos de policías alemanas.

La existencia de dicha lista se descubrió como consecuencia de la cumbre del G20 en Hamburgo, cuando 32 operiodistas perdieron una acreditación que se les había concedido. Algunos de ellos exigieron acceder judicialmente a los datos que la BKA acumula sobre ellos y, tras comprobarlos, concluyeron que eran infundados.

Del fotoperiodista Frank Bründel aseguraba que sostenía o pertenecía a un movimiento violento. El origen de dicha información fue que el periodista acudió a una manifestación del Primero de Mayo en la que le pidieron la documentación, lo que quedó registrado informáticamente para siempre como persona de izquierda y violento.

El registro del periodista Björn Kietzmann le imputa 18 acciones violentas de las que jamás fue acusado, entre ellas la de causar una explosión incluida dentro de la categoría “violencia de carácter político”.

El motivo es que en una ocasión Kietzmann filmó una manifestación en la que un petardo explotó a su lado y le detuvieron, aunque fue inmediatamente puesto en libertad porque nada tenía que ver con lo sucedido.

El primero de los registros contra Kietzmann lleva fecha de 2002 y ninguno de ellos se ha borrado nunca, a pesar del transcurso de los años. Es como una maldición, el pecado original que le acompañará toda su vida, personal y profesional, aunque jamás haya sido juzgado ni condenado.

Como suele ocurrir, los periodistas son la parte visible del iceberg. Hay más de un millón de incidentes registrados en la base de datos, a pesar de que las estadísticas penales sólo registran 41.000 infracciones: 27 veces menos.

La conclusión es obvia: la policía ha sustituido los antecedentes penales, deducidos de sentencias judiciales, por los suyos propios, que son los que realmente importan y duran toda la vida.


Es tan inconstitucional como ilegal, pero ¿a quién le importan esas minucias?

‘La libertad de expresión e información está seriamente amenazada en España’

Yolanda Quintana
La secretaria general y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana, ha advertido de que el “tan peligroso” marco legal español y “la forma en que se está aplicando permite afirmar sin ninguna duda que la libertad de expresión e información está seriamente amenazada en España”.

En una entrevista, Quintana ha insistido en avisar de que la libertad de prensa en España está en “claro retroceso” como consecuencia de “un recorte en libertades individuales sin precedentes con las reformas de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La secretaria general de la PDLI considera que “se puede decir, sin exagerar”, que los primeros meses de este 2017 “han sido malos” para los periodistas españoles en cuanto a la libertad de prensa y a la posibilidad de desarrollar con normalidad su función.

Quintana ha denunciado actuaciones policiales contra periodistas, teniendo que dirigirse al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, para exigir el cese de las mismas. “Sólo este hecho, más propio de países autoritarios que de democracias, resume por sí solo la situación”, ha argumentado, para agregar que ha habido también periodistas sancionados e identificados “de forma arbitraria en actos informativos”.

“Imputados por publicar investigaciones periodísticas, como el exdirector de El Mundo, o amenazados por ahondar en las llamadas ‘cloacas del Estado’ como los de Público. Mientras un solo periodista o informador pueda ser multado, encarcelado o presionado gravemente por el simple hecho de hacer su trabajo, la situación no podrá valorarse positivamente”, ha insistido.

La libertad de información y de expresión también está amenazada por los “intentos” de recortarla en las redes sociales a través de una posible reforma de la Ley de Protección del Derecho al Honor. Se trata de un “globo sonda” que incluso se ha concretado en alguna proposición no de ley y nos parece peligrosísimo además de innecesario.

“La ley actual es perfectamente válida tanto para el mundo analógico como para el digital, y los jueces así la están aplicando”, ha añadido.

Otros riesgos serían las normas administrativas, impulsadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, “para recortar la libertad de expresión sin valoración judicial previa, con el argumento de combatir discursos de odio, cuando es algo que el Código Penal ya tiene resuelto, y los problemas son más de medios para su aplicación”.

La secretaria general de la PDLI considera “urgente” que las reformas de la Ley de RTVE y la de Seguridad Ciudadana “se traduzcan en un cambio profundo de la situación actual, y no sean un mero maquillaje para cubrir el trámite y neutralizar el clamor social que han generado”.

Además, demanda que se proteja a los alertadores o “whistleblowers”, y que se garantice el anonimato del informante. “Esto supone, entre otras reformas, que se modifique la ley para que la fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos”, ha detallado.

Quintana solicita al ejecutivo de Rajoy, “lo que a cualquier gobierno en un país democrático”. “Un marco jurídico que garantice, y no amenace, la libertad de información; una actuación transparente y de continua rendición de cuentas (es decir, las ruedas de prensa o comparecencias sin preguntas, las dobles agendas o el acceso condicionado a la información estarían fuera de todo lo que es exigible) y ninguna presión directa o indirecta (incluyendo el reparto interesado de la publicidad institucional) a los medios o sus periodistas”, ha concretado.

Quintana también cree necesario que el Gobierno regule la profesión periodística por ley, “para dar cobertura jurídica a las obligaciones y los derechos de los profesionales de la información en una ley que también regule y garantice el derecho a la información de la ciudadanía”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/31/el_pdli_denuncia_que_libertad_expresion_informacion_esta_seriamente_amenazada_espana_69061_1012.html

‘El País’ a la ofensiva antiindependentista (por no decir anticatalana)

B.

Y no tanto los casposos y cutres Abc, El Mundo o La Razón de los que no se espera otra cosa que lo que son: medios cavernarios y ultramontanos. Y mentirosos, muy mentirosos.

Lees los editoriales del «diario independiente de la mañana», El País, y deduces, al menos, tres cosas, a saber: 1) elogios a la actuación de los Mossos d’Esquadra cuando «abatió» -como si fuera un elefante o un bisonte- a cinco «terroristas yihadistas» a los que dio muerte con gatillo fácil a lo James Bond con licencia para matar, es decir, se les felicita por su «bautismo de fuego», esto se aplaude, esto está bien, esto es lo que se espera de la Policía: primero disparar, luego preguntar.

2) Otra cosa es que los Mossos, sus dirigentes y responsables, farden y saquen pecho por el «éxito» de su operación sin contar con el concurso de las FSE españolas, esto no, esto no está bien, esto es descoordinación, por lo tanto, hay que embarrar el campo, hay que hacer una campaña contra esa petulancia con pecado de soberbia, pero ¿estos qué se han creído? Empieza a mentir un sicario del periodismo como el director de «El Periódico» (afín al PSC-PSOE) con el supuesto «aviso» nada menos que de la CIA a los Mossos que su jefe, el Major Trapero, no sólo desmiente sino que se dirige expresamente al director, Enric Hernández, creo que se llama, y al subdirector, reprochándoles sus falsedades llenas de «intenciones» (malas intenciones, se supone). Esto sí que es pecado mortal, esto sí que es matar al mensajero, esto sí que es rebasar las competencias de un vulgar policía, pero no de cualquier policía, sino de un Mosso cuya obligación es velar por la seguridad de la ciudadanía y demás tópicos con que se adornan y no atacar la sacrosanta libertad de expresión de un medio de información (?), o sea, libertad de mentir, sí, libertad de defenderse, no. ¿Por qué? Porque es un funcionario.

3) Abundo en la idea de que están tirando con balín a los Mossos para desestabilizarlos y dividirlos a la hora de sacar las urnas el 1-0. Están apostando fuerte con esta baza.

En fin, ya me ven casi sacando la cara a los Mossos, pero yo no tengo culpa de sus contradicciones y guerras sucias. Hay que haber inflado mucho los collons de Trapero para señalar directamente -y nombrar- a plumillas vendidos y troleros. Por supuesto, si no hay referéndum, lo primero que hará el fascio será pedir la cabeza del Major Trapero y, ya puestos, la cárcel a Puigdemont (Companys ya estuvo en 1934).

Arrivederci.

Represalias contra la periodista búlgara que descubrió el suministro de armas de la OTAN a los yihadistas en Siria

Dilyana Gaytandzhieva
La periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva se hizo famosa por las investigaciones sobre la vinculación de Estados Unidos con el suministro -junto con Arabia Saudí- de armas a los terroristas de Siria (1). Ha sido despedida del periódico “Diario del Trabajo” en vísperas de un viaje a Siria donde debía continuar las investigaciones.

News Front: Investigabas el suministro de armas de los países europeos a Siria y días antes de viajar para allá te han despedido. Además, la Agencia de Seguridad Nacional de Bulgaria te interrogó por sus fuentes de información. ¿Que ha ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: Hace algunos días me han llamado de la Agencia de Seguridad Nacional y me han pedido que acuda sin especificar el motivo de mi interrogatorio. Ayer he visitado la oficina donde me interrogaban sobre mis fuentes y de momento han puesto en marcha una investigación por la difusión de documentos sobre Azerbaián, Estados Unidos, Arabia saudí, Bulgaria y muchos otros países europeos partícipes en los suministros de armas a terroristas.

Está claro que el sistema de seguridad búlgaro no investiga el contenido de los documentos. A ellos les interesa dónde consigo mis fuentes. Unas horas después de acabar el interrogatorio, me llamó el secretario del periódico donde trabajaba hasta el día de ayer y me dijo que debo ir a las oficinas a firmar la renuncia. Nadie me ha explicado nada y hasta ahora no conozco las causas. Ellos retienen mi contrato.

News Front: ¿Puede ser esto un choque directo con las autoridades después de su interrogatorio?

Dilyana Gaytandzhieva: Honestamente debo confesar que esto no es una sorpresa para mí. Trabajo en Bulgaria y conozco que aquí no existe periodismo independiente. Tenemos unos medios de comunicación corporativos que siguen las órdenes de las autoridades gubernamentales y para el periodista es muy difícil dar su punto de vista. Y ahora no sólo hablamos de mí; hablamos de todos los periodistas. No se nos permite trabajar con independencia, nos meten en un esquema criminal. Estoy muy agradecida a su agencia, por darme la posibilidad de comunicar la verdad a las personas. En Bulgaria no existe la libertad de prensa.

News Front: ¿Surgían problemas en su trabajado durante su investigación?

Dilyana Gaytandzhieva: No, algunas semanas atrás tuve un encuentro con el redactor jefe. Y discutimos mi comisión de servicios a Siria. Él me dijo que me apoyaba y que debía continuar la investigación. Discutimos los planes de la continuación del trabajo, del viaje e iba a ir realmente allá, pero no esperaba que semejante cosa ocurriera ahora. ¿Cómo puedo continuar el trabajo cuando han rescindido mi contrato? He perdido el trabajo, además, sin haber recibido ninguna explicación. Claro, tengo mis propias conjeturas en cuanto a esto, pero oficialmente ni una palabra.

News Front: ¿Esperas explicaciones de las autoridades por lo ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: Hace algunos meses, cuando descubrí y grabé el almacén con armas pesadas búlgaras, las autoridades dijeron que no participaban en ello y que como país Bulgaria no tenía ninguna relación con el asunto. Nadie investigó cómo esas armas llegaban a los terroristas de Siria. Lo han dejado pasar simplemente. Negaban todas las acusaciones acerca del envío de armas a todas partes, no sólo a Siria. Es un tema prohibido en Bulgaria. Nadie quiere hacer preguntas y responder a estas cuestiones. Por eso hasta ahora no he recibido explicaciones de las autoridades búlgaras.

Honestamente confieso que después del interrogatorio, ni la Agencia de Seguridad ni los ministerios harán nada por descubrir la verdad. No desean ocuparse de la investigación, sólo les interesa las fuentes. Muchos periodistas están en mi misma situación pero yo voy a continuar con la investigación hasta descubrir todo. Los suministros de armas no sólo a Siria, sino también a Pakistán, Afganistán, Yemen, porque la guerra en Siria acabará pronto y todos estos terroristas serán reemplazados a África, o a Afganistán o Pakistán. Por eso estoy segura que los suministros de armas continuarán y caerán en manos de terroristas. Por eso los seguiré.

News Front: Hacéis realmente un trabajo hermoso y no hay ninguna duda de que las autoridades y el armamento están inseparablemente vinculados el uno con el otro.

Dilyana Gaytandzhieva: Las armas son dinero, y esto es un problema porque las autoridades ganan mucho con este armamento cuando cierran los ojos a todo lo demás.

News Front: ¿Has recibio amenazas después de lo ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: No, amenazas directas no he recibido. Sin embargo existe una multitud de vías para la intimidación, pero conmigo no funcionan. No temo a esto y no tengo nada que perder.

News Front: ¿No temes continuar con la investigación al visitar los puntos claves?

Dilyana Gaytandzhieva: Ha sido como una advertencia para mí y cada vez que me hacen esta pregunta es difícil explícarlo, pero cuando una vez has visto la guerra en los ojos de los niños, y cuando te encuentras en tal situación, quieres hacer la elección correcta para decidir este conflicto, este problema, y quieres que el mundo conozca la verdad ya que hay tal afirmación: “La primera víctima de la guerra es la verdad”, y nuestra misión consiste en llevar la verdad a las personas. Estando bajo sospecha, siendo despedida del periódico “Diario del Trabajo” no abandonaré el trabajo, puesto que esta es mi vocación en la vida. Así lo siento.

Puede que esto suene demasiado común, pero es así. Pagas un precio elevado por ser corresponsal guerra. Es una carga emocional muy pesada. Además de la carga física, están las amenazas físicas, las pesadillas por las noches, te sientes impotente. Sin las palabras de apoyo que he recibido de todo el mundo, sería difícil continuar, aún sabiendo que el suministro de armas continúa. No hay duda de que mientras hablo los proyectiles están matando a niños en Siria y Yemen.

No pararé hasta que el gobierno de Bulgaria tome medidas para cesar el suministro de armas pues es un negocio sustentado con la muerte de personas. Espero que el mundo del periodismo no cierre los ojos antes esto.

News Front: Aquí nos encontramos con un crimen evidente al prohibir la libertad de palabra al periodismo, pues la libertad de palabra es el componente más importante de nuestro trabajo. Espero que continúe el trabajo y la investigación. Le deseo suerte en su trabajo, usted es una mujer muy fuerte, y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de comunicarme con usted.

Dilyana Gaytandzhieva: También estoy muy agradecida de comunicarme con usted, una vez más gracias por su interés y el apoyo pues este problema no sólo me toca a mí, nos toca a todos. Les deseo mucha suerte.

Sobre la investigación de Dilyana Gaytandzhieva en News Front hemos publicado parte de sus investigaciones (2).

(1) https://trud.bg/350-diplomatic-flights-carry-weapons-for-terrorists/
(2) https://es.news-front.info/2017/08/26/expulsada-la-periodista-bulgara-que-descubrio-el-suministro-de-armas-a-terroristas-en-siria/

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