La diputada de la CUP ha señalado antes de iniciar su charla que ella no ha recibido notificación alguna sobre esa decisión judicial y que por tanto la iba a mantener.
Tampoco la plataforma “Ascatasunera”, creada recientemente en Euskadi para apoyar la consulta catalana, organizadora del acto, tiene constancia oficial de la suspensión judicial.
El Ayuntamiento de Vitoria, al que pertenece el centro cívico Aldabe, ha recibido el auto judicial una vez iniciada la conferencia y lo está analizando. Nadie sabe cuánto tiempo les llevará dicho análisis.
El acto ha comenzado con normalidad a las 11.30 horas como estaba previsto sin presencia de agentes de la Ertzaintza ni de otros cuerpos policiales en el recinto.
Anna Gabriel, tras ser informada por los periodistas de la suspensión de su conferencia minutos antes de las 11.30, ha criticado la actuación del Estado y ha afirmado que se está amenazando el derecho de reunión y la libertad de expresión.
La decisión adoptada hoy por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria de suspender la autorización de cesión de este local municipal para la charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel se ha conocido pasadas las 11.10 horas.
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha informado de la resolución judicial a esa hora, tras la solicitud que hizo ayer por la tarde al Juzgado de Guardia de Vitoria, a la Fiscalía y al Ayuntamiento de Vitoria para que se anulara el acto al considerarlo “ilegal”.
Cuando les da la gana los jueces se dan prisa: en menos de tres horas han repartido la demanda, el juez se ha leído los papeles, ha redactado su sentencia y se la ha comunicado a quien le ha dado la gana, todo ello naturalmente sin algo fundamental en cualquier juicio: oir a la otra parte.
A ese juez le deben dar un premio a la celeridad y presentarle a las Olimpidas para que corra los 100 metros lisos.
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Después de publicar esta entrada la policía se ha presentado en el local y ha impedido la celebración del acto.
De vergüenza.
