Para hacernos una idea del alcance de la represión de los últimos años empezaremos haciendo un breve repaso de los acontecimientos más relevantes. Leer más
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El irlandés Van Morrison ha saltado a la arena grabando tres canciones contra el confinamiento y otras medidas políticas represivas impuestas con el pretexto de la pandemia.
El conocido cantante califica dichas medidas como “fascistas”. Asegura que carecen de fundamento científico y ha desafiado al ministro de Sanidad de Irlanda del norte, Robin Swann, para que las revele a fin de que estén abiertas al escrutinio público.
En su página de Facebook el cantante escribe: “Hoy le pido al ministro de Salud de Irlanda del Norte que muestre todas las pruebas científicas que tiene a mano al pueblo de Irlanda del Norte para que puedan estar abiertas al escrutinio público”.
“Acepto que no soy un epidemiólogo, pero por supuesto él tampoco lo es. Sin embargo, estoy más que dispuesto a presentar las pruebas a intelectos eminentes dentro de este campo de la medicina, ya que al hacerlo podemos encontrar soluciones útiles a los muy graves problemas que enfrentamos ahora como sociedad.
“Es su trabajo probar la ciencia, no el mío. Simplemente la estoy cuestionando”.
Hace ya un mes que Van Morrison dijo que en torno al virus se había formado una “seudociencia” está tratando de reunir a los músicos en una campaña para restaurar los conciertos de música en vivo con el público a pleno rendimiento.
El ministro ha saltado en la revista Rolling Stone y en lugar de hacer lo que Morrison le pide, que ponga las pruebas encima de la mesa, larga la consabida letanía de los políticos cretinos, que es la misma en todo el mundo: el cantante es un conspiranoico, han muerto muchas personas y bla, bla, bla, bla, bla…
En una de sus últimas canciones “No More Lockdown” (No más confinamiento), el León de Belfast afirma que los científicos del Imperial College inventan “hechos torcidos”:
“No más confinamiento
no más abusos del gobierno
no más matones fascistas
perturbando nuestra paz
fingiendo que es por nuestra seguridad
cuando en realidad es para esclavizar”
Diez manifestantes fueron detenidos ayer en Londres durante una protesta que reunió a miles de personas contra el confinamiento y las restricciones de derechos en Gran Bretaña.
Los incidentes estallaron cuando la policía cargó para disolver la manifestación en la Plaza de Trafalgar porque no cumplía con la prohibición de actos multitudinarios.
El gobierno de Boris Johnson ha prohibido las reuniones de más de seis personas y el cierre de bares y restaurantes a partir de las 10 de la noche.
El uso de mascarillas pasa a ser obligatorio para los empleados del sector de la hostelería y el comercio minorista, además de para pasajeros de taxis y similares.
“En los sectores comercial, turismo, entretenimiento y otros, nuestros lineamientos para la prevención de la covid pasarán a convertirse en obligaciones legales. Los negocios podrán ser multados, e incluso cerrados, si no cumplen con las reglas”, advirtió Boris Johnson.
La asistencia a bodas ha quedado limitada a un máximo de 15 personas y ya no habrá excepciones para deportes practicados bajo techo.
El regreso paulatino de espectadores a los eventos deportivos también ha sido suspendida.
Una cuarta parte de los 66 millones de habitantes de Gran Bretaña están afectados por el confinamiento y las restricciones de movimientos.
El gobierno ha lanzado una aplicación para móviles basada en la tecnología Bluetooth que alerta a los usuarios si han pasado 15 minutos o más a menos de dos metros de otro usuario que ha dado positivo en una prueba.
La aplicación permite a los clientes proporcionar a los bares y restaurantes sus datos personales, una obligación legal, gracias a un lector de códigos QR.
Las revelaciones sobre esterilizaciones forzosas realizadas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia rompen con una larga historia de silencio sobre las castraciones en Estados Unidos, en particular a los negros, pobres y discapacitados, y su continuidad en cárceles y prisiones hasta el día de hoy.
Kelli Dillon, una mujer que fue esterilizada en el Centro de Detención para Mujeres de California Central en Chowchilla en 2001, aparece en el documental “Belly of the Beast” (El vientre de la bestia) que narra la historia de las presas que fueron sometidas a esterilizaciones no deseadas en cárceles de California. Dillon afirma que las mujeres que están en la cárcel son “castigadas” solo por solicitar su historial clínico.
“Si comenzamos a presionar […] nos regañan y, a veces, nos ponen en aislamiento”, dice Dillon que en 2006 se convirtió en la primera sobreviviente de una esterilización forzada que inició una demanda judicial contra el Departamento Correccional de California por daños y perjuicios.
Aunque la eugenesia se vincula al III Reich, Indiana se convirtió en 1907 en el primer estado en aprobar una ley de eugenesia, que permitía la esterilización obligatoria. Entre 1907 y 1914 otros 11 estados más aprobaron una norma similar y, para 1925, el número alcanzó los 28 estados.
Al principio las leyes ponían el foco en personas ingresadas en instituciones siquiátricas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su radio de acción se fue expandiendo a los alcohólicos, ciegos, sordomudos, epilépticos, e incluso a los criminales.
Una comisión de médicos examinaba el historial de cada persona y determinaba si debía ser castrada o no. Uno de los casos más espeluznantes fue el Carrie Buck, que ya relatamos en otra entrada.
Entre 2006 y 2010 el Departamento Penitenciario de California esterilizó a casi 150 mujeres sin autorización.
“La esterilización forzada es un genocidio”, señala la cineasta Erika Cohn, directora de la película “El vientre de la bestia”, cuya realización llevó casi una década. La película se estrena en las salas de cine el 16 de octubre y en el programa “Independent Lens” de PBS el 23 de noviembre.
Hace cuatro años, el 26 de septiembre de 2016, se firmó un acuerdo llamado “de paz” entre el gobierno de Colombia y las FARC que es “letra muerta” porque el terrorismo de Estado ni ha acabado, ni acabará.
Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a finales del año pasado en Siria había poco más de seis millones de personas desplazadas a causa de la guerra que asola al país desde 2011. En Colombia la cifra es de ocho millones de refugiados internos. El país sudamericano sigue teniendo el mayor número de desplazados internos del mundo.
Desde principios de 2020, más de 16.000 personas han sido desplazadas. Pero si ahora hay “paz”, ¿cuáles son las causas de que continúen los desplazamientos? Porque no hay campesinos desplazadas a causa de una guerra, hay una guerra para desplazar a los campesinos de las tierras que cultivan.
La cuestión, pues, es y siempre ha sido la propiedad de la tierra, no la lucha armada. Una parte del acuerdo “de paz” habla de otro brindis al sol: la reforma agraria integral que, tras cuatro años después de la firma de los acuerdos es letra muerta: de los 6,5 millones de hectáreas despojadas en las décadas anteriores, han sido devueltas a los campesinos menos del 6 por ciento.
En Colombia hay un problema de clase camuflado bajo las vestimentas de los derechos humanos. Por ejemplo, desde 2017 el número de asesinatos de sindicalistas ha vuelto a aumentar.
En casi la mitad de los casos los autores de los asesinatos de sindicalistas no han sido identificados. De los que han sido identificados, la mayoría son paramilitares.
En 2019 fueron asesinados 66 miembros del pueblo nasa, una minoría étnica colombiana.
En 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. En 2018 fueron asesinados 34 sindicalistas. Otros 14 murieron entre 2019 y principios de este año.
Colombia es el país donde la vida de un ecologista no vale nada. 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender su tierra o por oponerse a la destrucción de la naturaleza en 2019. De ellos, 64 eran colombianos.
El 26 de febrero de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual sobre la situación en Colombia el año anterior, que describe un panorama sombrío. 36 ataques, que resultaron en la muerte de 133 personas – el número más alto desde 2014 – se registraron ese año. Además, 108 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. La organización colombiana Indepaz, el 21 de agosto de 2020, contabilizó el milésimo dirigente social o defensor de los derechos humanos asesinado desde la firma del acuerdo “de paz” en 2016.
La “paz” ya ha llevado al cementerio a mil personas. A ese precio es preferible la guerra.
La revista especializada “Oral Health Group” ha retirado de su sitio web un artículo de investigación de 2016 que concluía que las mascarillas no sirven para detener la propagación de enfermedades.
La excusa que ofrece la revista es que el artículo “ya no es relevante en el clima actual” (1).
El artículo era una síntesis de los estudios de investigación realizados sobre la eficacia de las mascarillas como herramientas de prevención de enfermedades. En general, la revisión encontró pruebas de que las mascarillas tienen poco o ningún valor como herramienta de control de infecciones.
El autor era John Hardie, un dentista especializado con 30 años de experiencia en el control de infecciones. El artículo incluía más de 30 referencias y fuentes de revistas académicas y estudios debidamente revisados.
La reconstrucción telemática del artículo censurado (2) muestra que permanecía intacto el 25 de junio y desapareció entre el 2 al 9 de julio, siendo reemplazado el 10 de julio por la declaración oficial de la revista.
La censura de la revista no dice que el estudio fuera erróneo y que se hubieran apercibido de ello cuatro años después de publicarlo. Lo que ha cambiado es la situación o, como dicen ellos mismos, “el clima actual”.
No puede extrañar que luego algunos digan que no hay pruebas de tal o cual tesis, o que los gregarios sostengan que quien se opone a las mascarillas es eso que llaman “la ultraderecha”.
Los domesticados juegan con ventaja. No es la primera vez ni será la última en la que las pruebas desaparecen por intereses espurios.
El doctor Denis Rancourt llevó a cabo una revisión de las publicaciones científicas existentes sobre las mascarillas que apareció en ResearchGate el 3 de junio, luego desapareció y también se ha podido recuperar para internet (3).
Los problemas de todo tipo que las mascarillas causan a la salud son conocidas desde siempre y en mayo ya lo denunció una farmacéutica en Tele5 que, si el lector no se da prisa en descargar, puede desaparecer de internet en cualquier momento (4).
Al principio de la pandemia el gobierno no exigió mascarillas y luego pasó a exigirlas, no por una cuestión científica sino porque ya las había en el mercado.
En algunos países es obligatoria y en otros no porque la ciencia cambia en cuanto cruzas las fronteras.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la cuestión no es la mascarilla, ni la ciencia, ni la salud sino la censura y la histeria que han introducido en buena parte del mundo, con la plena complicidad de quienes dicen hablar en nombre de una “izquierda” que a cada paso da síntomas de servilismo y postración, convocando reuniones y concentraciones donde las mascarillas son imprescindibles para participar.
De verdadera vergüenza. Como en la Edad Media, oscilamos entre la censura y el linchamiento mediático.
(1) https://www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review/
(2) https://web.archive.org/web/20200625094522/https://www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review/
(3) https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2/mode/2up
(4) https://www.telecinco.es/informativos/salud/alertan-hongos-rozaduras-dermatitis-uso-mascarillas-coronavirus_18_2944995275.html
¿Qué ocurrió en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo durante el levantamiento fascista y la Guerra Civil? ¿Cuántas personas fueron asesinadas en ese lugar? ¿Qué recuerdan los lugareños sobre aquellos trágicos días?
El Ayuntamiento de la localidad, tras un requerimiento de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha reconstruido los trágicos días del levantamiento y la Guerra Civil.
El relato ahora recuperado permite adivinar la dimensión del drama vivido durante la posguerra. Ha sido elaborado por el propio consistorio: “Pese a que en ninguno de los pueblos del municipio se vivieron actos de violencia ni existió enfrentamiento alguno entre los vecinos por razones políticas, a partir de 1936 el pueblo de Villadangos pasó a la historia por los fusilamientos que tuvieron lugar en el monte”, junto a la Nacional 120.
Se desconoce el número exacto de personas que encontraron la muerte en las circunstancias mencionadas. Algunos investigadores afirman que en el Registro Municipal fueron registradas 86, aunque la lista debe ser revisada.
Cabe destacar la particularidad que se dio en Villadangos alrededor de estos dramáticos sucesos, por la especial sensibilidad con la que los vecinos trataron a las personas fusiladas en el monte. Nos referimos a la coordinación y humanidad que demostraron los viadangueses para dar sepultura a aquellos que fueron represaliados y fusilados.
Al producirse estos terribles hechos cerca de la Estación del Ferrocarril, los trabajadores de la misma, alertaban a los vecinos del pueblo la misma noche en la que se producían los fusilamientos. El párroco del pueblo, Manuel García Arias, fue una de las personas esenciales para llevar a cabo la búsqueda de los cuerpos y sus posteriores sepelios. Como confirman los descendientes de alguno de los monaguillos del momento, Manuel, junto con vecinos del pueblo, acudían en carro de tracción animal a recoger a los fallecidos para después darles cristiana sepultura en el cementerio de la localidad.
Los testimonios de alguna de las personas vivas más mayores de Villadangos en estos momentos, recuerdan como de niños vieron algún carro cargado de cadáveres camino del cementerio. Una imagen brutal que sin duda quedó grabada en sus retinas.
Madrid es lo más parecido a Berlín durante la Guerra Fría. Sólo falta el muro, las alambradas y Checkpoint Charlie. Más de 200 policías locales irán rotando por 60 puntos aleatorios en el perímetro de las 26 zonas a las que han impuesto el confinamiento.
Según el Consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, habrá controles puntuales de identificación que serán aleatorios y dinámicos y que durante las primeras 48 horas tendrán carácter informativo.
Las personas que viven en las zonas confinadas disponen de formularios para justificar las salidas y entradas de sus barrios.
Los policías se centrarán en tres aspectos: restricciones de movilidad, comprobación del cumplimiento de horarios y de aforos en comercios y hostelería, e intentar garantizar el cumplimiento del aislamiento de las personas con PCR positivas.
La Policía Municipal ya tiene diseñados sus dispositivos y trabajará en colaboración con la Policía Nacional para imponer la orden de confinamiento.
A la entrada de Puente de Vallecas han colocado dos controles, uno debajo del puente de la M-30 y el otro a la salida de la carretera de circunvalación en dirección norte.
La Policía Municipal ha entrado dentro de los autobuses de la EMT para pedir el salvoconducto a los viajeros que se encontraban dentro.
El Ayuntamiento también va a volcar sus servicios municipales para ayudar a las personas más vulnerables de las zonas confinadas para que puedan cumplir la cuarentena.
También va a reforzar las tareas de limpieza y desinfección y se prestará ayuda en la realización de los tests de antígenos, que han comenzado hoy.
La policía británica aplicará la legislación antiterrorista a los apestados por coronavirus para archivar sus huellas dactilares y su ADN.
El jueves pasado se aprobó una nueva ley en Gran Bretaña (*) que permite a la policía conservar las huellas dactilares y los perfiles de ADN de las personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus a partir del 1 de octubre.
La nueva ley lleva el título de “Retención de huellas dactilares y perfiles de ADN en interés de la seguridad nacional”.
La ley establece que el coronavirus tiene, “o es probable que tenga”, un efecto adverso en la capacidad de las personas responsables de tomar decisiones en materia de seguridad nacional y que la conservación de las huellas dactilares o los perfiles de ADN redunda en interés de dicha seguridad.
La legislación entrará en vigor el 1 de octubre de este y se espera que expire el 24 de marzo del año que viene, aunque es muy probable que sea prorrogada indefinidamente, hasta hacerse permanente, como suele ocurrir en este tipo de normas.
Algunas de las disposiciones de control se incluyen bajo el cajón de sastre del “terrorismo”, que también sirve igual para un roto que para un descosido.
Si el “terrorismo” no tiene nada que ver, la pandemia tampoco. Es la ruta hacia un estado de control y vigilancia totales. En 2008 la policía fue equipada con un nuevo dispositivo que le permite tomar huellas dactilares de las personas en la calle.
Entonces prometieron lo mismo que ahora: no van a almacenar las huellas dactilares.
Entre 2012 y 2013 las escuelas británicas recogieron las huellas dactilares de más de 800.000 alumnos, la mayor parte de las veces sin el consentimiento de sus padres.
Para los que no se quieren enterar de nada: los sensores de huellas dactilares fueron fabricados para la policía británica por científicos de la Universidad de Sheffield y son capaces de identificar cualquier objeto o sustancia que la persona haya tocado o con la que estado en contacto.
(*) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/973/made
El pasaporte sanitario no se lo han inventado los conspiranoicos sino la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha impuesto un salvoconducto que permite al portador justificar la entrada y salida de cualquiera de las 37 zonas confinadas.
La Consejería ha insertado un enlace para que cualquier madrileño pueda descargar el salvoconducto, cuyas menciones individuales aparecen en blanco (1).
Quien necesite desplazarse deberá rellenar documento con el nombre, número de DNI, lugar de trabajo, el NIF de la empresa y el domicilio.
La firma del documento es una declaración por la cual la persona afirma que se desplaza “al lugar de trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, profesionales o empresariales”.
A tenor del texto, no es posible ningún otro tipo de desplazamiento.
Por si no hubiera bastante con la policía, el gobierno trifachito ha pedido al central que ponga al ejército a controlar el confinamiento en las calles de Madrid (2).
Mientras, en la calle los oportunistas siguen haciendo de las suyas y dirigiendo sus ataques sólo contra Ayuso y el gobierno autonómico, desviando la atención y sacando del foco de las protestas al gobierno central, tan involucrado como el anterior en la medida antipopular.
Es una constante desde que comenzó la pandemia y consiste en ocultar que, lo mismo que durante la batalla contra el movimiento independentista catalán, el Estado de las autonomías es una ficción. Con el pretexto de la pandemia, España ya está bajo un mando único y centralizado (3), lo cual es otro de los experimentos que vienen poniendo en práctica desde la declaración de estado de alarma en el mes de marzo.
El mando único está por encima de gobiernos autonómicos, de hospitales (públicos y privados), de médicos, de farmacias y de empresas farmacéuticas. Es un 155 sanitario y es la primera vez desde 1977 que no hay 18 sanidades diferentes (la militar más las de las 17 comunidades autónomas).
Así es la ley marcial. A los trabajadores sanitarios se les imponen servicios extraordinarios en horarios, vacaciones o excedencias y pueden ser destinados a actividades diferentes a la que ya estén desempeñando si fuera necesario.
Ahora vamos a ver si los oportunistas siguen pretendiendo desviar la atención exclusivamente hacia Ayuso y el trifachito que gobierna Madrid.
(1) https://bit.ly/2RJs77T
(2) https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/21/5f679676fdddff3a098b4654.html
(3) https://www.abc.es/sociedad/abci-sanidad-queda-bajo-mando-unico-espana-coronavirus-202003151742_noticia_amp.html
Más información:
– Antes la policía nos fichaba por nuestros crímenes, ahora los médicos nos fichan por nuestras enfermedades
– Ya tiene a su disposición su tarjeta de apestado y puede pasar a recogerla en cualquier momento
– El certificado digital de vacunación se probará en niños del Tercer Mundo con implantes bajo la piel