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Sigue la paranoia de la Audiencia Nacional contra Pablo Hasel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado otra denuncia contra el rapero catalán Pablo Hasel por una quincena de tuits publicados en los últimos meses en la red social. Le ha correspondido por reparto al Juzgado Central de Instrucción 5, que dirige el juez José de la Mata.

Sobre el cantante ya pesa una condena a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo por subir a Youtube canciones con letras como “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero”, “que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono”, “¡merece que explote el coche de Patxi López!”, “es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos” o “pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”.

El Ministerio Público ha pedido ahora que se le investigue y cite a declarar por difundir en Twitter comentarios contra el Rey y las Fuerzas de Seguridad del Estado y alabanzas a miembros del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). También reclama la fiscal que se advierta al tribunal que lo condenó de estas nuevas acusaciones. La pena no fue ejecutada debido a que el rapero no contaba entonces con antecedentes penales.

En sus tuits, Hasel califica al monarca como “ladrón”, acusa a la policía de “golpear y torturar” y califica las cárceles como “centros de exterminio”. Su perfil @pablohasel cuenta con 55.700 seguidores y -dice la Fiscalía- “es muy activo”, con 200 mensajes diarios.

Esta no es la única denuncia que pesa contra el rapero ya que el alcalde de Lleida, Ángel Ros, le acusó de amenazarle de muerte en otro de sus temas. En este caso la Fiscalía leridana solicita una pena de un año y tres meses de cárcel.

Según denunció Ros, en la canción aludida se decía que el primer edil “merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza” y “que li fotin [metan] una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria”.

La guerra civil en Francia

Cuando en Francia aún no conocía el significado de la palabra yihadismo, a finales de 2001 el gobierno creó una Oficina de Inteligencia Penitenciaria, una especie de espionaje de los presos, a imitación del régimen FIES en España.

Poco después el 27 de octubre de 2005 se produjeron sublevaciones en los barrios de las grandes ciudades francesas, pero tampoco se habló aún de islamismo sino de guerra civil y de insurrección.

El levantamiento espontáneo estalló en Clichy-sous-Bois, cerca de París, y fue similar a los que ocurren hoy en Estados Unidos: la policía mató a tiros a dos adolescentes del barrio que no se detuvieron en un control policial.

La revuelta se extendió a numerosos barrios, sacudidos por la crisis, el paro, las drogas, el tráfico de armas y la prostitución.

El estado de urgencia no se aprueba con los atentados de 2015 sino 10 años antes como consecuencia de manifestaciones, protestas y amotinamientos populares. Desde entonces la palabra de moda en Francia es “guerra civil”.

Los atentados yihadistas llegaron mucho después y uno de sus objetivos es el de distraer la atención de la verdadera “guerra civil” hacia otro tipo de guerra en la que sólo el Estado puede ganar.

“Estamos al borde de la guerra civil”, dijo Patrick Calvar, jefe de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia (DGSI), el 12 de julio a los miembros de una comisión parlamentaria encargada de realizar un estudio sobre los atentados del pasado año.

En mayo de este año lanzó un mensaje casi idéntico a otra comisión parlamentaria, en esta ocasión responsable de la defensa nacional. “Europa –dijo– está en peligro. El extremismo va al alza en todas partes, y ahora estamos dedicando nuestra atención a algunos movimientos de extrema derecha que están preparando una confrontación”.

¿Qué clase de confrontación? “Confrontaciones intercomunitarias”, dijo. “Uno o dos atentados más, y quizá veamos una guerra civil”, añadió.

En febrero de este año, ante una comisión del Senado dedicada a la información de los servicios de inteligencia, volvió a decir: “Estamos observando a los extremistas de derechas, que sólo están esperando a que se produzcan más ataques terroristas para iniciar una confrontación violenta”.

El ejército asume las funciones de la policía en Francia

Desde el año pasado el despliegue de tropas militares por las calles francesas lleva el rutilante nombre de “Operación Centinela”, pero podría llevar también el de “Operación Pitorreo” porque se sabe que no sirve para los fines previstos, sino para otros muy diferentes.

El papel de la Operación Centinela es apaciguar el frente interior para la guerra imperialista en ciernes, intimidar e impedir las manifestaciones y protestas y que la población se acostumbre a la barbarie como algo normal y cotidiano. “Es necesario para luchar contra el yihadismo”.

Al principio decían que era algo provisional, hasta el final de la Eurocopa; ahora ya es permanente y ha pasado de 7.000 a 10.000 soldados.

Dentro del pitorreo, el ministro de Defensa, Jean Yves Le Drian, ha dicho que la presencia militar en las calles tiene efectos “disuasorios” y que de esa manera la población se siente más segura.

Como todo va viento en popa el ministro se ha permitido el lujo de dar un paso más y ampliar las funciones policiales del ejército. Sus palabras exactas han sido “orientar las fuerzas hacia las grandes reuniones, los flujos importantes y el refuerzo de los controles en las fronteras”. En otras palabras, control de las masas en todas partes.

En Francia ya ha habido una experiencia piloto, llamada Minerva, puesta en marcha en el mes de abril en el departamento de Isère con una unidad del 7 Batallón de Cazadores de Montaña.

“Queremos ver cómo un grupo de combate de infantería, en apoyo de gendarmes y policía judicial, podría ejercer una función útil de control del territorio”, explicó el general Denis Favier, director general de la Gendarmería, para quien un dispositivo militar resultaría más eficaz para las fuerzas armadas que las guardias estáticas y las patrulla inútiles.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha asegurado que la Operración Centinela es útil porque el incremento de nuestros efectivos implica que se mete a las personas en las escuelas antes de desplegarlas sobre el terreno.

Después Cazeneuve evocó la militarización de la población y el recurso a las reservas de voluntarios para asegurar los sitios turísticos, las playas y las grandes manifestaciones culturales y deportivas, creando patrullas dinámicas que circulen por todo el territorio nacional.

El gobierno francés apela a la militarización de la sociedad

Bernard Cazeneuve, ministro del Interior
Ayer por la tarde el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve llamó a “todos los ciudadanos patriotas que lo deseeen” a unirse a la reserva operativa de la policía. Lo de los “patriotas” es un producto importado de Estados Unidos tras el 11-S, es decir, algo muy poco patriótico, sobre todo en Francia. Lo de la voluntariedad es sólo para que quienes no son “patriotas” vayan haciendo boca; dentro de poco la militarización será obligatoria. Al tiempo.

Como siempre lo más interesante del atentado de Niza no es el atentado, que sigue siendo jugando el papel de puro señuelo; lo realmente interesante son las reacciones del Estado que se aprovechan de él, es decir, del asesinato de más de 80 personas. Quien viene rentabilizando este tipo de crímenes no es precisamente el Califato Islámico, pero de esto no habla nadie.

En Francia la reserva operativa del ejército ya tiene 12.000 voluntarios, 9.000 gendarmes y 3.000 policías bajo las órdenes de los prefectos, especie de delegados del gobierno parecidos a los españoles, y es una fuerza operativa que, como la Guardia Nacional en Estados Unidos, es la primera fuerza de choque cuando las manifestaciones desbordan a los antidisturbios.

Aunque tras la Segunda Guerra Mundial en Francia no parece que existiera fuerzas represivas clandestinas del tipo Gladio, como en otros países, existió el SAC (Servicio de Acción Cívica) que cumplía un papel similar y que tuvo que ser disuelto cuando se comprobó que sus milicianos participaron en los peores crímenes de la guerra sucia.

Este tipo de fuerzas desempeñan el mismo papel que los GAL en España y los grupos neonazis. Forman comandos irregulares que llegan allá donde la policía y el “Estado de Deshecho” no pueden llegar con la ley en la mano. En situaciones de crisis, como la que vive Francia, son el terrorismo de Estado, amparado y justificado con todo tipo de excusas.

Es el fascismo, el vandalismo criminal del Estado burgués en marcha, que va a sacar a la calle a sus hordas para acabar con los yihadistas y, de paso, con los emigrantes y, después, con los que salen a la calle a protestar contra la reforma laboral y, finalmente, contra todo el que se mueva.

Vean eso que no interesa a nadie: lo que está ocurriendo con la mujer del autor de la matanza de Niza, que ha sido detenida y su periodo legal de detención ha sido prorrogado, como ocurre en España con la ley antiterrorista. ¿Qué delito ha cometido ella para que la detengan?, ¿por qué prorrogan, además, una situación que es ilegal?, ¿qué vincule puede tener con el autor de la matanza, de quien estaba divorciado?

Ese es el verdadero terrorismo, el terrorismo de Estado, del cual sólo empezamos a ver sus primeras expresiones y que no preocupa a nadie, del que todos guardan silencio y, por lo tanto, del que todos son cómplices.

La matanza de Niza la ha cometido el toro que mató a Manolete

Ayer, 14 de julio, fue la gran fiesta nacional francesa que, antiguamente, celebraban todos los revolucionarios del mundo cantando la Marsellesa por las calles. Como la libertad se festeja con libertad, como toda revolución que se precie de tal, la francesa empezó por el asalto a una cárcel y la liberación de los presos que allí había.

Pero la vieja Francia cada vez se parece más a España. Es otro país en declive, con la diferencia de que allá no celebran fiestas. Ni siquiera saben lo que es una fiesta. Por eso en la etapa del Tour de Francia la llegada a la cumbre del monte Ventoso se acortó por culpa de viento. Ya no tienen ni Tour.

Por la mañana Hollande, un Presidente a la imagen de su República, largó un discurso anodino contra el terrorismo que se prolongó por la aprobación parlamentaria de una nueva ley antiterrorista, que se suma al estado de emergencia que padece el país desde el año pasado.

Su discurso lo continuó el ministro de Justicia Jean-Jacques Urvoas: lo mismo que el estado de emergencia, la ley antiterrorista es para evitar el terrorismo. “La ley garantiza un nivel de seguridad elevado”, dijo ante el Senado.

Pero, como era de esperar, la ley no garantizó nada. Pocas horas después de la ley antiterrorista apareció el terrorismo en Niza, llevándose por delante a más de 60 personas.

Desde hace años, Francia sufre la aprobación de leyes que imitan a las españolas, o sea, al franquismo. Por ejemplo, a la “Ley Corcuera”, la Ley Mordaza que aprobó el PSOE. Ahora en Francia la nueva ley autoriza a la policía a “retener” a una persona para acreditar su identidad, algo que antes era un delito, tanto en España como en Francia. El delito se ha legalizado.

Además de un derroche de leyes, Francia sufre un derroche policial espectacular, un verdadero estado de guerra, que se justificó primero con los atentados del año pasado, después con las manifestaciones insurreccionales contra la reforma laboral, luego con la Eurocopa, con el Tour de Francia y ahora con… con lo que sea. Da igual. Ya se les ocurrirá algo.

Con tantas leyes y tantos policías para impedir el terrorismo, ¿por qué hay cada vez más atentados terroristas como el de Niza? Ya les adelantamos lo que van a decir los tertulianos y los expertos: porque ha habido un fallo de seguridad.

Siempre que hay un atentado es porque hay un fallo de seguridad. Nuestros políticos hacen todo lo posible por garantizar nuestra seguridad; justifican la aprobación de leyes represivas por nuestro propio bien, para que estemos más seguros, hasta el punto de que hoy estamos tan seguros que… cada vez hay más terrorismo.

Los tertulianos se desgañitan justificando la represión en nombre de la seguridad: para que haya más seguridad hay que renunciar a un poco de la libertad. Finalmente hemos renunciado a toda la libertad y cada vez estamos menos seguros.

La única libertad que queda es la que tienen ellos. Hacen lo que les da la gana.

Los ejércitos de las potencias imperialistas se preparan para luchar contra su propia población

Hace un par de años la revista “Army Times”, dirigida a los militares norteamericanos, reveló que el ejército de Estados Unidos llevaba meses entrenándose para librar batallas en las grandes ciudades del país, no contra otros ejércitos sino contra su propia población (1).

“Cuando el Ejército norteamericano mira hacia el futuro se ve actuando en las grandes megalópolis en expansión, en densos espacios congestionados en los que los grupos criminales y extremistas florecen casi sin ser detectados por las autoridades, aunque pueden alcanzar elevados niveles de poder al mismo tiempo que socavan la autoridad del Estado democrático”, afirmaba la revista.

El Pentágono está convencido de que las urbes de Estados Unidos serán -cada vez más- su próximo gran campo de batalla. Pero hasta la fecha ningún ejército ha luchado nunca en el interior de una ciudad de gran tamaño.

Como los recientes sucesos de Dallas ponen de manifiesto, en el futuro la policía de Estados Unidos tendrá de enfrentarse a importantes ataques armados para los que no están capacitados, por lo que deberán ser auxiliados por tropas del ejército que, incluso, deberá tomar el mando en algunas ocasiones.

El jefe del Estado Mayor, Raymond T. Odierno, afirmó que “es inevitable que en algún momento se recurrirá al Ejército de los Estados Unidos para operar en una megaciudad, y en la actualidad el Ejército no está preparado para hacerlo”.

Odierno explicaba que el desencadenante de ese tipo de guerra civil en las ciudades radica, entre otros, en la miseria cada vez mayor de amplias masas de la población, la “creciente disparidad de ingresos”, lo cual exigirá que el ejército salga a la calle para “tomar medidas”.

Para imaginar cómo sería una intervención de este tipo, el Pentágono simuló un “juego de guerra” en el que las tropas debían combatir en un escenario urbano contra sus propios ciudadanos.

En el juego, un Equipo Rojo, que representaba a las organizaciones armadas que ponían contra las cuerdas al Estado, practicaba varias estrategias para derrotar al ejército: sofisticados ataques con virus informáticos, tácticas ofensivas de guerra electrónica, manipulación de datos, manifestaciones, motines y desórdenes callejeros.

El resultado de la batalla simulada fue de fracaso para el ejército: la rotura de una presa ficticia provocó un enorme desastre, cayeron partes fundamentales de las instituciones locales y las organizaciones armadas se apoderaron de las calles sin que nada ni nadie fuera capaz de hacerles frente.

El teniente general Herbert Raymond McMaster, responsable de la interpretación de la simulación, explicó que el juego había demostrado que la infantería debe aprender a ampliar su capacidad de acción, que debe ser más autónoma y, sobre todo, más rápida y eficaz.

En los próximos años los escuadrones de infantería debían tener apoyo aéreo, así como capacidad de acceder a vídeos en tiempo real que muestren el estado de la situación en diferentes zonas. “Una de las cosas más importantes será la capacidad de fuego que puedan alcanzar los escuadrones, especialmente con armas disparadas desde el hombro, así como el desarrollo de plataformas móviles o voladoras capaces de incrementar el fuego de precisión”.

En sus tácticas de juego, el ejército utilizó chorros de energía dirigida (armas láser o de energía electromagnética) que permitían a los soldados reducir sus necesidades logísticas e interferir en la capacidad de ataque con misiles de los enemigos.

Tras la experiencia, el general anunció que “para luchar contra el enemigo urbano del futuro, drones o aviones pueden ser de mucha ayuda, pero la victoria final solamente llegará a pie de tierra. Para obligar verdaderamente a los enemigos, se necesita a seres humanos en contacto con otros seres humanos”.

No sólo el ejército estadounidense está convencido de que las ciudades serán los grandes campos de batalla del mañana. Hace apenas un año, el ejército australiano publicó su “Informe sobre las guerras terrestres del futuro” que llega a las mismas conclusiones.

Los militares australianos escribieron que “la aparición cada vez en mayor medida en las ciudades de zonas no reguladas, o territorios fuera de control en los que las leyes y las normas no se aplican, ofrece un refugio potencial para el crimen organizado, para los terroristas y para los insurgentes, a partir de los cuales se pueden organizar y operaciones de ataque al ordenamiento legal”.

Por su parte, fuentes de la inteligencia francesa han revelado que las fuerzas de seguridad del país galo se están preparando para afrontar “masivos disturbios civiles, protagonizados por inmigrantes radicalizados apoderándose de barrios enteros”, según informó el año pasado el periódico británico “The Telegraph” (2).

El ejército francés está preparando ya planes de contingencia para “reconquistar el territorio nacional” y recuperar áreas enteras en las ciudades, en el caso de que la población inmigrante obtenga armas y se convierta en “abiertamente hostil” a la República.

Hay un montón de jóvenes inmigrantes de cuarta generación muy enojados por su situación y la perspectiva de radicalización es cada vez más probable”. Las redes islamistas han estado adquiriendo de contrabando rifles automáticos Kalashnikov y misiles anti-tanque, que ya han introducido en Francia, según el diario británico.

La guerra sucia llega al interior del Ministerio del Interior

Como ha demostrado muchas veces, al Ministerio del Interior la legalidad le importa un bledo. La legalidad es para los demás, mientras que ellos tienen patente de corso.

La clandestinidad -la suya- tampoco le preocupa; sólo la de los demás. Por eso han creado grupos secretos de policías que actúan secretamente. ¿Qué tienen que ocultar?

Sus métodos fascistas de actuación son harto conocidos. Uno de ellos es lanzar a la policía contra organizaciones políticas. Que sean legales o ilegales les da igual. Ellos no entienden esa diferencia; la dejan para políticos y periodistas de medio pelo.

En Catalunya el Ministerio del Interior ha desatado toda una operación para orquestar montajes políticos contra los independentistas, algo a lo que están bastante acostumbrados desde hace años. Pero al final la operación se ha vuelto contra ellos y se han quedado con el culo al aire.

La operación ha quedado al descubierto con las grabaciones dentro del despacho mismo del ministro, lo cual debería servir para que más de uno abriera los ojos: el Ministerio del Interior no es quien vigila sino que, a su vez, es vigilado porque hay quien está por encima suyo.

Al quedarse con el culo al aire, al Ministerio la mierda le sale por todas partes. Ahora resulta que se están dando prisa para borrar las huellas de la Operación Catalunya: un pendrive con información confidencial ha desaparecido de la unidad secreta de policías que actuaban contra los independentistas (*).

Ahora tienen que investigar a los investigadores. Hace aproximadamente año y medio, la unidad secreta presentó un pendrive con información relevante para sus investigaciones a agentes de la Comisaría General de Policía Judicial encargados de perseguir delitos de corrupción en Catalunya.

No hay rastro de los datos. La policía judicial se plantea pedir explicaciones al entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, un enlace con el CNI para la Operación Catalunya, que fue cesado de su cargo en abril del año pasado.

La “pérdida” de esa documentación se produce en el marco de una guerra de bandas dentro de la Policía Nacional que tiene como protagonistas a dos comisarios que durante la pasada legislatura participaron en la Operación Catalunya.

Uno es el propio Marcelino Martín-Blas y otro es el comisario Villarejo. Este último ha declarado ante el juez que ambos participaron en la sucia campaña represiva diseñada para combatir el independentismo en Catalunya, inventando casos de corrupción contra dicho movimiento político.

Villarejo ha admitido estos hechos durante su declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. A este comisario le investigan por otra grabación, que parece haberse convertido en el deporte favorito de la policía nacional: la de una reunión en la que participó el comisario Martín-Blas, otros policías y dos agentes del CNI.

(*) http://www.elespanol.com/espana/20160706/137986921_0.html

Más información:

El Ministerio del Interior sigue siendo una cloaca
https://mpr21.info/2015/03/en-menos-de-24-horas-el-ministro-del.html

Las conexiones de los periodistas con la policía para orquestar montajes políticos
https://mpr21.info/2016/07/las-conexiones-de-los-periodistas-con.html

El director de ‘El País’ es un soplón del CNI
https://mpr21.info/2015/03/el-director-de-el-pais-es-un-soplon-del.html

Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán
https://mpr21.info/2015/03/villarejo-forma-parte-de-un-dispositivo.html

Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán (y 2)
https://mpr21.info/2015/03/villarejo-forma-parte-de-un-dispositivo.html

Villarejo: un comisario de policía pluriempleado y millonario
https://mpr21.info/2015/03/villarejo-un-comisario-de-policia.html

La alianza de los 5 Ojos vigila a todo el mundo

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford pone de manifiesto las posibilidades de vigilancia sobre la población que ofrece el cruce de los datos obtenidos del uso de herramientas digitales de comunicación, como las llamadas de móvil y el envío de mensajes SMS.

El grupo universitario trabajó con las informaciones que rodean a un mensaje, tales como duración de la llamada, número del destinatario u hora de uso del teléfono, con excepción del propio contenido del mensaje. En la jerga informática se llaman metadatos.

En 2013 tanto Obama como la propia agencia de espionaje estadounidense NSA se excusaron del rastreo masivo de las comunicaciones que suponían una injerencia en la vida privada de las personas, algunos de ellos Jefes de Estado, ya que no captaban el contenido de los mensajes, los datos, sino “sólo” los metadatos. Los incautos se sintieron aliviados.

Los investigadores de Stanford trabajaron durante varios meses con los móviles de 823 personas que se prestaron voluntariamente al estudio. Finalmente, analizaron los metadatos correspondientes a 251.788 llamadas de voz y 1.234.231 mensajes escritos.

Después los universitarios analizaron de manera automática los metadatos, lo que les permitió llegar a importantes conclusiones acerca de los usuarios de las nuevas tecnologías, tales como averiguar el barrio en el que viven u otras circunstancias de su vida privada.

Analizando a uno de ellos, por ejemplo, dedujeron que padecía un problema cardiaco, ya que muchas de sus llamadas estaban dirigidas a centros médicos, laboratorios y a una farmacia.

En el caso de otras personas, dedujeron que tenía un problema de sobrepeso o que había comprado un arma de fuego. No obstante, a pesar de los geolocalizadores incorporados a los móviles, los investigadores tuvieron problemas para identificar el lugar de residencia en casi la mitad de los casos. Pero en un 90 por ciento de ellos acertaron con un error de 80 kilómetros de diferencia respecto a la vivienda habitual.

En una entrevista al periódico “The Guardian”, uno de los investigadores aseguró que el estudio muestra a pequeña escala lo que la policía es capaz de hacer a una escala mucho mayor, en función de los colosales medios de los que disponen, gracias a la utilización indiscriminada de datos de tipo personal.

Pero las grandes potencias no sólo vigilan y controlan el mundo entero por su cuenta sino que están coordinados entre sí en una alianza de espionaje colectivo creada en los años cuarenta del siglo pasado y llamada “Los 5 Ojos” (la red Echelon) de la que forman parte la CSE canadiense, la NSA de Estados Unidos, el GCHQ británico, la ASD australiana y el GCSB neozelandés.

Las centrales de espionaje no sólo recopilan todo tipo de datos acerca de personas, empresas e instituciones del mundo entero sino que comercian con ellas, según se desprende de un informe canadiense del pasado año publicado por el diario “Globe & Mail”. El informe indica que el intercambio de datos sobre comunicaciones telefónicas comenzó en 2005 y la colaboración mutua entre los centros de espionaje se remonta a 2009. En realidad comenzó mucho antes.

Las compraventas de gigantescas bases de datos están a la orden del día, por lo que las informaciones privadas circulan entre quienes pueden pagar por ellas y les concede un enorme poder de manipulación y chantaje. En torno a ellas se ha creado toda una industria de seguridad, especialmente utilizada por las grandes multinacionales y el capital financiero como instrumento de competencia. Las mismas empresas que compran datos padecen fugas de sus propios datos, tratan de conocer al adversario y de impedir que el adversario sepa acerca de ellos.

El reciente caso de los papeles de Panamá ha demostrado, además, el interés en la instrumentalización política y económica de las grandes bases de datos, al que se califica cínicamente como “periodismo de investigación” y que en realidad no es otra cosa que el llamado “periodismo de filtración”, es decir, la instrumentalización y manipulación de la prensa por parte de las multinacionales y los Estados.

Los invocados derechos fundamentales y las leyes que protegen el derecho a la intimidad de las personas son papel mojado desde hace muchos años. Las bases de datos no pueden interferir en la vida privada de las personas, y mucho menos se puede traficar con ella y venderla a países extranjeros. Todas las legislaciones occidentales impiden este tipo de negocios, considerándolos como delictivos.

La justificación política de este tipo de delitos admitidos y cometidos por el propio Estado, supone un viraje de 180 grados ante el que los parlamentos de las grandes potencias, es decir, todos los partidos institucionales, la prensa domesticada y los juristas claudican sistemáticamente: el control sistemático de la vida privada de las personas no es delito sino que se lleva a cabo para evitar el delito, para lo cual se invocan recursos que son ya tópicos, como la lucha contra “el terrorismo”.

Por ejemplo, en 2011 Canadá autorizó por ley que los espías cometieran delitos contra la vida privada de sus ciudadanos sacando a pasear el espantajo Al-Qaeda, ese comodín que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.

En manos de los espías de las grandes potencias imperialistas las bases datos ya no pueden ser mayores de lo que ya son. Se ha producido un problema que algunos califican de “infobesidad”. Ya lo guardan todo y la recopilación de información es tan grande que su problema es administrarla y digerirla.

Sólo una ínfima parte de la información, en torno a un tres por ciento, puede ser tratada y analizada por los espías. Las centrales de inteligencia, como el CNI español, se dedican a reclutar cada vez más informáticos, estadísticos e ingenieros de telecomunicaciones capaces de metabolizar la información. Los espías ya no son lo que eran; ni siquiera salen ya de sus oficinas ni levantan los ojos de la pantalla del ordenador. La información se la damos nosotros y ellos sólo tienen que almacenarla, clasificarla e interpretarla. Algunos lo llaman “bulimia digital”.

En sus aburridos y rutinarios trabajos cuentan con el apoyo de determinadas universidades y departamentos, como la de Alcalá de Henares en España que, a cambio de dinero, elaboran programas específicos para el CNI, la policía y la Guardia Civil. Las universidades cada vez se parecen más a las fábricas de armamento.

En el Reino Unido la “infobesidad” ha conducido a otra cadena de tópicos que siempre salen a relucir en este tipo de asuntos escabrosos: la falta de personal, la falta de medios y los recortes presupuestarios. La glotonería del espionaje no conoce ninguna clase de límites. Si no tienen medios es porque tienen tanta información que no saben qué hacer con ella.

La falta de límites es preocupante y se pone de manifiesto en los debates legislativos, cuando exigen sistemáticamente nuevos poderes para la policía, es decir, borrar de un plumazo todas y cada una de las normas vigentes que aún protegen, aunque sea de manera formal, los derechos y las libertades de las personas en beneficio de los mismos de siempre, de la policía y de los espías, y con las mismas viejas excusas de siempre, el terrorismo y el yihadismo.

La desfachatez no conoce límites. Recientemente la ministra del Interior de Reino Unido, Theresa May, defendía la necesidad de una ley de vigilancia electrónica para obligar a las empresas de telecomunicaciones a tener a disposición de la policía durante un año un registro sobre el empleo que sus abonados hacen de internet.

Como el espionaje y la policía no dan abasto, descargan sobre terceros una parte de la carga de trabajo, en este caso de las empresas de telecomunicaciones. Los usuarios pagan por un servicio que consiste en que les espíen sus comunicaciones.

Ya están en marcha otro tipo de normas para hacer lo mismo en materia de atención médica, así como de periodismo, actividades que siempre han estado consideradas como protegidas por el derecho al secreto profesional.

Beyoncé protesta por el asesinato de otros dos negros a manos de la policía

El asesinato de dos negros, Alton Sterling y Philando Castile, por disparos de la policía ha vuelto a suscitar la protesta, entre otros, de la cantante Beyoncé contra el derramamiento racista de sangre.

Al mismo tiempo, en Dallas algunos se han lanzado por el camino de las represalias, ejecutando a cinco policías para devolverles un poco de su propia medicina.

Por su parte, el movimiento Black Lives Matter exige parar los pies a los policías, que han dado muestras más que suficientes de que tienen un gatillo fácil porque cada negro muerto les resulta gratis.

La cantante Beyoncé ha hecho pública una dura carta de protesta contra las salvajes actuaciones policiales, cuyo número de víctimas se cuentan por millares y siempre tienen el mismo color de piel.

“Es nuestra responsabilidad tomar posición y exigir que paren de matarnos”, dice Beyoncé en su llamamiento público.

“Ya tenemos bastantes asesinatos contra hombres y mujeres jóvenes en nuestra comunidad”, añade. “No buscamos simpatía sino que todo el mundo respete nuestras vidas”.

“Vamos a permanecer en pie como comunidad y vamos a luchar contra los que creen que los asesinatos o cualquier otro acto de violencia cometido por los que han jurado protegernos deben quedar impunes”.

En algunos párrafos, realmente vibrantes, Beyoncé apela a los que se sienten marginados, sin distinguir entre raza, sexo u orientación sexual. Habla del robo de vidas que “nos hace sentirnos indefensos y sin esperanza”.

Sin embargo, afirma la cantante, la lucha es por las próximas generaciones, por los jóvenes que nos siguen: “La guerra contra las personas de color y contra las minorías debe cesar”.

Beyoncé ha mostrado su compromiso con numerosas acciones políticas contra los crímenes de la policía y la discriminación racial, incorporando la protesta y la denuncia a sus canciones y sus números musicales.

Balance represivo del primer año de la ‘ley mordaza’

El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”.

Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su  actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la “Ley Mordaza”.

Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad -tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana- se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior. Un año después de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” y de la reforma en paralelo del Código Penal, el balance no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”. Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden. Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito.

La “Ley Mordaza” no solo ha caído con todo su peso sobre los ciudadanos de a pie, principales víctimas de las arbitrarias sanciones que contempla, sino también sobre uno de sus principales objetivos: los profesionales de los medios de comunicación. Si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar “colega” a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión.

El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista Argia compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007. Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”.

La “Ley Mordaza” ha sido calificada de “abominable” por el New York Times, que considera que la normativa retrotrae a los “días más oscuros del franquismo”. Es una redundancia: ¿hay algo en España que no nos retrotraiga a los días más oscuros del franquismo?

Fuente: http://www.rsf-es.org/news/espana-un-ano-de-la-ley-mordaza-los-periodistas-afectados-hacen-balance/

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