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25 de marzo de 2023

Alemania criminaliza al movimiento por la paz en Ucrania

El pasado 22 de junio el movimiento pacifista alemán convocó un mitin en Berlín por el aniversario de la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Entre otros, tomó la palabra Heinrich Bücker para pedir que Alemania mantuviera buenas relaciones con Rusia.

En plena Guerra de Ucrania, no era el mejor momento para ese tipo de reivindicaciones. Un tribunal le ha condenado por “aprobar el crimen de invasión de Rusia”.

Ningún alemán tuvo nunca que sentarse en el banquillo de los acusados por aprobar las invasiones estadounidenses de Vietnam, Irak o Afganistán, y mucho menos el bombardeo de Serbia en 1999, en el que el gobierno alemán participó con entusiasmo.

El 25 de febrero 50.000 personas se congregaron otra vez en Berlín en el “Levantamiento por la paz” (Aufstand für Frieden), convocado por iniciativa de dos mujeres, la antigua dirigente del partido Die Linke Sara Wagenknecht y la veterana escritora y editora feminista Alice Schwartzer.

Más de medio millón de personas firmaron el “Manifiesto por la Paz” pidiendo al Canciller Scholz que detenga las entregas de armas a Ucrania, trabaje por un alto el fuego e inicie negociaciones entre ambas partes. Los organizadores pidieron la reconstrucción del movimiento alemán por la paz, siguiendo el modelo del movimiento antinuclear de los años ochenta.

Putin quiere restaurar la URSS (según dice la policía alemana)

Según la policía, “la seguridad pública estaba en peligro inminente” a causa de la manifestación. “La aprobación de la guerra de agresión contra el derecho internacional, que la Federación Rusa está llevando a cabo actualmente contra Ucrania” era un delito. Esa aprobación se puede expresar de muchas maneras, no sólo con palabras, sino también con signos y símbolos, en particular, la exhibición de la letra “Z” era delito.

Mientras los manifestantes se concentraban para iniciar la marcha, uno de los convocantes subió a la tribuna de oradores para leer una larga lista de prohibiciones policíales. Incluía numerosos símbolos o signos relacionados con la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia o el Donbas, y también canciones militares soviéticas. Estaba prohibido, en suma, el apoyo a Rusia en la guerra que estaba librando contra Ucrania.

La exhibición de la bandera de la URSS también era delito porque, según la policía, “la bandera de la URSS simboliza a una Rusia dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética”. Los expertos cren que ese es el objetivo de Putin que explica su ataque a Ucrania, añadía la advertencia de la policía alemana.

Luego se excusaba de una manera tópica e hipócrita: la policía alemana no pretende impedir el derecho de manifestación, sino sólo “la forma en la que se lleva a cabo”, porque puede transmitir violencia, herir la sensibilidad del ciudadano medio e incluso sus “opiniones éticas”.

Las manifestaciones prudentes no sirven para nada

Al final, la policía no intervino, ni tampoco hubo detenciones. No hizo falta. La mayoría de las banderas representaban a la paloma de la paz y los oradores tuvieron que morderse la lengua para evitar referencias a las provocaciones de Estados Unidos y la OTAN que han conducido a la Guerra de Ucrania.

Sólo Jeffrey Sachs se atrevió a ello. Aludió al Golpe de Estado de 2014, el armamento estadounidense a Ucrania, la oposición de Estados Unidos a las negociaciones de paz, la voladura de los gasoductos Nord Stream por Estados Unidos y otros hechos susceptibles de herir la sensibilidad del “ciudadano medio”.

Pero no había ninguna posibilidad de que la policía detuviera a Sachs, que en ese momento se encontraba fuera de Alemania y hablaba por videoconferencia.

En fin, el acto no podía haber sido más correcto. Pero cuando un movimiento retrocede el primero paso, luego llegan todos los demás, porque la voracidad represiva no conoce límites. Los periodistas se lanzaron a degüello contra los convocantes.

Un periodista calificó a Wagenknecht como la enemiga más influyente de Alemania. “Es la personificación de lo que los funcionarios de inteligencia llevan años advirtiendo: la difuminación de los límites entre los márgenes políticos y los extremos” (*).

En Alemania hablar de “extremos” es convocar a la persecución policial. La antigua dirigente de Die Linke no solo es enemiga de Alemania sino de la democracia, un calificativo que pronto se va a convertir en la piedra de toque de la represión.

Cuando los periodistas alemanes hablan de que los márgenes políticos se “difuminan”, se refieren a la confusión entre “unos y otros”, la extrema derecha y la extrema izquierda. Ambos son iguales.

Es una construcción ideológica que ya se llevó a cabo en la pendemia. Como ya explicamos en una entrada, en Alemania a los que sostuvieron un pensamiento crítico, alternativo, los llamaron “Querdenker”, una expresión que fue asumida por el propio movimiento, que abrió una página web con esa denominación, que no es fácil de interpretar.

Hoy la expresión ha hecho fortuna y la utilizan los políticos, los periodistas e incluso el Tribunal Constitucional para la Guerrra de Ucrania: quien sostiene un criterio diferente del oficial (equiparado a mayoritario) es un “extremista” y da lo mismo que lo sea de un costado (izquierda) que del otro (derecha). Ese tipo de opiniones no forman parte de las luchas políticas sino de la delincuencia común.

Durante la pandemia los negacionistas eran fascistas y los antivacunas también. Así opera la coartada que están elaborando policías y periodistas, en colaboración con académicos y universitarios. En lo que a la izquierda domesticada concierne, la única opción válida es el reformismo, que sólo se mantiene alarmando a sus votantes con los mil y un peligros de la “extrema derecha” para esconder que el peligro son ellos mismos.

La cacería ya empezado y, como suele ocurrir, los más ingenuos creen que no va con ellos. El mes pasado, la ministra de Interior, Nancy Faeser, presentó una nueva ley que permite despedir de la función pública a los “enemigos de la Constitución” mediante un simple acto administrativo. “No permitiremos que nuestro Estado constitucional democrático sea saboteado desde dentro por extremistas”, declaró Faeser.

Eso ya lo hizo Alemania en la posguerra, aunque entonces no se hablaba de “extremistas” sino de “comunistas”.

(*) https://www.rnd.de/politik/warum-sahra-wagenknecht-eine-gefahr-fuer-die-demokratie-in-deutschland-ist-X6HYR7QBSNBEXOUXFOLYDU63TI.html

23 de marzo de 2023

Los presos palestinos anuncian una huelga de hambre para hoy

El movimiento de presos palestinos ha anunciado el inicio de una huelga de hambre colectiva de más de 2.000 presos a partir de hoy.

Tras 36 días de protestas, los miembros del Comité Superior de Emergencia del Movimiento de Presos Palestinos, que engloba a una amplia gama del espectro político palestino, emitieron un comunicado en el que anunciaban claramente que encabezarían la lucha bajo el lema “libertad o martirio”.

La huelga, que han decidido iniciar el primer día del Ramadán, consistirá en sentadas, rechazo de alimentos, actos de protesta como bloquear los locales de la prisión o negarse a someterse a los registros de seguridad. Los presos ya han establecido medidas y actividades de resistencia nocturnas.

La huelga de hambre y las medidas de desobediencia civil relacionadas con ella encarnan la resistencia a las medidas punitivas adoptadas por el gobierno israelí contra los palestinos. Estas medidas incluyen restricciones de agua, alimentos, acceso a la higiene y tiempo de ejercicio, así como el aislamiento forzoso de algunos presos.

El movimiento también ha puesto de relieve los malos tratos infligidos a unas 30 mujeres palestinas en la prisión israelí de Damon.

Paralelamente a estas medidas que afectan directamente a los presos y que se consideran intentos de sofocar la resistencia, los presos en huelga luchan contra la reintroducción de la pena de muerte para los combatientes de la resistencia palestina. También denuncian que el gobierno israelí planea impedir el acceso de los presos a la atención sanitaria. La congelación de sus bienes y la retirada de sus derechos de ciudadanía y residencia amenazan también sus derechos más básicos.

El sistema penitenciario israelí es una pieza clave de la estrategia de Israel para sofocar la resistencia palestina. De los hombres palestinos, el 40 por cien ha sido encarcelado a lo largo de su vida, y el 70 por cien de las familias palestinas ha tenido algún familiar encarcelado. Las condiciones de encarcelamiento son especialmente duras, como demuestran las celdas de tres metros cuadrados en las que se hacinan los presos.

Numerosos dirigentes palestinos han anunciado su apoyo a la huelga de presos, cuya determinación parece inquebrantable, mientras que la administración penitenciaria ya ha mencionado posibles sanciones severas contra los huelguistas.

Muchos estudiantes, sobre todo de la Universidad Al-Quds, también apoyan a los presos palestinos y su lucha.

19 de marzo de 2023

Amazon identifica facialmente a los clientes de sus tiendas

El jueves los clientes de las tiendas de Amazon de Nueva York interpusieron una demanda colectiva por no informarles de que estaban siendo vigilados mediante técnicas de reconocimiento facial (*).

Nueva York es la única ciudad estadounidense que obliga a las empresas a colocar carteles que indiquen que rastrean la información biométrica de los clientes, como escáneres faciales o huellas dactilares.

Las tiendas permiten a los clientes comprar y marcharse con los productos que desean sin pasar por caja. Las tiendas se basan en el seguimiento de las acciones de los visitantes para cargar el importe en sus cuentas.

Amazon lanzó sus tiendas Go en 2018 para que los clientes pudieran entrar, tomar los productos que quisieran de los estantes y salir sin pasar por caja.

La empresa supervisa las acciones de los visitantes y realiza un cargo en sus cuentas cuando salen de la tienda. Abrió su primer establecimiento en Nueva York al año siguiente y cuenta con 10 tiendas, todas ellas en Manhattan.

Para que Amazon Go pueda hacer un seguimiento de sus clientes y de los artículos que llevan, debe vigilar constantemente sus cuerpos. La técnica “Just Walk Out” recopila constantemente la información de identificación biométrica de los clientes, incluido el escaneo de las palmas de las manos para identificarlos y la aplicación de visión por ordenador, algoritmos de aprendizaje profundo y fusión de sensores que miden la forma y el tamaño del cuerpo de cada cliente para identificarlos, rastrear sus movimientos en las tiendas y determinar lo que han comprado.

El equipo de abogados es el Surveillance Technology Oversight Project, que se dedica a proteger la intimidad de las personas en el estado de Nueva York.

(*) https://www.documentcloud.org/documents/23710768-filedcomplaintrodriguezperezvamazon

17 de marzo de 2023

Del ocultamiento a la supresión: Google comienza a eliminar contenidos del espejo de MPR21 con temáticas de la pandemia y la guerra en Siria

En el día de ayer, los administradores de Blogger, donde se almacenaban los contenidos «espejo» (réplica) de MPR21.info, notificaron a los administradores de esta web la eliminación de varios artículos por ser «contenidos no permitidos» de acuerdo a la política del servidor, pero que se han podido preservar. Leer más

16 de marzo de 2023

El documento europeo de identidad digital se aprobará sin pasar por el Parlamento

El documento de identidad digital entra en su fase de implantación a escala europea. Después de que la Comisión revelara la arquitectura técnica que dará soporte a los distintos proyectos piloto, y de que se eligieran a las empresas que los van a elaborar, el documento digital está ahora en manos de las instituciones europeas, y podría entrar en vigor sin necesidad de votación parlamentaria.

La ley sobre el documento digital de identidad entra esta primavera en la fase de negociaciones institucionales entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Inicialmente previsto para ser sometido a votación plenaria de los eurodiputados este mes, el paquete legislativo sobre las posibilidades que permitirá el próximo documento digital europeo podría saltarse esta fase y negociarse al más alto nivel de las instituciones europeas sin contar con la opinión de los eurodiputados.

De acuerdo con el Reglamento del Parlamento Europeo (artículo 71.1), la comisión parlamentaria encargada del expediente de identidad digital (en este caso, la comisión ITRE, responsable de asuntos industriales) votó por mayoría de sus miembros una autorización para llevar la ley directamente a la mesa de negociación, sin debate y sin votación de los eurodiputados.

De este modo, la ley europea del documento de identidad digital continuará su periplo legislativo entre la Comisión Europea (gobierno ejecutivo) y el Consejo Europeo (representación de los Estados miembros), y se saltará el debate parlamentario.

El documento incluye el historial médico

El documento de identidad digital lleva más de año y medio entre los planes de la Unión Europea. En junio de 2021 se modificó el Reglamento sobre Derechos Digitales (Reglamento eIDAS) para incluir el marco jurídico del futuro documento digital.

Desde entonces se han producido dos grandes piruetas. En primer lugar, el típico equipo oscuro de expertos de la Comisión Europea ideó la arquitectura de referencia que dará soporte a los documentos digitales y los hará interoperables. Después, dos empresas (Potential y Nobid) fueron elegidas por la Comisión para construir los primeros pilotos.

El documento digital, una aplicación anclada en el teléfono móvil sobre una nueva generación de tarjetas SIM, contendrá los datos civiles y biométricos (huella dactilar, foto, etc.), permitirá alojar el expediente médico y recibir recetas electrónicas de fármacos, dará acceso a la cuenta bancaria y a servicios gubernamentales (impuestos, prestaciones sociales), contendrá el permiso de conducir y potencialmente todos los documentos y certificados importantes (diplomas, certificados de seguro). Por último, deberá poder servir de terminal de pago, a través de la conectividad NFC de los teléfonos móviles, y será compatible con el próximo euro digital.

Esta tecnología es una herramienta de control político. Otorga a los Estados un conocimiento exhaustivo del comportamiento cotidiano de sus ciudadanos. Las empresas que están coconstruyendo los primeros proyectos piloto (Thales, Idemia), están en la vanguardia de las tecnologías de vigilancia y control policial.

Los documentos dotarán a los ciudadanos europeos de un identificador único que será rastreable por los gobiernos europeos y las empresas que los van a elaborar. Las personas quedan equiparadas al ganado y a sus propias mascotas domésticas.

6 de marzo de 2023

Camerún aprueba el visado biométrico

Los países africanos siguen siendo el campo de experimentación de las grandes potencias. Camerún ha aprobado el visado biométrico entre las nuevas condiciones de entrada, estancia y salida de extranjeros en su territorio, según un decreto firmado el jueves por el presidente camerunés, Paul Biya.

El nuevo visado incluye un chip electrónico que, de momento, contiene una fotografía digital del titular, sus huellas dactilares y el iris de los ojos.

Es un documento de alta seguridad, materializado por una etiqueta autoadhesiva que se aplicará al pasaporte del titular que haya realizado los trámites previos de inscripción para viajar a Camerún.

A partir de ahora la solicitud de visado para Camerún y el pago de las tasas correspondientes se realizan exclusivamente en línea desde una plataforma digital especializada. La respuesta a la solicitud se debe realizar en un plazo de tres días, a partir de la fecha de preinscripción en línea.

Sin embargo, por vía de urgencia, el plazo se puede reducir a 24 horas.

15 de enero de 2023

La base de datos biométricos de Rusia será gestionada por una empresa comercial

El 21 de diciembre la Duma rusa aprobó un proyecto de ley que regula la recogida y almacenamiento de datos biométricos. Para evitar que las empresas privadas hagan un uso indebido de los datos biométricos, la ley exige que los registros faciales y muestras de voz se almacenen en una base de datos unificada y centralizada.

Un comunicado de prensa emitido por la Duma afirma que el proyecto de ley “protege los datos biométricos de los rusos y garantiza que la recogida de dichos datos sea totalmente voluntaria”. El proyecto de ley debía poner fin a la especulación sin escrúpulos por parte de empresas privadas.

Pero es todo lo contrario: los datos biométricos de Rusia se han entregado a una empresa comercial. El administrador será el Centro de Tecnologías Biométricas JSC, una sociedad anónima, de la que forma parte Rostelecom, con un 49 por cien del capital, el Estado, a través de la Agencia Federal de Gestión Inmobiliaria, con un 25 por cien, y el Banco de Rusia con otro 25 por cien.

Como todos los bancos centrales, el de Rusia no es un instituto público. Rostelecom, que inicialmente fue designado operador único de la base de datos, es en parte propiedad del Estado, pero éste no tiene una participación mayoritaria.

Por lo tanto, Rusia está confiando los datos biométricos de su población a una empresa comercial que no controla (1). Es parte integrante de un nuevo sistema de dominación digital (“Estado de plataforma”) según el modelo del Banco Mundial, que implica la creación de un perfil digital del ciudadano y una moneda digital bajo el control de empresas privadas.

Un campo de concentración electrónico

El proyecto de ley se aprobó precipitadamente en la Duma. La versión final del texto se ocultó a los diputados hasta el último momento, violando el reglamento de la Duma.

Fue aprobado en primera lectura antes incluso de que se pusiera a disposición de los diputados, lo que significa que casi no tuvieron tiempo de examinar el contenido del proyecto antes de la segunda y tercera votaciones (2).

Se aprobó sin debate de las enmiendas, que aparecieron justo antes de la segunda lectura. Muchos diputados votaron a favor de una ley que no habían leído. El diputado Nikolai Kolomeitsev, del Partido Comunista, calificó la aprobación del proyecto como una “flagrante violación de todas las normas posibles”.

Desafiando al partido Rusia Unida, los diputados de Rusia Justa-Por La Verdad votaron en contra y calificaron la nueva ley como un sabotaje. “Si este proyecto de ley es inofensivo y no contiene nada perjudicial, ¿por qué violar las normas parlamentarias y apresurarse a aprobarlo en la Duma?”, dijeron en un comunicado.

El diputado Mijail Delyagin dijo que había votado “en contra del campo de concentración electrónico”.

La recogida de datos biométricos no será voluntaria

Varias organizaciones presionaron para que no se aprobara el proyecto. Enviaron más de 85.000 cartas a la Duma y lograron ciertas concesiones que, supuestamente, garantizan el carácter voluntario de la recogida de datos biométricos. Los ciudadanos pueden negarse a ello.

La Duma afirma que la nueva ley “establece que la recogida de datos biométricos es un proceso absolutamente voluntario, y que la recogida de datos biométricos de menores sólo se llevará a cabo con el consentimiento de los padres”.

Tampoco es cierto. Los rusos tendrán que presentar una solicitud por escrito si no quieren compartir sus datos biométricos. Pero el Estado puede negarse a prestar ningún servicio a una persona que no presente sus datos biométricos.

Es un mecanismo de presión que ya se ensayó con las vacunas que, oficialmente, también eran voluntarias. Sin embargo, muchas empresas despidieron a los trabajadores por negarse.

El proyecto aún tiene que pasar por el Consejo de la Federación y obtener la firma de Putin antes de convertirse en ley. Es una segunda oportunidad para los “campos de concentración electrónicos”.

La Duma ha aprobado un proyecto de ley de biometría muy contestado exactamente un año después de intentar aprobar una ley de códigos QR igualmente contestada por amplios sectores de la población.

(1) https://katyusha.org/oczifrovka/myi-za-eto-voyuem-czifrosektantyi-prodavili-vozmozhnost-torgovli-nashimi-liczami-nesmotrya-na-moshhnoe-narodnoe-soprotivlenie-zakonoproekt-o-ebs-proshel-vtoroe-chtenie.html
(2) https://www.nakanune.ru/articles/120055/

6 de enero de 2023

La policía mantiene las técnicas de rastreo de la pandemia para estrechar la vigilancia

Majd Ramlawi estaba sirviendo café en la Ciudad Vieja de Jerusalén cuando apareció un escalofriante mensaje de texto en su teléfono: “Has sido visto participando en actos violentos en la mezquita de Al Aqsa”, decía en árabe. “Te pediremos cuentas”.

Ramlawi, que entonces tenía 19 años, fue una de las cientos de personas que, según los abogados defensores de los derechos civiles, recibieron el texto el año pasado, en el punto álgido de uno de los periodos recientes más turbulentos en Palestina. Muchos, entre ellos Ramlawi, afirman que vivían o trabajaban en el barrio y que no tenían nada que ver con los disturbios. Lo que no sabía era que la temida agencia israelí de seguridad interna, el Shin Bet, estaba utilizando la tecnología de vigilancia masiva movilizada para el rastreo de contactos de la pandemia contra residentes con fines totalmente ajenos al contagio.

En los primeros días de la pandemia, millones de personas de todo el mundo creyeron a los funcionarios del gobierno que afirmaban necesitar datos confidenciales para nuevas herramientas tecnológicas destinadas a detener la propagación del coronavirus. A cambio, los gobiernos recibieron una avalancha de información sobre la salud privada de las personas, fotos faciales y direcciones de sus domicilios.

Los Estados utilizan estas tecnologías y datos para impedir viajar a activistas y ciudadanos de a pie, acosar a comunidades marginadas y vincular la información sobre la salud de las personas a otras herramientas de vigilancia y represión. En algunos casos, los datos se han compartido con agencias de espionaje. La cuestión ha adquirido una nueva dimensión casi tres años después del inicio de la pandemia, ya que la política ultrarrestricta de cero covid de China ha desencadenado recientemente las críticas públicas más fuertes contra los gobernantes autoritarios del país desde las protestas prodemocráticas de la plaza de Tiananmen en 1989.

Las tecnologías comercializadas para “aplanar la curva” se utilizaban con otros fines. Al igual que el equilibrio entre privacidad y seguridad nacional cambió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, el covid permitió a las autoridades justificar la integración de herramientas de rastreo en la sociedad que continuó mucho después de los encierros.

Cualquier intervención que aumente el poder del Estado para vigilar a las personas tiene una larga tradición y es un sistema de trinquete. Una vez que se acepta, es muy poco probable que desaparezca.

Mensajes amenazadores contra los palestinos

En la Ciudad Vieja de Jerusalén, los turistas que beben zumo de granada fresco, los fieles y los lugareños que toman un atajo para volver a casa están vigilados por las fuerzas de seguridad israelíes que portan armas automáticas. El laberinto de senderos cavernosos también está bordeado de cámaras de CCTV y lo que las autoridades han descrito como “tecnologías avanzadas.“

Después de que los enfrentamientos de mayo de 2021 en la mezquita de Al Aqsa contribuyeran a desencadenar una guerra de 11 días con militantes de Hamás en la Franja de Gaza, Israel vivió algunos de los peores episodios de violencia de los últimos años. La policía lanzó granadas aturdidoras al disputado recinto conocido por los judíos como el Monte del Templo, donde se encuentra Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, mientras multitudes palestinas se atrincheraban en su interior lanzándoles piedras y bombas incendiarias.

Para entonces, los israelíes ya se habían acostumbrado a que la policía se presentara ante sus casas para decirles que no estaban en cuarentena y sabían que la agencia de seguridad israelí Shin Bet estaba reutilizando la tecnología de vigilancia telefónica que había utilizado anteriormente para vigilar a los militantes dentro de los territorios palestinos. La práctica saltó a los titulares al principio de la pandemia, cuando el gobierno israelí dijo que se utilizaría para rastrear los contactos del covid-19.

Un año después, el Shin Bet empezó a utilizar discretamente la misma tecnología para enviar mensajes amenazadores contra los ciudadanos y residentes árabes de Israel de los que la agencia sospechaba que participaban en enfrentamientos violentos con la policía. Algunos de los destinatarios, sin embargo, simplemente vivían o trabajaban en la zona, o eran meros transeúntes.

La cafetería de Ramlawi se encuentra en el ornamentado Mercado de Mercaderes de Algodón, fuera del recinto de la mezquita, una zona llena de cámaras policiales y de seguridad que probablemente habrían identificado al camarero si hubiera participado en actos violentos.

Aunque Ramlawi borró el mensaje y no ha vuelto a recibir ninguno similar desde entonces, afirma que la idea de que su teléfono se utilice como herramienta de vigilancia sigue atormentándole. “Es como si el gobierno estuviera en tu bolsillo”, dijo Ramlawi, a quien le preocupa que la vigilancia habilitada para detener el covid-19 suponga una amenaza duradera para los residentes de Jerusalén Este. “Cuando te mueves, el gobierno está contigo con este teléfono”.

El uso doméstico de la tecnología por parte del Shin Bet ha generado un revuelo sobre la privacidad y las libertades civiles dentro de Israel, así como dudas sobre su precisión. Gil Gan-Mor, abogado de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, organización sin ánimo de lucro, calcula que cientos de árabes de Jerusalén recibieron el mensaje amenazador durante los disturbios y afirmó que el envío masivo de mensajes de texto no tiene precedentes. “No se puede decir a la gente: ‘Os estamos vigilando… y nos vengaremos’”, afirmó. “No se puede utilizar esta herramienta para asustar a la gente. Si tienes algo contra alguien, puedes llevarle a juicio”.

Tras la demanda de la organización de Gan-Mor, el Shin Bet no se disculpó. “Había una clara necesidad de seguridad de enviar un mensaje urgente a un gran número de personas, todas las cuales tenían sospechas creíbles de estar implicadas en la comisión de delitos violentos”, declaró la agencia en una demanda judicial presentada el año pasado. La presentación, firmada por “Daniella B.”, asesora jurídica del Shin Bet para el distrito de Jerusalén, también reconocía que “se habían aprendido lecciones”.

En febrero el fiscal general de Israel defendió el uso continuado de esta tecnología, afirmando que era una herramienta de seguridad legítima, aunque reconoció fallos en el sistema y que los mensajes se distribuyeron a un pequeño número de objetivos no deseados. El Tribunal Supremo de Israel está revisando ahora el asunto.

Sami Abu Shehadeh, ex legislador árabe que formaba parte del Parlamento de Israel en el momento en que el Shin Bet envió sus mensajes de advertencia, dijo que los mensajes demuestran las luchas más amplias del 20 por cien de la minoría árabe de Israel. “El Estado no nos trata como ciudadanos”, afirmó. “Hay dos conjuntos de leyes: uno para los judíos y otro para los árabes”.

Una vigilancia de 360 grados

Las tecnologías diseñadas para combatir el covid-19 fueron reorientadas por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia de otras democracias a medida que los gobiernos ampliaban sus arsenales digitales en medio de la pandemia.

En India, la tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial explotó después de que el partido nacionalista hindú de derecha Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi arrasara en 2014, convirtiéndose en una herramienta para que la policía vigilara las reuniones masivas. El país está tratando de construir lo que será una de las mayores redes de reconocimiento facial del mundo.

A medida que la pandemia se afianzaba a principios de 2020, los gobiernos estatales y central encomendaron a la policía local la tarea de hacer cumplir los mandatos relativos a las máscaras. En algunos lugares se impusieron multas de hasta 25 dólares, lo que equivale a 12 días de sueldo para algunos trabajadores y resulta inasequible para los casi 230 millones de personas que, según las estimaciones, viven en la pobreza en India.

En la ciudad de Hyderabad, en el centro-sur del país, la policía empezó a tomar fotografías de personas que hacían alarde del mandato de la máscara o que simplemente la llevaban al azar.

El Comisario de Policía, C.V. Anand, dijo que la ciudad ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años en vehículos patrulla, cámaras de circuito cerrado de televisión, aplicaciones de reconocimiento facial y geolocalización, entre otras tecnologías impulsadas por algoritmos o aprendizaje automático. En el interior del Centro de Mando y Control de Hyderabad, los agentes mostraron cómo pasan las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión por un programa de reconocimiento facial que coteja las imágenes con una base de datos de delincuentes.

“Cuando [las empresas] deciden invertir en una ciudad, lo primero que miran es la situación de la ley y el orden”, dijo Anand, defendiendo el uso de tales herramientas como absolutamente necesario. “Aquí la gente es consciente de lo que pueden hacer las tecnologías, y hay un apoyo incondicional”.

En mayo de 2020 el jefe de policía del estado de Telangana tuiteó que su departamento estaba desplegando un programa informático basado en inteligencia artificial que utiliza las cámaras de circuito cerrado de televisión para detectar a las personas que no llevan mascarilla. El mensaje incluía fotos de la aplicación superponiendo rectángulos de colores en los rostros sin máscara de vecinos desprevenidos.

Más de un año después, la policía tuiteó imágenes de sí misma utilizando tabletas portátiles para escanear los rostros de la gente mediante un programa informático de reconocimiento facial, según una publicación del Twitter oficial del oficial de la comisaría del barrio de Amberpet.

La policía dijo que las tabletas, que pueden tomar fotografías ordinarias o vincularlas a una base de datos de reconocimiento facial de delincuentes, eran un medio útil para que los agentes atraparan y multaran a los infractores de las mascarillas. “Cuando ven a alguien que no lleva mascarilla, se acercan, le hacen una foto en la tableta y anotan sus datos, como el número de teléfono y el nombre”, explica B.Guru Naidu, inspector de la zona sur de Hyderabad.

Los agentes deciden a quién consideran sospechoso, lo que aviva los temores entre los defensores de la privacidad, algunos musulmanes y miembros de las comunidades de casta inferior de Hyderabad. “Si los agentes que patrullan sospechan de alguien, le toman las huellas dactilares o le escanean la cara, y la aplicación de la tableta comprueba si tiene antecedentes penales”, explica Naidu.

S.Q.Masood, activista social que ha dirigido campañas de transparencia en Hyderabad, considera que hay más en juego. Masood y su suegro fueron detenidos aparentemente al azar por la policía en el mercado de Shahran, una zona predominantemente musulmana, durante una oleada de covid-19 el año pasado. Masood relató que los agentes le pidieron que se quitara la mascarilla para poder fotografiarlo con una tableta.

“Les dije que no me quitaría la mascarilla”. Dijo que le fotografiaron con ella puesta. De vuelta a casa, Masood pasó de la perplejidad a la ansiedad: ¿dónde y cómo se iba a utilizar esa foto? ¿Se añadiría a la base de datos de reconocimiento facial de la policía? Ahora ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Telangana para averiguar por qué se tomó su foto y limitar el uso generalizado del reconocimiento facial. Su caso podría marcar la pauta de la creciente ambición de la India por combinar la tecnología emergente con la aplicación de la ley.

India carece de una ley de protección de datos, e incluso las propuestas existentes no regularán las tecnologías de vigilancia si se convierten en ley, dijo Apar Gupta, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad en Internet, con sede en Nueva Delhi, que está ayudando a representar a Masood.

La policía respondió a la demanda de Masood y negó haber utilizado el reconocimiento facial en su caso, afirmando que su fotografía no se había cotejado con ninguna base de datos y que el reconocimiento facial sólo se utiliza durante la investigación de un delito o presunto delito, cuando se puede cotejar con las imágenes de las cámaras de seguridad.

La policía local mostró que la aplicación TSCOP que llevan los policías en la calle puede comparar la fotografía de una persona con una base de datos de reconocimiento facial de delincuentes, y cómo desde el Centro de Mando y Control la policía puede utilizar el análisis de reconocimiento facial para comparar las fotos de delincuentes almacenadas con los vídeos recogidos por las cámaras de circuito cerrado de televisión.

Los abogados de Masood están trabajando en una respuesta y esperan una fecha para la vista. Los defensores de la intimidad en India creen que este tipo de acciones intensificadas en el marco de la pandemia podrían permitir lo que denominan vigilancia de 360 grados, en virtud de la cual aspectos como la vivienda, el bienestar, la salud y otros tipos de datos se vinculan entre sí para crear un perfil.

“La vigilancia se plantea hoy como una panacea tecnológica para grandes problemas sociales en India, lo que nos ha acercado mucho a China”, afirma Gupta. “No hay ley. No hay salvaguardias. Y se trata de un despliegue de vigilancia masiva con fines generales”. Qué uso se hará en última instancia de los datos recopilados y las herramientas desarrolladas durante el apogeo de la pandemia sigue siendo una incógnita. Pero los usos recientes en Australia y Estados Unidos pueden ofrecer una idea.

La policía australiana se apodera de las bases de datos creadas durante la pandemia

Durante dos años de estrictos controles fronterizos, el ex Primer Ministro conservador de Australia, Scott Morrison, dio el extraordinario paso de nombrarse a sí mismo ministro de cinco departamentos, entre ellos el de Sanidad. Las autoridades introdujeron aplicaciones a escala nacional y estatal para notificar a las personas que habían estado cerca de alguien que había dado positivo en las pruebas del virus.

Pero las aplicaciones también se utilizaron de otras formas. Las agencias de inteligencia australianas fueron sorprendidas recogiendo “incidentalmente” datos de la aplicación nacional CovidSafe. La noticia de la filtración salió a la luz en un informe de noviembre de 2020 del Inspector General de Inteligencia y Seguridad, en el que se afirmaba que no había pruebas de que se hubieran descifrado, accedido o utilizado los datos. La aplicación nacional fue cancelada en agosto por el nuevo gobierno por considerarla un despilfarro de dinero: solo había identificado dos casos positivos de covid-19 que no se habrían detectado de otro modo.

A escala local, los ciudadanos utilizaron aplicaciones para tocar con sus teléfonos el código QR de un sitio, registrando su identificación individual de modo que, si se producía un brote de covid-19, se pudiera contactar con ellos. A veces, los datos se utilizaban para otros fines. Las fuerzas de seguridad australianas utilizaron los datos de registro QR a escala estatal como una especie de red de arrastre electrónica para investigar delitos.

Después de que el jefe de una banda de motoristas, Nick Martin, muriera tiroteado en una pista de velocidad de Perth, la policía accedió a los datos de registro con código QR de las aplicaciones sanitarias de 2.439 aficionados a las carreras que asistieron a la de diciembre de 2020. Incluía nombres, números de teléfono y horas de llegada.

La policía accedió a la información a pesar de que el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, había prometido en Facebook que los datos relacionados con el covid solo serían accesibles para el personal de rastreo de contactos del Departamento de Salud. Finalmente, el asesinato se resolvió utilizando tácticas policiales totalmente tradicionales, como el cotejo de huellas, el rastreo de teléfonos móviles y, en última instancia, una confesión.

La policía de Australia Occidental no respondió a las solicitudes de comentarios. Las fuerzas del orden de Queensland y Victoria también solicitaron los datos de registro QR del público en relación con las investigaciones. Desde entonces los diputados de Queensland y Victoria han endurecido las normas sobre el acceso de la policía a la información del registro QR.

La nueva normalidad es que quedaremos sometidos a vigilancia

En Estados Unidos, que se basó en una mezcolanza de órdenes de cuarentena estatales y locales para garantizar el cumplimiento de las restricciones sanitarias, el gobierno federal aprovechó la oportunidad para ampliar su conjunto de herramientas de vigilancia, incluyendo dos contratos en 2020 por valor de 24,9 millones de dólares a la empresa de minería de datos y vigilancia Palantir Technologies Inc. para apoyar la respuesta a la pandemia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Los documentos obtenidos por el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Just Futures Law mostraban que los funcionarios federales contemplaban compartir datos que iban mucho más allá del covid-19.

Las posibilidades incluían la integración de “datos de pacientes identificables”, como información sobre salud mental, consumo de sustancias y salud conductual procedente de hogares de acogida, refugios, cárceles, centros de desintoxicación y escuelas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos no utilizan ninguno de esos datos a nivel individual en la plataforma que gestionan ahora.

Los protocolos parecían carecer de salvaguardias de la información o restricciones de uso, dijo Paromita Shah, directora ejecutiva de Just Futures Law. “Lo que hizo la pandemia fue hacer estallar una industria de recogida masiva de datos biométricos y biográficos”, dijo Shah. “Así que pocas cosas quedaron fuera de la mesa”.

El año pasado, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos adquirieron datos detallados de localización de teléfonos móviles que revelaban el paradero diario de las personas, en todo el país. Según un contrato de julio de 2021 obtenido por el grupo sin ánimo de lucro Tech Inquiry, los datos de “Mobility insights” proceden de al menos 20 millones de dispositivos.

El cierre de fronteras ordenado por el gobierno de Trump y continuado por el de Biden se impuso a pesar de las objeciones de los principales científicos de que no había pruebas de que la acción frenara el contagio.

La portavoz de los CDC, Kristen Nordlund, dijo que la agencia adquirió datos agregados y anónimos con amplias protecciones de intimidad para la investigación de salud pública.

El contrato muestra que el traficante de datos Cuebiq proporcionó un “ID de dispositivo”, que normalmente vincula la información a teléfonos móviles individuales. Bill Daddi, portavoz de Cuebiq, declaró que los CDC podrían seguir accediendo a los datos agregados de telefonía móvil a nivel de condado hasta octubre, varios meses después de que finalizara el contrato. Añadió que antes de esa fecha, los CDC también podrían haber analizado datos individuales de teléfonos móviles protegidos por la intimidad, pero decidieron no hacerlo.

Para Scott-Railton esto sienta un precedente peligroso. “Lo que hizo el covid fue acelerar el uso público de esas herramientas y esos datos y normalizarlos, de modo que encajaran en una narrativa sobre la existencia de un beneficio público”, dice. “Ahora la pregunta es si vamos a ser capaces de hacer un ajuste de cuentas en torno al uso de estos datos, o si esto es la nueva normalidad”.

—https://pulitzercenter.org/stories/police-seize-covid-19-tech-expand-global-surveillance

4 de enero de 2023

Golpeados, humillados, intimidados: las prisiones israelíes según un adolescente palestino

Tras 41 días de palizas e interrogatorios por su presunta participación en un incidente en el que se arrojaron piedras, Shadi Jury, de 16 años, queda finalmente bajo arresto domiciliario, por orden del Tribunal Supremo israelí.

Le llamaban “el cristiano” como insulto. Le golpearon y humillaron varias veces en prisión. Durante su secuestro al amanecer en su casa de Jerusalén Este, los policías vestidos de negro le golpearon hasta hacerle sangrar. Le rompieron la nariz y un diente después de que se negara a desnudarse en su presencia. Luego lo arrastraron a la fuerza, atado y con los ojos vendados, hasta su furgoneta.

Cuando llegamos a su casa al día siguiente de su detención, el suelo de la bonita vivienda seguía manchado de sangre, y su madre, que había visto cómo apaleaban a su hijo ante sus ojos, sollozaba destrozada.

Dos meses después, Shadi Jury, estudiante de 11 curso en la Escuela de los Amigos Cuáqueros de Ramala y residente en el barrio de Beit Hanina, estaba de vuelta, ayudando a sus padres a decorar la casa para Navidad. Todo era aún más hermoso que en nuestra visita anterior. Europa en las afueras de Ramala.

El árbol de Navidad resplandecía con un abanico de colores, al igual que los demás adornos brillantes en todos los rincones del gran salón, reflejando el resplandor y la calidez de las fiestas. Había galletas de jengibre decoradas y tarta navideña de mazapán, además de buen vino francés. Lo único que faltaba era nieve en las ventanas. Shadi había vuelto a casa.

Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. La fiscalía había recurrido al Tribunal Supremo para impedir su puesta en libertad, sin éxito. Pero el 27 de noviembre, tras 41 días de malos tratos, encarcelamiento e interrogatorios, el adolescente regresó por fin a casa con una alegre bienvenida. Pero cuando estuvimos de visita, vimos a un joven al que retenían y que no parecía querer sonreír.

Shadi es un chico alto, fuerte e impresionante que, como el resto de su familia, habla bien inglés. Ha tenido una experiencia difícil, cuyos signos aún son visibles en él. Es una experiencia a la que nunca pensó que se enfrentaría. Sus padres tampoco se lo esperaban.

Su madre, Rania, es directora del Centro Cultural Yabous de Jerusalén Este. Su padre, Suhail, es músico, compositor y director del Conservatorio Nacional de Música Palestina Edward Said de Jerusalén Este.

La tía de Shadi, Lora Jury, de 91 años, que vive cerca, en su propia casa de la calle Ingeniero Jury, que lleva el nombre de un patriarca de la familia, es una fiel lectora de Haaretz en inglés. (En una ocasión escribió una furibunda carta al ex Primer Ministro británico Tony Blair por no hacer nada para poner fin a la ocupación. “¿Parezco agresiva y enfadada? Así es exactamente como me siento”, concluyó en su carta a Blair).

En cualquier caso, fue Lora Jury quien nos llamó la mañana de la detención de Shadi, el 18 de octubre. Había oído sus gritos desde su casa. “Vinieron a detenerle, ¿por qué pegarle?”, nos preguntó entonces. “¿Qué ejército y qué policía han creado?”

Esta semana, Shadi ha relatado sin titubeos y sin miedo lo que vivió en una prisión israelí. En muchos momentos, no se comportó como un chico de 16 años. Por el contrario, parecía un adulto equilibrado, aunque con cicatrices. A su madre le preocupa que su adolescencia se haya perdido para siempre.

Ambos tenían opiniones diferentes. Ella animaba a Argentina en la final del Mundial, mientras que él era seguidor de Francia. Suhail apoyó a ambos bandos.

Esa noche, unos 40 parientes vinieron a colocar el árbol de Navidad familiar y a decorar la casa. El día de Navidad, habrá el mismo número de personas alrededor de la mesa festiva. Este año, sin embargo, tendrán que romper su tradición habitual de visitar a la madre de Rania el día de Navidad en Belén y no asistirán a la misa de Navidad, ya que Shadi se encuentra bajo arresto domiciliario.

La policía israelí llegó al domicilio de la familia a las 5.45 horas de aquel fatídico martes. Pidieron ver a Shadi, que vestía pijama: camiseta y pantalones cortos. Le confiscaron el teléfono móvil y le ordenaron que se cambiara. Le daba vergüenza desnudarse delante de ellos y empezaron a pegarle hasta que empezó a sangrar.

Una tomografía computarizada realizada tras su salida de prisión reveló que la policía le había roto la nariz. Cuando la policía lo sacó de la casa, quedó un rastro de sangre. Sus angustiados padres no sabían de dónde procedía la hemorragia.

Estaba descalzo cuando la policía lo sacó fuera y se lo llevó detenido. Permaneció con la misma ropa durante días, hasta que, en una vista judicial, su hermano Yussef se ofreció a darle a Shadi su propio abrigo y los guardias de la prisión accedieron.

Al describir su detención, Shadi dijo que 30 segundos después de despertarse sobresaltado, ya podía ver a los agentes en la casa. Recuerda que le tiraron al suelo y le golpearon.

Por su parte, la policía afirmó posteriormente que Shadi propinó puñetazos y patadas a los agentes, “empujando y corriendo salvajemente, intentando activamente frustrar la detención”. También acusaron a la familia Jury de intentar interferir en la detención, lo cual es muy cuestionable.

Justo después de la detención escribí: “Nuestros corazones están con los inocentes e ingenuos tipos de negro de la policía israelí. Un chico de 16 años les ‘atacó’, dicen, y su padre, el compositor, y su madre, que dirige un centro cultural, también se unieron. Y quizás Lora, la vecina y pariente de 91 años, también participó en el salvaje ataque a los agentes de la ley”.

Tras escuchar la descripción de Shadi de lo sucedido con sus propias palabras, no he revisado mi valoración de los hechos.

Shadi recuerda especialmente a un oficial llamado Moshe, el que le golpeó y le rompió la nariz mientras yacía en el suelo antes de ser sacado a rastras. Y en el coche que le llevó a la sala 4 del centro de interrogatorios del servicio de seguridad Shin Bet, en el Complejo Ruso del centro de Jerusalén, había otro agente que le sujetó por el cuello y le golpeó en el pecho.

La sala 4 está en la última planta del edificio. Tras tropezar en el primer escalón, Shadi, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, fue arrastrado escaleras arriba por sus carceleros. Ahora no sabe si sus interrogadores eran del Shin Bet o policías. Nunca aparecieron.

Los interrogatorios se graban, y en las tres sesiones distintas a las que se sometió en el Complejo Ruso, Shadi dijo que sus interrogadores se abstuvieron de golpearle. Pero sus carceleros le agredieron repetidamente antes y después del interrogatorio.

Antes del interrogatorio, los interrogadores le pidieron que les diera la clave para desbloquear su teléfono. Shadi recuerda que estaba mareado en ese momento, por lo que les dio el código equivocado dos veces, con el resultado de golpes en ambas ocasiones. También le acercaron a la cara un bote de espray de pimienta, sin llegar a utilizarlo, dijo, y le golpearon la cabeza contra una pared, enfadados porque no les había dado el código correcto.

Shadi declaró que perdió brevemente el conocimiento tras ser arrojado contra la pared y que se desmayó tres veces por la paliza. Uno de los agresores era un hombre alto con barba pelirroja que también compareció ante el tribunal; a Shadi le dijeron que se llamaba Avishai. Al parecer, también había golpeado a los otros adolescentes implicados en el caso, pero después de que el abogado de Shadi, Nasser Odeh, se quejara de él, Avishai abandonó la sala.

Cuando comenzó el interrogatorio, Shadi se negó a responder sin poder consultar a un abogado, como exige la ley. Odeh, a quien los padres de Shadi contrataron la mañana de la detención de su hijo, acudió a verlo, pero no se le permitió estar presente durante el interrogatorio.

Shadi nos contó que le interrogaron sobre un incidente ocurrido a principios de octubre en el que se apedreó un coche israelí en Beit Hanina, en el que una mujer resultó herida leve por fragmentos de cristal. Es uno de los seis jóvenes detenidos como sospechosos de estar implicados en el caso. Uno de los otros era Shadi, que niega haber estado presente durante el incidente. A diferencia de otros, no se le acusa de tirar piedras realmente, sino de golpear el coche, empujarlo y golpearlo con los puños.

El chico que lo nombró afirmó que Shadi era el cabecilla del grupo, pero Shadi insistió en que no conocía a los otros cinco. Los interrogadores le llamaron repetidamente “Shadi al-Masihi”, que en árabe significa “Shadi el Cristiano”. Le gritaron e insultaron a él y a su familia durante las sesiones.

Recuerda que uno de los interrogadores era un hombre llamado Shemi. Avishai, con barba pelirroja, también iba y venía durante el interrogatorio. En un momento dado, le dijeron que podía enfrentarse a seis años de cárcel si no confesaba. También le exigieron que firmara un formulario en hebreo, que él no lee. Le dijeron que era un formulario de consentimiento para tomar una muestra de ADN. Al principio se negó, pero entonces un carcelero pegó el formulario a una pared y metió en él la cabeza de Shadi. Finalmente firmó.

Shadi es un estudiante de secundaria de 16 años que nunca ha cometido ningún delito antiisraelí ni de otro tipo. Fue detenido con una camiseta del maratón de Belén, en el que participó con otros miembros de su familia. El lema de la camiseta es “Corriendo hacia la libertad”, lo que también enfureció a los guardias. En un momento dado, en su celda, levantó su ira cantando la canción árabe “Ala Bali” (“Lo que tengo en la cabeza”), y le ordenaron que se detuviera.

Shadi explicó que estuvo recluido 16 días en una celda similar a una jaula en el Complejo Ruso, tras lo cual fue trasladado a la prisión de Damoun, en el norte, donde había nueve presos por celda. Los reclusos con largas condenas de prisión son responsables de los menores detenidos allí. Profesores que hablaban árabe vinieron de fuera de la prisión para enseñar a los menores.

Cuando Shadi tuvo que comparecer ante el tribunal, pasó por el calvario habitual de dormir una o dos noches en una prisión de Ramle, y luego un viaje por la autopista hasta una breve vista en el Tribunal de Magistrados de Jerusalén. Cuando su caso llegó al Tribunal Supremo de Jerusalén -después de que el Estado solicitara que no se le permitiera el arresto domiciliario-, sus padres pidieron que no se le llevara a la sala del tribunal para evitarle la estancia en el centro de Ramle, y su petición fue aceptada. La próxima vista judicial está prevista para el 8 de enero.

“No dejaremos que nos estropeen la Navidad”, afirmó Rania Jury.

—Gideon Levy https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2022-12-24/ty-article-magazine/.highlight/beatings-humiliation-fear-israeli-jail-according-to-a-palestinian-teen/00000185-4237-dc10-a7d7-5ef77af50000

27 de diciembre de 2022

Tras 41 años en prisión Mumia Abu Jamal podría ser juzgado de nuevo

El galardonado periodista y escritor Mumia Abu Jamal lleva 41 años en prisión por un caso impregnado de racismo. El antiguo miembro de los Pantera Negra, de 68 años, es autor de una docena de libros, entre ellos el aclamado Live from Death Row (La vida en el corredor de la muerte).

Tras su juicio en 1982 por el asesinato del policía Daniel Faulkner, Abu Jamal fue condenado a muerte. En 2011 su condena se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional. Abu Jamal padece una grave afección cardiaca y otros problemas de salud.

Faulkner detuvo a William Cook, hermano menor de Abu Jamal, la mañana del 9 de diciembre de 1981. Abu Jamal, que conducía un taxi, pasó por allí y acudió en ayuda de su hermano. Tras un tiroteo, Faulkner fue abatido. Abu Jamal recibió un disparo en el estómago.

El 16 de diciembre la jueza Lucretia Clemons, de Filadelfia, abrió un nuevo proceso y en los próximos 60 a 90 días se espera una decisión para celebrar un nuevo juicio.

Sus abogados, Judith Ritter, Samuel Spital y Bret Grote, sostienen que si el jurado hubiera tenido conocimiento de las pruebas que se ocultaron en su juicio, Abu Jamal no habría sido condenado.

El 26 de octubre la jueza indicó su intención de denegar la petición de Abu Jamal de un nuevo juicio, pero tomará una decisión definitiva tras escuchar a las partes del caso.

En el juicio de 1982 la fiscalía no entregó pruebas que exculpaban al condenado. En 2018, un mes después de ser elegido fiscal de Filadelfia, Larry Krasner dijo que había descubierto seis cajas que contenían documentos que nunca habían sido entregados a los abogados de Abu Jamal. Se les etiquetó como “Mumia” o “Abu-Jamal”. La defensa los recibió por primera vez en 2019.

Las cajas contenían pruebas físicas que sugerían que a uno de los testigos de la acusación le habían sobornado para que declarara, y que a otro testigo presencial del tiroteo le habían prometido indulgencia en sus causas penales en curso a cambio de su declaración.

Fueron las únicas pruebas que vinculaban a Abu Jamal con el asesinato de Faulkner.