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21 noches de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Murcia

Son ya 21 noches consecutivas de manifestación en las vías contra las obras del AVE en Murcia. La tensión fue en aumento desde la mañana de ayer, cuando los vecinos de Santiago el Mayor descubrieran que se estaba comenzando a construir las pantallas de protección o “muro” y culminó en un duro enfrentamiento entre manifestantes y policía por la noche.

La concentración comenzó de forma pacífica durante su primera hora y sin altercados. Entre las consignas, destacó en particular la de “No estamos todos, faltan los presos”, una referencia a las dos detenciones que la policía realizó en la mañana de ayer, consecuencia de un enfrentamiento que también se saldó con tres heridos.

Sobre las 21:30 un tren que pasaba por la vía paró frente a los manifestantes, algo que ellos interpretaron como un apoyo a su protesta. Tras esto, un grupo de personas trató de invadir las vías superando a los policías, que reaccionaron golpeando a los manifestantes. Acto seguido, algunos miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento, entre ellos el cura Joaquín Sánchez, crearon una separación entre el muro de antidisturbios y la gente, con el fin de apaciguar los ánimos.

Tras varios minutos de tensión, grupos de manifestantes en ambos lados de las vías prendieron fuego a varios contenedores. Luego comenzaron a arrancar las vallas metálicas que protegen la vía ferroviaria, además de señales de tráfico. La tensión aumentó todavía más cuando los manifestantes cogieron del suelo una catenaria de 10 metros de longitud, que lanzaron para impedir el paso de trenes por las vías. Además, destruyeron parte de las construcciones de la pantalla de protección (“el muro”), que habían comenzado por la mañana. Finalmente, un numeroso grupo de manifestantes acabó ocupando las vías. Sobre las 23:30, los efectivos policiales se retiraron de la zona.

De momento no hay cifras de heridos o detenidos, pero dos periodistas de La Verdad fueron heridos durante los altercados. Desde la Plataforma Pro-Soterramiento han aclarado que quienes protagonizaron los altercados no pertenecen al colectivo vecinal. Tras los incidentes de la mañana, la Plataforma desconvocó la concentración oficial, siendo miembros en representación personal y no de la Plataforma los que acudieron a la protesta.

Desalojan a la policía de los hoteles y establecimientos que ocupan en Catalunya

Varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones después del referéndum celebrado este domingo.

En el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.

Un grupo de personas ha acudido a uno de los hoteles a increpar a los policías y la dirección del establecimiento ha dado un ultimátum a los policías para que a las doce del mediodía abandonaran sus habitaciones.

Las fuentes han indicado que la propia alcaldesa de Calella, una localidad próxima a Barcelona gobernada por el PDeCAT, ha sido la que ha llamado directamente a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que o echaba a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes.

Gimnasios, bares y otros comercios tampoco han permitido este lunes la entrada a los antidisturbios, que llevan al menos diez años alojados en establecimientos y hoteles de Calella sin que se hayan producido incidentes de ningún tipo e, incluso, han atendido a los policías con hospitalidad.

Los agentes han decidido dejar los hoteles para que los trabajadores, algunos de los cuales este lunes no han acudido a su puesto, no tengan problemas y han expresado el agradecimiento a todos los empleados por la atención que han recibido siempre.

Gimnasios, bares y otros comercios que durante años se han favorecido por la presencia casi continua en la localidad de fuerzas de seguridad no han permitido este lunes la entrada a los agentes.

Incluso, algunos de ellos han publicado mensajes en sus cuentas de las redes sociales para condenar la actuación policial de este domingo en los centros de votación y avisan a los policías: «A partir de hoy, a favor de un derecho fundamental como la democracia, usted no es bienvenido. Seguramente otros muchos establecimientos estarán encantados de recibir su dinero».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que, en un comunicado, además de relatar el caso de los hoteles ha resaltado el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando «situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña».

http://www.20minutos.es/noticia/3150485/0/hoteles-barcelona-echan-policias-guardias-civiles-alojados-referendum-cataluna/

Torturas y desapariciones forzadas en las cárceles secretas de Yemen contra las fuerzas populares

Ahmed Dubba, un yemení que había sido lilberado de la prisión de Janfar, ha muerto a causa de las graves torturas que le practicaron en una cárcel secreta dirigida por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen (1).

Han aparecido en internet fotografías del yemení asesinado con muestras visibles de las torturas. Previamente el sitio Thenewkhalij había denunciado que Emiratos Árabes iniciado una campaña contra los eruditos y predicadores religiosos que se oponían a la agresión y que había muchos yemenitas desaparecidos al norte de Aden (2).

Algunos medios hablan de 208 presos encerrados en cárceles secretas y sometidos a torturas, por lo que las organizacines populares de Yemen han iniciado una campaña para que se cierren este tipo de centros.

Un informe de Sam, que es un movimiento contra la agresión saudí con sede en Ginebra, asegura que las desapariciones se ha convertido en un “fenómeno” corriente en Yemen. Human Rights Watch ha secundado las informaciones sobre 49 casos de desaparición y tortura, entre ellos cuatro niños.

La agencia Associated Press ha publicado un investigación propia sobre centenares de yameníes desaparecidos tras una redada contra Al-Qaeda, que posiblemente se encuentren encerrados en cárceles se cretas del sur del país.

Los métodos de tortura aluden al “grill”, donde atan a la víctima en una fosa rodeada por un círculo de fuego. De manera anónima varios oficiales del Pentágono han admitido que conocen este tipo de cárceles secretas, así como el trato que en las mismas se dispensa a los detenidos. Finalmente admiten que los militares emiratíes les envían periódicamente informes con las declaraciones que prestan los detenidos bajo tortura.

El Pentágono se escuda porque las torturas se producen cuando sus militares no están presentes en los interrogatorios.

El método de tortura conocido en Estados Unidos como “grill” es lo que en España se llama “la barra”. Los verdugos colocan una barra entre los codos y la parte posterior de las rodillas para luego atar las manos del detenido justo por encima de sus espinillas.

Entonces se levanta la barra y el detenido queda en suspensión en el aire, como un pollo en un asador con la cabeza hacia abajo. Sise le descalza, se le puede golpear más cómodamente con un palo en las plantas de los pies, cuyas lesiones son menos visibles.

(1) https://www.middleeastmonitor.com/20170930-yemeni-dies-of-torture-in-uae-run-prison-in-yemen/
(2) http://www.thenewkhalij.org

Si el asesinato lo comete la Policía Nacional, la pena es de sólo dos años de cárcel

¿Quién dice que en España ya no se tortura? Los cinco policías nacionales acusados del asesinato a palos de un detenido, Diego Pérez Tomás, en 2014, han aceptado dos penas que suman, en su conjunto, cuatro años de cárcel al reconocer los delitos de detención ilegal y homicidio imprudente.

Una risa; una auténtica tomadura de pelo para un detenido al que mataron de una brutal paliza.

La Fiscalía, las acusaciones particulares, defensa y Abogacía del Estado han apañado el negocio para evitar un juicio público. Como siempre que condenan a un policía, la prensa, cuando informa, si es que lo hace, no indica sus nombres, a diferencia de todos los demás casos.

La jueza ordenó prisión para seis policías, pero uno de ellos, G.J.G.M., murió en octubre de 2015 cuando estaba encarcelado en la prisión de Estremera, supuestamente por una pancreatitis.

A los policías les acusaron de la desaparición y muerte de Diego Pérez Tomás el 11 de marzo de 2014. Su cadáver fue encontrado dos semanas después flotando en aguas de Cala Cortina. Los policías compartían turno en las llamadas patrullas Zeta de la comisaría de Cartagena y un testigo dijo haber visto a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.

El 11 de marzo de 2014 Diego Pérez Tomás, de 43 años, cometió el error de llamar al 091 de Cartagena, solicitando auxilio policial toda vez que estaba asustado al sentirse amenazado por unos individuos. Pérez Tomás sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad que determinaba un grado de discapacidad del 45 por ciento.

El 091 encomendó a dos de lois matones para que acudieran al lugar a bordo de un vehículo patrulla, y otros dos policías acudieron a bordo de otro vehículo con servicio en la zona centro. También acudió un tercer coche patrulla al que correspondía el servicio en la zona de Barrios, sin que hubieran sido comisionados por el 091 ni hubiera causa justificada para su presencia.

Una vez que localizaron a la víctima en la vía pública junto a su domicilio, los policías comenzaron a cachearle y uno de ellos le dio una bofetada, según la jueza. A continuación le ordenaron que se subiera a uno de los vehículos policiales.

En lugar de trasladarle a la comisaría o a un centro sanitario, decidieron llevarle a Cala Cortina, un lugar solitario y aislado que dista cinco kilómetros del domicilio de Diego y de las zonas de patrulla de los policías.

Luego los policías mintieron a la Sala del 091 informándole que habían tranquilizado a Diego, ocultando que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la Cala con la víctima a bordo.

Los policías procedieron a propinar golpes a Diego «con ánimo de atentar contra su vida» o «asumiendo esta posibilidad», y aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio. Como resultado de la agresión, le causaron la muerte «por rotura de las vértebras del cuello», para, a continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía.

El cadáver fue hallado en la bahía de la playa de Cala Cortina, dos semanas después. Presentaba lesiones traumáticas: le habían matado a golpes.

Denuncian ante la ONU a la Policía Nacional por un agresiones racistas

Un policía nacional de la comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid, profirió insultos racistas a Isabelle Mamadou, responsable de la ONG Movimiento por la Paz en la Comunidad Valenciana y primera representante española en el Programa para Afrodescendientes de la ONU. En la denuncia también se recogen los comentarios racistas del policía a Ngoy Ngoma, presidente de Kwanzaa, asociación universitaria afrodescendiente y a la abogada Esther Mamadou.

Los sucesos tuvieron lugar el pasado sábado 16 de septiembre en el madrileño barrio de Lavapiés, donde Isabelle, acompañada de representantes de diferentes organizaciones salían de comer y se detuvieron ante lo que parecía una identificación por perfil étnico. “Salíamos de un restaurante e íbamos a un curso de derechos humanos, ahí fue cuando vimos un coche de la policía entrar en dirección contraria, del que bajaron para identificar a unos chicos negros que estaban parados”, explica Ngoy Ngoma, quien asegura que se quedaron observando si se cumplián las mínimas garantías durante el proceso de identificación policial. Lo que sucedió después fue que “uno de los agentes agredió sin motivo aparente con una porra a un afro que estaba siendo identificado, bajo la mirada de testigos que transitaban por el lugar”, el policía que bajó con brusquedad del vehículo “golpeó con la porra la bebida de uno de los identificados y le propinó un empujón”, afirma Ngoma.

En ese momento decidieron acercarse, sin embargo, la policía quería que se marcharan, “por mucho que nos apartáramos nos decían que debíamos alejarnos más y más, como se estaba agravando la situación lo que querían era que nos fuéramos”. Es ahí cuando el mismo policía que había propinado el empujón a uno de los jóvenes, le redujo de forma agresiva con ayuda de otros policías. “Entendimos que se estaba produciendo un abuso de la autoridad porque no se dió una reacción del joven identificado que de alguna forma explicara esa brutalidad”. Ante la violencia de la intervención policial, la responsable del Movimiento por la Paz, Isabelle Mamadou, se acercó para expresar su preocupación, motivo por el que el policía procedió a su identificación, acción que se repitió con Esther Mamadou y el miembro de Kwanzaa. El joven reducido fue introducido en una patrulla y llevado a comisaría.

“Los comentarios racistas comenzaron durante el proceso de identificación. Nos preguntó si íbamos a venir de nuestro país a decirle cómo tenía que trabajar. Le recordamos que éramos españoles pero a pesar de tener nuestros DNI en la mano nos repitió varias veces que no lo éramos mientras realizaba burlas sobre nuestros lugares de nacimiento”, afirma Mamadou.

Según la nota comunicativa, varios testigos confirman que los tres afrodescendientes sufrieron la agresión racista del policía que “llegó a calificar a la denunciante de ‘puta negra’ ante la pasividad de los demás agentes”. “Me dijo que si venía del Congo y de Tanzania a decirle cómo debía desarrollar su trabajo, yo le expliqué que era español pero continuó burlándose de mí”, comenta Ngoy, quien se lamenta del silencio de los demás policías antes las burlas e insultos racistas por parte del policía, “cuando los demás agentes se quedan callados es porque comparten lo que hace este agente o porque no pueden controlarle”. Ante la reiterada negativa del policía a identificarse, los tres detenidos rechazaron abandonar el lugar, al que finalmente se desplazó un superior de la comisaría.

Los policías justificaron su actuación alegando entorpecimiento de la labor policial e iniciaron un procedimiento administrativo sancionador en virtud de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, “cuya revisión ha sido solicitada en varias ocasiones por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial por eliminar la libertad de expresión y excluir ciertas garantías judiciales entre otros motivos”.

Por primera vez en el Estado español se recurre al Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas, creado en 2002 por la Comisión de Derechos Humanos, que serán quienes evalúen la denuncia interpuesta contra el Cuerpo Nacional de Policía y que tienen la capacidad para abordar el racismo institucional del que fueron víctimas los tres detenidos y ante el que el gobierno de España deberá responder.

Para Ngoy las identificaciones por perfil étnico son parte de la cotidianidad, la última vez sucedió en la estación de Chamartín, también en Madrid, desde donde se le llevó a comisaría por un supuesta falta de resistencia a la autoridad. “Había cámaras que podían demostrar que eso no había sido así”, explica el integrante de Kwanzaa, por lo que “la denuncia nunca llegó”. Recuerda que la justificación que le dió la policía era que las personas como él “tenían más probabilidades para delinquir”. Explica que lleva quince años sufriendo cada cierto tiempo este tipo de identificaciones racistas que le “criminalizan” y colocan ante las demás personas como un “delincuente”. Sin embargo, este joven de 29 años ha sabido confrontar el racismo estructural que sitúa a la población racializada como sujetos sobre los que se ejerce violencia institucional, y que le ha permitido forjar su personalidad y resistir, “pueden agredir nuestro físico, pero no nuestra conciencia”, concluye.

http://esracismo.com/2017/09/25/la-policia-nacional-denunciada-ante-la-onu-por-agresion-racista/

‘¡Hay que derrotar la ofensiva franquista en Catalunya!’

A medida que los ciudadanos catalanes llenaban las puertas de las conselleries y departamentos registrados por las fuerzas de seguridad del Estado para protestar contra la detención de 16 cargos del Govern y la persecución del material para el referéndum, también lo hacían a partir de las 19:30 los ciudadanos madrileños en la Puerta del Sol. Es así como una revuelta contra el intento de Mariano Rajoy de imponer la ley marcial para impedir el referéndum se ha convertido en una reivindicación contra el Gobierno, bajo una bandera compartida –la estelada– y una consigna común –el derecho de autodeterminación.
La policía no ha provocado disturbios. Algunos manifestantes gritaban “Queremos votar. Hay que derrotar la ofensiva franquista en Catalunya”. Otros gritaban el clásico “No pasarán”,
emulando los tiempos de la Guerra Civil y la resistencia republicana en
la capital del Estado, contra la acción del bando fascista. Otra de las consignas ha sido la de “Fuera de fascistas de nuestros barrios”.
Los manifestantes marchaban envueltos en varios símbolos, como la bandera republicana, la catalana, la comunista, y pancartas de la misma plataforma que el domingo convocó en Madrid un acto por el derecho a decidir –ignorando entonces la prohibición de un juez.
La plaza se empezó a llenar, sin embargo, con un tono agrio por la acción de la Policía pidiendo el DNI. “Es una manifestación ilegal”, explicaba una señora, con una voz que se volvía tenue a medida que los convocados gritaban “¡No, no, no al Estado de excepción. Gobierno dimisión!

En Catalunya un juez acusa a los 14 detenidos en la redada de esta mañana de casi todos los delitos del Código Penal: prevaricación, malversación, desobediencia, revelación de secretos e incluso sedición. Los detenidos son el número dos de Oriol Junqueras, el secretario general de Economía, Josep Maria Jové. Han registrado los despachos de Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Govern, y Pere Aragonès, secretario de Economía. Salvadó ha sido detenido, y también Francesc Sutrías, director general de Patrimonio. Sutrías ha sido detenido en su domicilio, en Rubí (Barcelona). Otra de las detenciones se ha producido en Madrid, pero en total hay 20 acusados.

Cientos de personas se han agrupado en la Consellería para dar su apoyo a los detenidos. Además el juez ha ordenado 41 registros en despachos oficiales y en tres empresas, en una de las cuales se han hallado unos diez millones de papeletas electorales. También ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones impedir al acceso a 32 dominios web que publicitan el referéndum de Catalunya.

Al mediodía la Policia Nacional se han personado ante la sede de la CUP enviados por por el juez de la horca y han requisado carteles en favor del referéndum. Lleagaron encapuchados, acordonaron la sede, entraron y salieron después con cajas. Dentro de la sede había una veintena de militantes y a las puertas se han concentrado más de un centenar de personas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías de Catalunya que califiquen la propaganda electoral del referéndum como “delitos de odio”, amenazas y coacciones contra los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum del 1 de octubre.

Ocho personas afrontan penas de cárcel por protestar contra los desahucios de un fondo buitre en pisos públicos

Ocho personas, entre ellos militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos, tendrán que declarar ante el juez acusados de desórdenes públicos por invadir la vía e impedir la circulación del tranvía de Parla, en el sur de Madrid, en una protesta que tuvo lugar el pasado mes de abril.

El grupo, formado por varias decenas de personas de las que solo se identificó a las ocho, se manifestaba contra los desahucios de Encasa Cibeles, la filial española del fondo buitre Goldman Sachs-Azora al que el gobierno autonómico de Ignacio González vendió casi 3.000 viviendas públicas. Por esta acción no comunicada que mantuvo una hora cortado parte del servicio, los acusados podrían enfrentarse a entre seis meses y tres años de prisión.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el 27 de abril, cuando “una aglomeración de unas 50 personas”, entre ellos menores, se encontraba “ocupando las vías del servicio público”, según el atestado policial. La protesta estaba encabezada por una pancarta con el siguiente mensaje: “Disculpen las molestias, nos quieren desahuciar”.

Al lugar acudieron la Policía Local y también la Nacional tras el aviso de los vigilantes que pone la empresa que gestiona el servicio, Tranvía de Parla S.A, participada mayoritariamente por GlobalVía Infraestructuras S.A (de FCC y Bankia al 50 por ciento). La Policía Nacional informó a los manifestantes de que la acción podría estar incurriendo en un delito, recoge la documentación entregada al Juzgado y confirman los activistas, que aseguran que “pacíficamente” procedieron a retirarse después del aviso y con el compromiso verbal de los policías de que no los identificarían.

El atestado aduce, sin embargo, que transcurrió más tiempo hasta que se disolvió la concentración, que terminó con la filiación de ocho personas: tanto los “principales responsables y portavoces del evento así como las personas que utilizaron los móviles para grabar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello motivado por una posible utilización ilícita de tales imágenes y en prevención de tales hechos”, una acción castigada por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Policía habla de “responsables” para referirse al abogado de la PAH que interactuó con ellos como mediador en nombre del colectivo que se manifestaba.

A unos metros del lugar donde se concentraron se levantan unos bloques de viviendas públicas incluidos en la macroventa a Goldman Sachs-Azora cuyos vecinos tienen órdenes de desalojo casi todas las semanas. La mayoría de ellas terminan suspendiéndose hasta nuevo aviso y así pasan los meses. En los pisos hay personas que han dejado de pagar a su nuevo casero porque no pueden y familias que ocupan ilegalmente las casas y llevan meses pidiendo sin éxito a la empresa la regularización de la situación. Pero Encasa no cede a esta petición por miedo “al efecto llamada” y, según el testimonio de los vecinos,  les ofrece dinero para que se marchen. Y el Ayuntamiento de Parla asegura que no tiene vivienda social disponible para dar alternativa a los vecinos en riesgo de desalojo.

Los manifestantes aseguran que el día de la protesta esperaron a que pasara un tranvía para comenzar a ocupar “la acera y parte de las vías porque la acera era muy estrecha y no cabíamos todos” en una “concentración espontánea”. “Queríamos evitar un frenazo del tranvía o cualquier daño en ese sentido”, dice uno de ellos.

El servicio de transporte se interrumpió en la parada anterior a la zona donde estaban desplegada la protesta y los viajeros tuvieron que bajarse, según la declaración de la conductora del convoy que se paró primero. La trabajadora contó a la Policía, y así queda recogido en el atestado, que a las 19:50 se percató de la presencia de un grupo de personas en la vía y a las 20:45 se pudo reanudar el servicio tras disolverse la protesta. Tres vigilantes del tranvía y dos inspectores del servicio también ofrecieron su declaración como testigos de lo sucedido.

Tranvía de Parla S.A, empresa con la que ha intentado contactar sin éxito este medio, ha cuantificado en 791 euros los daños de esta acción. Pero los peritos judiciales no han podido determinar el “perjuicio ocasionado por la inmovilización de dichos trenes”. “Hemos de poner en su conocimiento que no se disponen de datos efectivos y reales del coste por minuto de cada tren retenido”,  consta en la documentación incluida en la instrucción.

Dos de los acusados de desórdenes públicos han recibido, además, sendas multas de 600 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por negarse a identificarse. “Yo solo les pedí explicaciones sobre por qué nos identificaban si nos habían dicho que no lo harían. Y luego les dejé mi DNI”, asegura Israel, uno de los militantes que ha recibido y recurrido esta sanción.

http://www.eldiario.es/madrid/activistas-enfrentan-manifestarse-desahucios-VPO_0_688031387.html

La siniestra calavera de la CIA siempre está al acecho en Ecuador

Detalle del mural de Osvaldo Guayasamín
Nil Nikandrov
Un mural pintado en el interior del edificio del parlamento de Ecuador por el famoso pintor ecuatoriano, Oswaldo Guayasamín, titulado “Imagen de la Patria” incluye una imagen de una calavera sonriente con un casco estampado con la sigla “CIA”. Cuando el mural fue inaugurado el mes de agosto de 1988 Guayasamín explicó que esta imagen representa todas las amenazas contra su país natal. Y que durante casi tres décadas la “Calavera de la CIA” ha acechado a los diputados del parlamento con una siniestra sonrisa.

Las huellas dactilares de la CIA son visibles en docenas de incidentes en Ecuador en los cuales políticos que habían amenazado la política exterior de Estados Unidos fueron eliminados. Por ejemplo, En el mes de mayo de 1981 el avión que transportaba al presidente Jaime Roldós se estrelló en la provincia de Loja, una región montañosa de Ecuador. El presidente Reagan había tenido una relación hostil con los ecuatorianos: Roldós se había negado a aceptar la invitación a su toma del mando y había mantenido relaciones amistosas con los Sandinistas en Nicaragua y con el gobierno cubano. Roldós también demostró su solidaridad con el Frente Democrático de El Salvador que luchaba contra una dictadura militar. Roldós se encontraba planificando la reorganización de la industria petrolera ecuatoriana poniendo en peligro los intereses de las corporaciones petroleras transnacionales. Roldós fue desechado por toda una “serie de quejas” en su contra.

Una vez que Rafael Correa tomó la presidencia, la CIA aceleró su trabajo en Ecuador. Durante una entrevista reciente Correa mencionó que en los primeros días de su gobierno cierto diplomático norteamericano le solicitó una reunión durante la cual él se presentó como “el representante oficial de la CIA en Ecuador”. Tal individuo incluso hizo hincapié en que él actuaba de manera independiente del embajador norteamericano en Ecuador. Como lo señaló Correa en ese momento, “los norteamericanos todavía creen que ellos pueden controlar nuestro gobierno”.

Una de las consecuencias de las más recientes revelaciones del presidente Correa en torno a las actividades subversivas de los servicios de inteligencia norteamericanos en Ecuador fue un incidente que involucró a una agente de la CIA apodada “Swat”.

Desde el año 1984 hasta el 2007 una cierta Leila Haddad Pérez, descendiente de libaneses, operó en Quito como agente ilegal de la CIA. En primera instancia ella utilizaba un salón de belleza como fachada y posteriormente una tienda para la venta de alfombras. Su verdadero nombre era Sania Elías Zaitoum El Mayek. El principal interés de Swat eran los oficiales de alta graduación en las fuerzas armadas y la policía. Las colaboraciones de ellos eran recompensadas con “gratificaciones” pagadas en dólares –superiores muchas veces a sus sueldos oficiales— como también en promesas de un paulatino ascenso en sus carreras. Gracias a los esfuerzos de Swat, muchos cargos importantes en los servicios de inteligencia del Ecuador y en las fuerzas armadas estaban ocupados por agentes de la CIA.

Una de las metas principales era dificultar la participación de Ecuador en esfuerzos por integrar al continente y también impedir el fortalecimiento de cualquier alianza con Venezuela. También se lanzó una campaña contra líderes amigos de Ecuador, como Hugo Chávez Frías, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y otros.

La red de agentes dirigida por Swat hizo todo lo que pudo para impedir el cierre de la base militar norteamericana de Manta. La campaña electoral de Correa el año 2006 no ocultaba lo que él tenía planeado hacer respecto a la presencia de la base militar norteamericana en el país. Virtualmente cada agente de campo de la CIA en el país fue movilizado en respuesta, como también la inteligencia militar de Estados Unidos la cual incluía a políticos, funcionarios policiales, personal militar, periodistas, activistas sindicales y estudiantiles como también organizaciones no gubernamentales, ONG. Sus esfuerzos fracasaron. Como lo señaló Correa, los métodos empleados por Swat resultaron “torpes” y que “era obvio que ella era el cerebro de la CIA en Ecuador”. En consecuencia, el presidente de Ecuador decidió expulsar a Swat del país. En el mes de julio del 2009 la base militar norteamericana de Manta fue cerrada.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador trató de negar la existencia de vínculos entre la CIA y políticos ecuatorianos. Con algo de ironía el presidente Correa le indicó al embajador norteamericano que “estudiara un poco más acerca de cómo funcionan estos servicios… como si él no lo supiera”.

Rafael Correa es consciente que su país todavía está en peligro de golpe de estado. Algunos analistas piensan que finalmente la conspiración de la CIA en Ecuador será dirigida por Mario Pazmino, ex director de los servicios de inteligencia del Ecuador. Correa lo acusó de ocultar informaciones estratégicas vitales respecto del ataque que fue lanzado a través de la frontera colombiana sobre un campamento ilegal de las FARC ubicado dentro del territorio ecuatoriano. Desde su inicio hasta el final, el ataque fue preparado por la CIA y los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos.

A consecuencia de estas denuncias, los servicios de inteligencia y contrainteligencia comprometidos del Ecuador, han sido objeto de reformas. Se ha establecido un Secretariado Nacional de Inteligencia, SNI se ha contratado a un nuevo personal y se ha instalado nuevos equipos especializados. Todo esto posibilitará un monitoreo efectivo de las organizaciones que responden a la CIA, tales como la USAID y la NED. Pronto se descubrió que Karen Hollihan, una ecuatoriana de ascendencia germano-norteamericana había sido enviada para restablecer la red de agentes en Ecuador.

Un sujeto de nombre Fernando Villavicencio trabajó como asistente de la Hollihan. El sujeto sostiene ser un experto petrolero pero su principal actividad fue la de denigrar al presidente Rafael Correa. Villavicencio fue condenado a 18 meses de cárcel, por difamación, pero huyó de la cárcel y ahora utiliza internet para la divulgación de artículos escritos por la CIA acerca de corrupción en el gobierno de Correa.

Otro activo contacto de la Hollihan responde al nombre de César Ricaurte quien encabeza la organización sin fines de lucro “Fundamentos” la cual monitorea “las amenazas a la libertad de información” en Ecuador, contribuyendo a que los críticos del gobierno se involucren en la campaña de “denuncias” de la CIA.

La ONG “Participación Ciudadana” que se especializa en “periodismo investigativo”, producto de la CIA, recibió la cantidad de 265.000 dólares de parte de la NED durante los últimos dos años para cubrir sus “gastos corrientes”.

El ciudadano ecuatoriano Mario Ramos, Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, CAES que analiza las operaciones de Estados Unidos contra los gobiernos latinoamericanos que se rehúsan bailar al ritmo de Washington, señaló en TeleSUR que la CIA en sus actividades subversivas evalúa a cada país, antes de escoger “la estrategia de desestabilización apropiada, es decir, guerra económica, guerra psicológica o desinformativa y suma y sigue”.

Ramos piensa que con el objeto de contrarrestar tales operaciones subversivas, los latinoamericanos deben establecer “una estrategia de defensa integrada” que abarque las órbitas de la diplomacia, lo militar y las finanzas y deberán enfocar los esfuerzos de los servicios de inteligencia de sus países en esta tarea.

La denuncia de las actividades subversivas de la CIA en el Ecuador, el desfile de retratos de los perpetradores por televisión y el análisis de las desastrosas consecuencias para el país a cuenta de sus desleales actividades, constituyen pruebas que los dirigentes políticos de Ecuador tanto como los servicios de seguridad, han arribado a las conclusiones necesarias.


http://www.tiwy.com/read.phtml?id=2072

Más información:
– ¿Formó parte el asesinato de Roldós en 1981 del Plan Cóndor? 

Atención: pregunta !

B.

Si el montón de alcaldes de ciudades catalanas están dispuestos a prestar locales municipales para que puedan votar los ciudadanos en el referéndum del 1-0 son, finalmente, detenidos por orden de un juez a instancias de la Fiscalía del TSJC -los fiscales no pueden detener-, ¿serán estos considerados «presos políticos»? (1)

Para la izquierda posmoderna podemita sería un «error gravísimo», no una demostración más del fascio imperante en el Estado -fallido- español, que eso jamás lo diremos pues todos estamos en la misma nave, de modo que el problema no es el derecho a decidir del pueblo catalán, ni si hay democracia o no, sino tumbar a Rajoy. O sea, vuelven a no contestar -como Colau-, al margen de que sean o no encarcelados, que no creo que sean tan burros estos fachas…

De momento no toca decir que se cumpla la ley, el Estado de Derecho (2), eso que lo digan los demás, nosotros no, hasta que toque decirlo.De momento es un «error», pero los errores en democracia se subsanan, es lo bueno de vivir en «democracia». Es lo bueno de vivir en el mejor de los sistemas posibles, según el Dr.Pangloss.

(1) No ignora el lector/a que en este país llamado España (pronúnciese a lo Wyoming, como los sargentos Aransibia) no existen los presos políticos, todos están por haber robado gallinas y bicicletas, gente sin ideas, como es sabido desde el erasmista Bartolomé de Carranza.

(2) El Estado de Derecho no se desnorta ni se cuestiona por corruptelas varias o estas quisicosas de buscar urnas, papeletas, etc.; al revés: se refuerza en la Corte de los milagros que es España, viva España, arriba España.

Arrivederci.

‘El ministro de la Serna es un chulo de mierda’

El chulo de mierda del ministro de Fomento
Más de 10.000 personas, según la Plataforma Pro Soterramiento de las vías del AVE, se manifestaron ayer por las calles de Murcia ante la imposibilidad de protestar ocupando los raíles tras la segunda noche consecutiva de gran despliegue de antidisturbios para impedirlo.

Con salida en el paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor, el primero de los que quedará separado del resto de la ciudad una vez que se levante el muro para la entrada provisional en superficie durante varios años del tren de alta velocidad hasta que concluyan las obras del soterramiento previsto, ha dado por concluida la tanda de movilizaciones que comenzó el martes y en las que se han producido sabotajes y fuertes enfrentamientos.


Por la noche dos policías nacionales y un fascista resultaron heridos al término de la manifestación a favor del soterramiento de las vías del tren en la ciudad cuando sobre las 23 horas los manifestantes se dirigían al paso a nivel de Santiago el Mayor con intención de cortarlo.

Según asegura la policía, los últimos grupos de manifestantes se habían disuelto en la céntrica plaza de Santo Domingo, cuando un piquete se dirigió hacia las vías con la intención de tratar de interrumpir el tráfico ferroviario.

A la altura de la pasarela Alcalde Miguel Caballero vieron a un fascista conocido y empezaron a darle una paliza hasta que dos policías nacionales se dirigió al lugar para tratar de separarlos y detener a los agresores, momento en el que comenzaron también a golpearlos hasta causarles lesiones.

Los tres fueron ingresados en un cercano hospital. Hay un detenido al que acusan de esta agresión.

Por la mañana una manifestación multitudinaria recorrió el centro de Murcia, pasando por las sedes del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno. Por las calles Torre de Romo y Gran Vía Escultor Salzillo y frente al ayuntamiento ha resonado “Ahí está la cueva de Alí Babá” y la sede en fase de reformas de la Delegación del Gobierno central en esa región las consignas coreadas durante los últimos días.

«Que no, que no, que no queremos muro”, “Murcia unida jamás será vencida”, “Manos arriba: esto es un atraco”, “El tren, por abajo; nosotros, por arriba”, “Ballesta, el muro en tu puerta” —dedicada también al alcalde—, “Los de Fomento, en el muro dentro”, “El soterramiento lo vamos a lograr; siempre adelante, ni un paso atrás”, “Si no se soterra, ¡guerra, guerra, guerra!” y “De la Serna es un chulo (de) mierda”, dirigida al ministro de Fomento.

Abría la marcha una gran pancarta amarilla con la leyenda “¡¡Soterramiento de las vías ya!! Basta de promesas incumplidas” y la ha cerrado con las palabras de uno de los organizadores megáfono en mano.

Mañana a las 20 horas de la tarde los organizadores se vuelven a reunir en el instituto de educación secundaria Mariano Baquero para acordar las próximas movilizaciones, que pretenden al menos a corto plazo que durante las obras del AVE queden disponibles para el tránsito de peatones y vehículos hacia y desde los barrios y pedanías del sur de la ciudad al menos los actuales pasos a nivel.

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