Etiqueta: Represión (página 113 de 123)

15 de marzo de 2016

Los viejos derechos democráticos van desapareciendo de Europa

Retrato de Aznar pintado por Bush

Un principio básico de los Estados democráticos es que a un nacional jamás se le extradita hacia un país extranjero. Pero la vieja Europa, la de los derechos y libertades, es una especie en vías de extinción. Se ha consumido tan rápidamente como una colilla.

Han matado dos pájaros de un tiro: en Europa ya ni hay extradiciones ni hay nacionales, es decir, ciudadanos dotados con derechos. Eso forma parte del pasado. Tras las fuertes corrientes migratorias, los que se califican como “nacionales” no lo son tanto.

Veamos varios ejemplos. Bélgica ha extraditado a un “nacional” llamado Ali Aarass nada menos que a Marruecos y pronto lo hará con otro, Bahar Kimyongür, a Turquía.

Por su parte, Rumanía extradita a Estados Unidos a su ciudadano Marcel Lazar Lehal, más conocido en internet como Guccifer. ¿Cómo enfrentarse a Estados Unidos? Rumanía ha claudicado: le importa más Obama que sus propios ciudadanos.

La biografía de Guccifer es apasionante. Se trata de un taxista en paro de 42 años y pirata informático. Su caso tiene cierto parecido al de Snowden. Su crimen ha sido publicar los retratos que pintaba Bush al estilo de otro pintor famoso: Hitler. Entre sus obras más famosas están un autorretrato suyo en el baño y un retrato… de su amiguete Aznar.

Bush ha sido un artista maravilloso del retrato tanto como de la política, y en lugar de agradecer a Guccifer que nos diera a conocer la otra faceta de Bush… le persiguen. ¿Qué hubiera ocurrido si quien pide la extradición hubiera sido Putin?, ¿no hablarían de atentado contra la libertad de expresión?

Además, Guccifer publicó los correos electrónicos en los que Hillary Clinton dejaba en evidencia el papel de Estados Unidos en el asesinato de Gadafi y el golpe de Estado en Libia.

En marzo de 2013 el pirata rumano envió a la prensa los mensajes capturados a la entonces secretaria de Estado y al año siguiente la fiscalía interpuso una querella, no contra Clinton, naturalmente, sino contra el pirata.

Aquel año los tribunales rumanos le condenaron a cuatro años de cárcel por piratería, es decir, que le van a juzgar dos veces por los mismos hechos, una en Rumanía y otra en Estados Unidos.

En alguna entrevista Guccifer ha dicho que no le importa que le lleven a Estados Unidos, que va a los tribunales “a luchar”. ¡Bravo! Nos gustan los delincuentes como Guccifer.

13 de marzo de 2016

El Tribunal Supremo rebaja la pena a los torturadores

El Tribunal Supremo ha rebajado en un año de prisión la condena de tres años impuesta el pasado 20 marzo por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a un subinspector de la Policía Nacional que en 2009, junto a un superior, torturó a un detenido en el sótano de la Jefatura Superior de la Policía.

El segundo de los condenados, el subinspector Joaquín A.B., ve reducida de tres a dos años de prisión la pena por un delito de torturas y resulta absuelto de la falta de lesiones.

El otro policía condenado tuvo un altercado con la víctima, después de cenar y hacer botellón con un grupo de compañeros. Aunque estaba fuera de servicio se empeñó en ir a la comisaría para “leerle la cartilla”, pese a que le avisaron de que el detenido no era suyo.

Aún así, se trasladó a los calabozos, donde coincidió con el subinspector condenado que estaba al tanto de lo ocurrido en el botellón. El policía, además de agredir al detenido, simuló su ejecución colocándole en la sien la pistola del subinspector y disparándole hasta en tres ocasiones.

La sentencia afirma que hubo abuso al acudir el condenado por motivos personales a los calabozos, pese a estar franco de servicio, para conseguir que el detenido quedase de hecho a su disposición y aprovechar esa situación para darle el escarmiento en el que estaba empeñado y que ya había anunciado antes en la sala de fiestas.

El Tribunal Supremo destaca que es evidente el propósito de “escarmiento” que movía al policía que, con su conducta, sometiendo a la víctima al propio capricho y llegando a provocar su llanto desesperado ante la idea de una muerte inminente que le es anunciada con credibilidad, afectó a su integridad moral.

Añade el Tribunal que al decir que iba a ir a la Jefatura a “leerle la cartilla”, con esa expresión que “significa lo que significa”, desde luego no anuncia el propósito de leer los derechos.

8 de marzo de 2016

Odio a la Guardia Civil

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil acaba de comunicar a un vecino de Silleda, Pontevedra, su imputación como autor de un delito de odio.

No conforme con eso, estudia presentar, además, una denuncia por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana por los mismos hechos. No quieren dejar cabos sueltos.

El acusado hizo un comentario en el perfil de Facebook de un medio de comunicación, en el que manifestaba su opinión sobre la muerte de un guardia civil de Tráfico, José Antonio Pérez, el pasado viernes en Barbastro (Huesca).

El guardia civil estaba en un control de alcoholemia cuando fue arrastrado casi medio kilómetro por un coche en el que viajaban al menos cuatro menores de edad. El guardia civil murió en el lugar del siniestro, detuvieron a los cuatro ocupantes y uno de ellos ha entrado en la cárcel.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que se atribuye la vigilancia del mundo real y del virtual también, consideró que el comentario en Facebook restaba importancia a la muerte de su colega fallecido, porque decía no sentirse afectado por su muerte.

El comentarista debió decir lo contrario: que dicha muerte sí le afectó, es más debió escribir que le afectó mucho y que estuvo a punto de llorar al conocer el atropello.

La Guardia Civil no hace más que cumplir con su mandato constitucional. Se encarga de vigilar lo que piensas y lo que dices, lo que debes sentir y lo que te debe resultar indiferente.

3 de marzo de 2016

El Tribunal Supremo francés castiga la lucha sindical

Roger Colombier

El pasado 9 de febrero, el más alto tribunal francés decretó que un simple reparto de octavillas, sin una previa comunicación a la prefectura, es ilegal. Pierre Coquan, ex secretario general de la UD CGT del Rhône en la época de los hechos, debe, por consiguiente, ser vuelto a juzgar por el Tribunal de Apelación de Grenoble.

La cuestión se remonta al año 2010. La CGT batallaba firmemente contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy. Pierre Coquan había organizado un simple reparto de manifiestos en el peaje de una autopista. El Tribunal Correccional de Villefranche-sur-Saone le había liberado. Recurso del fiscal y por consiguiente del Gobierno. Y paso a paso, el asunto ha llegado ante el Tribunal Supremo: anulación de las previas declaraciones de inocencia, y nuestro camarada debe ser vuelto a juzgar en virtud del decreto de ese tribunal.

Este decreta que “constituye una manifestación […] toda reunión estática o móvil, en la vía pública, de un grupo de personas con el objetivo de expresar de forma colectiva y públicamente una opinión o una voluntad común”. Y como toda manifestación debe ser previamente declarada en comisaría, el granuja de Pierre Coquan debe ser necesariamente vuelto a juzgar por actos ilícitos. Hay que indicar que ninguna legislación, votada por el Parlamento, había definido hasta ahora en que consistía una manifestación. Ahora, lucha de clases obliga, ¡ya está hecho!

Esta grave decisión del Tribunal Supremo es un atentado a la libertad de expresión colectiva. En este asunto, y una vez más, no hay víctima ni parte civil. Pero como en el tema de los “8 de Goodyear” el fiscal de la República ha recurrido hasta el final. Con Nicolas Sarkozy y con François Hollande. Con este último, el ministerio público ha continuado la labor del que dependía del gobierno sarkozista. Desde mayo de 2012 los ministros de Justicia han sido Christiane Taubira y ahora Jean-Jacques Urvoas, con un gobierno de “izquierda”.

Y escribo “gobierno de izquierda”; ruego se me perdone. Hay que leer en esas palabras “gobierno reaccionario”. La lucha de clases sigue adelante, desde luego.

http://www.le-blog-de-roger-colombier.com/2016/02/a-son-tour-la-cour-de-cassation-sanctionne-l-action-syndicale.html

28 de febrero de 2016

Contra la movilización, ¡Inquisición!

Danilo Albín

Si usted vive en alguna parte de Teruel, Palencia o Sevilla, posiblemente no conozca el nombre del delegado del Gobierno en su comunidad. Sin embargo, los 500 vecinos de Mañaria, un pequeño municipio vizcaíno rodeado de montes, saben muy bien quién es Carlos Urquijo. Duro entre los duros, el responsable de la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha presentado varios recursos y denuncias contra el ayuntamiento de esta localidad. “Cada vez que movemos un dedo, lo tenemos encima”, dice un resignado Endika Jaio, alcalde de este pueblo.

Desde que Urquijo ostenta el título de delegado del Gobierno, casos como el de Mañaria se repiten a lo largo y ancho de la geografía vasca. Entre sus objetivos predilectos figuran las instituciones gobernadas por EH Bildu, pero también ha tenido entre ceja y ceja a varias administraciones bajo el mando del PNV, ya fuese un ayuntamiento, una diputación o hasta el mismísimo Gobierno Vasco. No hay límites.

Su actuación más reciente –y posiblemente la última, ya que cesará en el cargo cuando se produzca un cambio de gobierno- ha ido dirigida contra los recibimientos que se tributarán al dirigente independentista Arnaldo Otegi, quien abandonará la cárcel de Logroño este martes 1. Como no podía ser de otra manera, el delegado solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que prohibiese las bienvenidas en el exterior de la cárcel de Logroño, la plaza de Elgoibar –localidad natal del portavoz abertzale- y el velódromo de San Sebastián, donde se celebrará un acto el sábado 5.

En respuesta a su solicitud, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a Urquijo y a las Fuerzas de Seguridad del Estado a estar extremadamente atentos sobre lo que podría ocurrir en esos mítines, por si acaso se produce algún tipo de “enaltecimiento del terrorismo”. Curiosamente, el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, no puso ni la más mínima pega al recibimiento que se celebrará el martes a 200 metros de la cárcel logroñesa, donde Otegi dirigirá un primer mensaje a los suyos.

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, no parece sorprenderse por estos hechos. “Desde un punto de vista humano, es realmente triste que todavía haya personas y colectivos que hagan de la petición de restricción de derechos su característica principal de actuación. Denota una calidad humana muy escasa”, comenta el dirigente abertzale.

Tampoco cree que existan fundamentos jurídicos que sustenten las teorías del funcionario del PP. “Otegi ha cumplido hasta el último día de su condena. Cuando salga de la cárcel, será una persona con todos sus derechos civiles y políticos intactos”, subraya.

“Al servicio de una ideología”

Aún menos sorprendido se muestra Endika Jaio, el alcalde de la diminuta Mañaria. “Lo que ocurre es que Urquijo está al servicio de una ideología, y le da salpullido todo lo que tenga que ver con movimientos de izquierdas e independentistas”, afirma el regidor de este municipio desde hace dos legislaturas, siempre en representación de EH Bildu. A lo largo de estos años, Jaio ha visto la firma del delegado en innumerables oportunidades. “Nos denunció por no tener la bandera española en el balcón. La pusimos. Luego nos envió otro requerimiento porque teníamos una banderola por el acercamiento de los presos. La quitamos”, explica el regidor.

Sin embargo, los problemas no acabarían ahí. A través de otros documentos oficiales, Urquijo trató de impedir que el ayuntamiento de Mañaria otorgase una subvención a Udalbiltza, una asociación de municipios vascos que, según dictaminó la Audiencia Nacional tras un largo proceso judicial, no tiene nada que ver con ETA. Aun así, el representante de Rajoy en Euskadi pidió a los jueces que anulasen el presupuesto municipal correspondiente a 2014. Entre el asombro y la rabia, Mañaria recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que a principios de febrero dio la razón al ayuntamiento.

“Sin embargo, la Abogacía del Estado recurrió esta decisión, y ahora tendremos que ir al Tribunal Supremo”, señala Jaio.

“Espere. Todavía hay más”, advierte el alcalde. Las ordenanzas relacionadas con el uso del euskera en el consistorio o la paga de un complemento por productividad a los trabajadores municipales también cayeron bajo la lupa de Urquijo. “El complemento lo tuvimos que echar para atrás. Al fin y al cabo somos un pueblo pequeño, con un presupuesto muy justo, y no podemos hacer frente a todas sus denuncias”, argumenta.

En Aulesti, otro pueblo vizcaíno que no supera los 700 habitantes, también han tenido que hacer frente a los habituales recursos por parte del delegado. “Primero nos llegó un requerimiento porque no teníamos la bandera española fuera del ayuntamiento. La pusimos en lo alto de la fachada, pero entonces nos mandaron otro recurso, diciendo que debía estar en el balcón. No queríamos gastar dinero público en este tema, así que la pusimos”, comenta su alcalde, Mikel Ansotegi.

Poco después, coincidiendo con las fiestas patronales, alguien robó la bandera rojigualda. La respuesta de Urquijo fue casi inmediata: o la reponían, o al juzgado. También se vieron obligados a retirar una madera tallada con la palabra “amnistía” que había realizado un vecino y que había sido colocada en el exterior de la casa consistorial. “El escrito venía acompañado por unas fotografías, lo que indica que algunos funcionarios del estado han venido a hacer fotos a nuestro pueblo”, razona el alcalde, quien está firmemente convencido de que el delegado del Gobierno, a pesar de sus reiterados recursos, jamás ha pisado este municipio. “La mayoría de nuestros vecinos no siente la bandera española como suya, por lo que se está generando una crispación y un conflicto donde no lo había”, lamenta Ansotegi.

Estas situaciones llegaron incluso al Congreso de los Diputados. El parlamentario de Amaiur durante la anterior legislatura, Jon Inarritu, solicitó al gobierno datos estadísticos sobre las denuncias y recursos presentados por su representante en la Comunidad Autónoma Vasca hasta diciembre de 2014. “Estábamos convencidos de que Urquijo había presentado más recursos que el resto de delegados del Gobierno en todo el estado”, explica el ex diputado abertzale.

Según consta en la respuesta enviada por la administración central, el número de expedientes abiertos llegaba a 729. Sus actuaciones habían estado contra distintas instituciones del ámbito autonómico, provincial y municipal. Los motivos eran de lo más variopintos: las banderas, el uso del euskera, los permisos para trabajar el 12 de octubre (Día de la Hispanidad)… “Si actualizamos las cifras a día de hoy, posiblemente se hayan alcanzado las mil denuncias. Sin lugar a dudas, está batiendo todos los récords”, ironiza Inarritu.

Sin txokolatada en Areatza

Entre sus últimas intervenciones figuran las del pasado verano, un periodo del año en el que se mostró especialmente activo contra los programas de fiestas populares. “En nuestro pueblo prohibió una txokolotada que venía realizándose desde hace 30 años”, recuerda el alcalde de Areatza, Asier García. El evento tiene lugar cada 24 de agosto a las dos de la mañana. “Nunca habíamos tenido ningún problema… hasta el año pasado”, señala el responsable municipal. Urquijo consideró que este acto serviría para enaltecer el terrorismo y, por tanto, debía ser prohibido. Lo mismo ocurrió con una comida y una concentración a favor de los presos que aparecían en el programa festivo.

Ondarroa, Ibarra o Santurtzi son algunos de los otros tantos lugares del País Vasco en los que el delegado del Gobierno censuró actividades del programa festivo. “Urquijo es un hooligan –sostiene Inarritu-. Como podemos ver, aún no se ha dado cuenta que estamos en un periodo de normalización, intentando tender puentes a favor de la convivencia. El delegado va en el túnel del tiempo, y en dirección contraria”. El ex diputado se queja de que su petición de informes no fue detallada del todo: el gobierno de Rajoy evitó darle datos numéricos sobre el número de actuaciones realizadas por otros delegados. No explicó por qué.

Fuente: http://www.publico.es/politica/delegado-del-gobierno-euskadi-bate.html

27 de febrero de 2016

El caso Gbagbo pone en evidencia al Tribunal Penal Internacional

Se ha celebrado en La Haya, Holanda, la primera semana de juicio en el Tribunal Penal Internacional contra Laurent Gbagbo y su ministro para la Juventud Charles Blé Goudé que, como los grandes espectáculos deportivos, ha sido retransmitido en directo por el propio Tribunal, con un ligero diferido de 30 minutos por si salían a relucir los trapos sucios y había que cortar.

En los dos primeros días de sesiones, las acusaciones mostraron un “power point” inventado sobre Costa de Marfil, un país de cuya historia no tenían ni idea, en medio de una cadena de fallos ridículos de todo tipo, como el sonido o la traducción simultánea. ¿A donde habrán ido a parar los 1.000 millones de euros que ha costado poner en marcha este ridículo Tribunal.

Como comprenderán, en el Tribunal Penal Internacional los fallos técnicos son lo de menos; sólo son una muestra más de todos los “fallos” políticos en los que está envuelto el famoso principio de la “justicia universal”, que tanto gusta a las ONG y reformistas de todos los pelajes para seguir martirizando a África.

Durante una de las sesiones, los magistrados se retiraron a deliberar a puerta cerrada sobre la manera en que debían declarar los 138 testigos previstos en condiciones anónimas y de seguridad. Pero detrás de aquella puerta alguien dejó el micrófono encendido y todo el mundo -literalmente- tuvo que sujetarse la barriga de la risa que provocaron los estúpidos debates de los magistrados.

Entre otras cosas, ya sabemos el nombre de cinco de los testigos “anónimos” de la acusación. Se trata de personalidades políticas muy cercanas a Gbagbo en el momento de los hechos. Entre ellas están el general Philippe Mangou, jefe de Estado Mayor, y el general Tiapé Kassaraté, jefe de la gendarmería.

Dada la naturaleza de los hechos, que conciernen a la represión política contra las masas, es evidente que ambos no son testigos sino partícipes directos de los hechos, a pesar de lo cual no están acusados por la fiscal, ni lo estarán nunca.

“El que paga manda” y los magistrados del Tribunal cobran del dinero que les envían Alemania, Japón, Canadá y Francia para ratificar las políticas que estos países sostienen sobre Costa de Marfil y sobre África, en general.

Lo del pucherazo para elegir a la fiscal Fatou Bensouda, ministra de Justicia de Gambia, merecería todo un capítulo aparte (*) para sacar a la luz la basura que hay bajo el felpudo de este tipo de instituciones, especialmente los cambalaches que tuvieron que hacer las ONG “humanitarias” que se mueven como nadie en medio de estos turbios asuntos.

La preocupación fundamental de la fiscal es defender la política de Choi Young-jin, quien fue representante especial de Ban-Ki Moon en Costa de Marfil y, por consiguiente, de la propia ONU. Todas las tesis de la fiscal son falsas de cabo a rabo, empezando por el número de víctimas, evaluado en 3.000, y acabando por lo que no aparece ni aparecerá jamás a lo largo del juicio: que en 2011 el Africom, es decir, el Pentágono en África, Francia y la ONU pusieron en marcha una operación militar llamada “Restaurar la Paz y la Democracia”, al estilo de las Primaveras Árabes y simultáneamente con ellas.

Cuando el operativo militar se puso en marcha, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, se desmarcó diciendo el 6 de abril de 2011 ante la Asamblea: “Las fuerzas francesas no participan en la operación militar porque se desarrolla fuera del marco legal de la resolución de la ONU”.

A pesar de que a Gbagbo le acusan de cometer “crímenes contra la humanidad”, la fiscal no ha construido su acusación ni sobre hechos, ni sobre autopsias de los muertos, ni sobre análisis balísticos, ni sobre testigos presenciales, ni sobre documentos, sino sobre los informes de repugnantes ONG, como Human Rights Watch y otras, vídeos de YouTube, extractos de la Wikipedia, fotografías… una acusación virtual.

(*) http://www.legrigriinternational.com/article-fatou-la-honte-de-l-afrique-par-calixthe-beyala-113153438.html

24 de febrero de 2016

El CNI espía la vida de todos

Juan Manuel Olarieta

En mayo de 2012 se destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que manejaba un ingente volumen de información sobre los ciudadanos de este país. Policía, Guardia Civil, Ejército, Servicios Secretos y empresas privadas aparecen confabulados en una trama, la mayor conocida hasta la fecha, que no va dirigida contra ningún país extranjero, ni tiene tampoco objetivos militares.

La conexión del CNI con este entramado es obvia. El imputado clave de la trama es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje. De origen argentino, Bevilacqua empezó su carrera como pirata informático y en Barcelona organizó la empresa CF Labs por cuenta del CNI. Fue director técnico de la plataforma esCERT, encargada de coordinar el Proyecto Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.

CF Labs participa en el Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas, una de las empresas adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. No es más que una subcontrata del Ministerio del Interior. La Comisión Europea adjudicó el proyecto a dicho Ministerio, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas privadas asociadas al mismo.

El Centro Nacional de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje informático español creado tras el Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) aprobado por la Unión Europea con el objetivo de “proteger la seguridad nacional del ciberterrorismo y el espionaje industrial”, una necesidad creciente como consecuencia de la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas y entre las grandes multinacionales. Tiene su sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000 euros concedidos por la Comisión Europea.

Durante su detención a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros en metálico, que justificó a la policía diciendo que era el pago de unos trabajos realizados para el CNI, si bien la policía maquilló su declaración, reemplazando las siglas del espionaje por “Defensa”. Su caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos represivos del Estado.

Impartía numerosos cursos de formación a jueces, fiscales y miembros de la policía y la guardia civil. Bevilacqua fue quien capturó los correos electrónicos de Urdangarin, que fueron luego difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El abogado de Urdangarin pagó 7.000 euros a CF Labs para recuperar los correos electrónicos del disco duro de la agencia que llevaba las cuentas del Instituto Noos.

El pirata era omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives implicados en la trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Este último era propietario de Vertex, la empresa que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua antes de que éste fundara CF Labs.

El administrador de Cybex es el detective Juan de la Torre, de la agencia Intelligence Bureau y en ella trabajaba también Sergio Córcoles, policía local de Santa María de Palautordera, que era propietario de un apartamento en un complejo de cala Portinatx, en la costa ibicenca. Nadie se preocupó nunca por la fuente de ingresos de aquel modesto policía municipal que disfrutaba de tan lujoso chalet.

Tradicionalmente Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje. En este caso el jefe del CNI en las islas ha tenido que prestar declaración en la causa. El CNI puso a Bevilacqua a trabajar para el gobierno de Chávez en materia de seguridad informática, aunque la prensa escribió la noticia al revés: “El imputado Matías Bevilacqua ha asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno de Hugo Chávez”, titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año.

Las multinacionales son una de los nichos de información y de negocio del espionaje moderno. Yolanda Menal, directora de recursos humanos de la multinacional Unilever en España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a proveedores como a empresas de la competencia. Pero además controló el correo electrónico de sus propios subordinados sin que se enterasen para afianzar su propio poder y utilizaba los datos para despedir a los trabajadores. En otras ocasiones Unilever los utilizaba para el chantaje. A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos como salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del ordenador de forma ilegal.

Con el mismo fin de represión laboral, la multinacional Du Pont también intervino los ordenadores de tres trabajadores a los que quería despedir. Quien encargó las investigaciones en esta ocasión fue el director del gabinete jurídico, José Luis Badia, que tiene su despacho en Ginebra. El volumen de datos incautados en los discos duros de los correos alcanza los 13 gigas de documentación. Los informes que obran en el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos electrónicos de los empleados se realizan para “motivar los despidos” ante los tribunales.

Bevilacqua también pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, por encargo de la competencia: “Pinchamos en Outlook, lo conectamos vía Imap, hacemos una réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el despacho y, si funciona, ya no tenemos que hacer nada más”.

También fue citado a la comisaría de policía Eduardo Garriga, el antiguo director gerente de la compañía de seguros Mutua Universal. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y a un tal Tino, un guardia civil le dice al detective: “Si vienen los del centro [CNI] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada […] Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste”.

Lo bueno de montar estos tinglados, además de financiar el CNI, es que cuando se destapa presentan el asunto como si algún desaprensivo estuviera comerciando con datos privados para su provecho particular. Así es como presentaron el año pasado a la trama Método3 que espiaba a los futbolistas del Barcelona. En el caso Pitiusa son nada menos que 80 las agencias de detectives implicadas.

Ningún particular ni red privada es capaz de organizar algo así. El caso Pitiusa es la trama de criminal más importante organizada en Europa desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio es comparable. Han sido capaces de infiltrarse en el Inem, Hacienda, juzgados o policía y han accedido a todo tipo de información sobre cualquier persona que vive este país. Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les alertó en diciembre de 2011 de que la policía estaba tras sus pasos.

Además del CNI formaban parte de su trama de colaboradores una red de funcionarios que se extendía por Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el INEM, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange, e incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otros monopolios similares.

Para entender este tipo de entramados hay que entender que en su nuevo estatuto de personal el CNI está captando a sus espías entre directivos de multinacionales españolas y extranjeras. Para financiarse el CNI, vendía luego los datos a los bancos, preocupados por la solvencia de sus clientes, devoradores de un listado de nombres, teléfonos e historias laborales que crecía mes a mes.

Aunque el sumario tiene ya 60 tomos, no hay ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes con los que ha traficado esta red a lo largo de los años que llevaba operando. Tampoco constan las personas que han sido espiadas. No se ha cuantificado la magnitud del delito, ni en dinero, ni los datos robados, ni las personas afectadas. La desconfianza hace pensar en la capacidad de la red para poder robar datos médicos y vendérselos a empresas aseguradoras, o a los mismos bancos en cuyas hipotecas incluyen seguros de vida.

Desde sus inicios el número de imputados ha pasado de los 70 iniciales a los 183 actuales (2012). La progresión geométrica con la que aumenta indica que se trata solo la punta del iceberg.

En la oficina del Inem de Badalona los funcionarios no solo atendían a los trabajadores que buscaban empleo, sino que también horneaban galletas, preparaban empanadillas, fabricaban camisetas y hacían fotocopias. Con esas palabras en clave se entendían los funcionarios de la oficina y Francisco García Pérez, “Paco El Conseguidor”, funcionario jubilado que había trabajado en ella y seguía ejerciendo como intermediario de la red. En el sumario consta que una pareja de informadores, Ana Xicola y Eduard Ferrer Torres, pasaban cada mes “hasta 2.500 y 3.000 consultas” a Paco.

En la trama se han visto implicados todos los cuerpos del Estado (agentes judiciales, policía nacional, guardia civil, militares), todos ellos encabezados por los únicos que tienen patente de corso: los chicos del CNI. Las ramificaciones del caso salpican a ministerios como los de Trabajo e Interior, al CNI y un sin fin de jueces, militares y policías. Ninguno de los 183 implicados está en prisión.

Fuente: http://www.elotropais.com/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=29

24 de febrero de 2016

La tecnología al servicio de la represión en Gaza

No contento con asfixiar a Gaza por tierra, mar y aire, el Estado de Israel quiere ahora bloquear también los túneles subterráneos construidos por los palestinos.

Para lograrlo, Estados Unidos financia un proyecto israelí con 120 millones de dólares porque le servirá de ensayo para hacer lo mismo en su frontera con México.

Forma parte del proyecto de Netanyahu de convertir a Israel en una gigantesca fortaleza blindada frente al mundo que le rodea.

La semana pasada, durante una visita al muro que se levanta en la frontera con Jordania, Netanyahu anunció el proyecto de aislar a Israel de sus vecinos palestinos y árabes, en general, que el primero ministro israelí comparó con “alimañas”.

“Dado nuestro entorno, estamos obligados a protegernos contra las alimañas”, rodeando a “todo el Estado de Israel de un cierre, de una barrera” en la que no puedan entrar, dijo Netanyahu.

En las últimas semanas se han producido varios mortíferos hundimientos de túneles en la franja de Gaza, acompañados de unas declaraciones del jefe de Estado Mayor israelí, Gadi Eizenkot, diciendo que la tecnología de detección de túneles ya se había probado en Gaza.

A esta nueva técnica los israelíes le llaman “el dome de hierro subterráneo” en referencia al “Iron Dome” un sistema móvil de defensa antiaérea israelí para interceptar los misiles lanzados desde Gaza antes de que lleguen al suelo.

Lo mismo que con el “Iron Dome”, Israel ha lanzado una campaña de propaganda sobre supuestos túneles excavados por los palestinos por debajo de las escuelas y los hospitales para asesinar inocentes.

Ese tipo de propaganda justificó en 2014 la brutal agresión de Israel contra Gaza, donde 1,8 millones de palestinos malviven aislados, cercados y masacrados. Durante los ataques de 2014 fueron asesinados 2.200 palestinos, de los que 551 eran niños.

El bloqueo de los túneles es una proyecto de Elbit Systems, una empresa del ejército israelí especializada en alta tecnología cuyos dispositivos ya se han utilizado en laa frontera mexicana.

En 2014 Elbit firmó un contrato de 145 millones de dólares con el Ministerio de Asuntos Interiores de Estados Unidos para levantar un “muro virtual” de torres de vigilancia y detectores de movimiento en el tramo fronterizo de Arizona.

Fuente: https://electronicintifada.net/blogs/rania-khalek/gaza-laboratory-us-mexico-border-tunnel-warfare

22 de febrero de 2016

Miles de ‘radicales’ andan sueltos por Europa

En una entrevista al diario alemán Neue Osnabrucker Zeitung, Rob Wainwright, director de Europol, la oficina de policía de la Unión Europea, asegura que Europa hace frente hoy a la mayor amenaza terrorista desde hace 10 años.

“Hay que esperar que el Califato Islámico u otros grupos terroristas religiosos estén en condiciones de preparar un ataque en alguna prte de Europa para causar numerosas víctimas entre la población civil”, ha dico Wainwright.

En un informe publicado a finales del pasado mes de enero, Europol ya destacó esta amenaza, aunque esta vez su director ha precisado el número estimdo de yihadistas que han regresado a Europa después de haberse entrenado en Siria e Irak. Suman entre 3.000 y 5.000 según Europol, lo que obligado a los países europeos a hacer frente a desafíos totalmente nuevos, dice Wainwright.

¿Cómo han podido regresar a Europa? Wainwright no responde a la pregunta con claridad y reconoce que no hay pruebas concretas de que los terroristas hayan utilizado sistemáticamente los flujos de refugiados para pasar de desapercibidos en las fronteras de acceso al Viejo Continente.

En noviembre del pasado año el ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, estimó en 5.000 el número de yihadistas europeos que habían viajado a Siria e Irak y según el Centro para el Estudio de la Radicalización del King’s College de Londres, de un 10 a un 30 por ciento de ellos ya han vuelto a Europa.

Según Cazeneuve, 138 yihadistas retornados de Oriente Medio habían sido ya detenidos, interrogados y encarcelados en Francia no porque hubieran cometido ningún delito, sino “para evitar que lo hicieran”.

El 19 de febrero el ministro galo volvió a la carga: desde hace 15 meses les habían llegado denuncias contra 8.000 personas supuestamente radicalizadas, lo cual debe ser algo malísimo para el ministro francés, que tampoco define lo que es un “radical”. ¿Será sinónimo de terrorista?, ¿de yihadista?, ¿de huelguista?

21 de febrero de 2016

3 años de cárcel por participar en un piquete de huelga

Esta semana el Tribunal de Estrasburgo ha comunicado a Carmen Bajo que rechaza el recurso interpuesto por su defensa frente a la condena de cárcel de tres años que le han impuesto por participar en un piquete de huelga en 2012.

Durante la huelga general del 29 de marzo de aquel año se produjeron más de 200 detenciones de trabajadores en todo el Estado.

Bajo fue condenada, junto a Carlos Cano, a tres años de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros por participar en uno de los piquetes de la huelga en Granada.

En la noche previa a la huelga, uno de los piquetes, formado por entre 50 y 70 trabajadores, recorrieron los bares de Granada. La Champagnería fue el segundo local que visitaron. “La idea era llegar y presionar un poco a la dueña para que cerrara el bar, y si no, pues irnos”, explicó Carlos Cano, el otro condenado por estos hechos.

La última reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, endureció los castigos contra los trabajadores que participen en huelgas, piquetes y luchas obreras.

El Código Penal español, aprobado en 1995, es tan fascista que califica a los piquetes como delitos “contra los trabajadores”. Sin embargo, el único testigo que la acusó en el juicio fue la empresaria dueña del bar.

Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son tan vagos que ni se han molestado en argumentar ni justificar su decisión de no admitir el recurso.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha anunciado que el gobierno no tiene ninguna intención de indultar a la huelguista, que tendrá que entrar en la cárcel.