Tras dos meses de Estado de Alarma por el Covid-19, no ha habido día en que el gobierno no nos haya asegurado que las medidas adoptadas han sido por nuestra propia seguridad. Sobre todo, el mes y medio de confinamiento. Desde entonces, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército tienen tomadas las calles. Para justificar esto, el aparato mediático ha funcionado a la perfección ocultando las multas, las agresiones y cada abuso que están practicando en los barrios populares. El blanqueamiento de los cuerpos represivos es total.
De hecho, no solemos tener en mente a las víctimas de la represión ejercida durante este tiempo. De entre quienes sí las tienen, algunos piensan que la culpa la tiene el gobierno actual. Otros creen que se trata de los restos de las políticas del PP. La confusión está servida. Pero ¿Quiénes son los responsables de esta situación?
Para responder a esta pregunta, voy a partir de mi experiencia como represaliado político.
Lo cierto es que cuando muchas personas estábamos siendo condenadas a prisión por ejercer libertades políticas, la confusión era la misma que ahora. Parte de las opiniones responsabilizaban al gobierno del PP y la Ley Mordaza y otras tantas a los tribunales políticos y el Código Penal. Al mismo tiempo, cuando denunciábamos que estas condenas eran resultado de la falta de libertades y democracia, se nos solía rebatir que lo que había eran recortes en la libertad de expresión, producto de una democracia imperfecta, pero democracia, al fin y al cabo. Muchos manteníamos que no se trataba ni de una cosa ni de la otra y para ello, solíamos poner como ejemplo el origen de la Ley Mordaza. Que ésta es una continuación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, aprobada por el PSOE, y que ésta, a su vez, fue una continuación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1979 que aprobó la UCD, la cual tiene su origen en la Ley de Orden Público fascista de 1959.
Con esta aclaración, señalábamos que la Ley Mordaza no era el problema en cuanto a leyes, sino la misma legislación en sí, que transforma los derechos en delitos y provoca la falta de libertades que sufrimos, y que por tanto, que la lucha no consistía en derogar una u otra ley, sino en la conquista de las libertades políticas que se nos niega al pueblo.
Una vez que a muchos nos redujeron las condenas gracias a la enorme batalla de denuncia política que libramos, muchas de esas opiniones sentenciaron que esto fue resultado del cambio de gobierno.
Nosotros siempre preguntábamos lo mismo: ¿Qué sentido tiene que los mismos gobiernos que han aprobado las leyes que nos han condenado nos reduzcan las condenas? Entonces, nos aseguraban que tuviésemos paciencia porque el nuevo gobierno había prometido derogar las leyes que nos habían condenado a prisión. Pero el gobierno no sólo incumplió su promesa, sino que acabó aprobando la Ley Mordaza digital (1).
Ante esto, la respuesta que yo daba siempre era la siguiente:
A nosotros no nos ha investigado, imputado, juzgado y condenado ningún partido político. Nos ha investigado la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, la cual proviene de la Brigada Político-Social (2). Nos ha imputado el Ministerio Fiscal y nos ha juzgado y condenado la Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público (3), en este orden. Todas ellas son instituciones del Estado.
El problema no son ni las leyes, los partidos políticos ni el gobierno. Sino que éstos son la consecuencia del problema. Y el verdadero problema es el orden establecido que dicta las leyes, crea los partidos políticos y dirige al gobierno, que junto con todas sus instituciones, no tiene más objetivo que mantener el dominio económico de la clase dominante formada por los banqueros, grandes empresarios y altos mandos militares y religiosos sobre nosotros, la clase obrera, los trabajadores, el pueblo. Por eso da igual qué partido político esté en el gobierno, cómo se defina, cuáles sean sus siglas…
Porque el responsable de la represión, los ERTES, el hambre que están pasando muchas familias, las muertes por el virus y de lo que está por venir no es otro que el Estado, en este caso, un Estado fascista, que mantiene la misma base (bancos, grandes empresas, ejército e iglesia) que tenía durante la dictadura.
Muchos partidos que se dicen de «izquierdas» lo saben, pero nunca lo van a reconocer. Como parte que son del Estado, su objetivo no es enfrentarse a él, sino defenderlo. Esa es su naturaleza. Ellos son responsables de la confusión a la hora de diferenciar entre el gobierno y el Estado. Fueron los principales impulsores de la mentira de los «recortes» en la libertad de expresión, de que el fascismo se limita a Vox o de que es preferible el gobierno del PSOE-Unidas Podemos porque la derechona es peor.
Si hacemos como ellos y aseguramos que existen libertades políticas, entonces negamos la existencia de represaliados y de los más de 300 presos políticos que existen en este país. Con lo cual, damos por válida la represión y por último, damos por válido al fascismo. Nosotros no podemos caer en este juego oportunista que, como explotados, en nada nos beneficia. Nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Ni más ni menos, que a destruir de una vez por todas al Estado fascista español.
Pero para ello tenemos que empezar por tener claro cuál es nuestro objetivo.
En ningún caso puede ser el voto. En más de 40 años en los que la política se ha reducido a elecciones, nos vemos sin empleo digno, sanidad y educación pública de calidad ni libertades y derechos democráticos mínimos.
Tampoco puede ser la movilización por la movilización. Si repitiésemos el movimiento espontáneo del 15 M, que acabó diluyéndose hasta acabar en nada, tropezaríamos dos veces con la misma piedra.
Nuestro objetivo sólo puede ser la organización independiente y popular, al margen y en contra del Estado. Antes de la situación actual, se estaban dando pasos en esa dirección. Teníamos plataformas de trabajadores en lucha, colectivos antifascistas independientes, movimientos antirrepresivos, centros sociales, plataformas contra los desahucios y muchas más organizaciones que estaban combatiendo sin descanso al Estado, día tras día.
Como ahora tenemos una situación nueva, los métodos de organización que tendremos que emplear para organizarnos en base a nuestro objetivo también habrán de serlo. A su vez, tendría que ser necesario combinarlos con los que ya teníamos antes de esta situación. Para conquistar nuestros derechos y libertades, no tenemos que dudar en utilizar cualquier medio que sea necesario.
La situación se ha vuelto insoportable para el conjunto de los trabajadores. Tarde o temprano, las calles volverán a ser un campo de batalla. Podemos estar seguro de que un cambio profundo en nuestras condiciones de vida sólo será obra de la organización popular de los que nada ya tenemos, excepto nuestras cadenas de esclavos. Y nosotros, los más jóvenes, estamos obligados por nuestras circunstancias históricas a darlo todo hasta romperlas en añicos.
No podemos conformarnos con limosnas, ni reformas, sino a transformarnos en auténticos revolucionarios que sean capaces de organizarse a sí mismos y asegurar un futuro de verdad para nuestra clase. No tenemos tiempo que perder.
Notas:
La fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de 
