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Los que persiguen las ‘noticias falsas’ son los inquisidores de siempre

En castellano, “pasquín” es una palabra tomada del italiano “pasquino”, que es el nombre de una estatua de Roma en la que se fijaban escritos satíricos anónimos, generalmente de carácter político.

La palabra se comenzó a usar a principios del siglo XVI, que es cuando surgió la costumbre de colocar las críticas en público, dirigidas contra el gobierno o la Iglesia católica.

Con el tiempo pasó a describir el cartel anunciador, un hoja de papel con publicidad, propaganda o cualquier otro mensaje pero, dice la Wikipedia, siempre conservó un significado peyorativo, lo mismo que cualquier otra modalidad de expresión de las opiniones, como el “libelo”.

En una de sus acepciones la Academia de la Lengua no se corta un pelo a la hora de definirlo: “Diario, semanario o revista con artículos e ilustraciones de mala calidad y de carácter sensacionalista y calumnioso”.

Desde hace 500 años todos los gobiernos del mundo han combatido los pasquines, los libelos y demás formas espontáneas de expresión con la misma excusa: porque sus contenidos son falsos, engañosos, fraudulentos, calumniosos, exagerados…

Ya conocen Ustedes el axioma “Tu libertad acaba donde empieza la mía”, al que le falta la parte más importante: “Tu libertad es muy pequeña porque mis derechos llegan muy lejos”.

A los pasquines les ocurría entonces como a las redes sociales hoy. Recurrían a ellos quienes carecían de cualquier otra posibilidad de expresarse. Las dianas también eran las mismas: los monarcas, los aristócratas, los obispos, los militares, los banqueros, las autoridades, los potentados…Los detentadores del poder siempre fueron “víctimas” de la ironía, el sarcasmo y la sátira del populacho y la chusma, que nunca tuvieron ninguna razón para quejarse porque todo lo que hacían sus protectores era por su propio interés (bien entendido).

Los pasquines, las octavillas y los libelos se quemaban y sus autores siempre dieron con sus huesos en la cárcel, o en el destierro. La mayor parte de los impresos desaparecieron para siempre y la historia lo lamenta. Hoy aquellos papeles despreciados son un tesoro. Todas las bibliotecas del mundo pagan millones por ellos, mientras que nadie se acuerda de las víctimas de sus insultos.

La política, la verdadera política, es así y siempre se ha hecho con ese tipo de materiales, serios y satíricos, falsos y verdaderos, mordaces y misericordiosos.

En China la Revolución Cultural llenó las calles de pasquines (dazibaos) y lo mismo ocurre hoy en Israel a causa de una estricta censura política y religiosa.

La transición también llenó las paredes de pasquines, pintadas y pegatinas porque a los antifascistas nunca los dejaron aparecer en televisión, ni en la radio, ni en los periódicos. Hoy es un delito hacer una pintada en un muro de la calle o en las paradas de autobús porque cada vez que la plebe encuentra una manera de expresar su mala leche, se lo impiden.

Ni siquiera tenemos derecho a disfrutar de nuestra válvula de escape. Las redes sociales, que son los pasquines cinco siglos después, están sometidas a vigilancia. Hay quien vela porque sólo nos enteremos de mensajes que sean ciertos, veraces y auténticos, pero nadie nos ha preguntado si, además, no preferimos los bulos, los rumores o las groserías de nuestro tuitero favorito.

¿Por qué suponen que queremos saber la verdad?, ¿quién les autoriza a privarnos de nuestras mentiras más queridas? Les advertimos desde ahora que siempre nos quedará un último remedio: pintaremos en los retretes de los bares y de las gasolineras.

Retrete de un bar de Brooklyn, en Nueva York

Represión 2.0: el gobierno incluirá en el DNI el perfil en las redes sociales

El gobierno vinculará las cuentas de Facebook, Instagram y otras redes al DNI para incrementar la vigilancia policial sobre las personas.

El Consejo de Ministros ha puesto en marcha el proyecto bajo el nombre “Passenger Name Report” (PNR), y deberá ser aprobado antes del 25 de mayo de este año, que es su fecha límite.

Las redes sociales como Instagram o Facebook vinculadas al DNI son solo la primera parte del proyecto porque el PNR no solamente va a almacenar esa información, sino que también el número de la tarjeta de crédito, los correos electrónicos y cualquier información disponible en internet que la policía considere se debe conocer sobre cualquiera.

El plan se impondrá en toda Europa. La información será recolectada porque hemos pasado del “todo ETA” a “todos son terroristas”, sin excepciones.

Para gestionar las gigantescas bases de datos, en 2013 el gobierno sacó a concurso los dispositivos informáticos pertinentes, que gestionará Indra por el precio de 1,39 millones de euros.

Las aerolíneas serán la principal fuente de datos para el gobierno, que los cruzará con otros formatos existentes de diferentes bases de datos y los analizará para descifrar el comportamiento de cada cual en las redes sociales.

No se salva nada: Twitter, Facebook, Google Plus, Linkedin, Tumblr, Instagram y Flickr están entre las redes sociales a monitorizar, a lo que debes sumar las de vídeo como YouTube, Vimeo y LiveLeak y los buscadores como Google, Bing, Yahoo, entre otros.

Ha llegado el momento de que todo el mundo se desconecte de internet antes de que sea demasiado tarde y arroje los móviles a la la basura. Compre sellos, sobres, papel y boli para volver a lo de siempre.

https://www.elgrupoinformatico.com/gobierno-vinculara-instagram-facebook-otras-redes-dni-t41539.html

Algunas cosas más sobre la ‘Operación Cóndor’

Darío Herchhoren

El cóndor es la mayor rapaz que existe sobre la tierra. Tiene un altura de un metro y cincuenta centímetros y una envergadura de alrededor de tres metros. Puede levantar una oveja, y  dejarla caer para matarla y luego devorarla. Se reportan algunos casos de niños pequeños que fueron capturados por cóndores para luego comérselos previa muerte.

Todo esto es para sentir terror al ver a este depredador, y esto es lo que quisieron hacer los que desataron la llamada «Operación Cóndor».

La operación cóndor no fue en realidad una operación en sí misma, ya que en lenguaje  militar una operación se agota en si misma cuando se cumple su objetivo. Y esto no ocurrió así, ya que esa «operación» fue duradera en el tiempo y se llevó la vida de muchas personas.

El año 1974 se produjo en Argentina una sublevación militar en las ciudades de Azul y Olavarría, ambas de la Provincia de Buenos Aires. Esa sublevación estaba dirigida por un grupo de oficiales con una ideología nacionalista de izquierda, y en ningún momento su intención fue derrocar al gobierno legítimo, sino llamar la atención sobre el rumbo abiertamente fascista que estaba tomando el gobierno argentino muy influido por el ministro José Lopez Rega, que era un agente de la nefasta CIA.

Uno de los oficiales que dirigió la sublevación era el Coronel Florentino Diaz Loza, a quien defendí como abogado, y con quien mantuve largas y sustanciosas conversaciones en mis visitas al penal militar donde estaba recluido en la ciudad de Magdalena en la Provincia de Buenos Aires.

En esas conversaciones Diaz Loza me contó como era la estructura interna de la llamada operación cóndor, y me explicó que entre los participantes de la misma había gente del Mossad israelí, de la escuela de Panamá (Escuela de las Américas), y me dio una larga lista de nombres de oficiales que integraban los cuadros de esta verdadera internacional del terror, y sobre todo de sus vinculaciones con la red «Gladio» de la OTAN. Uno de los nombres que me dió fué el de Dan Mitrione, agregado de agricultura de los USA en Montevideo, que fungía de ingeniero agrónomo sin serlo y que en realidad era uno de los «profesores» de la Escuela de las Américas, y especialista en «interrogatorios extremos» (tortura), y que fuera secuestrado y ejecutado por los Tupamaros de Uruguay.

Otro de los nombres conocidos era el del Coronel Di Pietro (italiano) y jefe del SISMI, servicio secreto italiano, y que fuera acusado y condenado por el atentado de la estación ferroviaria de Milán y que se intentó  endosar a las Brigadas Rojas, y que produjo más de setenta muertos.

La lista es larga y se incluían los nombres de los generales Noriega de Panamá, Ariel Sharón, el carnicero israelí de los campos de refugiados palestinos del Líbano de Sabra y Shatila, el coronel carapintada argentino Mohamed Alí Seineldín, el paraguayo Alfredo Stroesner, y el entonces coronel argentino Jorge Rafael Videla, muerto hace poco tiempo en prisión por sus responsabilidades en la represión y desaparición de miles de ciudadanos argentinos durante la última dictadura cívico militar.

Ya instalada la dictadura argentina en 1976, un grupo de políticos uruguayos que estaban refugiados en Argentina, fueron secuestrados del Hotel Parlamento, en pleno centro de Buenos Aires y desaparecieron para siempre. Entre ellos estaban el senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado de esa misma nacionalidad Ariel Collazo. Se supo tiempo después que esos hechos fueron cometidos por agentes uruguayos por mandato de la «Operación Cóndor».

Tuve ocasión de intervenir durante la dictadura militar argentina en la búsqueda del matrimonio Roux, que pertenecía a una familia tradicional uruguaya, bien posicionada socialmente, y que poseía una fábrica de ascensores, y que fueron secuestrados y desaparecidos simplemente para robarles sus bienes.

No hay que dejar que el árbol  nos impida ver el bosque. Este tipo de acciones solo tienen por objeto intimidar, escarmentar, paralizar, y en general anestesiar a la sociedad entera, y se presenta bajo muy diversas identidades, pero siempre es lo mismo. Sus métodos son siempre los mismos. En una conversación que tuve hace ya algunos años con los coroneles argentinos Carlos Sánchez Toranzo y Federico Gentiluomo, me contaron  como la dictadura militar manejó la Operación Cóndor, que estaba dirigida en un principio por el comisario de la Policía Federal Alberto Villar que fue jefe de la Policía Federal, y que murió junto a su esposa en un atentado que llevaron a cabo militantes de la organización político militar Montoneros en el delta del Paraná, y por el Coronel Jorge Osinde, Secretario de Deportes en el Ministerio de Bienestar Social que dirigía el siniestro ministro José López Rega.

Estos datos están grabados en mi memoria y creo que me iré a la tumba con ellos. No puedo olvidarlos, ni quiero hacerlo.

Una democracia de mala calidad pero democracia al fin y al cabo

Juan Manuel Olarieta

En una entrevista (1) el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, expresa una opinión bastante común: la de que ahora tenemos menos libertad que en los ochenta o los noventa.

Es un criterio curioso: la libertad es una magnitud cuantitativa que se puede medir con la báscula del frutero, aunque nunca nos dicen cuál es la “vara de medir”. Padecemos un déficit de libertad o de derechos. Lo mismo que la potencia de un bólido, España está al 65 por ciento de su libertad… o quizá menos, pero eso quizá habría que preguntárselo a los que están en la cárcel, como Junqueras, o en el exolio, como Puigdemont. ¿Qué porcentaje de libertad tienen ellos? Y si ellos no tienen ningúna, ¿qué libertad tenemos los demás? La respuesta me parece evidente: tenemos la libertad que nos dejan.

Otros lo expresan de una manera muy diferente, cualitativa. Hay diferentes tipos de democracias: unas son de alta y otras baja calidad (2). El imperialismo promociona este tipo de disquisiciones lingüísticas para consumo de universitarios perezosos. En 2010 la Fundación Konrad Adenauer apoyó un estudio sobre la calidad de la democracia en Bolivia (3).

A veces ese mismo tipo de argumentos se venden con otro formato: hay libertad, pero está -más o menos- restringida, limitada… Los derechos son como los presupuestos públicos: también se pueden recortar.

Son diferentes maneras de marear la perdiz, buscar eufemismos… Justificar lo injustificable. Cualquier cosa antes que llamar a las cosas por su nombre.

Algunos, como Beiras, van más allá. De manera demagógica hablan de “fascismo” y dicen que es culpa “del gobierno del PP”. Con otro gobierno habría menos represión, nos aseguran.

Otros creen que el problema de los “recortes” es la ley mordaza y aclaran, además, que fue aprobada por el gobierno PP. Quizá con otro gobierno no habría mordaza. La ley mordaza se llama oficialmente Ley de Seguridad Ciudadana y sustituye a otra Ley del mismo nombre aprobada por el PSOE (ley Corcuera o de la “patada en la puerta”), que su vez sustituye al decreto-ley de seguridad ciudadana de 1979 aprobado por la UCD, que a su vez hereda a la Ley de Orden Público franquista de 1959, de manera que al aprobarse la ley mordaza en 2014, se pudieron leer cosas que merece la pena recordar, como la siguiente:

“Una ley más dura que la de Franco … La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) nos retrotrae a la época más oscura de España, con sanciones desorbitadas … La ley aprobada ayer nos retrotrae al más crudo franquismo, pues se podría decir que la ley de Orden Público aprobada en 1959 por el general Franco tiene aspectos más suaves que la reforma aprobada ayer en el Congreso de los Diputados”(3).

El problema es que los oportunistas sólo viven el momento y ni tienen memoria ni quieren que los demás la tengamos y la conservemos. Pero ese tipo de leyes se suceden las unas a las otras y el franquismo está en la raíz de todas ellas, lo cual no depende de ningún gobierno, ni de ningún partido, ni de la UCD, ni del PSOE, ni del PP.

El Tribunal de Estrasburgo no sólo acaba de condenar a España por las torturas practicadas a dos detenidos. Es la novena vez que, además, condena por algo que es aún peor: por no investigar nada, mantener y ascender y condecorar a los torturadores. Es evidente: aquí la tortura tiene carta blanca.

Es posible que a algunos eso les parezca poco y piensen que debían haber torturado más, o torturar a más detenidos… El caso es que un Estado donde no sólo se tortura sino que se encubren y se niegan es -todo él- cómplice de las torturas. No caben medias tintas: es un Estado torturador, que se identifica con las torturas de sus funcionarios.

El año pasado un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa volvió a la carga con la misma denuncia y, además, en una visita detectó un látigo, palos, sogas e instrumentos de tortura en las salas de interrogatorios de una comisaría de Madrid. Un espectáculo así no sólo nos recuerda la verdadera naturaleza del Estado en el que vivimos; nos trae de nuevo a la Inquisición, a la que tampoco abandonamos nunca.

(1) http://www.huffingtonpost.es/2018/02/15/joaquim-bosch-tenemos-menos-libertad-ahora-que-en-los-80_a_23362601/
(2) http://www.elcomercio.com/opinion/democracias-baja-calidad.html
(3) http://cordopolis.es/micronopio/2014/12/12/una-ley-mas-dura-que-la-de-franco/

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por torturar a dos detenidos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por el “trato inhumano y degradante” de la Guardia Civil a los detenidos Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal. Tres de los siete magistrados calificaron los hechos como «torturas». También condena a España por no investigar las denuncias de los detenidos.

Los dos detenidos, que cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén, fueron detenidos en Euskadi el 30 de diciembre de 2006 y sometidos a incomunicación. Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14

El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Es la novena vez que este Tribunal condena a España por no investigar de manera diligente denuncias de torturas por parte de los detenidos.

Tres de los siete miembros de la Sala, no obstante, emitieron un voto particular en el que calificaron los hechos como torturas. Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones «están suficientemente demostradas», se produjeron cuando «estaban en manos de la Guardia Civil» y su existencia «no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno (español)».

El Tribunal señala que «la responsabilidad debe ser imputada al Estado» y cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a los dos torturados, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

Los dos detenidos denunciaron que en el traslado hasta el cuartel de Intxaurrondo recibieron «patadas y golpes» y posteriormente «fueron golpeados por agentes de inteligencia». Tras ser examinados al día siguiente por dos médicos forenses, Portu fue hospitalizado y Sarasola conducido a Madrid y puesto en detención incomunicada.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas «por delitos de torturas graves», que el Tribunal Supremo anuló un año después.

Pablo Hasel y la censura

Antonio Gómez Movellán
Pablo Hasel es un cantautor rap y un poeta. En mi opinión, un gran poeta. Muchos dicen de Pablo Hasel que es un estalinista, un prosoviético y un largo etcétera y que parece salido de otro tiempo; se equivocan: son de este tiempo sus canciones y, si las escuchan, verán que son muy contemporáneas. Los fiscales ahora le vuelven acusar, por unas canciones y unos tweets, de diversos delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

El problema de fondo es un cantautor y se expresa como un poeta. Todo es una expresión, una opinión, sea esta cual sea. Para la opinión y la expresión no debería haber ningún límite. Particularmente estoy en contra también de que el enaltecimiento de cualquier ismo sea un delito.

En este país, además, esto es para partirse de risa: ¡pero que más enaltecimiento al nazismo puede haber que el Valle de los Caídos! Las tipificaciones de odio, enaltecimiento y opiniones deberían salir del código penal deprisa y corriendo. También debería salir del código penal el humillante y bochornoso delito de blasfemia maquillado como delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Por cuestiones de libre expresión cualquiera, en este país, te puede acusar de cualquier cosa y según el juez te toque ser condenado o no. Esa percepción está muy extendida y es una percepción que, por desgracia, se corresponde a la realidad.

La censura es la historia del poder y se ha ejercido de mil maneras a lo largo de la historia. Hoy la censura burda, decimonónica, la del funcionario en manguitos censurando una galerada todavía pervive en muchos países del mundo y tiene que ser condenada con todas las fuerzas se justifique ésta en tal o cual ideología; pero la censura que hoy se ha impuesto es la censura de los oligopolios informativos, la de la manipulación informativa y la de la televisión basura.

Y es paradójico que en este país se quiera seguir, en la era digital, censurando a palos la libertad de expresión. Puesto que es imposible controlar lo que se dice en las redes sociales, lo que se hace es castigar para ejemplarizar. Los procesamientos y condenas últimas de Strawberry, Valtonic, Casandra o la joven Rosamaría de “Femen” son algunos ejemplos. En realidad estas acusaciones y condenas no son más que avisos para navegantes.

La detención y encarcelamiento de sindicalistas y activistas por realizar protestas sociales son casos muy peligrosos ya que lo que se pretende es criminalizar la protesta social sin más y por tanto limitar la libertad de manifestación. La ley mordaza es la culminación de la criminalización de la libertad de expresión.

Las limitaciones a la libertad de expresión o manifestación es posible porque todavía persisten en las leyes y en el código penal unas tipificaciones que permiten una censura burda y decimonónica de palo y tentetieso y que se justifican de mil maneras (orden público, honor de las instituciones, defensa de las religiones, lucha contra el terrorismo etc., etc.). En realidad son justificaciones para imponer legislaciones de excepción, que trasgreden las libertades y derechos fundamentales de las personas, legislaciones típicas de estados autoritarios que pisotean las libertades individuales y la libertad de conciencia en favor de un supuesto interés general.

Mientras halla condenas como la de la joven Casandra o la joven Rosa Maria de Femen tiene razón Pablo Hasel: en España no hay una plena libertad de expresión. Si Quevedo estuviera vivo ya tendría varias acusaciones como las de Pablo Hasel tiene ahora.

La libertad de conciencia de las personas es un elemento imprescindible para la democracia y quiere decir que nadie puede ser molestado por sus opiniones y/o creencias. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano lo expresó precisamente y también de forma rotunda lo expresó la primera enmienda de los EEUU de América: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas” [otra cosa es que se respete]. Todo lo contrario al Código Penal español que amenaza en decenas de tipificaciones a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia.

El efecto de la censura es el que Pablo Hasel refleja en uno de sus más hermosos versos:

“Sopla el viento fuerte
y me devuelve todas las palabras que nunca dije
y debí gritar”

Calpu


https://www.lahaine.org/aD7T

Los gendarmes del mundo no saben qué hacer con los detenidos

El rasgo diferenciador más significativo de la represión fascista es su militarización. En todo el mundo, la represión se encomienda a cuerpos militares o militarizados que actúan con procedimientos típicamente castrenses. Es una tendencia ancestral que, no obstante, se consolida tras el surgimiento de la “doctrina de la seguridad nacional”, la “guerra contra las drogas” de los tiempos de Nixon, los decretos argentinos de aniquilamiento de 1974 y la “guerra contra el terrorismo” de Bush de 2001.

La represión típicamente fascista convierte a un detenido en un enemigo, lo que ha cambiado el papel de la policía, de los fiscales, los abogados, los jueces, los juicios y las cárceles. Los ejércitos de las grandes potencias se convierten en policías y los policías en militares. La policía se militariza y la represión se encomienda a cuerpos militares, como la Guardia Civil (España), Carabineros (Italia) y la Gendarmería (Francia).

Es una vuelta al III Rech, a los tiempos del juez Roland Freisler y el llamado “derecho penal del enemigo”. La transición está engendrando toda suerte de paradojas que los juristas no siempre son capaces de resolver, justificar y legitimar como se espera de ellos.

El lunes el centro “Programa sobre Extremismo” de la Universidad George Washington publicó un informe sobre sobre los 64 estadounidenses detenidos en Irak y Siria cuando combatían en las filas yihadistas. Desde 2014 en Estados Unidos ha habido 153 personas acusadas por dicho motivo.

Recientemente, en setiembre, saltó otro caso tras la detención en Raqqa de un ciudadano estadounidense que se rindió a las FDS.

Saltaremos por encima del aspecto conspiranoico de la cuestión: dichos detenidos son, al menos en parte, agentes de la CIA, la NSA y el ejército de Estados Unidos que dirigían a las huestes yihadistas sobre el terreno.

Esa sería un posible explicación de que no haya ninguna acusación formal en su contra y de que lo único que se sepa del último de los detenidos es que está encarcelado en una base militar estadounidense en Irak y nada más. Es una situación perfecta. Nadie sabe su nombre. Nadie le acusa de nada. No tiene derechos, ni abogado, ni defensor, ni juicio…

Su estatuto legal es el de “combatientes enemigos”, un tipo de acusación diferente a las de quienes han participado en atentados dentro de Estados Unidos. Se creó en tiempos de Bush en 2001.

En 2004 el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció en el caso de otro ciudadano estadounidense, Yaser Hamadi, que fue criado en Arabia saudí, capturado cuando combatía en las filas de los talibanes en Afganistán y trasladado a Guantánamo, detenido indefinidamente sin juicio… ¡Cómo no! El Tribunal Supremo decretó que su situación era perfectamente legal. A pesar de ello el lío judicial se solucionó con un cambalache al más puro estilo gringo: te liberamos y te enviamos a Arabia saudí si renuncias a la nacionalidad estadounidense. Dicho y hecho.

El cuadro legal se puede complicar cuanto sea necesario teniendo en cuenta que también hay estadounidenses detenidos por combatir en las filas yihadistas en países como Turquía, cuya situación real es aún más confusa. O aquellos capturados por fuerzas que ni son estadoundenses ni colaboran con ellas. Hay varios centenares de presos, de los que no se sabe si realmente luchaban contra Estados Unidos o se trata de colaboradores de Estados Unidos. Algunos han sido liberados a petición del Pentágono o en canjes de prisioneros, por lo que se supone que se trataba de peones y espías suyos. Para saber algo más sobre el resto habrá que esperar aún.

10 meses de cárcel por apología del comunismo en Indonesia

Heri Budiawan al llegar al tribunal
Un ecologista indonesio, Heri Budiawan, de 38 años de edad, ha sido condenado a 10 meses de cárcel por apología del comunismo. Desde las grandes matanzas de comunistas, sindicalistas y campesinos de 1964, las leyes indonesias reprimen cualquier manifestación favorable a la lucha revolucionaria.

Budiawan fue juzgado el miércoles de la semana pasada y condenado por un tribunal de Banyuwangi, al este de la isla de Java por participar en una manifestación ecologista celebrada el año pasado contra la apertura de una mina de oro.

La fiscalía pidió una condena más severa: 7 años de cárcel.

En el transcurso de la manifestación, de la que Budiawan era convocante, los participantes exhibieron banderas rojas con la hoz y el martillo, lo que es un delito grave en Indonesia.

Otros tres manifestantes que portaban las mismas banderas también están acusados de apología del comunismo y de otras ideologías progresistas, por lo que pueden ser condenados con penas de hasta 12 años de cárcel. Serán juzgados próximamente.

A mediados de los años sesenta medio de millón de militantes del Partido Comunista, así como sindicalistas y dirigentes de las organizaciones campesinas fueron brutalmente exterminados en Indonesia por el ejército y milicias paramilitares.

Las masacres comenzaron cuando el general Suharto aplastó un Golpe de Estado que, falsamente, atribuyó al Partido Comunista. El pretexto le sirvió para dar, a su vez, un Golpe de Estado y dirigir las riendas de Indonesia durante 32 años, hasta que en 1998 fue derrocado tras un levantamiento popular.

Tanto el golpe de Estado como las matanzas posteriores se justificaron en nombre de la lucha contra el comunismo, aunque su objetivo era acabar con cualquier clase de oposición política, sindical y social organizada.

Más información:

– 500.000 comunistas fueron masacrados en Indonesia en 1965
– 50 años del golpe de Estado que masacró a un millón de comunistas en Indonesia
– Estados Unidos participó en la matanza de los 500.000 comunistas indonesios en 1965
– Un genocidio de la CIA (¿otro?) olvidado
– La gran masacre que Estados Unidos mantuvo siempre en silencio

41 años del asesinato de Mari Luz Najera en una manifestación por la amnistía

Como cada año, ayer se celebró en Barajas un homenaje a Mari Luz Najera asesinada por la policía en Madrid en 1977 en una manifestación pro-amnistia. Se cumplían 41 años del crimen. Ese mismo día los fascistas asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha.

Mari Luz tenía 20 años y era alumna de tercer curso de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Un policía le disparó a quemarropa un bote de humo en la cabeza.

Desde la muerte de Arturo Ruiz el día anterior a manos de los fascistas, las manifestaciones y actos de protesta se sucedieron, especialmente en las universidades de Madrid, donde los paros fueron totales. Unos 100.000 estudiantes se declararon el huelga por la amnistía y más de 30.000 participaron en asambleas y concentraciones, mientras otros 115.000 habrían tomado parte en las manifestaciones que se desarrollaron a lo largo de toda la mañana.

Tras el desalojo de la Facultad de Derecho de la Complutense, realizado por los antidisturbios sobre las once y media de la mañana, arrojando bombas de humo en el interior del centro, los estudiantes se dirigieron en manifestación hacia la Moncloa y la calle Princesa.

Otras zonas afectadas por las manifestaciones fueron las calles adyacentes a la plaza del Calllao, la calle de La Estrella, glorieta de Bilbao y San Bernardo, donde se colocaron barricadas con bancos y otros objetos.

Inmediatamente aparecieron los fascistas armados con objetos contundentes que apoyaron a la policía contra los manifestantes. Muchos de ellos eran fascistas italianos y miembros de la Triple A argentina que actuaban por encargo.

Al entierro de Mari Luz acudieron más de 3.000 personas. El cortejo fúnebre recorrió un kilómetro hasta llegar al cementerio, cantando La Internacional.

Dos de cada tres militantes asesinados el año pasado eran latinoamericanos

Dos de cada tres militantes asesinados en todo el mundo en 2017 eran latinoamericanos, según un informe de Front Line Defenders, que cifra en 212 los casos de asesinatos registrados en la región, sobre un total de 312.

El caso es especialmente alarmante en Colombia y Brasil, países que concentran prácticamente tres de cada cuatro de estos asesinatos latinoamericanos. Según datos de la ONU, hasta el pasado 20 de diciembre, 105 militantes habían sido asesinados en Colombia, el 59 por ciento de los cuales murió a manos de sicarios.

“La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensificó a la par de las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina”, remarca el informe.

Brasil ha visto cómo la violencia contra militantes creció el año pasado, y cómo la policía ha participado en varias matanzas. Uno de los casos más graves ocurrió en mayo, cuando la policía asesinó a tiros a diez defensores del derecho a la tierra, y luego persiguieron y mataron a un superviviente, recuerdan.

El texto alerta que los ataques a militantes han aumentado en Brasil, en parte, por el auge del fascismo, lo que se traduce, por ejemplo, en agresiones a defensores de los derechos LGBTI.

Finalmente, Front Line Defenders alerta sobre el caso de México, que “fue testigo del mayor número de asesinatos de militantes ecologistas y periodistas registrados en el país en los últimos años”.

Los asesinatos políticos han aumentado. En 2016 Front Line Defenders registró 217 asesinatos de militantes en la región, el 77 por ciento de un total de 281 en el mundo.

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061663.html

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