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21 de octubre de 2019

Sigue la lucha en Chile y sigue el estado de guerra contra la clase obrera y el pueblo

Con el país bajo el toque de queda y miles de militares patrullando las calle, la clase obrera chilena se mantiene en pie y los estibadores del puerto de Valparaíso, que llevan meses de paros y protestas, han lanzado un llamamiento a la huelga general (1).

Ayer estallaron nuevos enfrentamientos en la capital entre manifestantes y policías en el tercer día de los peores disturbios del país en décadas. Se han desplegado casi 10.000 efectivos policiales y militares. Las patrullas callejeras son las primeras en el país desde el fin de la criminal dictadura de Pinochet (1973-1990).

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dice el Presidente Piñera quien, naturalmente, se refiere al propio pueblo chileno (2), contra el que los militares están cometiendo una masacre tras otra. Han muerto 11 personas, hay 1.462 manifestantes detenidos, de los cuales 644 en la capital y 848 en el resto del país. Además, el balance añade 44 heridos, 9 de ellos graves, un niño con balas en el hígado, riñón y piernas, una niña herida con un balín, un hombre golpeado con una bomba lacrimógena en el rostro y seis personas con lesiones oculares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (3).

Por segunda noche consecutiva, se impuso el toque de queda en Santiago. Al mismo tiempo, el estado de emergencia está en vigor en cinco regiones, incluida la capital, de siete millones de habitantes.

Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en la Plaza de Italia, en el centro de Santiago, donde la policía atacó a los manifestantes con gas lacrimógeno y chorros de agua. Al mismo tiempo, decenas de supermercados, vehículos y gasolineras fueron saqueados o quemados en varias zonas comerciales de la capital. El acceso a varios hipermercados, que habían permanecido cerrados el domingo, fue forzado por manifestantes, que salieron con los brazos llenos de mercancías.

Después de tres días de resistencia, el centro de la capital chilena y otras grandes ciudades, como Valparaíso y Concepción, ofrecen rostros de desolación: luces rojas en el suelo, carcasas de autobuses carbonizadas, centros comerciales quemados, y miles de piedras y palos salpicando las carreteras.

Las manifestaciones comenzaron el viernes para protestar contra el aumento -de 800 a 830 pesos (unos 1,04 euros)- del precio de los billetes de metro en Santiago, que cuenta con la red más extensa (140 kilómetros) y más moderna de Sudamérica y transporta a unos tres millones de pasajeros diarios. Sebastián Piñera suspendió el aumento el sábado, pero las manifestaciones continuaron, alimentadas por las condiciones socioeconómicas y las desigualdades en un país como Chile donde el acceso a la salud y la educación es casi exclusivamente responsabilidad del sector privado.

Los autobuses y las estaciones de metro fueron especialmente atacados. Según el gobierno, 78 estaciones de metro fueron dañadas, algunas de las cuales fueron completamente destruidas. El retorno a la normalidad en algunas líneas podría llevar meses.

“No se trata sólo del metro, se trata de todo. Los chilenos ya están hartos de las injusticias”, dijo un trabajador que intentaba llegar a su lugar de trabajo el domingo a un canal de televisión local. Unos pocos autobuses operaban en la capital, lo que obligaba a los residentes a depender de taxis y VTC, cuyos precios se disparaban. En el aeropuerto de Santiago, muchos vuelos fueron cancelados o reprogramados.

(1) https://www.youtube.com/watch?v=vPLzuUS5hwM
(2) http://www.telesurtv.net/news/pdte-pinera-estamos-guerra-contra-enemigo-poderoso-20191020-0047.html
(3) https://www.indh.cl/indh-anuncia-acciones-legales-por-violencia-policial-y-denuncia-desnudamientos/

21 de octubre de 2019

La lucha por la amnistía se pone al frente de las movilizaciones populares

En un país que es una gran cárcel, la lucha por la liberación de los presos políticos ha estado, está y estará en el primer plano de las movilizaciones populares.

Al mismo tiempo, en un país donde se generaliza un tipo de lucha así se desnuda la verdadera naturaleza carcelaria, represiva y fascista del Estado.

Un país en el que las pancartas exigen libertad y derechos democráticos denuncia lo que no hay y la necesidad de conquistarlos.

Es lo que ocurrió en España durante la transición, es lo que intentaron tapar entonces por todos los medios y es lo que ahora vuelve al primer plano.

¿Por qué? Es evidente: porque entonces no se logró lo que se pretendía, romper con el fascismo, lo cual permitió que el Estado se reprodujera tal cual había salido en 1939 de la guerra civil.

Las mismas causas generan los mismos problemas y los mismos problemas requieren las mismas soluciones: acabar con el fascismo en España. Pero no se acaba con la mierda escondiéndola bajo el felpudo: o limpiamos la casa, u olerá a podrido siempre.

Como en España las cosas han vuelto al punto de partida de siempre, los oportunistas vuelven también a lo suyo, exactamente igual que en la transición. No sólo el fascismo se reproduce en un Estado fascista, sino que junto a los fascistas son imprescindibles los embaucadores, esos que dicen que están con nosotros y dicen cosas parecidas a nosotros.

La represión genera un auge de las movilizaciones por la amnistía a las que se apuntan los costrosos. En Euskadi durante la transición a la palabra amnistía hubo que añadir la palabra “osoa” (total), o bien “orokorra” (general) porque la gangrena oportunista no tenía claro que en una amnistía hay que sacar a todos los presos antifascistas de la cárcel, y no sólo a los suyos.

Ahora ocurre lo mismo. En Andalucía algunos hablan de “amnistía social” para dar a entender que hay presos de primera y de segunda división, y que es legítimo sacar a unos para dejar a los otros dentro, que el encarcelamiento de unos es “injusto”, a diferencia de los otros (que están bien donde están).

La represión ha alcanzado unas dimensiones que los oportunistas nunca fueron capaces de imaginar y se apuntan al carro para exigir que salgan los presos “catalanes”, mientras que los otros no, como si las leyes o los tribunales que encarcelan a unos y otros no fueran los mismos.

Por eso la prensa intoxicadora (La Vanguardia, Público, El Plural) se ha afanado en poner de manifiesto que la manifestación por la amnistía del sábado en Madrid era en solidaridad con Catalunya, o por los presos políticos independentistas. ¿No vieron los lemas de las pancartas?

Los fascistas lo han dejado bien clarito cuantas veces ha sido necesario: es lo mismo que Usted sea un pacifista o un violento. Irá a la cárcel igual y créame: cuando esté preso le dará igual que le hayan condenado por el artículo 21 o por el 22.

Veamos. En una manifestación, los primeros que llegan al lugar de la convocatoria son los policías y no acuden para proteger su derecho a manifestarse, sino todo lo contrario. Tampoco acuden porque haya habido algún episodio de esos que los periodistas llaman “violencia”, porque la manifestación no ha empezado.

En una manifestación son los policías los que persiguen a los manifestantes, y no al revés. Además, lo hacen con la porra en la mano y si le alcanzan a Usted, le zurran sin hacerle ninguna pregunta. ¿Estaba Usted en la manifestación o era un mirón?, ¿fue Usted quien puso el contenedor en medio de la calle o era el pacifista que sólo estaba sentado en medio de las velitas rezando a la Virgen de los Desamparados?

Como cualquier otra persona que lucha, un manifestante nunca es violento. Los violentos son los que ponen las etiquetas, lo mismo que la Inquisición ponían un capirote para ridiculizar a sus víctimas. El primer paso es el letrero: te califican de antisistema, radical o terrorista; el segundo es quemarte en la hoguera (pero como no está de moda ahora “sólo” te meten en una cárcel.

La lucha por la amnistía y contra la represión se rige por una única consigna libertaria: a los inocentes los defendemos y a los culpables con mucho más ahínco.

20 de octubre de 2019

En Santiago de Chile el ejército vuelve a patrullar las calles como en los sangrientos tiempos de Pinochet

En Santiago de Chile no se veía al ejército patrullando las calles desde que en 1990 acabó la sangrienta dictadura de Pinochet.

No obstante, a pesar del toque de queda impuesto por el ejército tras el segundo día de protestas en la capital, miles de personas siguieron recorriendo las calles de varias ciudades del país. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía volvieron a estallar en Santiago.

En la batalla campal de la capital murieron tres personas el sábado por la noche en un incendio en un supermercado: dos fueron quemadas y la tercera fue llevada a un hospital donde falleció poco después.

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país. En Santiago, entre otros lugares, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Varios coches y autobuses fueron quemados en el centro de la ciudad, así como varios edificios.

El viernes por la noche, el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia de 15 días en Santiago y le entregó a un general del ejército la responsabilidad de garantizar la seguridad después de un primer día de violencia y enfrentamientos como resultado de las protestas contra el aumento de los precios de los billetes de metro de 800 a 830 pesos (1,04 euros) durante las horas pico, después de un primer aumento de 20 pesos en enero pasado.

Luego el presidente retrocedió: el sábado anunció la suspensión del aumento: «Quiero anunciar hoy que suspenderemos el aumento de las tarifas del metro», dijo, poco antes de que el general designado para garantizar la seguridad de la capital anunciara un toque de queda total en Santiago para tratar de impedir las protestas.

Pero este anuncio no calmó la ira popular que rugía. En Santiago, frente a los soldados desplegados en la Plaza de Italia, los manifestantes levantaron fotos de personas que habían desaparecido durante la dictadura militar (1973-1990), lo que resultó en más de 3.200 muertos o desaparecidos.

Con consignas como «Cansados de los abusos» o «Chile ha despertado», difundidas en las redes sociales, el país se enfrenta a su peor crisis social en décadas.

4 de octubre de 2019

Al movimiento independentista catalán ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo

Estimadas compañeras y compañeros:

Hemos recibido con agrado el documento del Consejo Político de la CUP, celebrado en Sabadell, sobre la estrategia a seguir ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo y con la más que probable resolución condenatoria. En él se muestran contrarios al indulto y a favor de la amnistía, es decir, a favor de la libertad de los presos políticos sin que estos tengan que renunciar a los objetivos políticos por los que luchan y por los que han sido encarcelados; y que posteriormente ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya. Además, esta medida se haría extensiva sobre todas las causas judiciales abiertas con motivo del referéndum del 1 de octubre y de todas las huelgas y acciones de sabotaje que le sucedieron. De igual manera hemos recibido el testimonio de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural que, con una dignidad poco frecuente últimamente, se ha mostrado decidido a negarse a acatar todo aquello que no venga acompañado del derecho de autodeterminación.

Celebramos estas decisiones, y todas las que vengan en la misma dirección, porque creemos que la actitud de desobediencia y de resistencia es la única que puede abrir una brecha lo suficientemente honda capaz de, a medio plazo, hacer volar por los aires a este Estado y a su régimen profundamente reaccionario y antidemocrático. Sin embargo, la amnistía que empieza a reivindicarse en Cataluña es la continuación de la reivindicación que se circunscribe únicamente a la libertad de los presos políticos catalanes y el sobreseimiento de las causas judiciales ligadas exclusivamente al proceso catalán de autodeterminación. Es decir, de lo que se está hablando es de una amnistía parcial vinculada “inevitablemente y explícitamente al derecho de autodeterminación para evitar un uso diferenciado de la misma” que impida que sea utilizada como medio de negociación y derive en un indulto.

Para nosotros, además de presos políticos catalanes, en el Estado español existen presos políticos vascos, comunistas, antifascistas, anarquistas y sindicalistas. Como sabéis, este régimen viene negando durante décadas el derecho de autodeterminación de las naciones que lo integran y encarcela a quienes luchan por él, independientemente de los métodos de lucha. Así lo hemos podido comprobar con el encarcelamiento de vuestros dirigentes y con la marcha al exilio de otros tantos compañeros. El régimen no hace distinción a la hora de reprimirnos y de encarcelarnos, nosotros tampoco vamos a hacer distinción entre quienes escogen uno u otro método de lucha para conquistar nuestros derechos. Por este motivo tomaremos las calles de Madrid el 19 de octubre, para exigir la amnistía total y el regreso de todos los exiliados sin sufrir ningún tipo de represalia por su lucha.

Además, como muy bien señaláis desde algunos sectores del independentismo catalán, la amnistía tiene que venir acompañada de otras medidas de importante calado, como por ejemplo el derecho de autodeterminación. Pues bien, por nuestra parte consideramos que a la amnistía total le debe acompañar el sobreseimiento de todas las causas judiciales abiertas por motivos políticos y sociales. También debe ir acompañada del cierre de la Audiencia Nacional, heredero del Tribunal del Orden Público franquista, por ser un tribunal especial para la represión y la persecución política. Un tribunal que se ha caracterizado durante décadas por el encarcelamiento de independentistas, comunistas, antifascistas, anarquistas… y ahora, ha ordenado recientemente el encarcelamiento de 7 integrantes de los CDR bajo la misma acusación, terrorismo. Así mismo exigimos el cierre de los CIE, por ser auténticas cárceles para migrantes. Como es lógico, solo el cierre de los tribunales de excepción no sirve. Para evitar que nuevos luchadores vuelvan a entrar en prisión debe ir acompañada de la derogación de toda la legislación represiva (reforma profunda del código penal y derogación de la ley de Partidos, ley “Mordaza”, ley antiterrorista, ley de huelga, ley de extranjería, etc.) ya que mientras estas sigan vigentes no podremos hablar de verdaderas libertades. También ha de venir vinculada a la erradicación de la tortura y el maltrato a los detenidos, y a una verdadera memoria histórica que alcance hasta nuestros días.

Consideramos que es el momento de la unidad antirrepresiva. Frente a un Estado que multa, apalea, encarcela, y que además, no para de amenazar con la aplicación del art. 155 de la C.E. ni de armarse para hacer frente al descontento y a la indignación que habrá de estallar, no queda otra alternativa que alcanzar la más firme y estrecha unidad y solidaridad de todos los represaliados y oprimidos, puesto que luchamos contra un mismo régimen que nos niega los derechos a todos.

Con este motivo os tendemos la mano para que el sábado 19 de octubre tomemos la calle para exigir y luchar por nuestros derechos y libertades y la libertad de todas nuestras presas y presos políticos.

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

2 de octubre de 2019

Cuando Estados Unidos deportaba a los revolucionarios a la Unión Soviética

Peter Bianki, deportado a la URSS

Tras la Revolución de Octubre de 1917 Estados Unidos padeció una ola de pánico. “¡Que vienen los bolcheviques!” Era la demostración de que aquellla revolución no era “rusa” sino de que había alcanzado a todo el mundo, incluido Estados Unidos naturalmente.

En una ola así la prensa burguesa desempeñó un papel fundamental, como no podía ser de otra forma. Con sus mentiras, sus engaños y sus fraudes trataton de volver a la población en contra del movimiento obrero local.

Los anarquistas ayudaron lo suyo a la campaña de propaganda. En junio de 1919 un grupo dirigido por el italiano Luigi Galleani detonó bombas en ocho ciudades a lo largo de Estados Unidos contra jueces, funcionarios de inmigración y abogados.

Nadie resultó herido pero estimuló el clima de “guerra social”. Estados Unidos parecía estar en vísperas de una guerra civil o, lo que es peor, de una revolución bolchevique. Una de las víctimas los ataques, el abogado Alexander Mitchell Palmer, dijo en el Congreso que los revolucionarios estaban dispuestos a “levantarse y destruir al gobierno de inmediato”.

El asistente de Palmer era el futuro fundador del FBI, John Edgar Hoover, quien organizó las redadas, una ofensiva de detenciones de anarquistas y sindicalistas. Dado que la mayoría de ellos eran inmigrantes de Europa occidental y oriental, el gobierno decidió expulsarlos de suelo estadounidense.

El 21 de diciembre de 1919, 249 luchadores detenidos fueron llevados a bordo del barco Buford en el puerto de Nueva York y enviados secretamente a Rusia como si fueran un “regalo de Navidad de Estados Unidos para Lenin”. Las familias de los deportados sólo fueron informadas de la expulsión cuando el barco ya había partido.

La prensa lo celebró por todo lo alto y dio al barco un apodo bíblico: “Así como la partida del Arca que construyó Noé fue una promesa para la preservación de la raza humana, así también la partida del Arca Soviética es una promesa para la preservación de América”, tituló el New York Evening Journal.

El Saturday Evening Post compartía los mismos sentimientos: “El Mayflower trajo los primeros constructores a este país, el Buford se llevó los primeros destructores con él”.

Como Estados Unidos y la Rusia soviética no tenían relaciones diplomáticas en aquel momento, el barco fue enviado a través de Finlandia, aunque el gobierno soviético fue informado de su viaje y esperaban dar la bienvenida a tan ilustres invitados, incluyendo a los conocidos dirigentes anarquistas Alexander Berkman y Emma Goldman.

Goldman, conocida como “Emma La Roja”, relató el viaje: “Durante 28 días fuimos prisioneros. Centinelas a las puertas de nuestra cabina día y noche, centinelas en cubierta durante la hora en que se nos permitía respirar aire fresco todos los días. Nuestros semejantes estaban encerrados en barrios oscuros y húmedos, miserablemente alimentados, todos nosotros en total ignorancia de la dirección en la que íbamos. Sin embargo, nuestro espíritu era igual al de Rusia, libre, la nueva Rusia estaba delante de nosotros”.

El barco llegó finalmente a Finlandia, donde los pasajeros del “arca” fueron escoltados por el ejército finlandés hasta la frontera soviética. La mayoría de ellos habían nacido bajo el Imperio zarista, había luchado contra la autocracia y se vieron obligados a exiliarse. Ahora, esperaban quedarse en tierras soviéticas para siempre.

Acogidos calurosamente por el gobierno soviético, los pasajeros del “arca” comenzaron a encontrar su lugar en aquella situación convulsa. El destino de la mayoría de ellos sigue siendo desconocido, pero se han documentado los caminos tomados por algunas figuras clave.

Goldman y Berkman viajaron por todo el país, encontrándose con Lenin, dirigentes bolcheviques y ciudadanos comunes en su camino. Sin embargo, la realidad nunca coincide con las utopías ni con los sueños y la Revolución estaba asediada por una terrorífica guerra civil.

Las guerras siempre han desbordado a los anarquistas, sobre todo si son intelectuales, como Goldman y Berkman. El fusil pesa más que la pluma. Ocurrió en 1919, ocurrió en la guerra civil española y se ha repetido en la Guerra de Siria. Se desencantaron tan pronto como se habían encantado.

Cualquier obrero sabe algo que la intelectualidad radical ignora: las conquistas no sirven de nada si no se defienden. Una revolución proletaria no se acaba con la toma del poder político; más bien es entonces cuando empieza de verdad. Quien no esté dispuesto a defender una revolución es mejor que se quede en su casa.

En 1921, poco después del aplastamiento de la revuelta de los marineros de Kronstadt, Goldman y Berkman abandonaron el país, para no volver nunca más. Desde entonces se dedicaron a lo que mejor sabían hacer: escribir, sobre todo en contra de la URSS.

Sin embargo, Goldman y Berkman no eran la norma sino la excepción. Un obrero como Peter Bianki, dirigente del poderoso Sindicato de Trabajadores Rusos en Estados Unidos, entendió la Revolución cabalmente.

A diferencia de los intelectuales, se puso “manos a la obra”. Ayudó a restaurar el sistema de transporte en Siberia, que había sido dañado durante la guerra civil y sirvió como funcionario del gobierno municipal en Petrogrado e incluso como comisionado adjunto a bordo de un barco hospital en el Mar Báltico.

El 10 de marzo de 1930 Bianki y otros diez militantes y funcionarios del Partido Comunista fueron asesinados durante uno de los levantamientos antisoviéticos en la región de Altai. Todos ellos fueron proclamados héroes de la revolución socialista.

24 de septiembre de 2019

Balance de la represión contra los ‘chalecos amarillos’: 3.000 condenas y 1.000 manifestantes encarcelados (de momento)

La represión contra los “chalecos amarillos” ha sacudido todos los rincones de Francia. Las condenas más antiguas se las inventó la policía con informes falsos, pero las más recientes se han basado en grabaciones de videovigilancia o en grabaciones tomadas durante las manifestaciones.

Según el Ministerio de Justicia, se han dictado más de 3.000 condenas, un tercio de las cuales han dado lugar a penas de prisión firmes. Hasta principios de julio se habían emitido aproximadamente 440 órdenes de busca y captura (1). Entre noviembre y julio, tribunales pequeños, como el de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), juzgaron 44 casos por las manifestaciones de los “chalecos amarillos”. En Tarbes (Altos Pirineos), 86 personas han sido procesadas. En París, el escenario principal de las manifestaciones, la fiscalía ha acusado a 626 personas de los casi 3.000 detenidos por la policía (2).

A finales de marzo se habían impuesto más de 300 penas de prisión, con suspensión condicional de la ejecución. De febrero a junio la actividad del Juzgado de lo Penal de Clermont-Ferrand se centró en los hechos ocurridos el 23 de febrero, el Acto 15 de los “chalecos amarillos”.

Un hombre de 28 años acusado de violencia grave y desacato fue condenado a finales de junio a 18 meses de prisión, incluidos 12 meses de trabajo en una granja. Los videos lo mostraban de frente rompiendo una piedra para lanzar proyectiles a los policías. “He sido contrario a la policía desde que era un niño”, dijo el acusado en el juicio.

La violencia contra la policía y los daños siguen siendo las principales razones para condenar a prisión. “Han sido procesados por violencia contra la policía, la mayoría de las veces negada por los acusados”, según una abogada de Lille que defiende a los “chalecos amarillos”. Muchas de las condenas se basan únicamente en el testimonio de la policía.

Los actos condenados no sólo incluyen los cometidos durante las manifestaciones. Alrededor de 30 sentencias se refieren a incendios y daños a los radares, que van desde cuatro meses de prisión con suspensión de la ejecución de la pena, hasta un año de prisión.

Las condenas más recientes muestran también las primeras consecuencias de la nueva ley antivandalismo aprobada el 10 de abril de este año, que crea el delito de ocultación del rostro y facilita la prohibición de las manifestaciones. El nuevo delito se utilizó rápidamente contra los manifestantes detenidos. Un hombre de Toulouse fue condenado a dos meses de prisión en abril por ocultar su rostro. Otros dos meses también para una manifestante de Lyon. Otros vieron que a las capuchas se sumaba la participación en un grupo para cometer daños o violencia, con o sin armas, y otros ultrajes y agresiones los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.

“El objetivo de esta medida no es obtener resultados judiciales”, según un abogado parisino que ha defendido a muchos “chalecos amarillos”. Es una herramienta de aplicación de la ley que permite mantener a las personas detenidas por el simple hecho de cubrir su rostro. “El propósito principal es evitar que alguien proteste”. Los policías pasan su jornada laboral viendo vídeos para identificar a las personas que esconden sus rostros y luego los citan a declarar. Los abogados consideran que es un reflejo de cualquier manifestante: cuando hay humo de gases lacrimógenos, es necesario taparse la nariz con algo.

La ley de 10 de abril ha facilitado los controles preventivos en las inmediaciones de las manifestaciones y ha logrado la prohibición de otras. Es un ejemplo típico de pescadilla que se muerde la cola: la ley se aprueba apresuradamente sobre la base de un consenso que no se puede cuestionar en la calle.

Lo mismo que las manifestaciones, la represión y las condenas no han terminado. El Ministerio de Justicia sigue llevando cabo muchas investigaciones, generalmente en fase preliminar, y se están abriendo expedientes para identificar a los autores de los actos más graves, como por ejemplo los daños del Arco del Triunfo, el incendio en la prefectura de Le Puy-en-Velay o el intento de linchar a motociclistas de la policía en los Campos Elíseos.

(1) https://www.streetpress.com/sujet/1568288596-en-prison-comme-440-gilets-jaunes-ils-racontent
(2) https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/07/17/la-justice-face-aux-gilets-jaunes-une-activite-hors-norme-a-paris_5490162_1653578.html

22 de septiembre de 2019

Los nazis y el Ministerio de Interior operan conjuntamente para la censura de una página web progresista en Alemania

Dos años después del cierre de la edición alemana de la página web Indymedia, el fiscal de Karlsruhe archivó todos los procedimientos penales contra los administradores de la página web, ya que no ha logrado probar que hayan cometido ningún delito. Entre otras cosas, el sitio fue investigado por constituir una “organización criminal”, invasión de la intimidad, difamación y otros delitos.

El veredicto sobre la legalidad de la prohibición de Indymedia sigue pendiente. Probablemente el juicio se celebrará el año que viene. Sin embargo, la conclusión de los correspondientes procesos penales confirma que la prohibición del sitio fue un acto de censura política en la que el Ministerio del Interior, los servicios secretos y el partido nazi AfD trabajaron en estrecha colaboración.

El 14 de agosto de 2017 el entonces Ministro de Interior, Thomas de Maizière (CDU), cerró Indymedia cinco semanas después de las manifestaciones contra la cumbre del G20 en Hamburgo. De Maizière y el entonces alcalde de Hamburgo y actual vicecanciller, Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata, SPD), aprovecharon las manifestaciones contra el G20 para lanzar una campaña pública contra el “extremismo de izquierda” con el fin de sentar los cimientos de un Estado fascista.

La policía atacó brutalmente a los manifestantes y miles de ellos fueron perseguidos por toda Europa. Algunos fueron multados duramente.

De Maizière justificó la prohibición de Indymedia diciendo que era “el sitio web más influyente para los extremistas violentos de izquierda en Alemania”. Lo que clausuró fue un foro centrado en la lucha contra el fascismo, el racismo y la guerra imperialista. El sitio ha desempeñado un papel importante en la denuncia del apoyo a los neonazis y ha proporcionado a muchos periodistas información antifascista.

El sitio ha sido utilizado por grupos progresistas como foro de información y discusión. Sobre la base del Código Penal, el poder judicial intervino y pidió a los administradores que eliminaran algunos artículos.

El Ministro de Interior utilizó una argucia legal para eludir la ley de libertad de prensa y cerró el sitio web. Se limitó a afirmar que se trataba de una “asociación” y la prohibió sobre la base de la Ley de Asociaciones.

La ley concede a los Ministros del Interior de los gobiernos federal y autonómicos la facultad de prohibir una asociación y confiscar sus bienes sin necesidad de un procedimiento judicial ni de recurso.

Diez días después de la prohibición del sitio, la policía registró los domicilios particulares de cinco personas y un centro cultural autónomo en Friburgo, incautando numerosos dispositivos técnicos, medios de almacenamiento, libros, notas privadas, folletos y otros documentos. Se les acusó de ser los administradores del sitio web.

La redada policial estuvo acompañada de una caza de brujas en los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, el Ministro Federal del Interior declaró incluso que en los registros habían encontrado armas. Más tarde, el Ministerio del Interior tuvo que admitir que sólo se trataba de “objetos peligrosos” encontrados en un centro cultural ocupado, un edificio de varios pisos con muchas habitaciones. No se probó ningún vínculo con los acusados.

Desde el principio la policía coordinó estrechamente con los nazis de AfD y los servicios secretos la persecución de Indymedia y sus administradores.

Durante el procedimiento, los nazis de AfD presentaron varias denuncias penales ante el fiscal contra los administradores del foro. Entre otras cosas, el sitio había publicado documentos internos sobre los apoyos con los que cuentan los nazis .

La identificación de los acusados proviene casi exclusivamente del espionaje, que había introducido a un topo en el equipo de administradores del sitio, según Angela Furmaniak, abogada de dos de los acusados.

El papel del espionaje no se limitó a proporcionar a la policía información secreta, sino que también participó en el análisis de los materiales confiscados durante los registros. La policía envió al servicio secreto discos duros y otras pruebas informáticas que no pudo descifrar.

Entre ellos se encontraba un disco duro en el que se almacenaban los datos de unos 25.000 estudiantes de Friburgo. Uno de los administradores de Indymedia formaba parte de la unión de estudiantes de la Universidad de Friburgo. El sindicato de estudiantes ha intentado sin éxito prohibir legalmente el descifrado y análisis de estos datos. Sin embargo, parece que los espías aún no han logrado descifrarlos.

Los servicios secretos alemanes persiguen a los progresistas mientras trabajan en estrecha colaboración con los nazis, cuyas organizaciones han sido inundadas de confidentes, a través de los cuales los han financiado. El asesino del presidente del distrito de Kassel, Walter Lübcke, formaba parte de esa red y -contrariamente a las mentiras iniciales de los servicios secretos- era un miembro destacado de los grupos neonazis.

Hans-Georg Maassen, que dirigía el espionaje en el momento de la prohibición de Indymedia, es conocido por sus estrechos vínculos con los neonazis. Se reunió con dirigentes de AfD y les aconsejó lo que debían hacer para que su partido no fuera incluido dentro de las organizaciones de la “extrema derecha” en el informe anual que elaboran los servicios secretos y los defendió públicamente, como ocurrió durante los disturbios neonazis de Chemnitz.

Al mismo tiempo, el capataz de los espías incluyó al Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad), que ha destacado siempre por su lucha contra el fascismo, entre los grupos de “extrema izquierda” y, por lo tanto, bajo la vigilancia del espionaje alemán.

21 de septiembre de 2019

Los Mossos d’Esquadra afilan sus uñas para un otoño tenso de movilizaciones y protestas

Los Mossos d’Esquadra utilizarán gas pimienta como medida antidisturbios y contemplan usar vallas de metro y medio de gran peso para atajar altercados, coincidiendo con un otoño que prevén tenso por las movilizaciones tras las sentencia del Tribunal Supremo por el “procés”.

La sentencia a los líderes independentistas en prisión preventiva por el 1-O se prevé que se haga pública en octubre, y tanto partidos como entidades soberanistas ya han hecho reiterados llamamientos a la movilización y a la desobediencia civil si la resolución del Tribunal Supremo es condenatoria.

En este escenario de tensión, la policía autonómica catalana prepara desde hace tiempo medidas para hacer frente a posibles altercados, como los que han protagonizado en anteriores ocasiones los Comités de Defensa de la República (CDR) o Arran, la rama juvenil de la CUP. Entre estas medidas, los Mossos d’Esquadra utilizarán gas pimienta específico (OC) como medida antidisturbios, que se dispara con un espray a una distancia de metro y medio y no con una pistola, es unidireccional, es decir, se dirige a una persona en concreto, y cuyos efectos duran unos 20 minutos.

Según los Mossos, es una medida disuasoria, más efectiva y menos lesiva que otras como las cargas policiales en momentos de mucha tensión, y que es utilizada por las policías de otros países europeos. Además, la policía autonómica quiere tener el menor contacto posible con los manifestantes en aquellas movilizaciones que puedan derivar en disturbios.

Si se emplea esta medida, deberá ser autorizada por los mandos del CECOR, y antes se avisará por megafonía a los manifestantes.

La otra medida que prevén los Mossos son unas vallas específicas, de metro y medio y de gran peso, de manera que los manifestantes no las podrán derribar. Los Mossos ya han contactado con una empresa, que se ha comprometido a colocarlas en menos de 24 horas para proteger edificios donde puedan producirse altercados, como ha sucedido en varias ocasiones en la Delegación del Gobierno en Cataluña, un lugar que no se descarta como posible escenario de disturbios.

La policía catalana estudia también otras medidas como las redes que usan las fuerzas de seguridad en Suecia, si bien sobre éstas no se ha tomado ninguna decisión. De momento, sin embargo, los Mossos no han planificado el dispositivo concreto para el día que se haga pública la sentencia.

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10096426/09/19/Los-Mossos-utilizaran-gas-pimienta-como-medida-antidisturbios-en-manifestaciones.html

20 de septiembre de 2019

Mueren tres manifestantes durante enfrentamientos y motines con la policía en Argelia

Tres personas murieron el miércoles por la noche durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la región de Relizane, a 300 kilómetros al oeste de Argel.

Los choques se produjeron a causa de la muerte de un adolescente de 15 años que fue atropellado por un vehículo de la policía, un accidente que también causó heridas graves a un hombre de 25 años que viajaba con él en un vehículo de dos ruedas.

En represalia, los disturbios estallaron alrededor de las 10 de la noche, cuando varios vecinos cortaron el camino de la ciudad con piedras y barricadas incendiarias con neumáticos.

Los manifestantes saquearon los edificios públicos e intentaron asaltar la comisaría de la ciudad para capturar al policía que causó el accidente, según ha reconocido la fiscalía.

El diario El Khabar afirma que los policías comenzaron a disparar desde el interior de la comisaría de policía, causando la muerte de tres manifestantes.

Al dia siguiente por la mañana, los vecinos realizaron una sentada para protestar por las muertes.

El Ministerio argelino de Interior ha abierto una investigación oficial, según ha informado en un comunicado de prensa.

20 de septiembre de 2019

‘La criminalización de las protestas es una política de Estado’

La disertación más aplaudida durante el segundo día de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se celebra en Perú, fue la que abordó la criminalización de las protestas. En ella se afirmó que es una política de Estado frente a las luchas sociales.

El trasfondo es un asunto de persecución política y penal en contra de los manifestantes y dirigentes, expuso Jorge Tacuri Aragón, abogado de comunidades y pueblos originarios.

Debido a que las acciones que se realizan en una protesta pueden ser calificadas como criminales, señala que debe considerarse que quien realiza la manifestación lo está haciendo por defender un derecho o bien jurídico mayor.

Según explicó Tacuri, en las manifestaciones donde se bloquean las pistas, por ejemplo, no tendrían que tomarse como actos criminales “por lo que no existiría lugar para una denuncia penal contra los manifestantes”, dijo.

“Siempre existe un sesgo en las protestas a nivel nacional. Se cree que porque alguien se paró en medio de la pista a impedir el paso de algún vehículo ya está cometiendo un delito. Ya es un delincuente y ya debería estar en la cárcel”.

Los 24 detenidos durante los dos meses de paro indefinido en Cocachacra, fueron intervenidos bajo el cargo de disturbios en contra de la tranquilidad pública. Así lo informó Arturo Dueñas Segura, abogado defensor de la mayoría de manifestantes del Valle de Tambo,

Dijo que antes de las 48 horas fueron liberados debido a que no existen pruebas contundentes para sustentar las denuncias que pesan en su contra. “Esto sucede porque la policía interviene en el momento de las protestas. Pero cuando se les pide sus declaraciones, la mayoría de las veces se contradicen, y yo he estado presente durante esas diligencias”

Este caso fue utilizado como ejemplo de las exposiciones sobre la criminalización de las protestas. Explicó que, por las acusaciones por las que se detuvo a los manifestantes, se les podría haber enviado a la cárcel entre 8 y 15 años.