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Detenidos los internacionalistas españoles que combatieron al fascismo en el Donbás

Dentro de la llamada Operación Danko, la Policía Nacional ha detenido esta mañana a ocho antifascistas españoles de la Brigada Internacional Carlos Palomino que han regresado de Ucrania tras haber participado en la defensa del Donbás.
El Ministerio del Interior les imputa diversos delitos totalmente inventados, como tenencia de armas y explosivos, participación para cometer asesinato y actos que atentan contra los intereses de España en el exterior.
La Operación Danko ha sido coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y desarrollada en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Los combatientes retornados han sido detenidos a las 6:30 horas de la madrugada. Además, se están realizando diversos registros.
Esta operación culmina una campaña represiva de la Comisaría General de Información dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las diligencias las tramita el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional. La operación continúa abierta.
Un grupo de antifascistas que se autodefinieron como «anticapitalistas» relataron el pasado mes de septiembre que se habían desplazado al este de Ucrania para combatir al fascismo junto a los milicianos del Donbás. Uno de los integrantes del grupo concedió una entrevista por correo electrónico en la que afirmaba que Estados Unidos «lo sigue arrasando todo» y explicaba que su objetivo es emular a las brigadas internacionales que acudieron a España para luchar en la guerra civil contra las tropas de Franco. El interlocutor no precisó cuántos españoles habían partido a Ucrania, ni sus nombres ni lugares de procedencia.
«Es el cuarto Reich y en Europa la extrema derecha vuelve a resurgir. La clase obrera necesitaba de su ejercito proletario. Y estos son los primeros pasos de su nueva creación. Hermanos proletarios del mundo. No estáis solos», arengaba este antifascista el pasado septiembre. Para ello fundaron la Brigada Internacional Carlos Palomino en homenaje al joven antifascista asesinado en Madrid por un militar de ideología neonazi cuando acudía junto a otros a protestar una manifestación de extrema derecha.
La Brigada Internacional Carlos Palomino la integraban en ese momento unos diez antifascistas procedentes de varias ciudades del Estado español. Su portavoz decía que había personas de otros países que querían unirse a ellos y aclaraba que su grupo es diferente del de otros dos antifascistas que se encontraban en la región de Donetsk. Estos dos antifascistas fueron los primeros en llegar al conflicto procedentes de España y su llegada fue recogida por varios medios de comunicación locales e internacionales.
«Todo nos lo hemos pagado nosotros, de nuestros bolsillos, un dinero ganado con mucho sudor. Somos proletarios. Y no recibimos apoyo económico ni nos dan dinero por pelear aquí. Tampoco lo aceptaríamos, somos anticapitalistas, no somos mercenarios. Hemos venido aquí por solidaridad internacional. Nos pagan con orgullo, compañerismo y dignidad. De eso se alimentan nuestros corazones», explicaba.
El grupo se dejaba ver por las ciudades del Donbás con una bandera de la República Popular. Sobre ella pintaron el nombre de «Brigada Internacional Carlos Palomino» y la usaron para fotografiarse con ella colocándola en la parte delantera de un camión aparcado, según decían, «en un punto de defensa de una ciudad del Donbás».
Sobre la bandera se veía colocada una pistola y en la imagen se veía a cuatro personas, todas ellas con las caras difuminadas para evitar ser reconocidos. Tres de ellos iban vestidos con prendas militares y dos iban armados. El cuarto, aparentemente el único español de la foto, iba vestido con chándal, gorra y una sudadera con un parche de una esvástica tachada. En el camión también se apreciaba una bandera negra de la Acción Antifascista.
Preguntados acerca de si la Carlos Palomino había entrado ya en combate contra las tropas de Kiev, afirmaban que, «por seguridad», no podían contestar. Relataba en cambio que les habían recibido «con los brazos abiertos» y «con mucho cariño». «Somos compañeros de clase y de lucha, independientemente de nuestro color de piel o idioma que usemos», defendía.
Este grupo contaba con un comunicado fundacional en el que manifestaban «el honor de comunicar que las Brigadas Internacionales han vuelto». «Hace casi 80 años, cuando todo el mundo nos dejó solos, contra Franco, Hitler y Mussolini, más de 50.000 trabajadores de más de 54 naciones distintas lo dejaron todo para venir a luchar y morir en nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestro futuro y es hora de que la historia nos ponga a su altura», explicaban.
En ese sentido añadían que «siete brigadas se conformaron en España en el 36… aquí tenéis los primeros pasos de la octava en un nuevo siglo con idéntica esencia de lucha social». «Las Brigadas Internacionales han vuelo y ya no desapareceremos nunca», advertían.

La policía de Chicago utiliza un almacén para torturar a los detenidos

La policía de Chicago utiliza “un almacén especial” como prisión clandestina para llevar a cabo interrogatorios y aplicar diferentes métodos de tortura contra los detenidos, reveló el miércoles el diario británico The Guardian.
Los policías emplean este almacén, denominado “sitio negro”, para mantener a los detenidos fuera de sus bases de datos, golpearlos, encerrarlos con grilletes durante “periodos prolongados” y evitar que tengan acceso a un abogado durante 24 horas. Incluso niños de tan solo 15 años han sido sometidos a estas prácticas brutales.
Pese a que Estados Unidos ha cometido crímenes similares en todo el mundo desde el 11 de septiembre de 2001 con el pretexto de la “guerra contra el terror”, la investigación del periódico británico indica que el “sitio negro” es para personas no sospechosas de actividades relacionadas con el llamdo “terrorismo”, sino que “es compartido por unidades antipandillas y antidrogas de la policía”.
En este mismo contexto, informa el diario, Jacob Church, un hombre detenido por la policía de Chicago, fue interrogado durante 17 horas en ese lugar “sin recibir sus derechos Miranda”, es decir, la notificación de que puede guardar silencio, dijo Church a The Guardian.“Esencialmente no se me permitió tener contacto con nadie”.
En los últimos meses, la policía de Estados Unidos ha recibido críticas de todos los lados por las palizas brutales, sobre todo a raíz de una serie de muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de efectivos que causaron masivas protestas a lo largo del país.
En 1994 Estados Unidos se adhirió a la Convención contra la Tortura, un compromiso internacional que nunca ha ratificado con posterioridad. El año pasado el informe del Senado sobre las torturas practicadas a los detenidos por «terrorismo» desde 2001 resultó demoledor para el mundo entero, a pesar de la tortura es una práctica corriente de la CIA desde su origen en la posguerra.
Pero la CIA no sólo tortura con sus propias manos, sino que siempre ha sido una escuela para los torturadores del mundo entero. En los años sesenta la Escuela de las Américas, donde los espadones latinoamericanos estudiaron la manera de aplastar a sus pueblos respectivos, incorporó la tortura como un método de interrogatorio a los detenidos políticos. En aquella época se redactó el manual “La Lucha Contra la Subversión” en el cual se detallaba los métodos y prácticas, con el uso de instrumentos especiales para hacer “hablar” hasta a los más inocentes. Se calcula que más de 80.000 militares latinoamericanos pasaron por esa escuela que fue llamada por las instituciones de derechos humanos como la “Escuela de la Tortura”.
Posteriormente se cambió de nombre, convirtiéndose en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Uno de los jefes del Servicio de Inteligencia de Uruguay en la época de la dictadura militar (1973-1985), el almirante Eladio Moll, declaró que “EEUU nos enseñó y adoctrinó a torturar y matar a los prisioneros políticos bajo el lema “tortura y mata”.
En Chile Augusto Pinochet Hiriart, el hijo del infame asesino reconoció en 2001 que “la guerra antisubversiva no la aprendimos de nadie más, que de los norteamericanos. Cuando ellos hablan de tortura, son los métodos de interrogación que nos enseñaron”.
La técnica de los “vuelos de la muerte” practicados durante la dictadura en Argentina (1976-1983) para tirar a los prisioneros vivos al mar después de torturarlos y en el caso de las mujeres, violarlas, fue la continuidad de la experiencia norteamericana en Vietnam con “el viaje interrumpido en helicóptero” o “la lección de volar”.
La CIA formó los primeros equipos médicos destinados para mantener vitales y saludables a los torturadores y mantener vivos a los torturados durante el interrogatorio. Los mejores científicos fueron contratados para la industria de la tortura.
Estados Unidos redactó el Manual de Entrenamiento para la explotación de Recursos Humanos bautizado como Manual del Buen Torturador. En 1992 Dick Cheney, entonces Secretario de Defensa, ordenó destruir todos aquellos manuales que contenían “material ofensivo y desagradable”.
Diez años después cambió de idea autorizando y legalizando la tortura junto con George W. Bush, George Tenet y Donald Rumsfeld, que convirtieron a su país en un Estado torturador.

Washington legaliza la marihuana

A partir del mediodía de hoy entra en vigor la llamada Iniciativa 71 que legaliza el consumo de marihuana en la capital de Estados Unidos, Washington DC, después de que fuese aprobada el pasado mes de noviembre por una amplia mayoría.

La Iniciativa 71 permite a los mayores de 21 años poseer poco más de 50 gramos de marihuana y cultivar hasta seis plantas en casa, aunque esta medida no se aplica a los sectores de la ciudad bajo autoridad federal.

Tras aprobarse la iniciativa, el Congreso intervino, prohibiendo al Distrito de Columbia, al que pertenece Washington DC, promulgar un marco regulatorio para la venta o la imposición de impuestos sobre la marihuana. Por lo tanto, deberá ser plantada y consumida en casa.

La pena para un individuo detenido por fumar o consumir marihuana en público puede ser de hasta 60 días de cárcel o una multa de 500 dólares. Por su parte, los dueños de restaurantes y negocios que permitan a los clientes consumir marihuana podrían perder su licencia comercial.

«Vamos a defender la letra y el espíritu de la iniciativa que fue aprobada el año pasado, y vamos a establecer un Grupo de Trabajo de la Iniciativa 71 para coordinar nuestros esfuerzos de cumplimiento, de sensibilización y de compromiso», ha explicado el alcalde del Distrito, Muriel Bowser, en un comunicado.

Las elecciones del pasado mes de noviembre en Estados Unidos sirvieron para renovar el Senado y Congreso, así como para elegir a los gobernadores de multitud de estados. No obstante, muchas personas también estaban llamadas a votar sobre medidas que afectan a sus comunidades locales como la legalización del consumo de marihuana.

Los votantes de Oregón y Alaska, en la costa oeste, y la capital, Washington DC, aprobaron la iniciativa de legalización de la marihuana por lo que millones de estadounidenses podrán poseer la planta y posiblemente comprarla en un futuro cercano.

El estado de Florida también estaba llamado a las urnas para legalizar la marihuana medicinal. Se registró un 57,5 por ciento de los votos favorables, pero no alcanzó el 60 por ciento necesario.

El Reino Unido reconoce que se ha convertido en un Estado policial

El miércoles de la semana pasada el gobierno del Reino Unido admitió públicamente que sus espías escuchan conversaciones privadas entre los abogados y sus defendidos con el fin de adquirir una posición de ventaja en los litigios ante los tribunales.

“A la vista de las recientes sentencias del Tribunal de Poderes de Investigación (IPT, por sus siglas en inglés), reconocemos que las líneas políticas adoptadas desde 2010 no cumplen del todo los requisitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en concreto el artículo 8 (derecho a la intimidad)”, dijo un portavoz del Gobierno británico.

El reconocimiento pone en una situación muy incómoda a los responsables británicos, advierte el diario londinense The Guardian.

El pasado 6 de febrero, un tribunal británico dictaminó que el sistema de intercambio de datos personales recolectados por los servicios de Inteligencia, usado durante 7 años por la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés), es ilegal.

El IPT se dispone a oír el caso de dos libios, Abdel-Hakim Belhadj y Sami al-Saadi, que fueron secuestrados junto a sus familias en una operación conjunta de la CIA y del Servicio de Inteligencia Secreto británico (conocido como MI6), que los enviaron a la capital libia, Trípoli, donde fueron torturados en 2004.

La directora del departamento legal de la organización londinense Amnistía Internacional, Rachel Logan, ha descrito las actividades de la Inteligencia británica como “nada menos que la violación de un principio fundamental del imperio de la ley”.

El periodista británico Alan Hart denunció al canal iraní en inglés PressTV que el Reino Unido se está convirtiendo en un estado policial. “El espionaje que nos hacen a todos está empeorando cada vez más según pasa el tiempo”, dijo Hart. “Al Gobierno lo han cogido con las manos en la masa, por lo que puede decirse que en realidad no puede sino admitir” sus infracciones.

No obstante, la gravedad del asunto es mayor porque las entrevistas con los abogados están aparadas -o deberían- por el secreto profesional, sin el cual el derecho de defensa también desaparece. Su invocado Estado de Derecho se viene abajo. En su totalidad.

Imputados 8 guardias civiles por maltratar a los inmigrantes que saltan la valla

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla que investiga las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en la ciudad autónoma de Melilla, ha imputado a 8 guardias civiles por los golpes que recibió un migrante el pasado 15 de octubre, hechos documentados en vídeo por la ONG local Prodein.
El auto convoca a estos guardias civiles para dirimir si «pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante».
El juez indica además en el auto que «en el supuesto de que pudiera determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido alguna lesión» se imputaría «un delito de lesiones» a los guardias civiles.
Los guardias civiles llamados a declarar «en calidad de imputados» lo son «en relación a la acción que ha sido documentada en soporte videográfico de actuaciones», según el cual un inmigrante conocido como Dani «que no ha sido identificado hasta el momento», fue «rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles» cuando bajaba por una escala de la valla de Melilla, «siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España atravesando el perímetro fronterizo».
«Es necesario determinar si tal empleo de la fuerza fue o no contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la guardia civil el ciudadanos subsahariano parece empuñar un garfio en la mano derecha», añade el magistrado.
Se trata del suceso documentado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre en la valla de Melilla, cuando un inmigrante, que identificó como un camerunés de 23 años llamado Dani, fue rodeado y golpeado por un grupo de agentes de la guardia civil mientras descendía por la escala que los agentes habían colocado para desalojar la valla, a la que se habían encaramado varias personas.
La Asociación Pro Derechos Humanos, la propia Prodein, Andalucía Acoge y la Coordinadora de Barrios presentaron denuncia ante el juzgado tanto por la fuerza que emplearon los guardias civiles como por la devolución sumaria a Marruecos que ejecutaron después de los inmigrantes que fueron interceptados.
La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de enero y acumulada a la causa abierta en este juzgado para investigar las llamadas devoluciones en caliente, la misma en la que fue imputado en septiembre el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla por un posible delito de prevaricación, ya que es el responsable del protocolo contrario a la Ley de Extranjería que rige este proceder en la frontera melillense.
El abogado de la acusación, José Luis Rodríguez Candela, asegura que el garfio que menciona el auto judicial es una herramienta que se fabrican los emigrantes para poder ascender por la malla, diseñada de tal manera que impide introducir los dedos entre los alambres.

El Partido Comunista de Ucrania sigue ilegalizado

En mayo del año pasado el dirigente del Partido Comunista de Ucrania, Piotr Simonenko, declaró que si fuera jefe de Estado “retiraría inmediatamente todas las tropas” de las regiones orientales del país y calificó la “operación especial” en el este como una “guerra contra el pueblo”.
En respuesta, el entonces presidente en funciones, Alexandr Turchinov, pidió al Ministerio de Justicia inspeccionar la actividad de la organización comunista e insinuó la posibilidad de prohibirla.
Inmediatamente después el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que el Partido Comunista realizaba una actividad anticonstitucional al apoyar a las milicias de Lugansk y Donetsk.
El 22 de julio los diputados ucranianos autorizaron al presidente del Legislativo a disolver el grupo parlamentario comunista.
El Partido Comunista de Ucrania recurrió ante el Tribunal Administrativo de Kiev que, después de una reunión mantenida ayer se negó a revisar la prohibición de la actividad de los comunistas.
El juez del Tribunal Administrativo, Valeri Kuzmenko, ha justificado su inhibición afirmando que no puede seguir investigando la demanda presentada por el Ministerio de Justicia ucraniano debido a la presión por parte de la Fiscalía General.
El lunes la fiscalía ucraniana informó que la policía había registrado el edificio del Tribunal Administrativo debido a las falsificaciones en las que ha incurrido el Tribunal desde 2012.
“El juez del Tribunal Administrativo de Kiev, Valeri Kuzmenko, se negó a examinar el caso sobre la prohibición del Partido Comunista de Ucrania y lo entregó a otro tribunal”, señala un comunicado del Partido Comunista publicado ayer en su página web.

El negro que cagó en el calabozo y el policía que cogió la fregona para limpiar la mierda

Aunque los hechos no han trascendido hasta ahora, el pasado día 16 de enero un senegalés detenido en la Comisaría de Delicias, en Valladiolid, denunció que un policía le arrojó encima seis garrafas de agua a través de los barrotes de la celda. El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital pucelana «investiga» los hechos (o al menos eso es lo que dice).
Los sindicatos de la policía han reaccionado como siempre: cerrando filas al estilo corporativista, o sea, fascista. Luego se quejan de que siempre metemos a toda la policía en el mismo saco. Dicen que en la policía, como en todas partes, hay buenos y malos, pero según ellos, los policías siempre son buenos y por eso salen en defensa de su colega. En un comunicado el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía aseguran que los hechos no son constitutivos de delito.
Pero veamos, señores policías: ¿por qué se meten Ustedes en camisa de once varas? Si tirar seis garrafas de agua encima de un detenido es o no delito, eso le corresponde decidirlo a un juez, para lo cual primero tendrá que ponerse a investigar y a Ustedes les pagan para ayudarle en esa tarea. Lo que Ustedes nos quieren decir es que si no hay delito no hay nada que investigar, o sea, que Ustedes disponen de alguna ciencia infusa que, de antemano, les lleva a investigar unas cosas, mientras que otras las dejan de lado. ¿Acaso se consideran Ustedes juez y parte?, ¿creen que el más capacitado para juzgar a un policía es otro policía o que el más capacitado para juzgar a un corrupto es otro corrupto?
En su comunicado los mencionados sindicatos muestran su «total y absoluto apoyo» a la actuación del policía, a la que habría que calificar -incluso- de «higiénica» ya que, en palabras de Jorge Morante, responsable provincial del SUP, se limitó «a limpiar con agua la celda después de que el detenido hiciera en ella sus necesidades».
El sindicalista no aclara si la limpieza de la celda se hizo con el negro dentro o fuera de la celda, es decir, si el policía se dispuso a limpiar ambas cosas a la vez, o si sólo trataba de limpiarle el culo al sucio negro, o si le mojó por descuido mientras se afanaba en pasar la fregona a la celda, o si… Hay varias hipótesis.
La escena que ha quedado grabada por las cámaras de seguridad de la comisaría debe ser maravillosa: ¿se imaginan Ustedes a un policía limpiando la cagada de un negro dentro del calabozo?, ¿le imaginan llenando el cubo de agua, añadiéndole luego un poco de lejía, echando ambientador con olor a pino y pasando la fregona a las baldosas?
Cuando los hechos han trascendido, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha apelado a la presunción de inocencia y a la prudencia hasta que las investigaciones queden esclarecidas. El subdelegado también ha aprovechado los micrófonos para asegurar que se trata de algo aislado.
En efecto, tiene razón el subdelegado; es un hecho muy aislado. Nunca hubiéramos imaginado a un policía limpiando la cagada de un negro en el calabozo, salvo que los recortes presupuestarios estén alcanzando tales extremos.
Estamos impacientes por ver las grabaciones de vídeo.

Las pintadas también son delito

En Valladolid la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha llevado a cabo una redada contra un grupo de cuatro jóvenes que realizaba pintadas en los transportes públicos.
Las pintadas las llevaron a cabo en las localidades de León, Madrid, Valladolid y Valencia.
Se trata de los integrantes del grupo «Crew» y que actuaban con las firmas Spen, Teilor, Zakter y Sgia, a los que se les atribuyen cuatro delitos de desórdenes públicos y 61 delitos de daños, valorados en más de 250.000 euros.
La investigación comenzó en el año 2011 cuando se detectó la presencia de lo que la policía estipula como un grupo organizado de jóvenes que pintaba en los medios de transporte de diferentes localidades del país. La policía aseguraba que eran una banda que actuaba de manera totalmente organizada y planificada y el modus operandi más utilizado por el grupo era el denominado «palancazo».
Además, en Vall d’Uixó (Castellón), la Guardia Civil ha detenido a otros dos jóvenes  vecinos de dicha localidad, de 24 y 30 años por realizar pintadas en los muros de las calles. Les imputan la comisión de un delito y seis faltas de daños.
La investigación arrancó el pasado mes de agosto, a raíz de una denuncia del propietario de una empresa que puso de manifiesto que unos desconocidos habían realizado una pintada en el portón metálico de su empresa, y que no era la primera vez que ocurría.
Los agentes detectaron que entre 2010 y 2014 se había producido una proliferación de pintadas en fachadas, muros, contenedores de reciclaje y persianas de comercios de la población, así como en señales de tráfico, radares y casetas de riego y de campo de localidades próximas.
Comprobaron que las pintadas que se habían realizado en estos lugares tenían las mismas firmas, por lo que acotaron las investigación hacia dos jóvenes determinadas, dos hombres de 24 y 30 años de edad, vecinos de Vall d’Uixó, a los que se les imputa un delito y seis faltas de daños.
La Guardia Civil ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción número 4 de Nules.

IV Jornadas por la Amnistía

Los militantes de Resistencia Popular Canarias queremos mandar un caluroso saludo a las IV Jornadas por la Amnistía de los Presxs Políticxs que se celebrarán en el E.S.L.A “El Eko” (Madrid).


Desde la creación de nuestro colectivo, la amnistía y el acercamiento de todos los presos antifascistas ha sido una de las señas sobre las que nos hemos asentado y no queremos que las condiciones geográficas sean un impedimento para que, aunque sea de esta forma, quede reflejado todo nuestro apoyo con los organizadores, grupos musicales y asistentes a estas jornadas tan importantes para profundizar las luchas por los que han sido encerrados por la represión del estado.

Sin más dilación, esperamos que las Jornadas tengan un gran éxito y que sepan que desde aquí siempre estaremos dispuestos a apoyar toda acción por la Amnistía.

Un saludo, 

Resistencia Popular Canarias, 12 de febrero de 2015

No es justicia sino una estrategia política

Naiz
Nagore Mujika, detenida cuando visitaba a su compañero en prisión y puesta en libertad por falta de pruebas; Iosu Uribetxebarria, arrestado en su domicilio cuando prácticamente agonizaba; Santiago Arrospide, encarcelado al de poco de ser liberado tras 27 años en prisión… no son casos aislados, como no lo es el del iruindarra Jorge Olaiz, enviado ayer a prisión por una causa archivada en 2002. No se trata de casos excepcionales sin investigar en su día, sino que responden a una estrategia política, precedida por una campaña mediática cuyo motivo son los atentados –los de ETA– sin esclarecer. Causas «traspapeladas en los archivos de la Audiencia Nacional», según aseguraba un diario español hace unas semanas, que repentinamente y al cabo de muchos años han comenzado a aparecer.
En el procesamiento de Jorge Olaiz concurre además el esperpento. La acusación en su contra está sustentada en un supuesto nuevo elemento que no es otro que la declaración de un testigo oculto que asegura haber presenciado, hace 15 años, los hechos que el juez imputa a Olaiz. Un supuesto testigo que hasta ahora no había figurado en el procedimiento, ni cuando Olaiz fue detenido, en 2001, ni en la instrucción ni en el juicio en el que otra persona fue condenada por esos hechos, ni durante los 13 años en los que Olaiz permaneció en prisión. Ahora, sin embargo, la declaración de ese repentino testigo es suficiente para reabrir el caso y encarcelar preventivamente a Olaiz, quien se había presentado voluntariamente en la Audiencia Nacional.
La pretensión de mantener de por vida en prisión a ciudadanos vascos retorciendo las leyes o directamente incumpliéndolas, la fabricación de acusaciones y pruebas, los procesos políticos –con petición de más ilegalizaciones– y el acoso represivo en general no responden a ningún afán de justicia; al contrario, sacrifican principios como la seguridad jurídica al servicio de intereses políticos. No es justicia, es política… rastrera.

Naiz, 12 de febrero, http://www.naiz.eus/eu/iritzia/editorial/

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